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Foto: AgenciaUNO
Se acabó la espera: oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat
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Diez diputados de seis partidos firmaron el libelo que apunta a las rebajas de condena y a las explicaciones entregadas al Congreso. La oposición acusa infracciones legales y faltas a la probidad. El oficialismo cuestiona el sustento jurídico. El lunes comenzaría su tramitación. [ACTUALIZADA]
Después de 15 días de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos, la oposición ingresó este jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las cuestionadas rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
La presentación se concretó en el Congreso, en paralelo a la discusión del Presupuesto 2027, y cuenta con las firmas de diez diputados del Frente Amplio, PS, PC, PPD, DC y Partido Liberal.
Los firmantes son Emilia Schneider, Jorge Brito, Juan Santana, Raúl Leiva, Marcos Barraza, Daniela Serrano, Jaime Araya, Luis Malla, Jorge Díaz y Javier Muñoz.
El libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, establecida en el artículo 52 de la Carta Fundamental, y contiene tres capítulos que buscan establecer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado.
Los tres capítulos contra Rabat
El primero apunta a las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Según los acusadores, esas decisiones contravinieron la Ley 21.421, de 2022, que restringe estos beneficios, y desatendieron los derechos de las víctimas.
La oposición sostiene que Rabat abandonó el criterio aplicado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, sin que existiera una modificación legal o una resolución judicial que lo obligara a hacerlo.
El segundo capítulo cuestiona las rebajas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes quedaron en libertad. Los parlamentarios acusan que el Ministerio de Justicia no consideró las exigencias del derecho internacional ni la reparación de las víctimas.
El tercero apunta a la información presuntamente incompleta o inexacta que Rabat entregó al Congreso, particularmente durante sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y la Cámara de Diputadas y Diputados, al día siguiente.
Según los acusadores, el ministro intentó justificar las rebajas atribuyendo responsabilidades a las comisiones respectivas y a la Corte Suprema, pese a que las decisiones administrativas correspondían a su cartera.
“El ministro Rabat no puede continuar”
Tras ingresar el documento, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, destacó la coordinación opositora y aseguró que existe una “convicción política y jurídica” para llevar adelante la acusación.
El diputado Juan Santana (PS) fue más duro: sostuvo que Rabat vulneró la Constitución y las leyes al rebajar condenas que, según la interpretación de los acusadores, estaban expresamente excluidas de ese beneficio.
“El ministro Rabat no puede continuar en el cargo”, afirmó.
En tanto, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) acusó al secretario de Estado de atribuirse facultades que no le corresponden y de obstaculizar la fiscalización parlamentaria, al demorar la entrega de antecedentes sobre los decretos.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) rechazó los fundamentos del libelo y sostuvo que un error político no constituye necesariamente una infracción constitucional.
“Tengo claridad absoluta de que aquí no hay mérito jurídico”, aseguró, adelantando que espera que la acusación sea rechazada.
Ahora viene la pelea por los votos
La diputada Daniela Serrano (PC) adelantó que la acusación será puesta en conocimiento de la Sala el próximo lunes 16 de noviembre, cuando se espera realizar el sorteo de la comisión encargada de examinarla.
Con el documento ingresado, la ofensiva opositora pasa de las declaraciones a la tramitación parlamentaria. El Partido de la Gente (PDG), cuyos diputados todavía no han comprometido una postura conjunta, vuelve a quedar en el centro de los cálculos.
Si la acusación es aprobada por la Cámara, corresponderá al Senado resolver si Rabat incurrió en las infracciones imputadas. Una eventual condena implicaría su destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.
El Presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro, por lo que el libelo abre un nuevo enfrentamiento entre La Moneda y la oposición.
La acusación ya está presentada. Lo que falta saber es si la oposición conseguirá los votos para sacar a Rabat del Ministerio de Justicia.
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