PAÍS
“El señor de los pasillos”, un conocido habitante de los círculos de poder de Chile, asegura que él nunca ha ofrecido dinero a nadie y que detrás de la develación de su conversación hay “una operación obscura”, que posee “alcances políticos y comunicacionales insospechados”.
Luego de varias horas de silencio, el abogado Luis Hermosilla emitió esta mañana una breve declaración pública respecto del contenido del audio conocido ayer, que deja en evidencia una conversación entre él, el dueño de STG y Factop, Daniel Sauer, y la abogada María Leonarda Villalobos.
Hermosilla comienza el texto señalando que “me voy a referir por única vez, por ahora, a los hechos de que da cuenta Ciper el día de ayer”. En primer lugar, asegura que fue objeto de “una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo”, asegurando que se cometió un delito al grabar “conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional” y al difundir dicho audio, por lo cual dice que “están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados”.
Pese a todo lo que se escucha en este, cuando el mismo Hermosilla solicita en varias ocasiones crear una “caja negra” para pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, el abogado dice que “debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”.
Asimismo, asegura que “aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita”, refiriéndose al audio grabado sin su consentimiento.
También declara que “habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”.
En el mismo sentido, declara que “colaboraré con las investigaciones que se realicen, dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión”, refiriéndose a las indagaciones que ya se sabe que se iniciaron: la penal, a cargo de la Fiscalía Oriente; la administrativa, en el SII; y la que inició el Colegio de Abogados.
Finaliza diciendo que “no es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado”.
