Acción se hace pese a que no existe querella nominativa contra Enríquez-Ominami
El Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ingresó la solicitud de formalización del ex candidato presidencial al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción es por la facilitación de boletas ideológicamente falsas vinculadas a los documentos tributarios de su ex mano derecha Cristian Warner, por más de 360 millones de pesos, a SQM Salar. [Actualizada]
A un mes de que Marco Enríquez-Ominami anunciara su carrera presidencial para el 2017, el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, junto a su equipo de persecutores, ingresaron una solicitud de formalización del líder del Partido Progresista, al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción es por la facilitación de boletas ideológicamente falsas vinculadas a los documentos tributarios de su ex mano derecha Cristian Warner, por más de $360 millones a SQM Salar.
La olla se destapó de la mano del periodista Cristián Warner, ex secretario general del Partido Progresista, asesor y mano derecha de Marco Enríquez-Ominami durante sus campañas presidenciales, cuando su nombre apareció en la arista de los casos de platas políticas, específicamente en el caso de SQM Salar.
Por medio de la empresa del periodista «Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing», se entregaron 38 facturas a SQM entre julio de 2009 y enero de 2014, de las cuales 36 fueron rectificadas por la minera. Además en abril de este año el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, ordenó a dos entidades bancarias alzar el secreto de dos cuentas del periodista, esto luego de que guardara silencio las veces en que ha sido citado a declarar por la Fiscalía.
Otra de las piezas claves de la investigación es una serie de correos entre MEO, su mano derecha en campaña, Cristián Warner, y Katherine Bischof, secretaria de Patricio Contesse, ex gerente general de Soquimich (SQM), los que evidencian el compromiso de la minera no metálica para financiar su carrera presidencial.
El primer mail fue revelado por Revista Qué Pasa hace un año. En el texto enviado por Warner el 27 de diciembre de 2010, hace referencia explícita al «proyecto de ME-O». A este, Bischof le responde comprometiendo $4 millones mensuales para la campaña, sumando un total de $ 362 millones entre 2011 y 2013, a través de las 34 boletas que emitió Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL a SQM Salar.
Otro de los mails fue revelado por El Mostrador en febrero de este año. La comunicación que se dio mientras Warner era secretario general del Partido Progresista, fue enviada por un abogado interno de SQM a Bischof, el 14 de febrero de 2011, bajo el asunto “proyecto”. En este mensaje, el abogado señalaba que “ellos han propuesto dos formas de realizar el pago. Una vía es a través de la Fundación que desarrolla el proyecto. Pero la fundación, según indica, aún está en proceso de legalización, por lo que no se puede todavía utilizar ese medio», acto seguido propone una segunda forma de efectuar el aporte, por medio de una empresa de comunicaciones, de propiedad de Warner. Según indicaron fuentes de la Fiscalía a principios de este año, la fundación a la que se hace referencia es «Fundación Progresa», la que fue lanzada en abril de 2012.
Vinculo que se ve acentuado en una de las declaraciones de Katherine Bischof ante el Ministerio Público, en la que aseguró que “en relación a los correos electrónicos (…) relativos a comunicaciones con Cristián Warner (…) puedo decir que los recuerdo y que se refieren a pagos que se realizaron a Warner y que pudieran estar relacionados con Marco Enríquez-Ominami. Dichos pagos eran autorizados por Patricio Contesse, se trataba de pagos periódicos y permanentes, con respecto a los que existía un contrato lo que se manifiesta al señalar que se deben hacer cambios a este y en el monto».
Por otra parte, Marco Enríquez-Ominami declaró ante el Ministerio Público en diciembre de 2015, ante los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias. A pesar de que comenzó con una basta batería de antecedentes de su carrera política, como señaló La Segunda en su momento, no respondió ante las preguntas por el financiamiento a su campaña.
Una de las principales controversias en torno a los casos de platas políticas que lleva la Fiscalía se ha dado respecto al rol que juegan las querellas del Servicio de Impuestos Internos para la viabilidad de los casos. Desde marzo de este año el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló –por medio de una serie de instructivos– que era necesaria una querella del SII para sacar adelante las investigaciones del Ministerio Público.
Lo que no sería el caso exacto en el de MEO, ya que la acción de la Fiscalía cuenta con el débil respaldo de una querella del SII contra SQM Salar, que incorpora a la empresa de Cristián Warner, pero no incluye nominativamente a Marco Enríquez-Ominami, lo que podría complicar la proyección de la formalización del candidato a la Presidencia, a diferencia de la formalización anunciada contra su ex mano derecha a principios de septiembre de 2016.
Ante esto, el fiscal Gómez señaló que «si bien (están) los criterios que ha establecido el Fiscal Nacional respecto a estos casos, existe una querella en contra de Cristián Warner por hechos que, según lo investigado por el Ministerio Público, no solo incluyen al señor Warner sino que también al señor Marco Enríquez-Ominami, por lo tanto, está dentro de los marcos establecidos no solo en la Ley, sino que en los instructivos realizados por el Fiscal Nacional».
No es primera vez que tras la declaración de la «Doctrina Abbott» los fiscales intentan llevar una causa sin el respaldo nominativo del SII. En tal sentido, en marzo el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, anunció que pedirían audiencia de formalización por delitos tributarios contra Laurence Golborne en el marco del caso Penta.
En los próximos días el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar fecha y hora de la audiencia de formalización de Marco Enríquez-Ominami.
