
Tohá, Montes, Orellana, Martínez y Crispi: los sobrevivientes de los dardos de la derecha
El caso Convenios, el caso Monsalve y la situación de seguridad pública han puesto en la mira de la oposición a funcionarios de Gobierno que, por diferencias internas en la derecha y férreas defensas del oficialismo, llegan a 2025 superando obstáculos. Algunos seguirán presionados en este nuevo año.
“Negar la sal y el agua es un mal camino para Chile”. La frase pertenece al fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien la pronunció en 2018 en referencia a la oposición de entonces, encabezada por los partidos del actual Gobierno. Aunque reconocía que existía un sector constructivo, también afirmaba que había quienes se dedicaban a frenar los proyectos de ley en el Congreso, a presentar todo tipo de requerimientos “sin fundamento” ante la Contraloría, y a interpelar y acusar constitucionalmente a los ministros.
Con el tablero invertido, el propio Presidente Gabriel Boric hizo una autocrítica. “Las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo”, dijo tras el fallecimiento del exmandatario. El Gobierno anterior, entre 2018 y 2019, vivió cinco acusaciones constitucionales, una de ellas contra el propio Piñera, que fue rechazada, y otra contra el exministro Andrés Chadwick, la que fue aprobada y le significó la suspensión de cinco años para ejercer cualquier cargo público. Entre 2020 y 2022, Piñera fue acusado por segunda vez, y Víctor Pérez, jefe de gabinete, renunció a su cargo cuando un libelo en su contra pasó al Senado.
Además, en ocho oportunidades, los ministros de Piñera fueron interpelados –cinco de ellos entre el 7 de enero y el 3 de marzo de 2020– y se levantaron 45 comisiones investigadoras. Comparado con los dos primeros años del Presidente Boric (2022–2023), durante su ejercicio, se acusó constitucionalmente a cinco ministros –con todas las acusaciones rechazadas–, se interpeló a tres secretarios de Estado y se generaron 38 comisiones investigadoras. Pero ese fue solo el comienzo.
El actual Gobierno ya realizó un recuento de su desempeño en 2024, un balance que los tiene bastante satisfechos. “Hemos logrado avanzar durante este año en materia de seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social”, recalcó la vocera (s) de La Moneda y ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry (FA).
Y aunque desde la oposición sostienen que el Ejecutivo ya está en su etapa de “pato cojo” y se aventuran a decir que en lo que resta de la administración de Boric no habrá novedades, lo cierto es que siguen ejerciendo presión sobre funcionarios, ministros e incluso los asesores del llamado Segundo Piso, quienes se han salvado de –o más bien esquivado, hasta ahora– los dardos de la oposición.
Tohá, Montes, Orellana y Martínez
Quien no tuvo un año fácil fue la ministra del Interior y potencial carta presidencial del oficialismo, Carolina Tohá (PPD). A inicios de noviembre, Chile Vamos finalmente cerró la puerta a una eventual nueva acusación constitucional en su contra, luego que el Presidente Boric desechara la idea de un cambio de gabinete –tras el estallido del caso Monsalve– y la ratificara en el cargo.
No obstante, es de esperar que las presiones sobre Tohá continúen, ya que la oposición la ha sindicado como responsable en el manejo de la seguridad pública, razón por la cual también se deslizó la posibilidad de acusar constitucionalmente al Mandatario.
De hecho, un mes antes, por el tema seguridad, un posible libelo en contra del Presidente Boric se cayó en menos de 24 horas. ¿La razón? Discrepancias internas en la coalición opositora. Lo mismo ocurrió, en septiembre, cuando el Partido Republicano arremetió contra la ministra Tohá, y, en julio, con la misma intención el Partido Social Cristiano.
Con su nombre y el de Evelyn Matthei encabezando las preferencias presidenciales, a seis meses de las primarias, Carolina Tohá sigue en la mira de la oposición. El pasado 28 de diciembre, el diputado Diego Schalper exigió información a la ministra sobre la reforma a Carabineros y su impacto en el crimen organizado.
Quien se mantuvo firme este año fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). A inicios de 2024, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados fue escenario de una nueva acusación constitucional fallida. Las bancadas de Republicanos, PDG, PSC, UDI y RN intentaron sentarlo en el banquillo de los acusados por la arista Democracia Viva, que en dicha ocasión ya dejaba como saldo la salida de la exsubsecretaria Tatiana Rojas y la prisión preventiva del exseremi Carlos Contreras y de Daniel Andrade.
Sin embargo, la acusación contra el ministro Montes no logró superar la llamada “cuestión previa”, marcando una nueva derrota para la derecha, especialmente para los republicanos.
Acciones de la tienda fundada por José Antonio Kast contra los exministros Izkia Siches –por el tema Araucanía– y Giorgio Jackson –por el manejo de fondos de tierras y aguas indígenas– tampoco prosperaron. Lo mismo ocurrió cuando se intentó acusar al exministro Marco Antonio Ávila por la agenda de educación sexual impulsada por el Mineduc.
Hoy, la presión también recae sobre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La bancada de diputados RN solicitó al Presidente Gabriel Boric evaluar su permanencia en el cargo, en el marco de las declaraciones de la secretaria de Estado sobre el cardenal Fernando Chomali, en relación con el proyecto de aborto libre impulsado por el Ejecutivo. La ministra Orellana también recibió dardos de la oposición a raíz del caso Monsalve.
En tanto, el caso más reciente es el de la titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (FA). Diputados RN oficiaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, exigiendo explicaciones por errores “groseros” en la recaudación fiscal –específicamente sobre la norma de repatriación de capitales– y solicitando responder si hará cambios en la Dipres.
La presión sobre Martínez no es nueva. A lo anterior se suma la vigente tensión con los gobiernos regionales, a raíz de un “error de cálculo” en los ingresos –negado por Hacienda– por aproximadamente US$ 4.400 millones.
Martínez, “probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”, según Marcel –comparación en la que se incluyó a él mismo–, fue citada a la Comisión de Hacienda, tras la controversia con los gobiernos regionales. Y no es su única citación. La jefa de la Dipres también declaró como imputada en el caso Convenios. Ante la Fiscalía, fue interrogada por el caso Democracia Viva.
Martínez ha sido vinculada en diversas situaciones con la causa, como su participación en el Consejo de Auditoría Interna, su visto bueno al convenio con ProCultura, su relación con Democracia Viva, y las modificaciones que hizo a la Ley de Presupuestos 2023.
La defensa a la gestión de Javiera Martínez se mantiene. El reclamo de la oposición, de cara a 2025, también.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, también tuvo un difícil 2024. Debió lidiar con varias crisis. La ley corta de isapres, la falta de presupuesto o la seguridad en los hospitales, entre ellas. De hecho, este último flanco motivó que los diputados de oposición solicitaran interpelarla, lo que se votará durante la primera semana del año, marcando desde ya un inicio de 2025 complejo.
Crispi y Durán: pedidos por la oposición
El caso Monsalve no solo golpeó a la cartera de Interior y Seguridad Pública. La crisis también escaló hasta el Segundo Piso de La Moneda, luego de que se diera a conocer que el Presidente Boric informó sobre la situación del entonces subsecretario a su jefe de asesores, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Carlos Durán, ambos del Frente Amplio.
Los dos fueron respaldados por la ministra Toha. “No han cometido ningún acto indebido”, declaró en plena elección municipal. No obstante, la oposición sigue ejerciendo presión sobre ambos, especialmente sobre Crispi, quien también declaró como imputado en el caso Convenios, se le vincula con el encarcelado abogado Luis Hermosilla y surgen sobre él dudas respecto a su rol en el caso Monsalve.
Fue una carta enviada al Presidente Boric, a mediados de diciembre, en la que los diputados Catalina del Real y Stephan Schubert, independientes de la bancada del Partido Republicano, solicitaron la remoción de Miguel Crispi, expresando su inquietud por el vínculo del exdiputado con la empresa Huawei. Esto, tras una investigación revelada por el medio Ciper.
Una reunión sostenida con el representante de la compañía china, Antonio Zou, representado por el estudio de Hermosilla, ha levantado “dudas sobre posibles conflictos de intereses y falta de transparencia” en las decisiones adoptadas en La Moneda. Asimismo, la derecha critica la negativa de Crispi a responder ante la comisión investigadora por el caso Monsalve. De hecho, se evalúa una nueva citación a la mencionada instancia.
“El argumento de que las conversaciones con el Presidente son privadas no puede ser utilizado como excusa para eludir la responsabilidad ante el Parlamento y la ciudadanía”, declara la oposición, reiterando sus vínculos en el caso Convenios. “Su declaración como imputado en este proceso judicial pone en duda su idoneidad para ocupar un cargo de tanta relevancia en el Gobierno”, añadieron desde la bancada republicana, para quienes la permanencia de Crispi en su cargo “es insostenible”.
Marco Moreno: “Hasta ahora lo que hemos visto son escaramuzas”
Para el analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, el rol opositor quedó en entredicho durante este año 2024. “Las dificultades para actuar colectivamente por parte del bloque opositor, con sus distintas sensibilidades, hizo que muchas veces las interpelaciones planteadas a los ministros del Gobierno o acusaciones en otros casos, no pudieran llegar a puerto o no pudieran concretarse, producto de los descuelgues o los desalineamientos”, comentó.
El también panelista de Juntos y Revueltos de El Mostrador sostuvo que eso habla de una oposición a la que todavía le cuesta trabajar en conjunto, articularse detrás de un objetivo, y, por lo tanto, “más que por la buena defensa de las autoridades gubernamentales, es resultado de la incapacidad de la oposición para poder ejercer adecuadamente su rol en lo que han sido las interpelaciones y acusaciones llevadas contra ministros de Estado”.
El académico remarcó que el Parlamento –especialmente la Cámara de Diputadas y Diputados– tiene un rol fiscalizador de los actos del Ejecutivo, lo que les corresponde constitucionalmente. Sin embargo, señaló, “para que eso tenga efectividad, debe contar con los acuerdos necesarios por parte de los parlamentarios y de las bancadas de la oposición, para que esto pueda verse expresado en resultados”.
“Hasta ahora lo que hemos visto son escaramuzas, cuestionamientos, pero que nunca logran resultados que la oposición pueda exhibir como producto de una estrategia articulada para enfrentar y fiscalizar al Gobierno”, concluyó.
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