Un ex ministro de la Concertación ha resumido este argumento de la siguiente manera: “nuestro sistema de democracia no ha sido capaz de adaptarse a una sociedad cuya diversidad ha aumentado sustancialmente, después de crecer en forma acelerada y dar un canal de movilidad a los sectores medios. Nos hemos quedado atrás en un sistema de representación adecuada”. Los problemas se encuentran en la política y no en la economía y es en aquella donde se han cometido errores que deben ser corregidos, no es  ésta.

En esta línea de argumentación se agrega que las protestas serían “una paradoja” ante el crecimiento de Chile, con tener cerca de US$ 15.000 ingreso per capita, con millones de chilenos que salieron de la pobreza. Las protestas serían una anomalía, pues la gente debiera estar contenta por lo alcanzado.

Las propuestas de reforma política son pobres, priorizando las primarias para mejorarían la calidad de la política y ayudarían a modernizar a los partidos. Es lo que propone el consorcio de los centros de estudios CEP,  vinculado al actual gobierno, Cieplan y ProyectAmérica, vinculados a políticos de la Concertación, y el  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dependiente de las Naciones Unidas.

Sin embargo, no se ha evaluado la aplicación de las primarias en Chile, especialmente la de la Concertación en 1999 entre Ricardo Lagos (PS/PPD) y Andrés Zaldívar (PDC), que produjo una polarización que dañó al candidato  triunfador. En efecto, el abrumador triunfo de Lagos en ellas no lo favoreció, pues una parte de los votantes del PDC se volcó a favor del candidato de la derecha, Joaquín Lavín. En la encuesta del CERC de Julio, un 53% de los votantes del PDC dijo que votaría por Lagos, porcentaje que subió en las mediciones siguientes, hasta el 69% en la preelectoral, muy inferior al respaldo que le dieron los votantes del PS y del PPD, 90% y 88% respectivamente.

Nada se dice de otras debilidades del sistema político bastante más profundas, desde la crisis de representación, con una juventud que no está inscrito en los registros electorales y la crisis de los partidos, especialmente de la Concertación, con el desplome de su afiliación y sin tener presencia en las organizaciones sociales, como las estudiantiles. En las elecciones de la FEUC, ninguna de las listas se reconoció vinculado a alguno de los partidos con representación en el congreso. Tampoco existe esa relación en la FECH y en otras importantes federaciones estudiantiles.

Los chilenos critican no sólo la política, sino también el sistema económico. Lo demuestran las masivas protestas contra el proyecto HidroAysén de las empresas Colbún, controlada por el grupo Matte, y Endesa, rechazando  que el estado ceda a un consorcio privado la definición de la estrategia energética del país. El escándalo de La Polar ha conmocionado al país, por el abuso a centenares de miles de clientes con repactaciones unilaterales, habiendo fabricado una burbuja a través de “una cultura del engaño”, como bien ha escrito Claudio Agostini. Además, muestra la incapacidad regulatoria del estado.

Los datos de encuestas dan cuenta de una extendida insatisfacción con el desempeño económico, condenando especialmente las desigualdades económicas. Según el Latinobarómetro 2011, Chile es el país con la peor imagen de la distribución de ingresos: sólo 6% cree que hay una distribución “muy justa” o “justa”, cuando la media de los 18 países de América es más del triple de ese porcentaje, 20%. Estamos muy lejos de los países que tienen una larga tradición democrática como la nuestra -Uruguay y Costa Rica, en que 27% y 24% consideran que hay una “justa distribución del ingreso” – y Brasil, país también “líder” en mala distribución del ingreso, está mejor que nosotros, pues 15% cree que tiene una distribución justa.

Los chilenos evalúan críticamente el desempeño económico, pues según la encuesta CERC de Diciembre del 2010 una pequeña minoría, 17%%, reconoce haberse beneficiado del crecimiento, 20% cree que el crecimiento a beneficiado a todos los chilenos,  28% opina que los pobres se beneficiaban del crecimiento y una inmensa mayoría, 76%, cree los ricos se beneficiaban del crecimiento. La complacencia con el crecimiento que muestran sectores de élites no es compartida por los chilenos.

En consecuencia, los problemas de Chile hoy no se encuentran sólo en la política, sino también en el sistema económico, las cuales afectan al sistema político. Son causas “externas” de los problemas de la política y de los partidos que es necesario de destacar. Muchos siglos antes que Carlos Marx naciera, se escribió que la política tiene bases económicas y en el siglo XX se ha argumentado que la democracia requiere ciertos fundamentos económicos. Es una relación compleja, que exige una cuidadosa relación entre crecimiento económico y desarrollo político. Creer que el crecimiento fortalecerá automáticamente la democracia y hará feliz a los ciudadanos es una peligrosa ilusión. El crecimiento no chorrea desarrollo político; hasta lo puede debilitar.

Las causas “externas” de la crisis de la política y los partidos se encuentran en rasgos de la estrategia de modernización económica de la democracia que puso al “crecimiento” como el objetivo prioritario,  subordinando la política y los partidos a alcanzar ese objetivo. El crecimiento daría beneficios materiales a la población, 40% vivía en la pobreza en 1990, y produciría resultados políticos, que se expresarían en un fortalecimiento de los apoyos a la democracia, en adhesión electoral a los partidos oficialistas y popularidad al gobierno y al presidente. Fue el programa de “crecimiento con equidad”.

Sin embargo, esta estrategia tuvo elementos que dañaron su dinamismo y perjudicaron el desarrollo político. El primero fue asumir que la ciudadanía percibiría el mayor bienestar económico como el resultado de la gestión del gobierno y no como una consecuencia del trabajo de las empresas privadas y los empresarios. Estos últimos tuvieron una enorme visibilidad, para atribuirse esos logros e insertarlos en la modernización economica iniciada por el régimen de Pinochet de acuerdo a una orientación neoliberal. Pocos años después del cambio de régimen hubo una contradicción entre muy buenos indicadores objetivos (empleo, mejoramiento de las remuneraciones, capacidad para adquirir bienes materiales e inmateriales) e indicadores subjetivos críticos, que cuestionaban las metas del crecimiento y sentían no beneficiarse de éste.

El segundo fue tener una visión estática del crecimiento, pues se priorizó la reducción de la pobreza, con especial énfasis en las políticas sociales, sin atender al aumento de la riqueza y su concentración. Mientras la pobreza se reducía con notable rapidez, beneficiando a millones de chilenos, se producía un aumento de la riqueza y su concentración en pocos grupos económicos, sin tomar en cuenta las consecuencias en el sistema político. La pobreza ha sido reducida, pero las desigualdades han empeorado.

En algún momento se evolucionó hacia un crecimiento a secas, dejando de lado la preocupación por combatir las desigualdades. Fue una evolución que contradecía la naturaleza de administraciones de centro e izquierda.

Se favoreció a las grandes empresas porque se estimó que sólo ellas tendrían las capacidades para desempeñarse en una economía globalizada y sus socios controladores y altos ejecutivos recibieron una interlocución privilegiada de parte de la autoridad, dando una señal al país que éste era uno de los grupos preferidos.

Algunos capitanes de la industria, con su intensa aparición en los medios de comunicación, ayudan a crear una imagen de que los grandes empresarios tienen un enorme poder e influencia en el sistema político. Esto se confirma en las encuestas, pues inmensa mayoría de los chilenos opina que la autoridad actúa en beneficio de la minoría y no del pueblo.

No se consideró el hecho que el crecimiento tiene dos caras, un rostro amigable con la democracia, que permite satisfacer necesidades de los ciudadanos, y un rostro conflictivo, que daña al orden político por la influencia de la concentración económica en las decisiones de la autoridad. Como dice Colin Crouch, “es muy difícil impedir que la riqueza económica no sea aprovechada para convertirla en poder político. Los ricos pueden usar sus recursos para financiar a políticos y a partidos que están de acuerdo con ellos, o disuadir a aquellos que discrepan para que cambien su posición”.

La tercera fue considerar la legitimidad democrática como una tarea a realizar desde el gobierno, desde arriba, sin considerar que ella también se construye “desde abajo”, con el consenso de los ciudadanos (Beetham). Se requiere la participación y no sólo decisiones impuestas por la autoridad, cuyos resultados son alabados por quienes las impulsan, sin considerar que son los ciudadanos quienes evalúan la gestión del gobierno.

Hubo otra decisión de la estrategia de legitimación por el desempeño económico que dañó la política y debilitó a los partidos: el consenso sobre las políticas económicas en torno a una economía de mercado a secas. Ello limitó la competencia electoral porque los temas económicos fueron sacados del debate público y de las campañas electorales e impidió a los gobiernos de la Concertación y a sus partidos tener un perfil económico propio, distinto de la derecha y del autoritarismo.

La competencia electoral se define no sólo por la ley electoral, sino también por la confrontación de posiciones  entre los candidatos. El votante debe tener claridad sobre las diferencias programáticas entre los candidatos y entre los partidos. No existe competencia cuando no se explicitan las diferencias porque se adoptan prácticas de colusión política o porque imponen decisiones por consenso entre los principales partidos y entre el gobierno y la oposición. Como el elector no ve diferencias, decidirá su voto por el azar o por razones puntuales, simpatía o antipatía a la persona, sin que tome una decisión política, sino que afectiva. Ello acentúa la personalización de la política, una tendencia que ha sido fatal en América Latina.

Se impuso el consenso sobre las principales políticas económicas no sólo durante la transición, sino también cuando estaba consolidada y tuvo un sesgo conservador, porque enfatizó más la continuidad, que la reforma del sistema económico impuesto por la dictadura y puso especial atención al rol del capital y de los grandes empresarios, descuidando el del trabajo y los trabajadores. La autoridad también esquivó ver las diferencias de políticas, enfatizando la naturaleza “técnica” de los problemas económicos y buscó las soluciones  través de comisiones o con “paneles de expertos”, sin emplear consideraciones políticas.

Otro factor que dañó la política y a los partidos fue no permitir el financiamiento público de éstos, sólo se acordó el financiamiento de campañas y varios años después de la inauguración de la democracia. Esto  quitó autonomía a los partidos y a sus centros de estudio para decidir temas controvertidos económicamente. La crisis de la política y de los partidos también es responsabilidad de los arquitectos y constructores del “milagro económico” chileno.

El desplome electoral de la Concertación tiene mucho que ver con esta política de la antipolítica y muy especialmente, la grave crisis del PDC y de la izquierda chilena, que abandonaron la lucha por la igualdad en beneficio de un pragmatismo del crecimiento a secas.

Para mejorar la política y modernizar a los partidos es indispensable impulsar reformas políticas y económicas y se adopten decisiones que cambien estilos. En primer lugar, es necesario promover un debate público para hacer posible la competencia política. No puede seguir la obsesión por la unanimidad que promueven los partidarios del “consenso”, porque aplasta la diversidad e impone la visión de un sector, minoritario, del país. Las diferencias se deben resolver en el Congreso y no con los sectores económicos involucrados.

Este cambio ayudará a la reforma electoral, porque permitirá que se muestren las diferencias. Se debe eliminar el binominal y reemplazar por un sistema proporcional corregido, con una barrera legal. Ha habido una campaña del terror contra el proporcional empleando argumentos ridículos, que han ayudado a legitimar al binominal. El proporcional permitirá una mejor competencia electoral porque el votante tendrá más opciones y los incumbentes se verán amenazados en su reelección. Las elecciones serán más inciertas y, por ello, más atractivas.

En segundo lugar, se necesitan reformas para asegurar la autonomía de la política ante la riqueza y el poder económico. Hay varios proyectos de ley detenidos en el Congreso desde hace años, como la ley que regula el lobby, para transparentar las de empresas y grupos de interés que buscan persuadir a la autoridad en su beneficio.

Se debe terminar con “la puerta giratoria” de autoridades de Gobierno que ingresan al sector privado cuando terminan su labor y se imponga un período de tiempo con prohibición de hacerlo.

Se debe establecer el financiamiento público a los partidos y sus centros de estudio, para que actúen con independencia y no se autocensuren sobre temas rechazados por sus financistas del sector privado. Llama la atención que los tres libros del consorcio CEP-Cieplan -ProyectAmérica-PNUD no traten este importante tema.

En tercer lugar, se debe impulsar una reforma tributaria que dé estabilidad en los ingresos del Estado para atender sus necesidades actuales y futuras en educación, salud y vivienda y que también enfrente las “escandalosas desigualdades”. La experiencia internacional demuestra que no disminuyen las desigualdades sin aumentar los impuestos a los más ricos. El aumento de las desigualdades en EE.UU. se explica por las ventajas tributarias de las administraciones Reagan y Bush,  no revertidas por las de Clinton y Obama (Pierson).

Se sigue justificando los bajos impuestos. Un ex ministro escribió recientemente: “Debido a la inestabilidad política de América Latina y la inestabilidad respecto de las reglas del juego para los inversionistas extranjeros, la región ha tenido que aceptar una menor carga tributaria que la que se da en los países desarrollados e incluso en los países en desarrollo de Asia”. Es un argumento que carece de sentido económico y favorece la continuidad de las desigualdades.

Por ende, la reforma tributaria no puede negociarse con los empresarios o a través de sus centros de estudio, sino que en el Congreso, institución que debe ponderar las necesidades de mediano y largo plazo del país, entre las cuales la disminución de las desigualdades es una tarea inevitable y urgente.

En cuarto lugar, reformas institucionales e iniciativas políticas que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado, con directivos dispuestos a tener una actitud proactiva y no de complacencia con los privados que deben vigilar. Ello es necesario para fortalecer el dinamismo de la economía, como también para mejorar la calidad de la democracia.

El intenso conflicto político hoy en Chile son una manifestación de las contradicciones y debilidades del crecimiento, que se deben corregir para que se consiga una democracia de mejor calidad y un sistema económico legitimado y que entregue los beneficios de manera menos desigual.

Chile se encuentra en un punto de inflexión. Ha terminado la etapa de los Gobiernos de la Concertación, que echaron las bases de la democracia y el sistema económico. Ahora hay nuevos problemas y desafíos, que son el resultado de sus éxitos, como también de sus errores, comenzando por la tolerancia que ha habido con las desigualdades. Es un desafío para seguir adelante con reformas y no para seguir rememorando un pasado, cada vez más lejano para la mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes.

Las reformas se deben hacer en el sistema político y en el sistema económico para lograr una democracia de mejor calidad y un sistema económico más eficaz, con desarrollo y equidad, que le permitirá alcanzar una mayor legitimidad.

Las menciones a la educación han triplicado las que había en mayo pasado, 24%. Los problemas económicos y la delincuencia, que habían dominado la agenda en los últimos años, han perdido relevancia.

La agenda estudiantil, con demandas de mejor educación  y cambios políticos,  ha encontrado un apoyo casi unánime en la sociedad chilena: 89%. Este apoyo cruza las posiciones políticas, se encuentra en los votantes de la oposición y del gobierno, en ricos y pobres, jóvenes y adultos.

Millones de chilenos se han movilizados en las numerosas manifestaciones convocadas por la Confech: 6% del universo de 18 y más años de edad dice haber participado en todas ellas, 26% dice haber participado en varias; 24% dice que no participó, pero le interesaría participar, sólo 21% no participaría de ninguna manera, son opositores claros a las demandas de los estudiantes. La participación ha sido transversal en la sociedad, especialmente en los jóvenes, pues 20% dice haber participado en todas las manifestaciones.

Los chilenos protestan no sólo para apoyar a los estudiantes, sino también porque están descontentos con la acción del gobierno: 34% de los encuestados toca cacerolas en sus casas para apoyar a los estudiantes, 24% lo hace para expresar su descontento con el gobierno y 16% para ser escuchados.

A pesar del largo tiempo transcurrido desde el comienzo de las movilizaciones, la inmensa mayoría de los chilenos opina que los estudiantes están ganando la batalla, 72%. Incluso entre los votantes de la UDI y RN predomina esta opinión, 55% y 54% respectivamente.

El enorme impacto de la convocatoria de la Confech se explica porque el sistema político tiene severas limitaciones de representación, legitimidad y calidad. La nueva democracia ha sido incapaz de generar confianza entre las personas -89% no tiene confianza en los demás, cinco puntos más que en Mayo pasado- y hay una bajísima confianza en sus instituciones políticas, no sólo hacia  los partidos, que tienen 9% de confianza, sino también hacia el poder judicial, con apenas 15%. El gobierno recibe algo más, pero es una minoría, 23%, y la oposición alcanza un poco más que el ejecutivo, 27%.

Instituciones y élites políticas con baja confianza ciudadana no se atreven a enfrentar problemas controvertidos. Ello demuestra la poca disposición a resolver el problema de la educación. Hay voluntad para lograr acuerdos en políticas que dan ventajas económicas a amplios sectores (postnatal para las  mujeres, ingreso ético, etc.) pero no para controlar el lucro en los colegios particulares y en las universidades privadas.

La baja confianza en las instituciones políticas contrasta con la que tienen las Fuerzas Armadas, la FACH tiene 50% y el Ejército, 45%. Esto demuestra que se puede recuperar la confianza, pues los institutos armados la vieron debilitada en el pasado por su participación en el régimen del general Pinochet.

Este clima de baja confianza hacia las instituciones no afecta a las universidades estatales, pues un 56% tiene confianza en ellas. Las universidades privadas, por el contrario, reciben una muy baja confianza, 27%.

Otra demanda de los estudiantes -el cuestionamiento del lucro en la educación- ha calado hondo en la sociedad chilena. Apenas un 17% acepta que las universidades tengan utilidades, siendo justificado en las actividades económicas.

Esta desconfianza en las instituciones explica el alto apoyo que se da al plebiscito como medio para resolver entre las alternativas de política educacional, 71%, porque se cree que el gobierno, el congreso y los partidos no tienen la voluntad de resolver el problema de la educación.

Los chilenos han asumido otras demandas levantadas por los estudiantes: hay fuerte cambio a favor de una reforma Constitucional, aumentando del 48% que había en Julio del 2009 al 75%.

También aumentan fuertemente los partidarios de eliminar el sistema binominal, del 38% que había en Julio 2008 al 53% ahora. Este cambio es muy importante porque no ha sido ampliamente respaldado por la oposición, que sí lo ha hecho con otras demandas de los estudiantes.

Y hay un apoyo a la reforma tributaria, para financiar el mayor aporte que el Estado debe dar a la educación: 79% de los encuestados apoya que se suban los impuestos a los más que ganan más.

La reforma tributaria también se justifica para enfrentar las desigualdades, que tiene una gran vigencia por el convencimiento de los chilenos de las enormes desigualdades económicas y sociales que hay en el país, que hemos documentado en anteriores encuestas del CERC. La mitad de los chilenos, 47%, cree que las desigualdades económicas durante el gobierno de Piñera permanecerán iguales y 39%, que aumentarán. Algo similar ocurre con la percepción respecto a las desigualdades sociales: 48% señala que permanecerán iguales y 37% teme que ellas aumentarán.

El tsunami político castiga fuertemente al gobierno y al Presidente. Este es el eje del sistema político y el que tiene más recursos para dinamizarlo. 61% cree que el Ejecutivo no está interesado en resolver el problema de la educación. Por este motivo, los chilenos creen que los conflictos sociales se mantendrán, 45%, o aumentarán, 45%.

El gobierno sigue debilitándose porque sólo 22% aprueba su gestión y 66% la rechaza. Es el menor apoyo y el mayor rechazo que ha tenido un Presidente desde 1990. Este hecho, que en sí mismo no tendría significación política, adquiere enorme relevancia por la tendencia adoptada en una parte de la clase política, incluyendo en la Alianza, de entregar a las encuestas el  poder para evaluar la gestión del gobierno y el Presidente.

La caída del apoyo al gobierno es difícil de detener y, menos aún, de revertir, porque el presidente Piñera tiene una bajísima credibilidad: 67% no le cree, 10 puntos más que en Mayo pasado. Es incomprensible que el presidente Piñera, que tuvo una audacia ilimitada en el mundo de los negocios, esté paralizado como gobernante.

Además, sus votantes están desencantados de su gestión y eso se demuestra en que sólo la mitad de quienes lo apoyaron en la segunda vuelta volverían a votar nuevamente por él.   El resto no lo haría.

El tsunami también castiga a la oposición, saltando 16 puntos a 43% los que califican mal su desempeño, apenas 11% dice que lo ha hecho bien. Esta mala evaluación se produce a pesar de que aumentan los partidarios de la oposición al 45%, cambio que se explica porque han disminuido los partidarios del gobierno, que son apenas 22%.

El tsunami, en tercer lugar, está dañando la memoria histórica de los gobiernos de la Concertación. En comparación a Mayo del 2011 cae 13 puntos al 23% quienes creen que los “20 años de la Concertación” fueron buenos, 55% cree que fueron regulares y 14% que fueron malos. Este desplome  también se produce en los votantes de sus partidos: cae 14 puntos en los electores del DC, 17 en los PPD y 12 en los PS.

El debilitamiento de la memoria histórica de los gobiernos de la Concertación se confirma con otra pregunta: a pesar de que hay una evaluación muy crítica del actual gobierno, una minoría, 28%, cree que un quinto gobierno del conglomerado lo habría hecho mejor que el de Piñera.

Este cambio demuestra la fragilidad de las propuestas de quienes reivindican la gestión de los gobiernos de la Concertación para fundamentar una alternativa para recuperar la confianza ciudadana.

Hay un debilitamiento de los partidos. Sólo un 47% menciona un partido por el cual votaría en las próximas elecciones parlamentarias y 53% no nombra un partido. Los chilenos tienen lealtades políticas, pero no las quieren dar a conocer porque están disconformes. Las dos coaliciones que dominan la política chilena, la Alianza y la Concertación, interpretan, en este momento, a una minoría del país: reciben 12% y 25% de menciones respectivamente. Están dominando dos conglomerados heterogéneos: los que dicen no votar por partido o se declaran independientes, 25%, y hay 28% que no saben o no quieren decir por quién votarán. Aquí hay votantes de derecha, como también de la oposición.

El debilitamiento de las instituciones y el desplome de los apoyos al gobierno y a la oposición tiene una excepción: Michelle Bachelet. Si figura se alza en este cambiante clima político, en que todos están perdiendo y esa fortaleza se ve confirmada por varias preguntas que apuntan en la misma dirección. Bachelet es  (1) la persona que, según los chilenos, tiene más futuro político, 35%, (2) la principal figura de la oposición, 33%, a pesar de que vive y trabaja en los EE.UU.  desde hace más de un año (las demás figuras de la oposición reciben 17% de menciones); (4) es la presidenciable de la Concertación para la inmensa mayoría de los chilenos, 56% (todos los otros alcanzan sólo 20%); (5) es vista como la próxima presidenta por un 32% de los chilenos y (6) en una eventual elección presidencial con el ministro Laurence  Golborne, se impone por amplia mayoría: lograría un 59%.

El “fenómeno” Bachelet tiene que ver con la crisis de la Concertación, con partidos debilitados y sin renovación de dirigentes. Sólo aparece ella, que se encuentra lejos del país y de sus actores. Este liderazgo es un factor de agravamiento de la crisis de la Concertación, en la medida que hay un espejismo de triunfo electoral con ella, que deja en un segundo plano la necesidad de modernizar los partidos y renovar la propuesta programática a través de los think tanks vinculados a ellos.

El gobierno y un sector de la oposición no quieren entender la magnitud de la interpelación de la población al sistema político y económico. No quieren ver el tsunami político. Explican la protesta estudiantil y la movilización ciudadana como una “paradoja” cuando “al país le va tan bien”. Sería una protesta provocada por la tensión entre altas expectativas socioeconómicas y logros económicos que se serían menores coyunturalmente. Un ex ministro afirmó que la clave de la paz social era la tarjeta de crédito y el ingreso a la universidad, con lo cual ve al retail y a las universidades privadas como pilares de la estabilidad de la democracia y no en el apoyo de la ciudadanía y en el rol de las instituciones políticas.

Además, estas tensiones serían normales, porque Chile estaría saliendo del subdesarrollo al haber alcanzado US$15.000 de ingreso per cápita, una cifra mágica que abriría la puerta de la tierra prometida. Se agrega que los manifestantes serían hijos de los 20 años de democracia, una explicación que llega al oportunismo porque los jóvenes no reconocen esa paternidad.  En una palabra, los problemas se arreglarán en el tiempo, sin hacer cambios.

Hay contundentes indicadores objetivos y subjetivos, como los que hemos mostrado acá, de que estamos ante una crisis de gobernabilidad, con una democracia debilitada y con un sistema económico cuestionado. Esta crisis comenzó mucho antes que Sebastián Piñera llegara a La Moneda. Las críticas de los ciudadanos al sistema político y a las desigualdades eran dominantes en las encuestas desde fines de los años 90, independientemente de la Crisis Asiática. Las demandas de los chilenos, gatilladas por el movimiento estudiantil, se dirigen no sólo a la educación. Se pide más participación, mayor calidad en los servicios públicos y mayor equidad.

Las reformas son ahora más difíciles que antes porque hay poderosos intereses económicos que se oponen a ellas, presionando al gobierno, al Congreso y los partidos para mantener la arquitectura institucional existente desde hace dos décadas. La “gobernabilidad”, como decía la Trilateral en los años 70, no está amenazada por las demandas de los sindicatos –que son muy débiles-, sino por el poder económico, las asociaciones empresariales y los think tank de derecha, principalmente el Instituto Libertad y Desarrollo y el CEP.

Hay mucha ideología contra las reformas, como en la tributaria, predominando el principio neoliberal que el crecimiento entrega los recursos que el Estado necesita. Es una miopía política, porque el Estado necesita más recursos para enfrentar la crisis de la educación y la próxima crisis del sector salud por los cambios demográficos y el aumento de los costos del sector. Los ahorros del cobre no son para gastarlos ahora, sino para usarlos en el futuro, cuando realmente sean años de vacas flacas.  En EE.UU. y en varios países europeos se está planteando subir los impuestos a los ricos, pero en Chile este tema se mantiene ausente de la agenda, sin ser levantado por los legisladores de izquierda, algunos de los cuales incluso hacen propuestas con incentivos tributarios a los ricos que “invirtieron” en el exterior.

Las reformas son necesarias para la mayor estabilidad de la democracia y el sistema económico. Por ejemplo, el sistema de seguro privado de salud tiene una baja legitimidad: apenas 25% justifica que las  Isapres tengan utilidades, lo que indica que seguirá el cuestionamiento de éstas y aumentará la demanda por un mayor gasto público en salud.

Las AFP ganaron legitimidad porque fueron reformadas durante el gobierno de Michelle Bachelet, abandonándose el principio neoliberal de que sólo valía la cotización individual y aceptando una fuerte participación del Estado.

Al comienzo de la democracia hubo un menor interés en las reformas por la decisión de priorizar la estabilidad política por las difíciles condiciones en que se dio la democratización, expresadas especialmente en la continuidad del general Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, apoyado en ello por la UDI y RN, como también por buena parte de los grandes empresarios. Hoy no hay factores de inestabilidad política que impidan realizar reformas institucionales, que incluyan el fortalecimiento y modernización de las universidades estatales, el control efectivo del lucro en la educación, el aumento de los impuestos a los más ricos y otras.

Las reformas permitirán construir confianzas, que son indispensables para que el país tenga estabilidad en el futuro. La construcción de confianza crea un círculo virtuoso porque las instituciones y los actores con mayor confianza tienen más poder y se atreven a impulsar reformas rechazadas por intereses económicos o políticos, como los que ahora frenan la reforma de la educación.

Como dijera Willy Brandt, presidente del SPD, elegido canciller federal de Alemania en 1969, después de 20 años de gobiernos de la DC en Alemania después de la II Guerra Mundial: en la era de Adenauer, predominó la voluntad de evitar los experimentos para asegurar la reconstrucción del país y consolidar la democracia. Una vez  alcanzados esos objetivos, es la hora de las reformas. “Quien quiera vivir con seguridad en el futuro, debe luchar ahora por las reformas”. Trabajar por las reformas institucionales es el desafío de hoy en nuestro país, necesarias de hacer para el Chile de mañana.

Valdés ingresó tardíamente a la política, en 1964 cuando el presidente Eduardo Frei Montalva lo designó ministro de Relaciones Exteriores.  Aunque había participado en la fundación de la Falange Nacional en 1938, llegando a ser vicepresidente de una de sus directivas en los años 50, y en la fundación del PDC dos décadas, se había mantenido alejado de la política, trabajando en la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), creada por la Corfo en los años 40.

Apoyado  por un Presidente que valoraba la importancia de la inserción internacional de Chile, Valdés impulsó una muy destacada labor, impulsando la integración con América Latina y una estrecha relación con las democracias de Europa Occidental para tener mayor autonomía de los EE.UU. Amplió el ámbito de la Cancillería a las relaciones económicas, nombrando a un economista como subsecretario, Patricio Silva Echenique. Reunió a un grupo de brillantes colaboradores, como Ramón Huidobro, diplomático de carrera, y a  jóvenes universitarios, como Mariano Fernández. Más tarde, fue  subsecretario general de la Naciones Unidas a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de (1971-1981), y se radicó en Nueva York. Desde esta posición ayudó a la  causa democrática en América Latina en una época en que las dictaduras se extendieron en la región, con la excepción de Colombia y Venezuela.

Regresó a Chile en 1981 para ayudar al restablecimiento de la democracia y fundó el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) porque estaba convencido que las ideas eran fundamentales para lograr ese objetivo. Fue elegido presidente del PDC en 1982, después de la muerte de Frei, como candidato de consenso, y fue acompañado por las más destacados personalidades del partido en ese momento, Patricio Aylwin, varias veces presidentes del PDC, Narciso Irureta, cuatro años más joven que don Gabriel, que había sido presidente del PDC en 1960 y antes, secretario general, Sergio Molina, ex ministro de Hacienda del presidente Frei, y Raúl Troncoso, que había sido secretario general de gobierno de Frei. Como secretario general estuvo José de Gregorio, que había ocupado ese cargo en diversas oportunidades antes de 1973.

Como presidente del PDC, Valdés dio pasos fundamentales para unir a la oposición, creando la Alianza Democrática, con el Partido Radical, un sector del socialismo (“el PS Núñez”) y la derecha republicana. Fue reelegido como presidente del PDC en una elección competitiva en la junta nacional de 1985, y fue acompañado por Jaime Castillo Velasco, Claudio Huepe y José Ruiz di Giorgio como vicepresidentes, y Eugenio Ortega, como secretario general. No quiso postular a un tercer período en las elecciones de 1987, que fueron ganadas por Patricio Aylwin, que era acompañado por Andrés Zaldívar como primer vicepresidente, Narciso Irureta como segundo vicepresidente, Edgardo Boeninger, como tercer vicepresidente y Gutemberg Martínez, como secretario general. Valdés no tenía la experiencia política para conocer los tiempos, ni las complejidades de la política de partido. Tampoco poseía las redes de contactos personales al interior de la principal colectividad opositora en un momento clave de la historia del país. Algunas personalidades a quienes él antes había apoyado no le acompañaron en su interés por llegar a ser el candidato presidencial del PDC.  La política es dura, recordaba Max Weber a los estudiantes de Münich en su famosa conferencia sobre la política como vocación.

Fue elegido senador en 1989 y presidente del senado hasta 1996 y fue reelegido en la Cámara Alta en las elecciones de 1998. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet fue embajador en Italia por tres años.

Gabriel Valdés, como otros políticos “tradicionales” que desde los años 80 trabajaron intensamente por el retorno a la democracia -Patricio Aylwin, Enrique Silva Cimma, Hugo Zepeda, Julio Subercaseaux, René Abeliux, Renán Fuentealba, Clodomiro Almeyda y muchos otros- entendía la política como una actividad superior, que buscaba construir un país en democracia, con desarrollo  y justicia social a partir de ideas y siguiendo convicciones, cristianas en su caso, que recibió en su hogar, en el colegio San Ignacio y en la Universidad Católica, que les servían de apoyo en los momentos difíciles y le orientaban en la oscuridad. Rechazaba el concepto de política que carece de un objetivo mayor y la concibe como un listado de iniciativas puntuales, que descarta los ideales y no se preocupa de convocar a los ciudadanos.

Estos políticos “modernos” reducen la política a la gestión del gobierno y es dirigida por ministros y dirigentes de partidos que no conocen al ciudadano porque no han sido elegidos y, empujados por el narcicismo, no conocen los errores, ni los abusos que cometen. Sin tener fuertes convicciones, entienden la práctica política como una técnica de negociaciones y compromisos entre grupos de poder. Esta visión pequeña de la política es la que ha provocado el desencanto en ella de los jóvenes, que ahora se movilizan por una mejor educación.

Fueron los políticos “tradicionales” los que hicieron posible la recuperación de la democracia en muy difíciles condiciones, movilizando a millones de chilenos a partir del desplome del “milagro económico” del régimen militar en 1982, que llevó a la peor crisis económica de Chile desde la de 1929. Iniciada la protesta por los sindicatos de Codelco y continuado luego con la participación de los trabajadores de otros sectores, de los estratos populares y medios y de los estudiantes, se desarrolló una movilización social que hizo fracasar el intento del general Pinochet de abrir la política en 1988, debiendo hacerlo cinco años antes. Ahí comenzó la transición chilena, con presiones de la calle, huelgas y protestas, que continuaron después por la arena institucional, el plebiscito sucesorio del 5 de octubre de  1988.

El triunfo de la oposición democrática fue posible por esta amplia organización, articulada a partir de los partidos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, colegios profesionales y otras organizaciones sociales. Valdés tuvo una activa participación en ello, fue maltratado por el régimen y sus colaboradores civiles y estuvo preso.

La difícil historia de Chile en las últimas décadas y las divisiones que todavía existen en nuestra élite explica que no exista una memoria colectiva con todos los padres de la Patria del siglo XX. Se recuerda a los presidentes, aquellos que el pueblo llevó a la casa de Toesca, y a algunos intelectuales, pero se olvida a grandes chilenos que sirvieron muchísimo al país sin haber llegado a La  Moneda. Ahí están el Dr. Eduardo Cruz-Coke, padre de la medicina social moderna, Clotario Blest, fundador del sindicalismo, el cardenal Raúl Silva Henríquez, defensor de los derechos humanos, y Gabriel Valdés Subercaseaux.

Unos articulistas explican las protestas como expresiones de un cierto “malestar” existente en la sociedad, un sentimiento subjetivo vago, sin contenido político especifico y que se explicaría por el inconformismo natural de la juventud.  Su trascendencia es relativa y pasará con el tiempo.

Otra mirada es a través de la comparación internacional. Las protestas serían comparables a las de España, desconociendo las enormes diferencias, pues en éstas los protestantes eran profesionales cesantes y no estudiantes. Tal vez en cinco años más, cuando los egresados de las universidades privadas chilenas no encuentren empleo, protestarán como lo hacen los españoles. Otra comparación es con las revueltas estudiantiles en Francia en 1968, también distintas pues entonces los estudiantes se dejaron llevar por un narcicismo que les llevó a “pedir lo imposible”, mientras que los chilenos tienen demandas realistas.

Ninguna de ellas explica la fuerza y la continuidad en el tiempo de las demandas estudiantiles. Ni el más combativo de los dirigentes estudiantiles jamás imaginó la tremenda aceptación que tendría en los chilenos la convocatoria a favor de una educación de mejor calidad, por la educación pública y contra el lucro. Ello ocurrió porque sintonizaba con valores que la opinión pública compartía desde hacía años, rechazando la tesis neoliberal que el mercado y el empresario privado son determinantes en la educación.

Las demandas estudiantiles tienen paralizado al gobierno y al sistema político porque cuestionan aspectos centrales de la democratización, que optó por  una legitimación por el desempeño económico y por una política de consenso entre elites que tendió hacia la convergencia y no el disenso entre los adversarios. El gobierno del presidente Piñera, como lo he escrito antes en El Mostrador,  es más que el primer gobierno de derecha después de medio siglo; es el primer gobierno de empresarios en la historia de Chile, con un presidente y un equipo de ministros que miraron con simpatía al lucro, porque fue la fuerza que los empujó durante décadas.

La Concertación, por su parte, no tiene influencia en los estudiantes porque sus dirigentes y parlamentarios se alejaron de los estudiantes desde hace años y su discurso económico se ha mimetizado con el de la derecha. ¿Qué sentido tiene que un senador socialista esté preocupado de la repatriación de capitales, sino que congraciarse con el mundo empresarial y sus financistas?

Los estudiantes desconfían de los congresistas, temiendo que cederán a los intereses de los inversionistas en la educación privada, como antes lo hicieron con otros temas de la educación, la economía y la política con “la política del consenso”.

Es un hecho muy notable que los chilenos hayan resistido el discurso neoliberal difundido por décadas por sus partidarios, que han contado con el apoyo del mundo empresarial y de la prensa escrita. También fue favorecido el liberalismo porque la Concertación no desarrolló un pensamiento económico alternativo. El discurso a favor del rol del Estado no se orientó hacia un sistema económico distinto, sino para construir nuevas instituciones, como el Plan Auge, que coexistió con instituciones con fuertes componentes neoliberales, como la educación y la política de vivienda. Tampoco ahora en la oposición sus centros de estudio han explicitado un pensamiento alternativo, ni se enfrentan con el neoliberalismo más allá de algunas columnas de prensa.

Los gobiernos democráticos no fueron “continuistas” con el modelo económico de la dictadura, pues hubo reformas contrarias al neoliberalismo, resistidas por la derecha. Por ejemplo, ésta se opuso en el gobierno Aylwin a que fuera pública la votación de las AFP en las juntas de accionistas de empresas en que tenían inversiones, para impedir el secreto por parte de accionistas minoritarios, que, con el apoyo de las AFP, pudieron controlar el gobierno de poderosas  empresas, como Endesa, Chilectra y muchas otras.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el equipo económico evitó la diferenciación con el pensamiento neoliberal, especialmente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ello se expresó mucho más allá de una conveniente “coexistencia pacífica” de un  presidente de izquierda con la derecha; por el contrario, se tradujo en iniciativas conjuntas, especialmente, con el Centro de Estudios Públicos (CEP) fundado en 1980 con la participación de los principales Chicago boys, que reforzaron elementos institucionales del neoliberalismo en la economía y se expandió al sistema político. Este acuerdo explica el rechazo al financiamiento público de los partidos, que les quita autonomía frente a los empresarios, y la aprobación del voto voluntario, que dañará la política porque bajará la participación de los pobres en las elecciones y aumentará la influencia del dinero en la política, es decir, dará más poder a la derecha.

Las demandas estudiantiles por  más Estado en la educación y el fin al lucro en ésta, contando con un masivo apoyo ciudadano, han amenazado a los poderes fácticos  y han estremecido el sistema político porque toca nervios muy centrales de éste. También cuestiona la política de los gobiernos democráticos y la gestión de sus principales personeros, obligándolos a redefinir sus posiciones. Chile no será el mismo después  de estas movilizaciones.

Quienes en el pasado sembraron la ilusión que “el crecimiento” nos llevaba a la tierra prometida, son responsables que estemos aún lejos de ella y en medio de una crisis de proporciones. Los errores deben ser reconocidos, para ser debidamente corregidos, antes que el daño sea mayor.

Este escenario no se produjo por problemas coyunturales, sino que por factores de fondo, porque la estrategia asumida al establecerse el primer gobierno de centro derecha después de medio siglo fue equivocada. Comenzó con el error de no haber reconocido estar minoría en el Congreso, que le obligaba a entenderse con la oposición. En vez de buscar los acuerdos con la Concertación, se enfrentó a ella, reclutando a un ministro del PDC y con ministros que competían en sus ataques a sus adversarios.

La segunda fue formar un gabinete “de excelencia”, nombrando ministros que venían desde las empresas, dando la impresión de ser “un gobierno de empresarios”, calificativo que corresponde a la biografía del mandatario. La inexperiencia política no fue suplida por la eficacia en la gestión, como se ha demostrado en la reconstrucción, que sigue muy atrasada. Sólo después del accidente de los mineros el gobierno se vio relativamente alejado de los empresarios, pero Piñera no aprovechó esta oportunidad, sin presentar ni siquiera un proyecto de ley para fortalecer la seguridad de los trabajadores en sus faenas. Con ocasión del terremoto, la “reforma tributaria” significó una rebaja de impuestos para los empresarios.

Estas decisiones provocaron una débil integración de los partidos al gabinete, especialmente de la UDI, y una difícil relación con las bancadas del Congreso. Antes de un año debió abandonar su gabinete de técnicos y recurrió a políticos, nombrando a dos senadores. Sin embargo, mantuvo la orientación de gobierno de empresarios y una agenda que no entusiasma a sus votantes y no le permite mantener la iniciativa política.

La manifestación más reciente de los problemas del gobierno es en la educación, con manifestaciones masivas a lo largo del país exigiendo una profunda reforma, incluyendo el fin del lucro. Esta es una demanda que toca el corazón del gobierno, pues el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y el de la Presidencia Cristián Larroulet, fueron accionistas-fundadores de la Universidad del Desarrollo.

El mandatario debe dar un golpe de timón, con un doble sentido: un cambio de gabinete con nuevos rostros e impulsar una agenda para cumplir la promesa de campaña, haciendo las reformas que la Concertación no hizo.

El Presidente debiera cambiar a sus ministros de La Moneda. Hinzpeter no ha ejercido su función de jefe de gabinete, no ha hecho bien su tarea contra la delincuencia y está vetado por la UDI. Puede mantenerlo, porque lo necesita y RN lo apoya, pero pagará un alto costo por ello. Cristián Larroulet, cercano a la UDI, ha fallado en su función, sin articular la agenda legislativa y sin tener el respeto de la oposición. No se ha visto que tenga defensores. La vocera, Ena von Baer (UDI), ha hecho un pésimo papel, El Mercurio califica su gestión como “deplorable”.

Como dijo el almirante Merino después de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, “entramos juntos y salimos juntos”. Estos tres ministros entraron juntos a un gobierno y se identificaron con una agenda y tipo de trabajo, que se ha mostrado agotado. Debieran salir juntos para que Piñera inicie una nueva etapa.

Pero los problemas del gobierno Piñera no es sólo de personas. También debe tener una agenda nueva y potente, que tenga a la educación como su eje y resolver las graves falencias, que comenzaron antes que Piñera llegara a la presidencia. Tiene que haber más regulación porque es inviable una educación superior entregada a las reglas del mercado. Chile tiene 25 carreras de Medicina Veterinaria, de las cuales seis son de universidades privadas con fines de lucro, mientras EE.UU. sólo tiene 21. Esta reforma le permitiría a Piñera mostrar que no es el gobierno de los empresarios.

La agenda no se puede limitar a la educación porque debe impulsar reformas económicas que fortalezcan los derechos de los trabajadores y debiliten los que tienen los grandes empresarios. Además, hay graves problemas políticos, que apuntan hacia una crisis de representación. Y si el nuevo gabinete tiene más políticos, con mayor razón debe enfrentar estas debilidades. Debiera incluir una reforma política de verdad y no cosmética, con la eliminación del binominal y su reemplazo por el sistema proporcional, para que los partidos y los parlamentarios, de gobierno y de oposición, se hagan cargo de fortalecer las instituciones de la democracia.

No es viable una democracia de calidad con una débil competencia electoral, que favorece a dos bloques en crisis. Debe incluir el financiamiento público de los partidos, porque su actual dependencia del mundo de los negocios es penoso. El conflicto de interés con las universidades lo está demostrando. Piñera tiene más legitimidad para impulsar esta reforma por su biografía como empresario.

Piñera podrá neutralizar a sus críticos integrándolos al gabinete, como lo hizo antes con los senadores Allamand y Matthei. Pero ello será un cambio de limitado alcance. El gobierno estará debilitado para enfrentar las presiones de los grupos de interés. De una crisis de gobierno, se avanzará a una crisis del sistema, en que otros grupos de interés presionarán frente a una autoridad débil, con partidos débiles, porque la UDI y RN no tienen una agenda programática atractiva. Y las elecciones municipales de 2012 y las presidenciales del 2013 permitirán a sus votantes castigar a los partidos que lo llevaron a La Moneda.

Las protestas ocurren cuando la ciudadanía tiene opiniones muy críticas de las instituciones políticas y de sus dirigentes, especialmente el presidente Piñera, con apenas 35% de aprobación, como lo mostró el Barómetro de la Política entregado por el CERC. También están mal evaluados el Congreso, los tribunales de justicia y las principales instituciones del sistema económico, las AFP e Isapres.

Los problemas también están en la economía. Se desploman las expectativas para los próximos 12 meses, hay temor del aumento de los precios en similar período y se confirma lo que sabemos hace tiempo: las enormes desigualdades económicas. Se ha disminuido la pobreza, pero la riqueza se concentra en un número reducido de grupos económicos y personas. Este es un resultado rechazado por la inmensa mayoría de la población: 83% dice que los ricos son cada vez más ricos, apenas 14% cree que Chile está ganando la batalla contra las desigualdades y 12% opina que disminuye la distancia entre ricos y pobres. Las desigualdades no comenzaron en 1990, pero no hubo una voluntad política para disminuirlas.

Las desigualdades son un legado políticamente negativo después de cuatro administraciones de centro e izquierda y dos presidentes socialistas. La tesis de “crecimiento con equidad” del gobierno Aylwin se hizo cargo de ellas, pero no continuó después. Se pasó a una política económica que buscaba un crecimiento a secas, al cual  se debió subordinar la política, los partidos y de la sociedad.

La política económica del gobierno Aylwin se dio en un difícil contexto político por la democratización y por la desconfianza del mundo empresarial hacia el PDC y la izquierda, hábilmente administrada por dirigentes gremiales y de la UDI y RN. La balanceó con una política de verdad y justicia por los crímenes cometidos por el régimen militar, formando la Comisión Rettig, una potente señal que no aceptaría que el general Pinochet le impidiera llevar adelante su programa.

El abandono de la preocupación por la equidad después de Aylwin no tuvo justificación porque el general Pinochet no era factor de inestabilidad política. Tampoco hubo una acción política que compensara las iniciativas económicas que favorecían a los empresarios. Hubo falta de visión sobre el tipo de país que se estaba construyendo y el sistema de poder que lo dominaría, convirtiendo a los grandes empresarios en los principales protagonistas del paso al desarrollo y ejerciendo una enorme influencia en el sistema político, pues los partidos no tienen financiamiento público. Haber tolerado el lucro en las universidades y la venta de varias de ellas a consorcios nacionales e internacionales fue una expresión de esa visión conservadora de la economía.

El desplome de la Concertación el 2009 no se produjo por no realizar primarias para nominar al candidato presidencial. Fue por causas de fondo: sus votantes se cansaron que gobiernos de centroizquierda siguieran políticas de centro-derecha.

Este sistema político-económico no se consolidó porque no basta la reducción de la pobreza, sino que es necesario que el crecimiento beneficie a la mayoría y ello no ocurrió. Esto le quitó legitimidad, una condición indispensable para que sea estable. Los chilenos asocian el crecimiento con una empresa estatal, Codelco, y no con empresas privadas. 32% dice que Codelco es la empresa que más contribuye al crecimiento.

Enfrentó nuevos problemas por el carácter del nuevo gobierno. No fue porque es de centro-derecha, sino por la biografía del Presidente, un importante hombre de negocios, con una de las principales fortunas del país, y su decisión de reclutar a sus principales colaboradores del mundo de las empresas y de priorizar la gestión y no enfrentar las falencias de legitimación del sistema económico y político. Se ha producido una superposición del poder político con el poder económico que concentra el poder de una manera antagónica con la democracia. Este es un gobierno de los empresarios para el 64%  de los chilenos, un aumento respecto de la encuesta de dciembre.

La administración Piñera no ha tenido la visión política de reequilibrar las bases de poder del sistema económico, atendiendo las demandas de los trabajadores que descuidaron los gobiernos de la Concertación. Y ahora, más que antes, los sindicatos tienen mayor legitimidad, a pesar de la crisis de la CUT: aumenta 19 puntos al 73% los que creen que los sindicatos son necesarios y sube al 66% la opinión de que los creen que los trabajadores deben negociar colectivamente y no en forma individual. También mejora la confianza en los sindicatos al 44%, muy superior al de las organizaciones empresariales, 26%.

Cuando los estudiantes cuestionan el lucro en la educación superior, se están dirigiendo al corazón del gobierno, con dos ministros que fueron inversionistas de la Universidad del Desarrollo: Cristián Larroulet, Secretario de la Presidencia, y Joaquín  Lavín, de Educación, un conflicto de interés que en un país europeo sería motivo de escándalo nacional.

No se sostiene una democracia con la concentración del poder económico que existe hoy y sin instituciones que eficazmente regulen el sistema económico. La crisis de La Polar lo ha demostrado recientemente. Es el fin de una política seguida durante años. Es el fin de la época de la Concertación. Está pendiente la eliminación del binominal y dar autonomía a los partidos del poder económico mediante el financiamiento público y una ley de lobby.

Y requerirá un enorme esfuerzo e imaginación para iniciar esta nueva etapa, porque la solución a la actual crisis no pasa por restablecer la política de “acuerdos” con operadores políticos que forjaron el sistema en cuestión, y que han impedido que hasta hoy no haya una ley del lobby. Se forjará por el protagonismo de los nuevos actores, los dirigentes sociales, el Consejo de Rectores, junto al Congreso y un gobierno que debe escuchar las demandas de los estudiantes y profesores y enfrentar las falencias del sistema económico y político.

El oficialismo ofrece una imagen que no puede ser menos gratificante para sus votantes. Sus parlamentarios están desencantados de la gestión del gobierno. El ejecutivo, con minoría en el congreso, está peleado con la oposición. El presidente ha visto desplomada su popularidad, buscando revertirla  con la ayuda de su férrea voluntad, más que con un plan de acción. La UDI se ha rebelado bajo el liderazgo del senador Pablo Longueira, reclamando  por la ausencia de un “relato”, aunque sin definirlo.

La causa de todo esto se encuentra no sólo en la tozudez del presidente, como escribió The Economist, en un mal equipo ministros de La Moneda como afirman algunos parlamentarios oficialistas, o en legisladores díscolos que están aterrados por un futuro electoral adverso. También influye el trabajo desarrollado por los principales think tanks del sector en las últimas dos décadas, que se demuestra no haber entregado herramientas útiles para un gobierno del sector. Son el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), vinculado a la UDI y dirigido durante sus 20 años  de existencia por Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia, el Instituto Libertad, dirigido durante un tiempo por María Luisa Brahm, jefa  de los asesores del “segundo piso” del mandatario, y el Centro de Estudios Públicos (CEP) dirigido desde su fundación en 1980 por Arturo Fontaine T., sin cargos en La Moneda, aunque varios consejeros e investigadores colaboran con el gobierno.

LyD y el CEP fueron los más activos e influyentes. LyD se concentró en el apoyo al trabajo legislativo de RN y la UDI y negoció los proyectos de leyes con ministros de los gobiernos de la Concertación. El CEP, que expresó los intereses de los grandes empresarios que lo financiaron, buscó ser el principal centro de pensamiento de la derecha e influir en la acción del gobierno a través de una relación directa con éste y ante la opinión pública mediante “la encuesta CEP”, esperada por dirigentes y parlamentarios de los partidos, incluso de la Concertación, para tomar decisiones políticas y electorales.

Las negociaciones de ambas instituciones con los gobiernos de la Concertación fueron provechosas para el sector, logrando que algunas de sus  principales ideas fueran asumidas por éstos, como los fuertes estímulos al sector empresarial y bloquearon las que rechazaban, como las iniciativas para fortalecer los derechos de los trabajadores y los partidos. Durante el gobierno Bachelet, ambos centros trabajaron estrechamente con Cieplan y ProjectAmérica, vinculados a la Concertación, en proyectos financiados por el PNUD, sobre reformas políticas,  logrando detener la eliminación del binominal y el financiamiento de los partidos.

LyD y el CEP están muy involucrados en el gobierno. Su portavoz,  Ena von Baer, dirigió el programa político de LyD y la directora de la poderosa Dirección de Presupuestos, Rossana Costa, fue subdirectora de LyD. Varios investigadores de LyD trabajan en los ministerios y servicios públicos. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, fue consejero del CEP y entre sus principales asesores está Salvador Valdés, que dirigió los proyectos de financiamiento de la política y modernización del Estado. Harald Bayer, antiguo investigador del CEP, se mantiene en éste y asesora a varios ministros. Rodrigo Vergara, también del CEP, es consejero del Banco Central.

LyD y el CEP compartieron una adhesión a las reformas económicas del régimen militar y a sus ideas neoliberales. Los padres fundadores del modelo neoliberal, los ex ministros Sergio de Castro y Pablo Baraona, son consejeros del CEP; Carlos Cáceres y Hernán Büchi, que siguieron en la cartera de Hacienda, son consejeros de LyD. Los directivos y consejeros de ambos think tank admiran a Friedrich v. Hayek, premio Nóbel de Economía, que fue presidente honorario del CEP. De ahí que predominó en ambos centros el interés por los temas económicos y desde una perspectiva neoliberal, convencidos que el crecimiento lleva al desarrollo político. Sostuvieron, además, la necesidad de profundizar las reformas económicas para aumentar la autonomía de las empresas  y mantener un “Estado mínimo”, amenazado por políticos guiados por pequeños intereses. Es una visión ideológica, que ve los problemas sólo en el Estado y no en el mercado y en las grandes empresas y grupos económicos, como han criticado a Hayek distinguidos pensadores liberales.

Este sesgo neoliberal explica que LyD y el CEP descuidaran el examen del sistema político. No buscaron la modernización de la administración pública porque ello conduciría al fortalecimiento del Estado, sino que apoyaron una reforma cupular, con la creación del Servicio Civil, con normas para designar a los directivos de entidades públicas a través de la alta dirección pública. No han criticado los abusos del poder económico con un Estado débil, que tiene una puerta giratoria que permite a ex ministros y altos funcionarios pasar a colaborar con grandes empresas o grupos económicos como directores, asesores o lobistas tan pronto abandonan el gobierno. El deficiente desempeño de los ministros que vienen del sector privado confirma cuán complejo es dirigir el Estado desde la óptica empresarial.

Los think tank no anticiparon la magnitud de los desafíos que enfrentaría un gobierno de centroderecha y no vieron la profundidad de los cambios del Estado y de la sociedad. Las encuestas del CEP no han predicho las protestas sociales, ni explican la influencia de la baja legitimación del sistema económico  en el masivo rechazo a HidroAysén y en la crítica a las universidades privadas y no valoran la importancia de la política porque ven los problemas nacionales a través de la economía.

El gobierno tiene graves falencias personales e institucionales y carece de instancias de pensamiento que le ayuden a evaluar la situación y fijar nuevas orientaciones estratégicas. LyD es muy crítico de las políticas del gobierno y el CEP está enmudecido, sin comprender lo que ocurre. No le será fácil al ejecutivo salir de esta situación. En cualquier alternativa, no podrá evitar tener que negociar con la oposición en el Congreso y no a través de negociaciones cupulares con think tank de la Concertación, comprometidos con políticas impulsadas en las anteriores administraciones que son hoy cuestionadas por amplios sectores de la población.

El presidente Sebastián Piñera está perplejo ante las movilizaciones ciudadanas contra HidroAysén y por una mejor educación pública. Cree que son hechos coyunturales, que pronto pasarán. Peor aún, estima que los problemas están en la política, sin saber que ellos también se encuentran en la economía. Y su perplejidad aumenta ante su baja popularidad.

Para entender el comportamiento ciudadano y la opinión pública hay que entrar en las profundidades del sistema político. La llegada de Piñera a La Moneda desplazó el eje del sistema político. No es una derecha  como en Europa, con partidos fuertes, con líderes que son políticos profesionales y no empresarios (salvo Italia) y con la voluntad de mantener su autonomía del sector privado. Por el contrario. Es un conglomerado con partidos débiles, dirigentes sin voluntad de luchar contra el viento y estrechamente vinculados al poder económico, con un Presidente que ha sido un exitoso hombre de negocios y ha formado un gobierno con personalidades que vienen de las grandes empresas. Y, como no fuera suficiente, no tiene mayoría en el Congreso, lo que le exige entenderse con la oposición para dar gobernabilidad al país.

Si antes el poder político estuvo separado del poder económico, con Piñera se ha producido su fusión y ello tiene efectos muy profundos en el sistema político porque sus principales autoridades miran el futuro del país desde una óptica empresarial. No es casual, ni transitorio, que los chilenos están convencidos mayoritariamente que se trata de un “gobierno de los empresarios” y no uno que cuida el interés de todos los chilenos. Los empresarios tienen mala imagen, contagiando con ello al gobierno que se ve asociados a ellos.

Piñera tuvo la oportunidad  de apartarse de esa imagen con ocasión del accidente de los mineros y se jugó por salvarlos. Sin embargo, no sacó lecciones de ello. Hasta hoy no ha presentado un proyecto de ley para fortalecer la seguridad en el trabajo. Piñera y sus ministros no sacan nada con hacer declaraciones de que no es un gobierno de empresarios; sólo cambiaría con políticas claras.

Hasta el 11 de marzo del 2010, hubo una estrecha relación entre el poder político y el poder económico por las especiales condiciones impuestas por el cambio del autoritarismo a la democracia. Ellas llevaron al gobierno del presidente Aylwin a buscar su consolidación en torno al buen desempeño económico, para lo cual era indispensable la confianza empresarial. Se logró la consolidación democrática, pero se distorsionó la política económica, porque del “crecimiento con equidad” se avanzó a uno de crecimiento a secas, que disminuyó la pobreza, pero tuvo efectos negativos para una amplia mayoría de chilenos, con salarios bajísimos, empleo precario, prácticas antisindicales en la mayoría de las empresas y concentración de la riqueza.  Se vive mejor que antes, pero ello es insuficiente, porque una pequeña minoría se ha beneficiado del crecimiento muchísimo más que la mayoría. La percepción de las desigualdades es abrumadora en la sociedad, incluso en los votantes de la UDI y RN.

Esta política estableció un orden económico apoyado en dos pies, los empresarios y el Estado, sin los trabajadores. Una mesa de dos patas no funciona, porque debe tener a los trabajadores y a la sociedad. También perjudicó a los partidos de la Concertación, cuyo electorado no entendió que se aplicaran durante largas dos décadas políticas económicas de la centro derecha. El desplome del PDC en 1997 y la crisis del PS el 2009 no se entiende sin esta orientación. La prioridad de la economía dañó la política y a los partidos y a las organizaciones sindicales.

Por este motivo, la Concertación no puede capitalizar el descontento ciudadano contra el gobierno, porque se trata de un problema heredado de las anteriores administraciones y algunas de las figuras del conglomerado opositor están identificadas con ese pasado, porque fueron ministros y, peor aún, están en el sector privado, como empresarios, directores de empresas o lobistas.

HidroAysén provoca el rechazo ciudadano no sólo por el daño ambiental que producirá, sino también porque es un megaproyecto que expresa el poder de dos grandes empresas, Colbún, controlado por el grupo Matte, y Endesa, que confunden sus intereses económicos con los del país. Sus argumentos para fundamentar su proyecto sobre las necesidades impuestas por el “crecimiento” no son aceptados.

Los chilenos piensan que son ellos, y no las empresas, los que deciden cómo debe ser la mejor matriz energética para el país. El gobierno de centro derecha de Ángela Merkel (CDU) en Alemania acaba de programar el cierre de las centrales nucleares porque lo exige el electorado y en Chile se quiere imponer una matriz energética rechazada por la mayoría de los chilenos.

Y la educación superior es cara y de mala calidad. Las universidades privadas se justifican de la peor manera: porque atienden a la mayoría de los estudiantes. No dicen que de esa manera tienen más ingresos y no por cumplir un rol social como las estatales y las no estatales del Consejo de Rectores.

Cuando se sale de la pobreza y se avanza al desarrollo, los ciudadanos exigen  más participación, servicios de mayor calidad y una mayor participación de los beneficios del crecimiento. Estas demandas fueron retenidas durante los últimos gobiernos de la Concertación por su política social, el prestigio de sus presidentes y el apoyo de los partidos y sus parlamentarios, que cerraban filas defendiendo al gobierno, lo cual tuvo un altísimo costo para el conglomerado. Piñera no tiene estos recursos políticos, porque los parlamentarios y dirigentes de partidos no le apoyan en forma efectiva y él tampoco los escucha cuando plantean críticas. Sus problemas están en la política y en la economía.

Piñera enfrenta problemas estructurales y no coyunturales. Crecimiento a secas no sirve; más de lo mismo, con acuerdos de élites como en los 90, tampoco. Y también los enfrenta la Concertación, que tampoco tiene  claridad de su compleja y difícil situación. La falta de percepción de los problemas en el gobierno y la oposición conduce a una parálisis decisoria, que los puede agravar.

El editorial del sábado 14 defiende la decisión de la autoridad que aprobó el proyecto Hidroaysén por su legitimidad legal, pues se habrían cumplido las exigencias legales.

No basta la legitimidad legal para concluir que una decisión de gobierno es  legítima. Es necesaria, pero no es suficiente, especialmente ante un proyecto con enormes intereses económicos y con altísimos costos medioambientales, que dependen de consideraciones políticas y valóricas. Un cristiano protege la naturaleza porque es obra de Dios.

La legitimidad legal de la resolución de HidroAysén tiene insuficiencias. Históricamente la legislación medioambiental fue dictada a contrapelo de la autoridad económica y en el marco de políticas que beneficiaron a los grandes empresarios, favorecieron la concentración económica y descuidaron los derechos de los trabajadores. En un gobierno de derecha y un presidente y un gabinete formado por empresarios las decisiones a favor de grandes empresas despiertan comprensibles suspicacias en la población  de que hubo subordinación a los intereses empresariales.

El crecimiento económico ha influido en la ciudadanía, disminuyendo su preocupación por los bienes materiales, porque dispone de muchos de ellos, y se interesa por bienes inmateriales, “postmaterialistas”, entre los cuales se encuentra la protección de la naturaleza. Ocurrió en Europa a fines de los años 60 después de la reconstrucción de la II Guerra Mundial.

Las empresas del proyecto -Colbún y Endesa- despiertan desconfianza en la población. Colbún es controlada por el grupo Matte, propietaria de la Papelera (CMPC),  una empresa líder mundial en la producción de papel, y tiene  el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, un influyente think tank que reúne a los principales accionistas controladores y altos ejecutivos de las mayores empresas chilenas, a través del cual influye en la agenda pública, con propuestas favorables al sector. El presidente Lagos recurrió al CEP para relacionarse con el mundo empresarial y superar las desconfianzas que él creía tener ahí por la traumática experiencia del gobierno de Allende. La cercanía del grupo Matte con el poder político explica la simpatía con el proyecto que recibió de autoridades del gobierno Bachelet.

Endesa, la poderosa empresa de generación eléctrica, también tiene una historia de cercanía con el poder político desde su fundación por la Corfo en los años 40. Privatizada al final del régimen militar y adquirida por sus ejecutivos, bajo el liderazgo de José Yuraszeck, se expandió a la distribución con el control de Chilectra, formando el grupo Enersis. La vendieron en 1997 a Endesa España (“el escándalo del siglo” como se conoció ese hecho), siendo sancionados por la autoridad porque atendieron primero sus intereses y no los de los accionistas.

No es fácil la legitimidad del proyecto de HidroAysén por la superposición de intereses económicos, políticos y valóricos en su contra. La ciudadanía tiene mayor conciencia de sus derechos y está cansada que la autoridad sea complaciente con el poder económico.  La alternancia de gobierno produce cambios en la opinión pública y la percepción de ser un gobierno de los empresarios se refuerza con la decisión de HidroAysén.

Endesa tiene una historia institucional de identificación con el Estado, desde su fundación por la Corfo en los años 40. Privatizada al final del régimen militar y adquirida por sus ejecutivos, bajo el liderazgo de José Yuraszeck, se expandió a la distribución con el control de Chilectra, formando el grupo Enersis, que vendieron en 1997 a Endesa España (“el escándalo del siglo” como se conoció esa venta), infringiendo la ley de sociedades anónimas por atender sus intereses y no los de los accionistas.

La decisión a favor de HidroAysén pone de manifiesto la tensión entre débiles instituciones que deciden proyectos de gran envergadura y poderosas empresas que tienen un enorme poder para influir en las autoridades y en la opinión pública. Los neoliberales, siguiendo a F. Hayek, advierten el peligro de malas decisiones del estado, ignorando que ellas pueden ser  adoptadas por la influencia del poder económico. Esta tensión es muy fuerte en un gobierno con ministros ligados al sector privado (el ministro de Energía fue un alto ejecutivo) y con un presidente que ha sido un hombre de negocios.

Esto remite a las relaciones entre la democracia y la economía. Cuando se restableció la democracia, se definió una estrategia de consolidación por el desempeño económico, justificada porque el 48% estaba en la pobreza. Esa favoreció los intereses de los empresarios, definidos como los principales actores, desconociendo los que tienen los trabajadores. No es casual que definiciones sobre el futuro de la matriz energética de Chile sean tomadas a partir de proyectos privados, que buscan sus propios intereses, aumentar el consumo, y no sean adoptadas por el estado, que debe velar por el bien común.

Esa estrategia privilegió alcanzar el “crecimiento” definido por bienes económicos,  subordinando la política a alcanzar ese objetivo, y no consideró debidamente las necesidades medioambientales. Además, hubo cambios en la estrategia, porque de su definición inicial de “crecimiento con equidad”, se avanzó a buscar el crecimiento a secas, sin hacerse cargo de “las escandalosas desigualdades”. Disminuir la pobreza no conduce a una mayor justicia social y económica. La autoridad descuido los intereses de sus votantes, que le dieron la espalda en las elecciones de 2009.

El país ha crecido, saliendo del subdesarrollo, y la definición de “crecimiento” de 1990 está obsoleta, no sólo por sus debilidades, sino también porque enfrenta nuevos y más complejos desafíos. No es la pobreza la tarea dominante, sino la vulnerabilidad de los estratos populares y medios;  se debe controlar la riqueza, porque es fuente de poder político que puede dañar la calidad de la democracia. Y el medio ambiente tiene que ser integrado al corazón de la estrategia de desarrollo. Los ciudadanos tienen menos preocupación por los bienes materiales, que los poseen, sino por bienes inmateriales, “postmateralistas”. Los electores quieren servicios públicos de mayor calidad y una mejor calidad vida, en lo cual la protección de la naturaleza ocupa un lugar prioritario.

Este cambio de intereses se expresó en Europa la primera generación después de la II guerra mundial, terminada la reconstrucción. Los jóvenes exigieron una mejor educación, demandas que no fueron atendidas y llevaron a las protestas estudiantiles en Alemania y Francia en 1967 y 1968, que obligaron a los gobiernos a introducir profundos cambios en las universidades.

Al igual que la jerarquía de la Iglesia Católica, que ignoró el huracán que se estaba incubando por las denuncias de abusos contra niños cometidos por sacerdotes y la condujo a la grave crisis en que se encuentra, las autoridades deben tomar en serio la importancia de la demanda medioambiental a la cual adhiere la mayoría de los chilenos y adecuar la estrategia de “crecimiento” a ella. Las protestas de Hidroaysén van más allá de la cuestión energética del país.  Un millón de jóvenes en la educación superior es un resultado de esta estrategia de crecimiento y son ellos los que plantean exigencias que la autoridad no podrá eludir.

También es un potente mensaje para la Concertación, que se alejo hace años del movimiento estudiantil y sin la confianza de los jóvenes no podrá ser una real alternativa de poder el 2012 y el 2113.

De la subordinación de la política a la economía que hubo desde 1990, se sebe avanzar a la primacía de la política, con autoridades capaces de decidir de acuerdo a los intereses generales del país.