Una vía de transformar la situación es la que se usó en el 2006, luego de la movilización pingüina: el movimiento se desactiva dando paso a los políticos, que son “los que tienen que solucionar esto”. Es lo que les dicen Ignacio Walker, Andrés Allamand. Sergio Bitar y el gobierno en pleno: muchachos ya entendimos que uds. no están contentos, déjennos ahora concordar un camino entre gobierno y parlamento. Avanzaremos en la medida de lo posible, como lo venimos haciendo durante los últimos 20 años. En otras palabras, una posible salida es que los políticos cazueleen a los estudiantes. Afortunadamente el riesgo de ello es bajo, entre otras razones, porque la experiencia del 2006 hace a los estudiantes uno de los movimientos sociales más desconfiados que ha existido. Los políticos tendrán que darse cuenta que ya se acabó lo que se daba.

Lo que sí puede ocurrir es que el movimiento decaiga en su capacidad de movilización durante el período que viene. Por la dificultad de mantener una movilización tan intensa durante tanto tiempo y el  por el costo incremental de la misma. El gobierno ha apostado a ello, sin resultado hasta el momento. Pero también puede ocurrir por errores en las decisiones, el paro de la CUT me parece que fue uno de ellos: no aportó mayormente luego de la enorme concentración familiar transversal del Parque O’Higgins y decenas de ciudades del domingo anterior; no movilizó a los trabajadores ni paró el transporte y, finalmente, le dio algo de espacio a la estrategia gubernamental tendiente a mostrar que “se quiere crear el caos” (¡qué antiguo!).

Si decae la masividad, igualmente queda la radicalidad callejera de los exaltados, que normalmente resta apoyo y distorsiona los objetivos de un movimiento tan amplio y ancho como este. “Representantes políticos” negociando a puertas cerradas y encapuchados apedreando micros y quemando goma es también un escenario de desgaste que se debe evitar a toda costa.

No es la hora de los políticos, sigue siendo la hora del propio movimiento, pero su logro tiene que expresarse políticamente, a través de medios políticos. Ahí está la cuestión. Las alternativas no son infinitas, ni siquiera tan novedosas. Pero no por ello son sencillas, requieren tiempo para desarrollarse y sagacidad de los actores.

Una primera alternativa de solución política sería un ejecutivo que replanteara sus metas y acogiera efectivamente las demandas en materia de educación y reformas políticas. Eso, ya lo dijimos, parece poco probable. Resulta difícil imaginar un gobierno de derecha en Chile encabezando medidas fuertes de reforzamiento estatal y limitando la libertad para el gran empresariado para fortalecer lo público. Mal que mal ellos inventaron este modelo de organización social e institucional, que luego la Concertación eligió administrar en vez de transformar. Este será probablemente el factor que más dificulte el logro de soluciones a las principales demandas.

Una segunda posibilidad sería que desde los representantes políticos, especialmente el parlamento, surgiera una apertura en serio a una reforma, tanto educacional como al sistema político mismo. Es posible que esta línea tenga algo más de dinamismo, pero se toca con el poco poder del Parlamento en un sistema presidencialista reforzado como el chileno y con el empate garantizado por el sistema binominal. Aún así la crisis profunda de la Concertación, el alto grado de movilización de los jóvenes que no votan y la proximidad de elecciones populares, en 2012, pueden producir algunos cambios en este sentido. Lo mejor sería que encabezaran una propuesta de profunda reforma política y no apoyaran mociones sobre cambios en educación que no provengan del diálogo entre estudiantes y gobierno.

Por último, ya que este movimiento nació por fuera de la institucionalidad política existente, la respuesta que se requiere supone la emergencia de nuevos actores políticos, nacidos al calor de la propia movilización y capaces de canalizar lo que de allí emerge. Así ha ocurrido en el pasado: de la crisis social de comienzos del siglo XX surgió el Partido Comunista y los movimientos anarquistas; de la crisis del 30 y la movilización que derrocó a Ibáñez, la Falange Nacional y el Partido Socialista; de la reforma universitaria de mediados de los sesenta emergió el MAPU y la izquierda católica y, por último, de la movilización ciudadana de los 80 nació el PPD. Ninguno de estos partidos canalizó completamente la energía social de los movimientos de los que nacieron y, en ocasiones, se desligaron demasiado rápidamente de ellos para ingresar al Estado.

También hay que considerar que la emergencia de organizaciones políticas no se restringe a la forma partido. Hoy en día ello también se expresa en redes, movimientos ciudadanos, referentes, colectivos, asambleas y coordinaciones territoriales, entre muchas otras formas. Si no se quiere sacrificar la riqueza de lo acumulado, hay que cuidar esa relación entre movilización y representación política, pero esta última requiere ser construida, estimulada, desarrollada. Más aún, de ello depende que se puedan lograr también la apertura de los actores del sistema político institucional y movilizar algún día la voluntad del ejecutivo. Para no producir la frustración de una generación completa y para hacer posibles los cambios que urgentemente la sociedad chilena requiere.

1.-  La derecha ha sostenido por décadas que la pobreza se reduce por la vía del crecimiento económico y no a través del gasto social. Incluso durante años mal utilizaron un trabajo de Osvaldo Larrañaga (U. de Chile) para afirmar que el 80% de la disminución de la pobreza se debía al crecimiento. Después dejaron de decirlo, porque mientras el crecimiento disminuyó, la pobreza siguió cayendo. En esta ocasión, en cambio, partiendo por el presidente Piñera –al que tantas veces le cuesta callar- culpan al supuesto mal uso de los programas sociales: exceso de funcionarios, corrupción, malos diseños, etc. No hay en la información aparecida de la CASEN nada que permita afirmar eso.

2.- La Concertación, por su parte, durante las mismas décadas, sostuvo que la disminución de la pobreza se debía al incremento del gasto social y el fortalecimiento de las políticas públicas. Al punto que nadie podía poner en duda sus programas y políticas frente al argumento “irrebatible” de la disminución de la pobreza. Ahora, sin embargo, sus principales líderes no han dudado en culpar a la crisis económica del incremento en la cifra. Más allá del oportunismo, cabe preguntarse ¿qué tipo de política social es esa que no protege de las crisis económicas? ¿No se trataba de eso la política contracíclica del gobierno Bachelet?

3.- La cifra de la CASEN es una cifra de “pobreza de ingresos”, vale decir extremadamente sensible a los vaivenes que experimente el bolsillo de los encuestados. De tal manera que para que el crecimiento impacte en ello se necesita que se traduzca en empleo. En coyunturas favorables, el mero incremento de puestos de trabajo se traduce en cifras de menor pobreza “de ingreso”. En coyunturas más duras, como fue 2009, no basta con eso, se necesita que el empleo crezca en calidad, de manera que esté medianamente protegido. Y eso no ocurre en Chile. Jorge Marshall (Expansiva) indicaba en 2006 que en promedio los empleos que se crean en Chile duran apenas seis meses.

4.- La cifra de pobreza de la CASEN no dice nada sobre la política social que no se traduce directamente en ingreso, como es el caso de salud, educación, jardines infantiles, vivienda, etc. Y en este sentido, la más asistencial de las políticas sociales, que son los subsidios monetarios, es la que más impacta en la cifra CASEN. Frente al problema específico del alza del precio de los alimentos, los famosos bonos, creados por Bachelet e imitados por Piñera, resultan un buen paliativo (no un remedio, pero sí un alivio). Sin embargo ellos no se reflejan en los datos de pobreza de la Encuesta CASEN. Ello ocurre simplemente porque no se entregaron en los meses que se tomó la encuesta. No faltará el iluminado que se le ocurra juntar las dos cosas en el futuro, para tener mejores resultados estadísticos. Es lo que ocurre cuando se endiosan instrumentos llenos de limitaciones. Sin embargo, mejor que los bonos hubiese sido incrementar el Subsidio Único Familiar, como plantea el poco coherente ex ministro Vidal. Lástima que lo plantea ahora y no lo hizo en su momento.

5.- En el año 2008 el actual ministro de Hacienda Felipe Larraín calculó que si se actualizara la “canasta básica” de bienes y servicios que se usa para determinar el número de “pobres” e “indigentes” con la Encuesta de Presupuesto Familiar de 2007, el porcentaje de pobres ascendería nuevamente a 29% (y no sería del 13,7%, cifra basada en la “canasta” de 1986). Para ello Larraín se basó en el trabajo pionero de Margarita Fernández (U. de Los Lagos) desarrollado luego por la Fundación para la Superación de la Pobreza. Sin embargo ahora el ministro nada ha dicho sobre lo que propuso hace dos años: urge actualizar la medición, pues no tiene sentido comparar los ingresos de 2009 con la canasta que se consumía 23 años antes, en 1986.

6.- Estamos hablando de cifras y no de personas. Nada más hipócrita que los reportajes que luego de expuesta la cifra muestran familias pobres y sus testimonios. ¿Es que no existían esas familias antes de publicada la CASEN? ¿Por qué no levantan una campaña semanal o por lo menos mensual de testimonios, esfuerzos, sinsabores y acciones de los pobres? Es lo que Rodrigo Márquez (PNUD) llama la magia del “número índice”, que lleva al periodismo ramplón a “descubrir” a esos chilenos que “cayeron” en la pobreza. Si se piensa bien, no se ha incrementado la percepción de pobreza en la población, a pesar del aumento de la cifra. Y eso reafirma lo obsoleto de la medición que se aplica en Chile.

7.- Durante el gobierno de Lagos se puso en marcha el Sistema Chile Solidario, orientado a lo que llamó la “pobreza dura”: aquel núcleo que no accedía a los beneficios de las políticas sociales ni tampoco a los del crecimiento económico. La vieja idea de los “marginales” ¿Cómo determinar su magnitud? A través de lo que la CASEN llama los “indigentes”, vale decir personas cuyo ingreso no alcanza para financiar una canasta básica de 1986. ¿Son un “núcleo duro”? La aplicación de la encuesta panel en tres momentos (1996, 2001, 2006), vale decir preguntar a las mismas personas a lo largo del tiempo, permitió determinar que ese núcleo era mucho más pequeño que lo que se pensaba. Así lo calcularon Rodrigo Castro y Manuel Arzola (Libertad y Desarrollo). Y determinaron también que quienes alguna vez estuvieron “bajo la línea de la pobreza” durante esos años fue más de un tercio de la población del país: algunos permanecieron en ese estado (pobreza crónica), mientras otros entraron y salieron de ella durante el período (pobreza transitoria). Mientras el primer grupo era sólo un 4,6% de las personas, el segundo ascendía al 31,2% de los encuestados. Por ello se fue imponiendo el criterio de la vulnerabilidad, por sobre el de la pobreza concebida como una suerte de “club aparte” de la sociedad. Lo cual quiere decir que un gran porcentaje de la población puede encontrarse en condiciones de pobreza en diferentes momentos.

8.- Inmediatamente después de la CASEN se publicó la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, que reveló que los ingresos de los deciles más pobres había crecido significativamente más que los del decil más rico. Una buena noticia en pro de la equidad. ¿Contradictoria con la CASEN? No necesariamente. Lo que parece indicar el INE es que a pesar del incremento de ingresos de los más pobres, no les alcanza para superar la llamada “línea de la pobreza”. Lo cual agudiza el problema de la pobreza de ingresos: no sólo está mal calculada, sino que aunque los pobres mejoren levemente, no les alcanza para lo mínimo.

9.- Pero también las cifras del INE indican que el ingreso de los pobres no depende exactamente del crecimiento económico, ya que estuvimos en crisis de crecimiento. Y sugieren por tanto que pueden depender de las transferencias monetarias del Estado. Pero la mención de la palabra Estado todavía hace sufrir a algunos analistas. Ignacio Irarrázaval (U. Católica) llegó a afirmar a El Mercurio que si se suprimieran los ministerios de salud, educación y MIDEPLAN, dispondríamos de un millón de pesos para cada pobre. El cálculo es ridículo y está mal hecho, puesto que los nueve primeros deciles de ingreso – es decir el 95% de los chilenos y chilenas- gana menos de un millón de pesos. Por ello si quiere repartir los recursos del Estado a individuos, el sueño dorado de los ultra liberales del siglo XIX, tendría que hacerlo entre unas 15 millones de personas y no entre “los pobres”. O cambiarse de país.

10.- En consecuencia ya sabemos que tenemos una pobreza de ingreso “dura”; que se agudiza en crisis económicas y situaciones de alzas de precios;  resistente a un crecimiento económico que genera poco y mal empleo; extendida a cerca de un tercio de la población y que no se resuelve con bonos, al menos en el nivel y alcance que estos han tenido hasta el momento. Nada de eso lo sabemos por la famosa cifra de la CASEN, que tanto escándalo parece causar. Sobre la eficacia de los programas sociales, hay que esperar aún por los otros resultados de esta encuesta, que son los que verdaderamente importan a estas alturas. Sobre lo que ya sabemos esperemos que las autoridades, que también lo saben, orienten su trabajo a una verdadera política de superación de la pobreza y no a la demolición de lo obrado por el gobierno anterior.

Pero, ¿qué hacer con la fractura social que mostró el terremoto y sus secuelas posteriores? Amigos y colegas extranjeros me han señalado con extrañeza que no vieron la emergencia de una sociedad civil movilizándose y haciéndose cargo en alguna medida de aquello que quedaba huérfano de atención por la catástrofe. Y efectivamente esa ausencia –aún si se puede relativizar- es el rasgo más preocupante de la fractura social, pues revela la debilidad en que estamos para afrontar nuestros problemas. Fue muchísimo más potente la voz de queja por el abandono y la tardanza, repetida pueblo por pueblo y caleta por caleta, que la voz convocante y organizadora de los liderazgos sociales y locales. La envergadura de la catástrofe y la devastación obviamente sobrepasan cualquier esfuerzo particular. Pero cuando nadie nos da respuesta, un camino es asegurar la sobrevivencia individual, incluso a mediano plazo (saqueo hoy para vender a buen precio mañana, acaparo hoy antes que suban los precios mañana). El otro, es construir orden a partir de nosotros mismos, controlando, priorizando, solidarizando, y sobre esa base demandar las soluciones a quien corresponde. Y es allí donde se percibe la debilidad.

Hace diez años comparamos las realidades del capital social en algunas comunas de Chile, para el Informe de Desarrollo Humano del año 2000. Allí identificamos mucha mayor fortaleza organizativa en el medio rural tradicional que en el urbano y en el rur/urbano “moderno”. Y una preocupante tendencia que mostraba que el cambio socioeconómico en marcha estaba debilitando el capital social existente. Las comunas en plena modernización mostraban menor capacidad organizativa y sus ciudadanos poseían cada vez menos herramientas para orientar dicho proceso y controlar sus aspectos perjudiciales. Adicionalmente la gran cantidad de asociaciones y grupos existentes -80 mil catastrados a la época- aparecían como un archipiélago de pequeñas unidades desconectadas entre sí: sin coordinación en sus acciones; sin medios de comunicación. El terremoto puso a prueba esas tendencias mostrando que siguen ocurriendo.

En el mediano plazo –y esa es otra vez tarea para el debate y la acción política- requerimos fortalecer la cohesión de nuestra sociedad y para ello hay que reducir la desigualdad. Una mayor equidad es lo único que nos hace a todos sentirnos en el mismo barco y no enemigos o competidores ante el primer problema que surge. Esa meta de equidad ha sido esquiva en nuestro país y una vez más puede quedar postergada en aras de la reconstrucción. Los fenómenos sociales que el terremoto desató deben ayudarnos a no olvidar que no sólo hay que construir mejores edificaciones, sino también una sociedad mejor.

En el corto plazo, sin embargo, también se puede y se debe actuar. Y aquí lo fundamental será la forma como se aborde la recuperación de pueblos, empleos, viviendas y salud mental. No sólo la rapidez es importante, también la involucración de las ciudadanas y ciudadanos en las tareas que vienen. Por una parte es lo único que las hará realmente viables y adecuadas a la realidad. De otro modo se corre el riesgo de las medidas centralizadas, que no toman en cuenta que es la vida de cada uno lo que hay que recuperar y no sólo un número determinado de construcciones. Por otra parte el protagonismo en las soluciones permite combatir eficazmente el dolor y la profundidad de las pérdidas, abriendo nuevas perspectivas. Pero para ello se requieren herramientas de participación en manos de la ciudadanía, con las que hasta la fecha no ha contado. Existen, con todo, dos posibilidades inmediatas de avanzar en este terreno: la Ley de Participación Ciudadana y el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

El 10 de marzo se logró, luego de seis largos años, la aprobación unánime en una Comisión Mixta del Parlamento, de la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Ella contiene avances tímidos en la materia, pero no por ello menos importantes: crea Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil en las comunas y en todos los servicios del Estado, facilita la constitución y funcionamiento de las organizaciones sin fines lucrativos, asegura un fondo de financiamiento a actividades de este tipo de organizaciones, consagra el derechos de la ciudadanía a participar de los asuntos públicos entre otras materias. Resulta urgente la aprobación parlamentaria de esta iniciativa, la que puede hacerse a la brevedad, dado que no requiere discusión, sino solo ser votada. Sería una señal potente de que se confía y se apoyará a las organizaciones sociales para participar de lo que viene.

En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, un instrumento concursable, el gobierno de Bachelet lo dejó financiado, pero no convocado, con el fin de permitir la iniciativa a la actual administración. Resulta imperioso incrementar o por lo menos mantener el monto de un Fondo pequeño pero que sirve a muchas organizaciones. El gobierno anterior no cumplió su promesa de duplicarlo, por lo cual no puede ahora afectarse su financiamiento en nombre de las estrecheces presupuestarias. Por el contrario, una vez que estén en pie las mediaguas, ¿con qué recursos contará la organización ciudadana para recuperar lo demás? Es posible reorientar el Fondo para priorizar las regiones afectadas por el terremoto y el maremoto, simplificando a la vez sus normas administrativas, difíciles de cumplir en las actuales condiciones. En el marco de la nueva Ley el Fondo contempla un Consejo Mixto mayoritariamente electo por las propias organizaciones, lo que garantiza su transparencia. Será el momento de plantearse también la ampliación de su alcance, la diversificación de sus tareas y apoyos y la mayor coordinación con otros fondos públicos, en la tarea de fomentar la organización social en el país.

Definir una orientación estratégica de fortalecer nuestras capacidades como sociedad y demostrar una clara voluntad política de avanzar en forma inmediata con tareas listas para ejecutarse, está hoy en manos del gobierno y del Parlamento. Pueden y deben dar la señal correcta. Ciudadanas y ciudadanos debemos presionar para que estas oportunidades no se pierdan.

Me interesa sobre todo reflexionar sobre la fortaleza relativa que mostramos como sociedad para enfrentar nuestros problemas. Quizás es temprano para evaluar, sin embargo lo que se ve es más debilidad de la esperada. Un país atávicamente obsesivo con el “orden” no logra manejar una crisis del mismo. La respuesta gubernamental parece tardía, mal coordinada e incluso errática por momentos. La provisión de servicios básicos -casi toda en manos privadas- absolutamente colapsada y de lentísima reposición (obviamente no es rentable prever y costear las emergencias). Las comunicaciones, limitadas e ineficientes. La infraestructura básica –la gran prioridad de inversión de los últimos 20 años- con fallas en puntos clave. La organización social pareciera ni siquiera existir para todo efecto práctico de afrontar la crisis (hablo de la primera semana): mucho más visible resulta la consigna de “sálvese quien pueda”. Y finalmente tenemos el asunto de la seguridad y la protección, esa obsesión de la sociedad chilena. No sólo el terremoto y su maremoto consecuente la hacen precaria; más tarde es la propia energía social des/atada la que se vuelve contra sí misma: nosotros mismos somos los saqueadores, nosotros mismos somos los grupo de autodefensa, todos presas de la misma des/esperanza.

Un cartel improvisado en Talcahuano decía “Farkas sálvanos, el gobierno no existe”. Una hipótesis de interpretación del “terremoto social” en la región del Bío Bío indicaría que en ausencia de las garantías básicas que sólo puede proporcionar el Estado -vale decir confianza y derechos- la sociedad debilitada por treinta años de neoliberalismo no es capaz de reproducir el orden mínimo requerido para afrontar un problema como éste. Una sociedad fuerte necesita de un Estado fuerte, y viceversa. Se vieron saqueos –mitad producto de la necesidad, mitad el “aprovechamiento de oportunidades” que nos enseña el mercado como regulador social- pero no se vio la toma de control de un supermercado por parte de fuerzas sociales organizadas. Se vio a la alcaldesa de Concepción denunciar el abandono y anunciar la violencia, pero no se vio autoridades edilicias asumir su rol de gobierno local, por ejemplo requisando alimentos para su justa distribución en la población. Tampoco parlamentarios, intendentes y consejeros regionales, líderes vecinales, dirigentes políticos, empresariales o sindicales asumir la conducción de la emergencia ante la ausencia o la tardanza del gobierno central. Seguramente hay más de lo que muestran los medios de comunicación, convertidos mayoritariamente en amplificadores del espectáculo más que en servicios públicos. Pero aún así la sociedad parece haberse “adelgazado” a niveles críticos que le impiden retroalimentar las líneas caídas de un Estado que ha renunciado a algunas de sus tareas esenciales. Hay que profundizar sobre la “fractura social” y sus consecuencias.

La explicación por la tardanza e indecisión gubernamental pueden ser muchas: el gobierno ya terminaba en 10 días más, estábamos al final de las vacaciones. Pero más allá de eso lo que se ve es la incapacidad del Estado chileno para enfrentar los desafíos que le son propios. Habiendo privatizado la mayoría de los servicios, sólo le queda apelar a la “buena voluntad” de los empresarios para que colaboren con sus fines. Pero ocurre que, como a los propios empresarios les gusta recalcar, ellos no son filántropos ni están para la beneficencia. Han calculado sus costos y sus márgenes de ganancia dentro de las reglas que les fija el sistema político y económico y éstos no incluyen las emergencias como esta. Si es un proyecto inmobiliario, los municipios revisan los papeles, pero no tienen capacidad de supervisar la obra que finalmente se construye. Si es una carretera concesionada, la rentabilidad a 20 años nada dice sobre durabilidad a plazos mayores. Un Estado que renunció a diseñar e implementar sus proyectos, convirtiéndose en un gestor de la inversión privada, debilitó también sus recursos profesionales que actuaban como contraparte pública de las entidades lucrativas. No es pensable en 2010 una epopeya como la del Riñihue en 1960, donde los ingenieros de la CORFO movilizaron a la comunidad para conjurar el riesgo producido por el terremoto. Hoy sólo se pueden hacer reuniones de coordinación para ofrecer estímulos a los privados a ver si eso les satisface lo suficiente para asumir los roles públicos que están abandonados. Pero no hay resortes para tomar control de empresas y servicios de utilidad pública y reorientarlos según la necesidad de la coyuntura. O si existen –como en el Estado de Catástrofe- no se los utiliza.

El terremoto desnudó también mitos de los que nos gustaba enorgullecernos: la mejor conectividad del continente estaba basada en el negocio de los celulares y la penetración de la internet, pero se habían abandonado los recursos comunicativos que realmente sirven en estas situaciones. Al final fue la radio -la vieja y querida radiodifusión amenazada por las grandes fusiones y las cadenas multimediales- la que pudo comenzar a reponer la comunicación mínima indispensable. Imposible no mencionar esa cadena construida “a la antigua” que es Radio Bío Bío: descentralizada, con corresponsales en cuanto pueblo perdido existe en Chile. También las llamadas “redes sociales”, que permiten al menos el acceso del ciudadano de a pie y le dan un amplificador a sus simples demandas y deseos, cumplieron un rol (cuando volvió la electricidad).

La crisis producida por esta catástrofe puede ser interpretada de muchos modos. Si nos conformamos con la idea de déficits de gestión o con creer que un gobierno de “los técnicos” lo hará por definición mejor que uno de “los políticos”, estaremos apenas arañando la realidad (¿no son técnicos los del Servicio Hidrológico y Oceánico de la Armada?). Propongo poner el acento en los roles del Estado, como son la regulación, la provisión de bienes públicos y el aseguramiento de derechos y la indispensable tarea de fortalecer las capacidades de la propia sociedad. Esto requerirá de descentralización y estrategias participativas serias para los asuntos públicos. La tarea se ve difícil cuando hemos dado un viraje a la derecha, encargando a un multimillonario por los problemas de todos. Pero en fin, esa es harina de otro costal, cuyo desarrollo será cuestión del futuro.