Claudio Arqueros: “Hubo improvisación” en la reforma constitucional de seguridad
El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán descartó una “pulsión autoritaria o iliberal” detrás de la reforma, pero cuestionó que no se dimensionara su impacto político ni se socializara previamente. “Hay un giro que merece una explicación”, afirmó.
La accidentada instalación de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno respondió más a la “improvisación” que a una intención autoritaria o iliberal. Así lo planteó Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, quien cuestionó tanto la forma en que fue presentada la iniciativa como la falta de una evaluación previa de su impacto político.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Arqueros sostuvo que el Ejecutivo no escogió “la mejor forma de partir” una reforma que toca directamente uno de los principales compromisos con los que José Antonio Kast llegó a La Moneda.
“Es una reforma que es parte del corazón de la promesa del Gobierno. El mensaje durante la campaña fue seguridad”, señaló. Sin embargo, relativizó el costo que hasta ahora ha tenido el episodio para el Ejecutivo y consideró que se trata, por el momento, de “no las mejores semanas” para la administración.
La iniciativa contempla ocho modificaciones constitucionales en materia de seguridad y ha provocado cuestionamientos que atraviesan al propio oficialismo. La diputada RN Ximena Ossandón planteó incluso la posibilidad de retirar el proyecto, realizar las modificaciones necesarias y volver a ingresarlo.
El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, en tanto, afirmó que la propuesta “raya en lo iliberal”, mientras la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que para sacar adelante la reforma sería necesario dejar fuera el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el actual Estado de Emergencia.
Para Arqueros, la resistencia que provocó el texto muestra que sus autores no dimensionaron completamente las consecuencias que tendría la propuesta, especialmente en torno a la extensión y alcances del nuevo estado de excepción.
A su juicio, allí existe una “delicada línea roja” tanto desde una perspectiva conceptual como por la magnitud de las modificaciones. El estado de excepción, explicó, constituye un “paréntesis” dentro de la democracia, por lo que su extensión debía dialogar adecuadamente con el resto de la institucionalidad.
Pero el dirigente de la Fundación Jaime Guzmán puso el acento también en el efecto político que generó el proyecto. “Hay un problema de magnitud desde el punto de vista del impacto político que esto genera y que yo creo que, en realidad, no estuvo completamente advertido, a mi juicio, desde las personas que generaron este proyecto”, sostuvo.
La evidencia, agregó, está en la reacción que provocó después de su presentación. “No nos podemos hacer los lesos de cómo esto fue criticado, comentado y generó resistencia en el oficialismo y en la izquierda, en ambos lugares”, afirmó.
Es en ese punto donde Arqueros situó su principal crítica. Frente a las acusaciones de que el proyecto tendría características autoritarias o iliberales, el académico apuntó más bien a problemas en su elaboración y conducción política.
“Yo creo que también denota efectivamente improvisación, porque no creo que haya aquí, si usted quiere, una pulsión autoritaria o iliberal. Yo creo que más bien hay una improvisación”, sostuvo.
Para Arqueros, además, el giro del Ejecutivo requiere una explicación considerando la posición que había manifestado inicialmente frente a las herramientas disponibles para enfrentar los problemas del país.
En ese sentido, recordó que al comienzo de la administración el ministro del Trabajo, Tomás Rau, había señalado que el marco promulgado durante el Gobierno de Gabriel Boric era suficiente. Ahora, contrastó, la discusión avanzó hacia modificaciones de carácter constitucional.
“Hoy día resulta que estamos discutiendo desde el artículo uno y en adelante la Constitución, es decir, los pilares de nuestra institucionalidad. Hay un giro que merece una explicación”, afirmó.
Arqueros también calificó como “desconcertante” que una reforma de esa magnitud no hubiese sido socializada previamente de manera suficiente en el Congreso, algo que, a su juicio, quedó en evidencia con las críticas surgidas desde las propias filas oficialistas.
El escenario ha llevado a que entre las alternativas aparezcan retirar el proyecto, modificarlo y volver a ingresarlo o quitarle la urgencia. Para Arqueros, el camino ahora pasa por una conversación política que debió producirse antes de que el texto llegara al Congreso.
“En definitiva, hay que sentarse a conversar y eso yo entiendo que es lo que está haciendo ahora el ministro Martín Arrau, solo que ex post, después del ingreso de la reforma”, concluyó.
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