PAÍS
De la seguridad pública a la inseguridad laboral: el incierto “destino diplomático” de Steinert
La Moneda sigue buscando dónde ubicarla para cumplir lo que, según dirigentes del propio oficialismo, fue un compromiso de estabilidad laboral asumido por el Presidente Kast. La opción de una agregaduría en Perú quedó congelada tras la aprobación de una comisión investigadora en la Cámara.
Trinidad Steinert dirigió durante 69 días el ministerio encargado de la seguridad del país. Hoy, lo único seguro es que La Moneda todavía no sabe dónde ubicarla.
La alternativa que aparecía más avanzada —una agregaduría en la Embajada de Chile en Perú— quedó virtualmente paralizada después de que la Cámara aprobara, por 62 votos contra 58 y una abstención, una comisión especial investigadora sobre actos del Gobierno ocurridos durante su paso por Seguridad.
Fuentes gubernamentales confirman a El Mostrador que Cancillería comenzó a explorar una misión menos expuesta, posiblemente en un organismo multilateral.
Detrás de la búsqueda existe una deuda política. Desde el bloque oficialista han afirmando que el propio Kast se comprometió a respaldar laboralmente a Steinert si su desembarco en el Gobierno no resultaba, considerando que debía abandonar una carrera de más de dos décadas en el Ministerio Público. Ni el Presidente ni la exministra han ratificado públicamente ese acuerdo.
Las señales, sin embargo, ya salieron de los pasillos. Ximena Ossandón (RN) afirmó a la prensa que “hubo un compromiso” para que Steinert aceptara el Ministerio de Seguridad, aunque pidió esperar el pronunciamiento definitivo de Contraloría antes de concretarlo. Agustín Romero (Republicanos) sostuvo que, si Kast acordó esas condiciones con la exfiscal, él las respeta “absolutamente” y apoyará la decisión presidencial.
El propio Kast reconoció que la salida no estaba en sus planes. Al removerla el 19 de mayo señaló: “No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno”. La frase no prueba el acuerdo, pero retrata la brusquedad de una operación que terminó apenas 69 días después de que él mismo la reclutara.
Una agregaduría sin funciones conocidas
El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que una agregaduría estaba bajo estudio, pero La Moneda nunca precisó su denominación, funciones, dependencia ni la necesidad institucional que justificaría crearla o asignársela a Steinert.
Tampoco existe una versión única sobre el origen de la fórmula. Mientras algunas fuentes atribuyen la iniciativa al Gobierno, otras sostienen que fue la propia Steinert la que manifestó interés en Lima e incluso promovió esa alternativa. Con los antecedentes disponibles, solo puede afirmarse que la opción fue evaluada y conversada.
El eventual componente de seguridad hacía aún más difícil justificarla. Chile ya mantiene en Perú agregados policiales y mecanismos de cooperación especializada. El Gobierno nunca explicó qué vacío vendría a llenar Steinert ni por qué una exministra cuestionada precisamente por el ejercicio de sus facultades debía representar al país en esa misma materia.
Un oficio a las 48 horas
La comisión aprobada por la Cámara no determina responsabilidades penales ni impide que Steinert asuma otro cargo. Fiscaliza actos del Gobierno. Pero su mandato incluye expresamente la conformación del alto mando policial, las solicitudes de información a la PDI, la instalación del Ministerio de Seguridad, las normas de probidad y conflicto de interés y la existencia de estrategias y planes contra el delito durante su gestión. Tendrá 60 días para investigar.
El principal antecedente es el oficio reservado que Steinert envió a la PDI el 13 de marzo, apenas dos días después de asumir. No pidió datos generales: requirió nombres, cédulas de identidad y grados de detectives trasladados o apartados de una brigada vinculada a una investigación penal todavía en curso, la misma en la que había trabajado como fiscal regional de Tarapacá.
Contraloría concluyó que la solicitud excedió la facultad ministerial de requerir informes y que podía afectar antecedentes protegidos de una investigación vigente. También estableció que Steinert debía abstenerse debido a su vínculo previo con la causa: su actuación, sentenció, no se ajustó estrictamente a las atribuciones del cargo ni a su deber de abstención.
El expediente suma una contradicción sobre la Unidad Estratégica del ministerio. Durante la administración de Steinert se comunicó públicamente su disolución, pero la cartera informó después a Contraloría que nunca se dictó el acto administrativo correspondiente y que la unidad continuaba vigente. Esa inconsistencia también será revisada por los diputados.
El PDG abrió la puerta que RN evitó cruzar
Cabe mencionar que la comisión fue aprobada en el segundo intento y con un giro decisivo. Una semana antes, Diego Schalper y Ximena Ossandón habían votado a favor; esta vez, Schalper no estuvo en la Sala y Ossandón se abstuvo. Luis Pardo y Mauro González mantuvieron su respaldo, pero los votos que terminaron inclinando la balanza fueron los del PDG. La colectividad volvió a ejercer de bisagra frente a La Moneda, mientras parte de RN cuestionó públicamente el eventual nombramiento de Steinert, pero retrocedió al momento de fiscalizar su gestión.
El contraste con Mara Sedini, removida del gabinete el mismo 19 de mayo, completa el cuadro. Mientras para Steinert se busca una salida diplomática, hasta ahora no ha trascendido una oferta equivalente para la exvocera, quien reapareció en los medios acusando presiones y un boicot desde el propio oficialismo.
El compromiso asumido por Kast —según fuentes oficialistas consultadas por El Mostrador— explica la búsqueda de un plan B. No responde la pregunta de fondo: ¿Qué necesidad pública justificaría el nombramiento? Encontrarle un destino a Steinert puede saldar una deuda presidencial; convertir ese compromiso en un cargo del Estado exige bastante más.
