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Foto: AgenciaUNO
AC contra Grau abre grietas en la derecha y amenaza con convertirse en búmeran para Kast
Lo que comenzó como una ofensiva de republicanos y libertarios para sentar en el banquillo político al exministro de Hacienda terminó exponiendo las fracturas del propio oficialismo y abrió un debate que amenaza con perseguir al gobierno de José Antonio Kast durante los próximos años.
Lo que parecía una ofensiva ordenada de republicanos y libertarios para convertir a Nicolás Grau en el principal símbolo de los cuestionamientos al manejo fiscal del gobierno de Gabriel Boric comenzó a mostrar fisuras antes incluso de llegar a su primera prueba de fuego.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda avanzó este martes en su tramitación, pero en el camino dejó expuestas las divisiones de la propia derecha y abrió un debate que amenaza con transformarse en un problema para el gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
“Disparo en las piernas”
La primera señal de alerta vino desde Renovación Nacional. Tras varios días de tensión interna, la bancada resolvió dar libertad de acción a sus diputados para votar el libelo. La decisión refleja que, aunque el partido comparte las críticas al manejo fiscal de la administración Boric, no existe consenso sobre la conveniencia de convertir diferencias en proyecciones económicas en una acusación constitucional.
El fantasma que recorre RN tiene nombre y apellido: Jorge Quiroz. En diálogo con la prensa, la diputada Ximena Ossandón advirtió que la ofensiva podría terminar siendo un “disparo en las piernas” para el oficialismo, ya que el criterio que hoy se intenta aplicar contra Grau podría ser utilizado mañana contra el actual jefe de las finanzas públicas si las cifras proyectadas por su administración no se cumplen.
La advertencia no quedó solo en Chile Vamos. Desde la oposición recogieron inmediatamente el guante. La frenteamplista Gael Yeomans sostuvo que si la oposición instala como estándar que las diferencias entre las proyecciones gubernamentales y las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo justifican una acusación constitucional, entonces el mismo razonamiento podría aplicarse contra Quiroz. En términos similares, el diputado Raúl Soto (PPD) alertó que quienes hoy impulsan la ofensiva podrían terminar enfrentando mañana exactamente la misma herramienta.
Comisión con mayoría opositora
Mientras eso ocurre, la Cámara sorteó la comisión revisora que deberá pronunciarse sobre la procedencia de la acusación. La instancia quedó integrada por Carlos Bianchi (independiente-PPD), Marcela Hernando (Partido Radical), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Joanna Pérez (Demócratas) y el republicano Luis Sánchez.
Aunque la oposición cuenta con mayoría potencial dentro del grupo, el escenario está lejos de ser una formalidad. Bianchi ha evitado adelantar su postura y Demócratas tampoco ha cerrado filas detrás de la ofensiva.
Pamela Jiles decidió atacar desde otro flanco y acusó que la “derechita cobarde” (Chile Vamos) terminará salvando a Grau cuando el caso llegue al Senado. Según la diputada del PDG, la historia de las acusaciones constitucionales demuestra que siempre aparece algún voto que se descuelga a última hora para impedir las condenas políticas.
Jiles fue más allá y emplazó a los impulsores del libelo a apuntar directamente contra Gabriel Boric. Si las responsabilidades que se atribuyen a Grau son tan graves, argumentó, entonces el verdadero responsable sería quien encabezó el gobierno y no quien ejecutó la política fiscal. Con ello instaló una pregunta incómoda para la oposición: si el objetivo es juzgar el legado económico de la administración anterior, ¿por qué concentrar toda la ofensiva en un exministro?
Grau activa defensa
En paralelo, Grau ya activó una defensa diseñada para desmontar el corazón de la acusación. Encabezado por el constitucionalista Patricio Zapata, el equipo insistirá en que una proyección económica no es una garantía matemática y que castigar políticamente a una autoridad porque la realidad terminó desmintiendo sus estimaciones equivale a transformar cualquier error de cálculo en una causal de destitución.
Ese argumento conecta con una inquietud que ya circula en sectores del oficialismo y de Chile Vamos: que la acusación contra Grau termine convirtiéndose en el precedente más relevante de este caso. Si prospera la tesis de que discrepancias técnicas o proyecciones fallidas pueden constituir infracciones constitucionales, la próxima víctima potencial no estará en el gobierno de Boric. Estará sentada en el despacho que hoy ocupa Jorge Quiroz.
Y es precisamente ahí donde la ofensiva comienza a cambiar de naturaleza. Lo que pretendía ser un juicio político al manejo fiscal de la administración anterior amenaza con transformarse en una discusión sobre cuánto margen tendrán los futuros ministros de Hacienda para equivocarse sin terminar enfrentando una acusación constitucional.
¿Qué plantea la AC?
El libelo, presentado por republicanos, libertarios, parlamentarios del PDG, RN y el Partido Social Cristiano, sostiene que Grau incumplió sus deberes constitucionales y legales como máxima autoridad responsable de las finanzas públicas, al mantener y presentar proyecciones fiscales que posteriormente fueron cuestionadas y corregidas, pese a que —según los acusadores— existían advertencias previas y reiteradas del Consejo Fiscal Autónomo, el FMI y organismos técnicos del propio Estado.
El libelo afirma que el exministro no adoptó medidas suficientes para corregir esas observaciones y lo responsabiliza por inconsistencias, omisiones y desviaciones en materias que estaban bajo su conducción directa. Por ello, le atribuye vulneraciones a los principios de probidad, transparencia, coordinación, universalidad presupuestaria y consistencia financiera establecidos en la Constitución y en la Ley de Administración Financiera del Estado. La acusación insiste en que no busca juzgar decisiones de política económica ni diferencias técnicas sobre proyecciones, sino determinar si Grau incumplió obligaciones específicas inherentes a su cargo como jefe de Hacienda.
