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Agencia Uno
Fiscalía Oriente abre investigación penal por aluvión en Las Condes y posibles responsabilidades
El Ministerio Público encargó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer el origen del aluvión en San Carlos de Apoquindo. La indagatoria examinará el estado de quebradas y cauces, las medidas preventivas y responsabilidades penales por las lesiones provocadas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal para esclarecer el origen del aluvión que afectó durante la tarde del jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y determinar si existen responsabilidades penales asociadas a la emergencia que dejó al menos seis personas lesionadas.
El Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), con el objetivo de reunir antecedentes sobre las circunstancias en que se produjo el fenómeno y establecer si existieron acciones u omisiones que pudieran tener relevancia penal.
La investigación estará encabezada por el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y el fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.
Según informó la Fiscalía Oriente, las diligencias estarán orientadas a “esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el aluvión ocurrido ayer en el sector de San Carlos de Apoquindo”.
La indagatoria buscará determinar cómo se produjo la emergencia, cuáles eran las condiciones previas de las quebradas y los cauces del sector y qué circunstancias permitieron que el agua, el barro y los sedimentos avanzaran por las calles y zonas residenciales.
Entre los antecedentes que se pretende reunir figura información sobre el estado de las quebradas, canales y colectores antes de las precipitaciones, así como las labores preventivas que correspondía ejecutar y los organismos o personas responsables de realizarlas.
La Fiscalía también deberá precisar si existían antecedentes que permitieran anticipar el comportamiento del agua y si alguna medida de prevención habría podido evitar o reducir las consecuencias del aluvión.
En ese contexto, se contempla reunir información oficial sobre lo ocurrido, verificar la existencia de denuncias y recabar antecedentes de Bomberos, especialistas ambientales y otros profesionales técnicos que puedan contribuir al esclarecimiento del fenómeno.
Una de las posibles figuras penales que podría ser objeto de análisis es el cuasidelito de lesiones, considerando que la emergencia dejó personas heridas.
Sin embargo, para establecer una eventual responsabilidad de esa naturaleza no basta con acreditar la ocurrencia del aluvión y sus consecuencias. También sería necesario demostrar que una persona incumplió un deber de cuidado y que dicha conducta, ya sea por acción u omisión, tuvo una relación causal con las lesiones.
La legislación penal chilena contempla sanciones para determinadas conductas imprudentes o negligentes que provocan resultados lesivos, por lo que la investigación deberá establecer si existen antecedentes que permitan configurar alguna de esas hipótesis.
De esta manera, las diligencias buscarán identificar las obligaciones preventivas que pudieran haber existido, quiénes debían cumplirlas y si hubo eventuales incumplimientos vinculados con las consecuencias de la emergencia.
El aluvión se produjo durante la tarde del jueves, en medio de intensas precipitaciones que provocaron la activación de una quebrada en San Carlos de Apoquindo. El torrente de agua, barro y sedimentos arrastró vehículos, inundó viviendas y afectó calles del sector.
Los balances entregados por las autoridades registraron al menos seis personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, además de daños en viviendas y dificultades de conectividad en las zonas más afectadas.
La apertura de la investigación penal se produce mientras continúan las labores de limpieza y recuperación, con participación de equipos municipales, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, personal militar y organismos de emergencia.
En paralelo, las autoridades han sostenido que el aluvión tuvo características súbitas, producto de precipitaciones intensas concentradas en un período breve. Senapred ha señalado que esa rapidez impidió anticipar una evacuación y enviar un mensaje SAE antes de que se produjera el fenómeno.
La investigación encabezada por los fiscales Lanas y Zará deberá examinar los antecedentes técnicos y las condiciones previas a la emergencia para determinar si, además de las causas naturales del aluvión, existen conductas que puedan constituir delitos.
Hasta ahora, la apertura de estas diligencias no implica que se haya establecido responsabilidad penal de alguna persona o institución.
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