Un proyecto tan importante como éste y con tantas aristas nuevas y complejas no podría ser analizado en detalle en un solo artículo; por ahora solo quisiera destacar la importancia del mismo, lo complejo del camino que se inicia y la necesidad de aprendizaje no solo en el Ministerio de Defensa sino también en otros Ministerios y en las comisiones de defensa en ambas cámaras, que tendrán responsabilidades nuevas y de gran significado. También hacer un breve comentario sobre su componente básico e inicial, la Estrategia de Seguridad y Defensa, que vendría dar orientación y sustento sólido a la asignación de recursos para la defensa y a reducir significativamente la frecuente descoordinación de las acciones de Relaciones Exteriores y Defensa.

La consideración simultánea de los gastos de personal, material, infraestructura y operaciones que incorpora este proyecto viene, por fin, a integrar los elementos críticos de la función defensa y a considerarlos como partes de un todo imposible de separar y descomponer como asuntos independientes. Este solo cambio ya justificaría todo el Proyecto.

Como lo he señalado anteriormente, creo que los sucesivos gobiernos de la Concertación priorizaron el establecimiento del control político de la defensa por sobre la optimización de su gestión, para lo cual aplicaron una política de cooptación que requería, como contraparte, la conservación de un alto grado de autonomía corporativa por parte de las FFAA, dentro de estrictos marcos de sujeción política. Así, la “modernización” se limitó a aspectos importantes de la función de la defensa, como reformas a la justicia militar, adopción generalizada del sistema de reclutamiento creado y aplicado por la Infantería de Marina desde los ´60 (soldado profesional); la participación en operaciones de paz y sobre todo, la adquisición de armamento, pero no tocó a la gestión de la misma.

El proyecto actual es el primer paso real de modernización profunda de la defensa y es así porque implica abordar tareas que el ex Ministro Pérez Yoma había identificado como críticas ya en 1995: dimensionamiento de las FFAA; protección y mantención de los activos, y criterios de asignación y uso de los recursos de la defensa; tareas que se  postergaron hasta hoy.

El sistema de financiamiento que se propone implica la ejecución de varias tareas que a su vez exigen la existencia de procesos nuevos y desconocidos en nuestro medio, aunque en uso hace muchos años en los países avanzados.

El conjunto de Estrategia de Largo Plazo (12 años), Presupuesto Plurianual (4 años) y su expresión anual en la Ley de Presupuesto de la Nación viene, en los hechos, a adoptar una forma de  Sistema Plan, Programa, Presupuesto (Sistema PPP) empleado por los países de la OTAN. En el presente proyecto de ley, ese sistema no se aplica en su integridad y es objeto de cambios y mutilaciones significativas, sin embargo es un gran avance ya que obliga a ejecutar actividades que fueron postergadas o incumplidas por muchos años, aunque diversos cuerpos legales así lo dispusieran.

La primera y políticamente más compleja de estas nuevas tareas es el de acordar una “Estrategia de Seguridad y Defensa”. La Ley 24.424 asigna esta función a la Subsecretaría de Defensa del respectivo Ministerio, tarea que excede largamente sus capacidades técnicas, su representatividad política y su capacidad de interlocución con los diversos estamentos involucrados. La nueva Ley de Financiamiento en su artículo 99 describe, para la elaboración de la misma tarea, un procedimiento complejo y claramente disfuncional: ”La Estrategia de Seguridad y Defensa será elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, previa opinión de la Junta de Comandantes en Jefe, debiendo ser oídos las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados. Se aprobará por decreto supremo con las firmas de los Ministros de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Hacienda”.

De acuerdo a la Constitución esta estrategia cae dentro de las competencias del Presidente de la República, pero tratándose de una política de estado y de largo plazo, es evidente que a ella debe concurrir la participación y acuerdo de la Oposición, al menos en sus orientaciones generales aunque exista algún margen de discrepancias en su aplicación concreta a situaciones particulares y momentos específicos. En la mayoría de los países esta tarea recae en un organismo asesor presidencial del más alto nivel, por encima de las carteras ministeriales encargadas de la materialización de la misma – RREE; Defensa, Interior, Comercio, Hacienda y otros.

La Estrategia de Seguridad y Defensa actúa con recursos de poder de diverso tipo: Diplomáticos, Económicos, Militares, Sociales, bajo el control del Estado o privados pero susceptibles a su influencia. En una región de baja conflictividad internacional como es la nuestra, la capacidad militar es un recurso al cual se recurre como ultima ratio o que generalmente concurre en apoyo a los otros. En Latinoamérica no es frecuente que los objetivos nacionales sean alcanzados directamente por la fuerza militar sino por la vía diplomática y comercial. La insistencia de Brasil en el desarrollo y promoción regional de su industria militar; la participación en operaciones de paz, o los acuerdos de ayuda y apoyo técnico militar entre países son ejemplos de cómo las FFAA apoyan a los actores económicos, diplomáticos y políticos.

Así, el desarrollo de la Estrategia de Seguridad y Defensa desde el Ministerio de Defensa y bajo su liderazgo, como lo propone el presente proyecto de ley, no muestra ventajas claras y además de implicar el riesgo de militarización de la estrategia de seguridad exterior, proyecta una imagen internacional desfavorable. Si la ley dispone que ella “se aprobará por decreto supremo con las firmas de los Ministros de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Hacienda”, ¿no sería de obvia lógica que la propusieran esos mismos Ministros?.

En breve, al identificar las capacidades estratégicas “nacionales” necesarias para materializar la “estrategia de seguridad y defensa” también deben identificarse las capacidades estratégicas de orden diplomático, económico, social y otras que deben desarrollarse y fortalecerse para que en conjunto y sinérgicamente la materialicen. Quedarse solo en las capacidades estratégicas militares no solo dejaría incompleto el sistema sino que nos llevaría a priorizar el empleo de la fuerza, en un contexto político interno e internacional que la restringe a casos muy especiales y la limita a la auto defensa. El dicho popular lo confirma: “A quien solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos”.

La denominación de “Estrategia de Seguridad y Defensa” parece poco adecuada si consideramos que la defensa está incluida en la seguridad y que faltaría un elemento central de la razón para el actual internacional, avanzar hacia en desarrollo, creo que “Estrategia de Seguridad y Desarrollo” sería más elocuente, asignaría mejor las responsabilidades en su ejecución y comprometería a actores cuyo actuar parece señalar que creen que no tienen ninguna responsabilidad en el actuar de Chile en el sistema internacional.

Para cualquier persona que vio el video filmado ese día no hay novedad alguna en esas declaraciones. Se podía apreciar un cuadro de anomía: las caras de los presentes mostraban un surtido de sorpresa, abulia, temor, perplejidad y esfuerzos por pasar desapercibidos. No había nadie al mando: no entraban informaciones ni salían órdenes.

¿Qué estaba pasando? Esas autoridades estaban viviendo los efectos de la sorpresa, de la parálisis que produce el que la realidad resulte por completo diferente a lo esperado. De que lo que se previó no sirva, en lo absoluto, para enfrentar la situación real.

Una primera mirada muestra que el elemento crítico fue la total incomunicación entre la Onemi y la ciudadanía. El 22 de septiembre del año 2009, la Directora Nacional de ONEMI,  Carmen Fernández, al presentar en sociedad el nuevo Centro Móvil de Operaciones de Emergencia que debería jugar un rol central en el manejo de emergencias, señaló que “la coordinación no tiene sentido sin la comunicación y  este Centro Móvil nos permitirá convocar rápidamente a los organismos que operan en una emergencia, como Carabineros, Bomberos, Salud, entre otros”. Al igual que los teléfonos satelitales adquiridos y nunca distribuidos, este sistema tampoco funcionó.

Es que la crisis que se esperaba era una catástrofe limitada, incremental y de desarrollo lento y la que ocurrió fue una de magnitud descomunal, integral  e instantánea.

El Ministro de Defensa, Francisco Vidal, a través de los medios de comunicación social difundió una primera versión que señaló que  la falta de reacción gubernamental se debió a que “no hubo aviso por parte de la Armada” lo que no es efectivo ya que el único organismo legalmente autorizado para alertar directamente a la ciudadanía es la Onemi que, como se señaló, se encontraba completamente incomunicada y no difundió ninguna alerta de tsunami durante toda la hora en que ella estuvo vigente.

Con el gobierno paralogizado por la incomunicación con sus órganos de acción, la situación se agravó por la inmovilidad de las FF.AA. determinada por el dictamen 42.822 de la Contraloría que explícitamente les prohibía intervenir en cualquier situación civil sin una orden previa del gobierno. Pasaron muchas horas antes que nadie hiciera nada y la situación de descoordinación general se agravó. Las declaraciones posteriores de la autoridad parecen señalar que inconscientemente esperaban que las FFAA hicieran “algo”.

Otro elemento que ayuda a comprender la parálisis es que el conocimiento respecto a los terremotos y maremotos dista mucho de ser completo. En realidad son fenómenos respecto a los cuales la incertidumbre y la especulación es la norma más que la excepción. Ante una situación de esa naturaleza, la información que se pueda entregar no puede ser, en Chile ni en ninguna parte, exacta. En realidad, esta ciencia es aún menos exacta y confiable que la meteorología. ¿Alguien tomaría una decisión que afecte a la vida o muerte de muchas personas, solo sobre la base de un pronóstico meteorológico?, probablemente no; la persona a cargo de esa decisión consideraría otros factores más allá de la opinión de  los expertos y consideraría los posibles efectos de que lloviera en vez de estar nublado y actuaría en consecuencia. Esto es lo que hace que la alerta de tsunami a la ciudadanía sea una función de gobierno, ya que los elementos técnicos son relevantes, pero no son los únicos.

En este aspecto, siempre existe una diferencia de perspectiva entre el organismo técnico que aprecia el fenómeno y el organismo político que atiende y vela por la seguridad y bienestar de la población. En efecto, para el primero la emisión de una alerta de tsunami crea de inmediato un inmenso problema social y logístico materializado por muchos miles de personas precariamente instaladas en cerros y lugares despoblados, sin recursos de ninguna especie, personas a las que debe apoyar y proteger. Así, su tendencia es tratar de abreviar esta situación tanto como sea posible; el organismo técnico por su parte, prefiere mantener la alerta tanto como pueda, hasta estar seguro que no habrá tsunami. El 27 F esta tensión se vio reflejada en los insistentes llamados hechos desde la Onemi, incluso por parte de la Presidenta, para tratar de extraer una respuesta precisa del Shoa en el sentido de que el peligro había pasado o seguía presente, respuesta que si bien debía basarse en antecedentes científicos, por su naturaleza era de suyo interpretativa. Por otra parte, dado que la experiencia previa de todos los involucrados había sido que en los temblores y terremotos anteriores no había habido tsunami y que el mantener a la población en las duras condiciones descritas había sido innecesario, la tendencia general a levantar la alerta era fuerte.

Las primeras olas pasaron y se produjo un breve remanso que llevó a considerar que el fenómeno entraba en fase decreciente, lo que sumado a la experiencia señalada, reforzó la tendencia general a dar por superada la fase crítica del tsunami. Las inmensas olas posteriores demostraron que estaban en un  error.

Un último elemento en este incompleto recuento es que en el 27 F, el epicentro no se situaba en un punto único sino en un área de ruptura que se extendía en un “frente” de  500 kilómetros de largo, en el cual ocurrieron casi simultáneamente un número grande de sismos. Cada uno de ellos generó “trenes de olas” de tamaño proporcional a la intensidad de cada uno de ellos y a otras características geofísicas, grupos de olas que viajaron a distintas velocidades, estrellándose contra la costa o entrando en bahías en que las rebotaron en su interior anulándose entre ellas o potenciándose en forma exponencial y re direccionándose en forma inesperada.

En Chile había información histórica sobre la ocurrencia, en el pasado, de tsunamis con grandes olas, pero no había registros científicos que permitieran comprender su comportamiento ni menos predecirlo. Así, todos, víctimas y autoridades estaban enfrentando un fenómeno para el cual no estaban preparados y que ni siquiera comprendían del todo.

En este ir y venir de olas, con retardos significativos y magnitudes inesperadas, en medio de una comunicación deficiente entre el organismo técnico y el de control político; y de incomunicación total entre la Onemi y la ciudadanía, aunque no sean aceptables hacen entendibles la sorpresa y parálisis.

Es hora de aprender

El estudio de los efectos de la sorpresa señala que ella se produce principalmente por planificación deficiente y poco realista; por falta de información completa y oportuna durante la crisis; por procesos de toma de decisiones lentos y complejos; por fallas de comunicación y por falta de ejercicios de verificación de los planes.

La comparación de lo sucedido entre el 27 F y el 11M nos muestra que:

1.- Los daños materiales que causan los terremotos y maremotos solo pueden ser reducidos mediante normas de construcción y edificación que minimicen sus efectos. No hay como evitarlos.

2.- Lo más relevante es la capacidad de los organismos de gobierno responsables del manejo de las emergencias de decidir y difundir las alarmas de manera tan temprana como sea posible y que ellas lleguen a todas las personas.

3.- La existencia de zonas de seguridad accesibles y conocidas por la población y en las que existan los recursos para que permanezcan en ellas en condiciones seguras y aceptablemente confortable por tiempos que pueden prolongarse por varias horas y para parte de ellas por varios días.

4.- Establecimiento del control de los espacios evacuados para prevenir el pillaje y la comisión de otros delitos.

5.- Ejercicios frecuentes y constantes, realistas y objetivamente evaluados.

Lo novedoso de este proyecto es que la propuesta de integración, al insertarse en el contexto de las políticas económicas señaladas, apunta a potenciar las capacidades de los países miembros y del conjunto de los mismos para participar en forma más eficiente en el comercio global, pero especialmente con Asia y Norteamérica y no se orienta a la conformación de otro mercado común regional protegido de la competencia mundial, como ha sido la tradición.

Sudamérica ha contado con una variedad de intentos integracionistas. Actualmente los acuerdos vigentes más relevantes son Mercosur y Alba.

Mercosur, se acordó el 31 de diciembre de 1994 y está integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Bolivia y  Venezuela en proceso de completar su incorporación.

Compuesto por un país “gigante”, Brasil; un país “grande”, Argentina, y dos “pequeños”, Uruguay y Paraguay, la asimetría entre los miembros del bloque ha dificultado conseguir la creación de un mercado común ágil y eficaz.

Uno de los factores que motivaron su nacimiento fue poner fin a la competencia por la supremacía entre Buenos Aires y Brasilia. Actualmente este elemento se ha tornado poco relevante habida cuenta que dicha competencia fue decidida por el rápido crecimiento experimentado por Brasil y el decaimiento relativo de Argentina.

Además de una aguda asimetría -difícil de manejar en un proyecto que promueve los intercambios intra pacto-, existen otros elementos, que complican su avance. Uno de ellos es que Brasil desalienta la existencia y funcionamiento de mecanismos técnicos de solución de controversias y traba el desarrollo de reglas del juego sofisticadas y objetivas. El volumen de los intercambios entre Brasil y Argentina ha aumentado notablemente, pero sigue existiendo cierta precariedad derivada de la falta de institucionalización. Otras dificultades nacen de los intereses crecientemente globales de Brasil que le imponen cada día mayores exigencias de autonomía y libertad para comerciar con economías extra pacto lo que perjudica a los otros socios y la búsqueda del liderazgo regional que lo lleva a adoptar medidas difíciles de aceptar por sus socios, como el despliegue militar en la frontera con Paraguay del año pasado. Sin perjuicio de lo señalado, si bien no se han cumplido todas las expectativas, Mercosur sigue siendo considerado una alternativa promisoria por sus miembros.

ALBA, Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, está conformada por nueve países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Fue propuesta por el Presidente Chávez de Venezuela el año 2001, en los siguientes términos:

“El modelo neoliberal no puede ser la base ni el marco para nuestros modelos de integración. … No es la economía la que nos va a integrar y menos nuestras economías llenas de debilidades, de vulnerabilidades. No. … que la política vuelva a la carga y que tome la vanguardia de los procesos de integración. Y es la idea de Bolívar.

Alba es un proyecto político acompañado de un componente económico. La gran disponibilidad venezolana de recursos provenientes del petróleo, permiten, al menos hasta ahora, postergar la necesidad de eficiencia económica.

Se puede apreciar que en la región coexisten: Mercosur, un acuerdo situado geográficamente en el Atlántico Sur, que propone una integración regional basado en un arancel externo común y desarrollo económico  complementario en torno políticas de fomento e intercambio intrarregional; ALBA, un proyecto político orientado al Caribe y parcialmente a Centro América, propulsado por los recursos financieros venezolanos, y ahora se inicia el proyecto del “El Arco del Pacífico” que viene a completar el abanico de alternativas disponibles.

Hace ya años que se venía hablando de la idea del “Arco del Pacífico” y Alan García, de Perú, se la propuso a Michelle Bachelet, en medio del enfriamiento de las relaciones derivadas del contencioso levantado por su país en contra del nuestro, no siendo acogido. Este año, García se la propuso nuevamente al Presidente Piñera, señalando a Chile, Perú, Ecuador y Colombia como eventuales miembros. La nómina de los posibles socios  permite imaginar una posible relación con el pleito bilateral en curso.

Era evidente que Ecuador, miembro de ALBA, no podía participar de una idea que requería la aplicación de políticas económicas en las antípodas de dicho grupo, por lo que se marginó. Simultáneamente, la movida de Piñera de invitar a México y acoger la inmediata petición de Panamá para unirse al proyecto, así como plantear la apertura del acuerdo a todos los países de la costa del Pacífico, le dieron al proyecto de alianza una dimensión económica y geopolítica completamente distinta, que nos permitirá comerciar con Mercosur y ALBA en sus términos y hacerlo en los nuestros con el resto del mundo.

Con este proyecto, la región cuenta con un completo abanico de opciones de políticas económicas e inserción en la economía mundial y los resultados que produzca cada alternativa mostrarán, sin apelación, cual es la más eficiente.

La política exterior del actual Gobierno está mostrado una audacia, imaginación y voluntad para salir en busca de las oportunidades, de que Chile parecía carecer.

Para que un país pueda avanzar en la construcción de su estado se requiere un nivel razonable de seguridad pública y de estabilidad social, y es en la conformación inicial de estas condiciones básicas en que las Fuerzas de Paz  de los países amigos pueden hacer una gran contribución. Es lo que sucedió en Haití.

Jean-Bertrand Aristide fue electo presidente a partir de febrero de 1991.Tras una grave crisis interna en el año 2004 fue depuesto en medio de violentos disturbios que no pudieron ser controlados internamente y se requirió la intervención de fuerzas de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. El año 2006 fue electo el actual presidente René Preval.

Desde el 2004 a la fecha, se avanzó poco o nada en la “construcción de Estado”, lo que no es de extrañar, debido a que la transferencia de instituciones fuertes a un país que no las tiene es algo complicado ya que requieren, para su buen funcionamiento, lo que se conoce como “consensos básicos” o coincidencia respecto a qué y cómo quiere ese grupo humano conducir sus asuntos públicos.

Aquí se presenta una trampa en la que caen tanto la ONU como los Estados que cooperan: dado que el país receptor de la ayuda, en este caso Haití, carece de las instituciones adecuadas, de la capacidad técnica requerida y está afectado por la corrupción que lleva al despilfarro de los recursos que se aportan, toman las tareas en sus manos y no permiten que los afectados aprendan y desarrollen sus propias instituciones, que obviamente serán mucho menos eficientes que las de los organismos internacionales y países benefactores. Y por ahí caemos en el colonialismo. “Para que las cosas se hagan bien, las hacemos nosotros, mantenemos la paz y el orden, nos hacemos cargo de la salud, de las obras públicas, de la vivienda, de la educación etc., en definitiva, gobernamos”.

El problema es que los haitianos no siempre están conformes con las formas y políticas con que gobierna la ONU y como no tienen canales democráticos para hacer valer sus derechos, el organismo internacional se transforma en el enemigo y sus fuerzas militares en las fuerzas de ocupación.

Van ya seis años de “pacificación” de Haití. Ha llegado el momento de dejarlos que manejen sus propios asuntos. Es evidente que necesitan ayuda económica y técnica, pero en la forma y oportunidad que ellos mismos decidan. Si sus condiciones son arbitrarias u opacas, la ayuda no llegará. La clave está en sus propias manos, no en las de la ONU ni menos en las nuestras.

La ayuda y la solidaridad son necesarias, no hay dudas, pero más allá de eso, cada país debe hacerse responsable de sí mismo y de sus decisiones, es el precio de la independencia, lo contrario es la colonia. Ya fue establecida la paz mínima necesaria, es la hora de los haitianos.

Desde la perspectiva chilena las razones fundamentales de nuestra presencia en Haití están relacionadas con el establecimiento de esas condiciones básicas de paz y estabilidad, en cumplimiento de un deber de solidaridad, por otra parte, cuando esa decisión fue tomada, Chile era miembro temporal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ese cargo hacía necesario participar en forma activa y ejercer cierta forma de liderazgo. Lo hicimos y muy bien, pero esas condiciones ya fueron superadas.

Otras razones para permanecer en Haití, como que es una forma de entrenamiento para las FFAA, además de inmoral, no es efectiva, ya que las fuerzas militares deben entrenarse para el combate y solo marginalmente para operaciones policiales, para eso son las policías. Para participar en la reconstrucción, las empresas constructoras civiles, sanitarias y de viviendas, construyen mejor y más eficientemente que los militares y dan trabajo a la mano de obra local. Y sobre todo, quienes deben gobernar Haití son los haitianos y no los chilenos. Si lo hacen mal, es su responsabilidad y deberán aprender a hacerlo bien o desaparecer como país, salvo que sea eso lo que en realidad están buscando sus presuntos benefactores, ya que financiar fuerzas militares para mantener el control del país y regatear los centavos para financiar la reconstrucción y contribuir al desarrollo no es precisamente una forma lógica de ayudarlos.

Después de los disturbios ocurridos recientemente, en que un soldado chileno dio muerte a un civil haitiano, deberíamos preguntarnos por qué pasó eso; como estaríamos si las bajas no hubieran sido una sino veinte o treinta; qué ventaja política estaríamos obteniendo; que aporte real estaríamos haciendo a ese país.

A comienzos del próximo año el Congreso deberá revisar la autorización para mantener las fuerzas desplegadas en Haití. Se impone un análisis sereno y objetivo a la luz del interés nacional y del bien de los haitianos, que establezca metas y plazos definidos para concluir esa tarea.

Y este es un problema de política exterior y solo instrumentalmente militar. El tema ha sido manejado con un indebido protagonismo de defensa y los parlamentarios por su parte, no han hecho las preguntas importantes y difíciles de responder.

Después que las decisiones políticas hayan sido tomadas, Defensa debe hacer lo que se le mande. Su intervención se reduce a informar si puede o no hacer lo que le ordena, cuáles son los riesgos militares y cuáles los costos. No le corresponde definir la conveniencia para el país de una acción que cae dentro de la responsabilidad presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es curioso que un tema tan alejado de las preocupaciones del común de las personas sea materia de editoriales de dos importantes medios de comunicación, en tan breve lapso.

En efecto, tras 20 años; si, 20 años; de debates, proyectos enviados y retirados; ministros amenazados y presionados para avanzar; en forma agónica y a la rápida; en medio de debates, negociaciones y escasas de consideraciones técnicas, se aprobó la ley que moderniza el Ministerio de Defensa.

Pasadas las urgencias vino el descanso (una forma elegante de parodiar aquello de “las urgencias pasan y las cagadas quedan”) y los editoriales señalados vienen  a mostrar que este muerto goza de buena salud y no da tregua.

Cualquiera que ponga un poco de atención al tema, se da cuenta que Defensa es un sector dejado atrás por la modernización de Chile y que comprar armas modernas es modernizar solo parte de ella y no la más importante, peor aún, es introducir nuevas y mayores demandas de gestión de calidad.

El problema es que la Defensa no es un ámbito en que se pueda actuar por parcialidades ya que hacerlo así es ir a un desastre seguro debido a que todos los elementos que componen el sistema están fuertemente interrelacionados. Esta es una tarea que por su magnitud y complejidad requiere valor y gran capacidad ejecutiva para enfrentarlo.

Revisemos:

a.- Hay que modernizar la previsión y ello implica que previamente hay que revisar y modificar la carrera profesional militar y rediseñar la estructura de remuneraciones.

b.- Hay que modificar sustancialmente la forma de financiamiento de la Defensa –reemplazar la Ley del Cobre– por un sistema plurianual abierto y racional, y ello implica, previamente, implantar un sistema de gestión estratégica bajo fuerte impronta y liderazgo político, tanto en cuanto al diseño de seguridad y defensa nacional como al diseño y estructuración de las fuerzas.

c.- El sistema de salud requiere una revisión y modernización a fondo y que para eso es necesario avanzar a la par con profundos cambios en la carrera y las correspondientes modificaciones de la previsión.

Como se puede apreciar, se trata de una revisión y modernización integral de todo un conjunto de elementos interdependientes.

El advenimiento de un gobierno que se caracterizaría por “hacer bien las cosas” y hacerlas “con un sentido de urgencia” presagiaba un avance rápido y decisivo. Para eso hubo una larga y seria preparación de sus partidarios.

La realidad muestra que se está avanzando a paso cansino, abordando temas por parcialidades y sin liderazgo claro. Con suerte, habrá que esperar otros 20 años para que el primero de este conjunto de leyes sea realidad.

Un cálculo simple señala que a esta velocidad, la reforma militar del siglo XXI quedará lista para al año 2110.

Buen tema de celebración para el Tricentenario, que, además, permitiría una celebración conjunta entre la Concertación y la Coalición, ya que habrían compartido los mismos criterios, urgencias y “técnicos”, para dirigir la Defensa.

Esto es clave, si consideramos que el cambio de régimen implica el recambio de toda la elite gobernante. De ahí la expresión “regime change” de los neo conservadores  norteamericanos que dicen que la existencia de regímenes antidemocráticos impide a algunos Estados alcanzar el desarrollo y la estabilidad y los transforman en riesgos para el sistema internacional. Para corregir esa situación no basta el simple cambio de comportamiento de esos regímenes totalitarios o tiránicos, sino que se requiere un genuino cambio de régimen de instituciones, valores y conductas políticas.

Se trata de una auténtica revolución, impuesta desde fuera de la sociedad intervenida, por la vía de la fuerza militar.

Pocos días antes de que EE.UU. diera comienzo a la intervención en Irak el periodista norteamericano Bob Woodward en su libro Plan de Ataque, registra una conversación entre el Presidente George W. Bush y un grupo de exiliados iraquíes y otros promotores de la intervención:

“El periodista Kanan Makiya le asegura: Usted romperá moldes, cambiará por completo la imagen de EEUU en la región. La democracia es perfectamente factible en Irak … Los iraquíes son gente técnicamente capaz, están alfabetizados y viven en pueblos con electricidad …la gente recibirá a las tropas con flores y dulces.

¿Cómo lo sabe? preguntó Bush. Todos afirmaron que la información procedía de fuentes internas.

Otro asistente a la reunión comentó que la división entre la minoría gobernante sunní y la mayoría shiita no era tan violenta o pronunciada como se creía fuera de Irak. El método de Hussein era dividir y conquistar.

La democratización en Irak será más probable si los iraquíes que comprenden y que vivieron bajo una democracia vuelven al país – afirmó el Presidente – ¿durante cuánto tiempo tendrán que quedarse los militares?

De dos a tres años – estimó un asistente.

¿Y cómo haremos frente a la sensación de que EE.UU. está colocando a un líder concreto, imponiendo su voluntad?

Para esta cuestión no tenían respuesta”.

La primera fase de la intervención, consistente en apoyar los esfuerzos diplomáticos, económicos y sicológicos; de operaciones encubiertas y de intentos de subversión; de campañas mediáticas a nivel global; de fundamentación de la peligrosidad de Hussein en base a su presunta posesión de armas nucleares y de ensamblado de una Alianza que diera una imagen de voluntad colectiva de producir una transición democrática pacífica o al menos originada desde dentro, fue un fracaso, en definitiva hubo que recurrir a la intervención armada abierta.

La segunda fase, la derrota del ejército regular iraquí y su desbande fueron un éxito norteamericano.

No hubo dulces ni flores; sí hubo sospecha, desconfianza y temor. La animadversión entre sunitas y shiitas era aún más fuerte de lo que se podía imaginar. Si había cierta estructura institucional era gracias al partido baat y se diluyó junto con éste.

La tercera fase, la instalación de la libertad democrática para la consolidación en el poder de la nueva élite seleccionada por los norteamericanos, la construcción del nuevo Estado, la reconstrucción de la economía y del tejido social fue un completo desastre: no hubo como convencer al pueblo iraquí de que las autoridades iraquíes impuestas por EE.UU. eran legítimas, representativas y autónomas.

No hubo estabilidad ni democracia. Al momento del abandono de Irak por parte de las fuerzas interventoras, la situación política, económica y social en Irak en general en la región, es peor que antes de la intervención.

La campaña militar fue un éxito, la guerra fue un fracaso. La revolución abortó. Se comienza a hablar seriamente de una intervención en Irán.

- Los estados fallidos o extremadamente débiles generan inestabilidad internacional debido a su incapacidad para producir los bienes públicos fundamentales: defensa, ley y orden; derechos de propiedad; gestión macroeconómica y riqueza, salud, educación, equidad, protección a los desvalidos, protección al medio ambiente, control de los monopolios, seguridad social.

- Esta incapacidad hace que en su seno se originen peligros que pueden extenderse a todo el sistema internacional: se hace necesario poner fin a desastres humanitarios o de salubridad; reconstruir sociedades devastadas por conflictos; impedir que el terrorismo se instale en el vacío de poder o dar a esos pueblos una oportunidad de desarrollo

- Estas situaciones de ingobernabilidad deben ser enfrentadas por alguien; hay dos opciones básicas: por los EE.UU. y la coalición de los voluntarios o por la comunidad internacional.

- La incapacidad para ejercer su propia soberanía hace que esos países no puedan reclamarla y ella pasa a ser asumida por la comunidad internacional.

- Una vez decidida la intervención – que puede ser preventiva o reactiva – hay que obtener tres objetivos: garantizar la estabilidad interna; crear instituciones estatales auto sostenibles, y potenciar la legitimidad de las nuevas autoridades.

- Esta “construcción de nación” es una tarea difícil y que, hasta ahora, no ha mostrado éxitos sólidos, pero hay que perseverar.

Sin cuestionar la certeza o la validez de estas afirmaciones esta política dio origen a la intervención en Afganistán el año 2001, esto incluyó la necesidad de intervenir en Tayiquistán, Turkmenistán y Uzbequistán, y a la intervención en Iraq el año 2003.

En Afganistán, mediante elecciones fraudulentas, se instaló al Presidente Karzai y se procedió a combatir a los Talibanes para producir la estabilidad mínima y, simultáneamente, proceder a la construcción de instituciones políticas y administrativas y legitimar a su gobierno. No se ha alcanzado el primer objetivo ni, obviamente, ninguno de los otros dos.

Si la guerra continuara indefinidamente, en algún tiempo remoto, podría ser que EE.UU tuviera éxito, el problema es que ningún país puede sostener una guerra extranjera indefinidamente, aún si dispusiera de otro millón de millones de dólares para sumar a los ya gastados.

Las bajas fatales norteamericanas, que al 2 de Julio del 2010 suman 1.073 (1822 para la coalición en su conjunto)- en Afganistán, Pakistán y Uzbequistán -más otros 100 muertos en operaciones relacionadas con las acciones en ese país – y 6.622 heridos – mutilados y inválidos-, elevan la carga social hasta un nivel que la opinión pública ya no quiere aceptar.

La limitada disponibilidad de personal hace que las fuerzas terrestres vayan ya en la tercera vuelta de relevos, cansancio que se refleja en 3.649 desertores.

Pero aun esto sería remontable si no concurrieran otros factores que la prolongación de la guerra hace cada día más críticos: la percepción de inequidad en cuanto al esfuerzo norteamericano respecto a sus aliados; los cambios en cuanto a las razones que el liderazgo político da para fundamentar la continuación de la guerra; el sumar esta guerra a la impopular guerra de Iraq y la creciente sensación de que la guerra no se está ganado.

Las dos preguntas claves sobre Afganistán son: (1)¿Puede ganarse esta guerra? y (2) si es así ¿cómo?

El liderazgo político no ha podido dar respuestas convincentes y peor aún envía señales contradictorias e incoherentes: asegura que intenta ganar la guerra y cambia de estrategia con demasiada frecuencia; dice que es una guerra que se mide por resultados y no por tiempos y pone fecha de término a la misma; el liderazgo político no coincide con el liderazgo militar; confía en un líder local desacreditado por corrupto y le entrega más y más recursos sin que se vean resultados. Los aliados abandonan la guerra y reducen sus fuerzas en presencia hasta ser meros “símbolos”.

La ausencia de objetivos políticos claros, la imposibilidad de identificar objetivos militares que se mantengan el tiempo suficiente para ser alcanzados y las divergencias político-militares traen a la mente el ominoso recuerdo de Viet Nam.

La “Doctrina Wainberger” que resumió la experiencia de Viet Nam, particularmente su punto seis y último que dice “comprometer fuerzas de combate de los EE.UU. debería ser el último recurso”, se ha olvidado. Por su parte, Sun Tzu dice: “Si no puedes obtener el éxito, no uses tus tropas”.

La derrota está ad portas y no le hará bien a nadie. Algunos matones se envalentonarán, algunos bandidos se pondrán más audaces. Chile vivirá en un mundo más incierto, inseguro e inestable.

Hablando con claridad y para poner las cosas en claro, es preciso decir que los comuneros mapuches que asaltan vehículos, ponen bombas en bancos y servicios públicos, incendian inmuebles, se apoderan de propiedades rurales por la fuerza y se oponen a la acción de la policía con uso de armas de fuego, son terroristas, es decir, conforman grupos que pretenden imponer su visión de la justicia y sus aspiraciones al margen de la ley, atemorizando a la sociedad en conjunto y en particular a las autoridades y a quienes se les oponen.

De la misma manera, el que menos de una decena de esas personas haya concurrido a recibir algunas semanas de instrucción con otro grupo terrorista no permite concluir que nuestra sociedad esté bajo amenaza ni menos que la Agencia Nacional de Inteligencia, las Policías ni las autoridades hayan fracasado o estén arrinconadas. Ni mucho menos. Las acciones e investigaciones del mismo Fiscal así lo demuestran. La existencia de un pequeño grupo terrorista no es algo anormal en la mayoría de los estados, lo que hace la diferencia es la decisión y la forma de combatirlos. Dejarlos hacer y combatirlos fuera de la ley, o enfrentarlos con decisión y con todo el peso del sistema policial y judicial.

En Perú, durante varias administraciones, incluyendo la primera presidencia de Alan García, Sendero Luminoso, otro grupo terrorista que se inició como movimiento revolucionario, terminó actuando en conjunto con los productores locales de cocaína hasta llevar a Perú a una situación de riesgo inminente. La enérgica acción del Presidente Fujimori logró controlar este flagelo, encarcelar a Abimael Guzmán, jefe del movimiento terrorista y apretar a los productores de coca hasta hacerlos salir del país. Así, el negocio de la coca se trasladó a Colombia, donde se asoció a otro movimiento guerrillero de larga data en ese país, las FARC.

Esta asociación creció hasta poner a Colombia casi de rodillas y mediante la posibilidad de capturar del poder político amenazó con llegar a conformar el primer narco estado. La enérgica respuesta del Presidente Uribe se apoderó de la iniciativa y puso a las FARC a la defensiva tras mucho esfuerzo y alto costo en vidas y dinero, retomó el control de grandes partes del país que se encontraba en manos de las FARC y pudo entorpecer el negocio de la droga hasta hacerlo peligroso y menos lucrativo.

Ahora tenemos a los productores de cocaína de vuelta en Perú. La producción de coca en ese país volvió a crecer y estaría alcanzando a las cifras de Colombia. Nuevamente se estaría asociando con Sendero Luminoso y podría estar acercándose a algún aspirante a la presidencia de ese país. La sociedad peruana está comenzando a alarmarse y exige acción más enérgica en la zona del Valle de los ríos Apurimac y Ene, o VRAE.

Tenemos entonces, que el problema real y de fondo son los productores y traficantes de cocaína. Si analizamos los dos casos mencionados, podemos ver que el atractivo ideológico de ambos movimientos, FARC y Sendero Luminoso, ha decaído hasta prácticamente desaparecer y lo único que les da vida – y dinero – es su asociación en forma de “protección armada” a los traficantes de droga.

El desplazamiento del negocio de la droga hacia el Perú, es una mala noticia para Chile. De una u otra manera el flagelo nos golpeará: en aumento del consumo, en lavado de dinero, en corrupción, en crecimiento de las asociaciones criminales, en aumento de los controles aduaneros y entorpecimiento de los negocios internacionales.

Enfrentar este problema como una asociación entre las FARC y en los comuneros mapuches, además de una exageración es hacernos un pobre favor. Transformar un incipiente movimiento terrorista, que puede ser enfrentado y reducido policial y judicialmente en un problema de seguridad nacional es declarar que estamos en el mismo nivel de inseguridad y riesgo que Colombia y Perú.

Antes de rendirnos a la emocionalidad y tomar partido, revisemos la historia reciente.

La Guerra de Viet Nam se inició con Eisenhower, pero comenzó a escalar con Kennedy a partir de la Crisis de los Misiles de Cuba. En esa crisis, el prestigio, la credibilidad y la soberbia de Robert Mc Namara se elevaron meteóricamente. El Secretario de Defensa de Kennedy, transformó mediáticamente un modesto empate con la URRS, en una gran victoria personal y para su país.

Mc Namara dejó establecido dos elementos: primero, que dado el equilibrio nuclear, las fuerzas militares habían perdido su valor como instrumento de combate real y se habían transformado en instrumentos con los cuales “enviar señales políticas” al enemigo. Segundo, que la Teoría de Juegos y en general la lógica del Análisis Operacional había reemplazado a la estrategia tradicional.

El “éxito” ante la URRS y la personalidad arrolladora de Mc Namara conquistaron la confianza de Kennedy y luego del Presidente Johnson, quien sucedió al primero cuando fue asesinado en Dallas. A partir de esta credibilidad y confianza es que el tonelaje de bombas lanzadas y el “body counting” se constituyeron en la medida de las victorias militares. La sistemática eliminación del servicio activo de todos los militares que discreparon de esta curiosa estrategia permitió al Secretario de Defensa alcanzar la condición de “unanimidad” político – militar.

Como Ho Chi Min y Giap habían estudiado a Mao, quien a su vez leyó cuidadosamente a Clausewitz, entendieron la guerra como había sido siempre: una lucha de voluntades que emplean las armas para resolver un conflicto. Pero no solo emplearon las armas, emplearon todo, particularmente la voluntad política del pueblo. Y ganaron.

Terminada la guerra, en EE.UU. se efectuaron muchos y serios estudios para identificar qué falló. Uno de los puntos críticos fue la detección de la incapacidad y falta de valor moral de los militares para argumentar frente a Mc Namara y poner en evidencia sus gruesos errores de juicio frente al Presidente. El epílogo de esta introspección fue la llamada “Doctrina Wainberger”, que establecía las condiciones políticas y militares mínimas que debían existir para que EE.UU. entrara – y pudiera salir – de una guerra.

En este caso, la completa supremacía civil llevó a la derrota y a la muerte de aproximadamente 50 mil soldados y una gran cantidad de heridos físicos y síquicos, inútilmente.

El ataque a las Torres Gemelas fue el pretexto para que el Presidente George W. Bush desatara la guerra contra Irak que ya había decidido hacer, tal como consta en el documento de Doctrina de Seguridad Nacional hecho público los primeros meses de su mandato. El pueblo norteamericano, al igual que muchos otros pueblos, marchó jubiloso a la guerra. Que no se diga que Bush llevó a EE.UU. a la guerra, fueron en masa, por voluntad propia y felices.

El entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se había encaprichado con un modelo de FF.AA. de alta tecnología, poco contacto personal entre los bandos en lucha y poca dotación de militares. Ya en el planeamiento los militares le hicieron ver que faltarían hombres en el terreno. El retiro de la autorización por parte de Turquía para transitar por su país para entrar al norte de Irak agudizó el peligro. Afortunadamente Sadam no era comparable a Giap ni menos a Ho Chi Min. Trató de enfrentar simétricamente a los EE.UU. y fue derrotado rápidamente. Luego vino la guerra asimétrica, que todos los militares del mundo sabían que vendría. Y la falta de soldados en el terreno se hizo crítica. Rumsfeld porfió que estaba en lo correcto y comenzó a echar a los militares que discrepaban de su idea. Esta vez los militares emplearon otra táctica, los generales que se retiraban o eran echados por Rumsfeld, en vez de guardar silencio, escribieron publicaron y dieron entrevistas. Bush y muchos más se dieron cuenta que iban por mal camino y Rumsfeld fue reemplazado. Esta vez la “resistencia militar” impulsó una profunda revisión estratégica que evitó seguir avanzando hacia el desastre.

Ahora tenemos al General Mc Christal en Afganistán. Parece evidente que el método empleado para dejar patente su disconformidad con la conducción política y estratégica de la guerra fue descalificatorio respecto a altas autoridades políticas, y también parece evidente que se trata de un gran soldado que estaba haciendo su trabajo tan bien como lo permitían las circunstancias y que ya había manifestado reiteradamente su disconformidad y falta de fe en la estrategia política de la Administración Obama, particularmente con su compromiso con una fecha de retirada de Afganistán. Esa declaración de Obama era una señal a los Talibanes de que debían resistir solo unos pocos meses más para ganar la guerra, con lo que invalidaba todas las acciones militares de las tropas de EE.UU.

Nuevamente, la relación político–militar fue disfuncional y produjo la inutilidad del esfuerzo militar, con sus muertos y pérdidas materiales.

Estos ejemplos nos llevan a concluir que Clausewitz tiene razón. El primer y más importante problema que tiene que resolver el Líder Político y el Líder Militar es identificar correctamente el tipo de guerra (la naturaleza de la guerra) que van a acometer y estar de acuerdo en los lineamientos generales para hacerla. Esta falta de comunión explícita de ideas es la base de todos estos desastres.

No hay reglas fijas para estructurar esa relación, se trata de establecer un esquema de relación entre dos personas, uno de los cuales, el Líder Político es el que establece los objetivos, provee la visión, la inspiración, la capacidad organizativa, la dirección y el ímpetu personal necesario para que la guerra se lleve a cabo en una forma cohesionada y enfocada. El otro, el Líder Militar, es el ejecutor que transforma las directrices políticas en acciones que produzcan el éxito. El segundo subordinado al primero, pero siempre obligado a decir reservadamente mientras esté en servicio y a quienes corresponda cuando ya no lo esté, lo que piensa y cree en el fondo de su conciencia respecto a la conducción de la guerra.

Algunas de esas situaciones llegaron a la justicia donde han avanzado a paso lento. Emblemático es el caso de la compra de los aviones Mirage Elkan a Bélgica, negocio en el cual aún se encuentran extraviados 10 millones de dólares. También están los tanques Leopard 1 y varios otros. Las irregularidades no solo se ubicaron en la probable existencia de comisiones ilegales, sino que también se manifestaron mediante decisiones de adquisiciones abruptamente impuestas a las Instituciones contra la opinión técnica de sus futuros usuarios y sin entregar otros fundamentos que argumentos de autoridad.

Acercándonos ya al tema que hoy nos inquieta, en muchas de estas irregularidades -algunas presuntas por cuanto aun no han sido completamente probadas y otras ciertas, por cuanto ya está completamente establecido que hubo irregularidades-, uno de los factores concurrentes que se repitió fue la existencia y acción de “representantes” de proveedores extranjeros, actividades en algunos casos fueron claramente ilegales y en general fuera de las normas básicas de la ética comercial.

El consenso sobre la falta de transparencia en los procesos de adquisiciones de material para la Defensa y respecto a la nefasta actividad y relaciones de estos representantes con el mundo político y militar fue tan abrumador, que al momento de tramitarse la Ley del Ministerio de Defensa se recogió una propuesta que la Comisión Tantauco había venido trabajando en el proceso de armar el programa de gobierno del Presidente Piñera consistente en el establecimiento de un “Registro de Proveedores” que permitiera empadronar, evaluar y supervisar su trayectoria comercial y su accionar en el impreciso espacio entre las relaciones sociales y comerciales.

Estas ideas fueron recogidas en el Artículo 34 de la Ley que Moderniza el Ministerio de Defensa que, en la parte que corresponde, dice textualmente: “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial, aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas”.

Esta disposición legal, de cumplimiento obligatorio, exige que se dicte un reglamento que, por su naturaleza deberá ser breve y sin mayores complicaciones, y sus efectos, sin llegar a resolver por completo el problema de falta de probidad y transparencia en las adquisiciones militares, vendrán a hacer una contribución de la más alta importancia a la probidad y la transparencia.

Se están iniciando nuevos procesos de adquisiciones que caerán por completo bajo la responsabilidad ética, legal y política del Gobierno de la Alianza, gobierno que hace de la calidad de la gestión y de la urgencia en la acción, dos de sus elementos distintivos. Por eso hace urgente y prioritario dar cumplimiento a esta norma legal y por esa vía mostrar práctica e inequívocamente el tipo de ideales y formas de actuar que caracterizan al nuevo gobierno.

Este problema es más urgente si se considera que casi no ha habido cambios entre los funcionarios que están materializando estos nuevos procesos y los que lo hicieron en el pasado reciente.

Sería un serio traspié, perfectamente evitable, que en algún tiempo más este gobierno también se encuentre bajo las mismas acusaciones e investigaciones que tanto la Alianza como la Concertación criticaron con sólidos fundamentos y respecto a los cuales legislaron  en completo acuerdo.