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Agencia Uno
Fiscalía investiga 18 nombramientos judiciales y pone bajo la lupa a ministra de la Suprema
La Fiscalía de Valparaíso solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes de 18 jueces, notarios y conservadores mencionados en chats de Hermosilla. Entre ellos figura María Cristina Gajardo, quien votó a favor de reabrir la revisión de un recurso presentado por uno de los abogados que apoyó su
Al menos 18 jueces, ministros de cortes, notarios y conservadores de bienes raíces están bajo investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por eventuales irregularidades en sus nombramientos, en una nueva arista del caso Hermosilla que busca establecer si existieron pagos, intercambios de favores o gestiones indebidas para acceder a cargos en el Poder Judicial.
Entre los nombres investigados figura la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo, cuyo nombramiento fue respaldado en conversaciones de WhatsApp por los abogados Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik. La magistrada también participó posteriormente en una resolución que permitió reabrir la tramitación de un recurso presentado por Donoso, destinado a limitar el acceso de la Fiscalía al teléfono de su cliente, el abogado Darío Calderón, investigado por presuntas irregularidades en licitaciones de la Junaeb.
Según reveló una investigación de Reportea, el 30 de junio la fiscal Paola Castiglione solicitó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, los antecedentes administrativos de 18 nombramientos judiciales.
El oficio pidió “todos los antecedentes que obren en poder de la División Judicial relativo a los nombramientos de los siguientes jueces, ministros y demás cargos judiciales, incluyendo su carpeta o ficha de antecedentes”.
La solicitud se enmarca en una investigación reservada que busca determinar si los nombramientos pudieron involucrar delitos de cohecho, prevaricación o violación de secreto.
Los funcionarios incluidos en la nómina aparecieron mencionados en conversaciones de Hermosilla con distintos abogados, entre ellos Donoso y Zaliasnik, además de intercambios con el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.
La Fiscalía recibió una respuesta del Ministerio de Justicia el 13 de julio, firmada por el jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas Lagazzi, quien remitió los expedientes de postulación, decretos de nombramiento y votaciones realizadas por los tribunales correspondientes.
Los antecedentes permitirán examinar las circunstancias en que se produjeron las designaciones y establecer si existieron eventuales contraprestaciones entre quienes impulsaron las candidaturas y los funcionarios posteriormente nombrados.
Según fuentes conocedoras de la investigación citadas por Reportea, las diligencias no se limitan a determinar si existieron pagos para obtener los cargos. También buscan establecer si algunos de los beneficiados realizaron gestiones posteriores en favor de quienes habían respaldado sus postulaciones.
Los investigados
Entre los investigados figuran el exministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue, destituido tras una acusación constitucional, y la exministra Ángela Vivanco, formalizada en la denominada trama bielorrusa.
La nómina incluye además a magistrados que continúan ejerciendo funciones, como Alejandro Aguilar, Lilian Leyton y Ana María Hernández, de la Corte de Apelaciones de Santiago; Gonzalo Rojas, de Concepción; Paulina Gallardo, de Chillán; y Gerardo Bernales, de Talca.
También aparecen los exmagistrados Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, expulsados del Poder Judicial a raíz de sus vínculos con Hermosilla.
La investigación alcanza asimismo a los conservadores de bienes raíces Luis Fischer, Sergio Yáber, Yamil Najle y Carlos Swett, además de los notarios Rodrigo Ortúzar y Claudio Barrena.
Uno de los antecedentes que concentra la atención de la investigación es la situación de María Cristina Gajardo, quien integra la Corte Suprema desde enero de 2022.
Su nombramiento fue mencionado en un intercambio de WhatsApp del 26 de noviembre de 2021, cuando el gobierno de Sebastián Piñera debía seleccionar candidatos para integrar el máximo tribunal.
En esa conversación, Andrés Sotomayor, entonces asesor del expresidente, consultó a Samuel Donoso por las candidaturas de Gajardo y Simpértigue.
“En estas quinas estamos de acuerdo c lucho (Hermosilla) y gz (Gabriel Zaliasnik) en que los mejores serían la Sra Gajardo y sempertegui”, respondió Donoso.
Semanas después, La Moneda escogió a Gajardo como candidata y su nombramiento fue ratificado por el Senado con 29 votos.
El vínculo entre la magistrada y quienes respaldaron su candidatura ya había sido abordado por El Mostrador en una investigación publicada el 20 de junio, que reveló los apoyos de Hermosilla y Zaliasnik a distintos nombramientos judiciales.
En ese reportaje también se examinó un episodio anterior de la trayectoria de Gajardo, cuando participó como abogada integrante en una resolución relacionada con una empresa minera con la que mantenía un mandato de representación. La decisión fue posteriormente anulada y el procedimiento debió repetirse.
La magistrada ha descartado irregularidades en ese episodio y ha asegurado que no conoce personalmente a Luis Hermosilla.
Ahora, los antecedentes revelados por Reportea incorporan un nuevo episodio a los cuestionamientos sobre las inhabilidades y los posibles conflictos de interés en el máximo tribunal.
El 8 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por Samuel Donoso en representación de Darío Calderón, abogado investigado por eventuales delitos de corrupción relacionados con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb.
El recurso buscaba restringir el acceso de los investigadores al contenido del teléfono celular incautado a Calderón.
Donoso apeló la inadmisibilidad ante la Corte Suprema y el 21 de septiembre la Segunda Sala revocó la decisión, permitiendo que el recurso fuera revisado por una integración diferente de la Corte de Santiago. María Cristina Gajardo formó parte de la sala que adoptó esa resolución.
La decisión no resolvió directamente el fondo de las restricciones solicitadas por la defensa, pero permitió que la acción judicial continuara su tramitación.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones acogió el recurso y estableció límites a la revisión de la información contenida en el teléfono de Calderón.
La Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado recurrieron entonces a la Corte Suprema para intentar revertir esas restricciones y ampliar las posibilidades de análisis de los antecedentes incautados.
La participación de Gajardo adquirió relevancia porque, antes de resolver la apelación de Donoso, la ministra ya había sido consultada por Reportea sobre el respaldo que el abogado entregó a su candidatura al máximo tribunal.
En aquella oportunidad, Gajardo sostuvo que no había conversado con Donoso ni Zaliasnik durante su postulación y negó conocer a Hermosilla. “Al postular a la Corte Suprema como Ministra no conversé con ellos”, señaló.
Consultada posteriormente sobre si evaluó inhabilitarse al conocer el recurso presentado por Donoso, la magistrada descartó que existieran motivos legales para apartarse de la causa. “Si algunas personas hablaron bien de mí en el proceso de postulación a la Corte Suprema, es porque habrán conocido mi carrera, cualquiera puede consultar mis antecedentes en la web”, afirmó.
Gajardo también aseguró que, durante la revisión del recurso, no tuvo a la vista los nombres de los abogados que representaban a Calderón. “En la causa que consulta, se ha visto por mi Sala según la normalidad, sin alegatos de abogados, y el relator debió haber hecho la relación como es habitual, mencionando la resolución recurrida, la postura de la defensa y la del Ministerio Público, sin nombres de abogados”, explicó.
La ministra agregó que sus inhabilidades son públicas y que corresponde a los relatores advertirlas cuando se estudian las causas. “No considero que concurran causales legales para inhabilitarme en este tipo de situaciones”, sostuvo.
Según la información recopilada por Reportea, Gajardo no registra a Samuel Donoso en su listado de inhabilidades y tampoco ha sido citada a declarar en las investigaciones relacionadas con el caso Hermosilla.
Fuentes vinculadas a la indagatoria precisaron que, hasta ahora, no tiene la calidad de imputada, aunque su nombramiento está siendo examinado por la Fiscalía.
Otros casos
La investigación también aborda las designaciones de otros magistrados cuyos nombres aparecen en conversaciones del abogado Luis Hermosilla.
Entre ellos se encuentra Lilian Leyton, ministra de la Corte de Santiago, quien enfrenta además un sumario administrativo por sus intercambios de mensajes con el penalista.
Los fiscales indagan tanto el apoyo que habría recibido para acceder a su cargo como la eventual entrega posterior de información reservada.
Otro de los casos es el de Alejandro Aguilar, también ministro de la Corte de Santiago, cuyo nombramiento habría contado con gestiones de Hermosilla, Donoso y Zaliasnik.
En los chats, este último manifestó que Aguilar sería leal a quienes respaldaban su candidatura, mientras Donoso lo describió como una persona de plena confianza.
La investigación también incluye antecedentes relacionados con Paula Merino, quien dejó su cargo en la Corte de Santiago a fines de 2025, además de las designaciones de Gonzalo Rojas y Gerardo Bernales.
La nómina de 18 personas podría ampliarse. Según antecedentes publicados por Ex-Ante, los fiscales de Valparaíso consultaron al exjefe de la División Judicial Héctor Mery por un total de 23 nombramientos.
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