El contenido de la crisis universitaria bien lo expresó la máxima dirigente estudiantil Camila Vallejo Presidenta de la FECH, al afirmar que el 80% del financiamiento de las universidad lo soportan las familias y solo el 20% el gasto fiscal, de manera simétrica a lo que acontece en los países desarrollados de la OCDE, a la cual pertenecemos, y con los cuales tanto nos gusta compararnos, además destacó que siempre se afirma que gracias la privatización de la enseñanza superior esta a crecido vertiginosamente, hoy hay algo así como un millón de estudiantes universitarios, pero en los años 70  el 30% de los jóvenes en edad universitaria iban a la universidad y hoy solo el 27% de ese grupo de edad lo hace, dice ella. Las universidades no tan solo recaban sus recursos propios cobrando por los servicios de docencia mediante matrículas y aranceles, su principal ingreso,  además realizando diversos servicios privados de consultoría y estudios.

Aquí la crisis universitaria se entrelaza con una expresión particular de la crisis de la contratación privada de las obras públicas. El viernes 13 de mayo  Contraloría General de la República entregó su informe sobre el llamado caso Kodama, en el cual se establece que el Ministerio de Vivienda le adeuda un poco más de $131 millones a la constructora, en vez de los $17 mil millones que el Serviu se había comprometido a pagar por concepto de gastos extras en que la empresa incurrió durante la construcción de un corredor del Transantiago.

El informe de la Contraloría contradice de manera contundente el estudio elaborado por el Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, a solicitud de la Subsecretaría de Vivienda, que estableció un pago máximo de $ 2.132 millones de indemnización a la empresa Kodama por el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, también contradice gravemente al estudio que solicitó esa empresa a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (DICTUC), entidad que estimó el pago por el mismo concepto en $ 17 mil millones. En términos comparativos el estudio de la Universidad de Chile contratado por el mandante estaría sobre valuado 16 veces y el estudio de la Universidad Católica de Chile contratado por el ejecutor de la obra estaría sobre valuado 130 veces. Lo que tienen que entrar a aclarar tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica es si estos hechos son errores técnicos o falencias morales, en cualquier caso son hechos gravísimos que deben ser explicados por las máximas autoridades de esas instituciones ante sus respectivas comunidades universitarias y la nación entera.

Más allá de las sanciones que le corresponderá aplicar en lo administrativo y penal a las instancias competentes en el caso Kodama, deberán diseñarse e implementarse formas de financiación y autofinanciación universitaria que no ponga en riesgo ni su solvencia científica ni su solvencia moral. Como recordaremos en el caso MOP GATE y en el caso del contrato entre el Registro Civil y empresa internacional Tata, donde el Estado fue defraudado por algunos funcionarios de reparticiones de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago por lo que se vieron implicadas. Todos los que hacen consultorías y estudios bien saben que las conclusiones y recomendaciones la define siempre el mandante del estudio, eso quedó claro en el caso de la quiebra ENRON, empresa de energía –electricidad y gas- de Estados Unidos de América y su compañía auditora Arthur Andersen, los ejecutivos se robaron esa empresa por dentro, incluidas las prestaciones sociales de sus trabajadores, gracias a ser los mandantes efectivos de sus auditores externos.  Esos tipos de acontecimientos son mucho más graves para la sociedad y el estado que la delincuencia común y el crimen organizado, en esas insolvencias científicas y morales están los orígenes de lo terrible que ha acontecido tanto en Chernobil como en Fukushima, cuyas consecuencias para la humanidad durarán miles de años.

El gobierno se declara triunfante por la disminución de la victimización, hecho que viene aconteciendo consistentemente desde 2004 tanto según la encuesta en referencia y desde 2003 según las encuestas de victimización del INE-Ministerio del Interior, más aún, esa disminución sostenida de las conductas delictivas pone al país entre los más seguros del mundo, hechos que los gobiernos de la Concertación nunca supieron instalar en la opinión pública.

Lo más importante de las actuaciones exitosas, las “buenas práctica”, luego de sus propios logros, es la posibilidad de replicarlas, pero en seguridad ciudadana nos encontramos con algunos problemas, así tenemos que a mediados de año el entonces  jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaria del Interior, Jorge Nazer, comentando los positivos resultados de la Sexta Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) dijo que: “hasta ahora no existe un indicador exacto que nos pueda explicar cuál es la razón del descenso. Esto quiere decir que sabemos que hay un indicador bueno, pero no tenemos una herramienta que nos señale qué acción o política deberíamos focalizar para generalizar el resultado”.  No parece ser que ese estado de estupefacción del señor Nazer con su asunto fuera la razón de su renuncia, sino que el ingreso “reguleque” del cargo en comparación con el que obtenía anteriormente en su empresa de seguridad llamada Alto S.A.

Ahora Javiera Blanco, directora de la Fundación Paz Ciudadana, ex subsecretaria de Carabineros durante el Gobierno de Michelle Bachelet, comentando la encuesta que su institución encargó ha dicho que: “Respecto a los factores que estarían incidiendo en la baja en el índice de victimización, no es posible aún atribuirlo de forma cierta a medidas específicas implementadas, puesto que sólo es posible dar respuesta a aquello a partir de estudios técnicos, que permitan evaluar y aislar los efectos de los programas sobre los niveles de criminalidad, hecho que aún no existe. De ahí la necesidad de identificar certeramente qué programas han incidido en qué hechos y así generar procesos de toma de decisión informados”.

Tanto el funcionario como la experta en seguridad ciudadana confiesan que no saben  las razones por las cuales ha disminuido la delincuencia, es de suponer que tampoco porque ésta anteriormente aumentaba. Una política de seguridad ciudadana, seguridad pública o política criminal que no pueda discernir las causas o las razones por las cuales la delincuencia disminuye o aumenta, que no tenga una teoría, una visión, que explique porque hay personas que delinquen, ni una capacidad para prevenir y controlar esas conductas, no puede establecer la manera de alcanzar la misión que la sociedad le ha encomendado: proteger los derechos de las personas. Si la autoridad y los expertos en seguridad ciudadana no saben porque la delincuencia aumenta o disminuye el conjunto de las actividades cumplidas para prevenir y controlar la delincuencia son, entonces,  puro diletantismo y divertimento, gasto ineficiente en su uso e ineficaz en sus resultados.

La gran prensa y los analistas expertos señalan como principales culpables a las propias víctimas –al igual que la doctrina de los defensores de los militares y policías que atentaron en contra de los derechos humanos  durante la Dictadura Militar, que también culpan a las víctimas, empezando por Salvador Allende–, se afirma que en medio de sus rencillas bajo el efecto del alcohol con un lanzallamas de gas licuado provocaron el dantesco incendio. Nadie a cargo del penal supo ni dar la alarma ni como liberar a los internos, nadie sabe porque no funcionaron los sistemas de extinción de incendios, nadie sabe por qué había gas licuado, alcohol y  teléfonos celulares en los pabellones. Fue uno de los internos que vía celular dio la alarma de fuego a los bomberos y no la guardia, luego esta no permitió que los bomberos cortasen los candados para liberar a los presos.

Lo único que está claro es que hay un grave hacinamiento en las cárceles y pocos gendarmes para tanto preso. Entre las víctimas hay  una persona que estaba detenida debido a no haber pagado una multa por beber en la vía pública y otro por vender CDs falsificados. Lo claro aquí es que el Estado no fue capaz de asegurar la custodia y protección de los internos en sus cárceles. Desde que se recuperó la democracia 162 internos han muerto quemados en las prisiones, no sabemos cuantos son los muertos en los penales por otras circunstancias.

El mismo infausto día la prensa informaba que el gobierno conservador de Gran Bretaña optaba por la prevención, medidas alternativas a la privación de libertar y rehabilitación de los condenados para disminuir el número de presos y los gastos que su sostenimiento significan, siguiendo la doctrina de Arnold Schwassenegger, gobernador republicano de California. Aquí, en los medios en un primer momento todos se tornaron garantistas, rehabilitadores y alternativistas –a la privación de libertad-, luego, los editoriales de las dos únicas cadenas periodísticas llamaron al orden: “no menos presos sino que más cárceles”.

El Presidente de la Corte Suprema señaló que esos horrores son los riesgos del deseo político de llevar a prisión a todos los delincuentes. En diez años la reforma procesal penal ha multiplicado el número de causas resueltas por ocho y el número de sancionados con privación de libertad por dos, la justicia ha mostrado su eficacia ante la imposición política, pero el gobierno ha incumplido con su obligación de custodia de los sancionados respetando sus derechos humanos.

El Gobierno ha mostrado una eficacia de rescate minero entregando a sus deudos en un par de días los cuerpos incinerados plenamente identificados.  El Gobierno culpa del hacinamiento en las cárceles a los gobiernos de la Concertación, en especial al de Ricardo Lagos, el ex ministro Vidal, su locuaz vocero, culpa al  ex ministro Bitran, este al ex ministro Bitar.

El ex ministro Bitar afirma que es necesario albergar cada año a 2.000 presos de los 20.000 que exceden la capacidad de los actuales penales más 3.000 que son los nuevos presos anuales, en breve, hay que construir dos cárceles al año. Actualmente tenemos 320 presos por cada cien mil habitantes, en América Latina hay algo más de cien por cada cien mil y en Europa no se llega a cien, en cambio en Estados Unidos y Rusia se supera los setecientos por cada cien mil habitantes. Podemos emular. Hacer cárceles es un estupendo negocio inmobiliario que obviamente necesita de una política criminal dura tanto con la delincuencia como, sobre todo, con la provisión y consumo de drogas.

El Ministro Bulnes señala que la población reclama por justicia, entendida como más presos en las cárceles ante el aumento de la delincuencia, el ex ministro Bitar, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la Fundación Paz Ciudadana, afirma que la principal causa de la delincuencia es el consumo de drogas ya sea por que los drogadictos delinquen para proveerse de ellas o que delinquen a causa de sus efectos. Pues bien, la delincuencia en Chile ha disminuido consistentemente, en más de un 20%, desde hace ocho años, según lo indican todas las encuestas de victimización –INE, Paz Ciudadana y Libertad y Democracia- , además el país tienen una de las victimizaciones más bajas del mundo -12% de la población ha padecido un delito en el último año mientras que los países desarrollados tienen en promedio un 15% de victimización. Por otra parte, que un estudio de Paz Ciudadana constate que entre los detenidos en flagrancia en la Región Metropolitana un 70% estaba bajo los efectos de las drogas, nada permite inferir sobre el consumo de drogas del conjunto de quienes delinquen ni de las conductas delictivas de quienes usan drogas, solo se puede suponer que el consumo de drogas hace más vulnerables a los delincuentes ante la acción de la policía. Construir políticas a partir de graves errores de interpretación estadística es un grave y torpe desliz político. Esta manía por la droga de la persecución policial, penal y mediática pone de presente una pésima gestión de los recursos destinados a perseguir el delito, así tenemos que mientras las denuncias por infracciones a la ley de drogas no llegan a mil los detenidos por estas infracciones superan los 40 mil al año, mientras que las denuncias por robo con fuerza llegan a 140 mil y solamente 15 mil personas son detenidas por esta causa.

No obstante, bien se podría afirmar, entonces, que gracias a tanto delincuente preso ha disminuido la delincuencia y mejorado la seguridad de la población. Pero el sistema penal no tiene ninguna capacidad de disuadir las conductas delictivas ya que, según Libertad y Democracia, el 97% de los hechos delictivos denunciados no tienen sanción alguna, téngase presente que los hechos delictivos denunciados no llegan a la mitad de los hechos acontecidos. La supuesta prevención general del sistema penal, en cuanto a dar una señal significativa de que quien delinca será sancionado, y la pretendida prevención especial, la cual supone que lo delincuentes presos no pueden delinquir, son supercherías aquí y en todo el mundo.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de la población no se dedica a delinquir por temor a la ley penal, sino a que cree que eso es mejor para nuestra convivencia. La única explicación de la disminución de los delitos es que si bien nuestra distribución del ingreso es una de las peores del mundo, en los últimos años los ingresos absolutos de los más pobres han mejorado notablemente –la protección social-, lo mismo ha sucedido en los  Estados Unidos, entonces son cada vez menos los y las que se ven obligados a delinquir para sobrevivir o pasarlo bien.

Pero hay que hacer cosas, así que, rápidamente seis gendarmes son acusados detenidos y esposados públicamente por conspirar para delinquir a favor de los internos proveyéndolos de alcohol, celulares, armas, traslados, etc. ninguna autoridad responsable ni cae ni renuncia pero ya hay chivos expiatorios.

Los allanamientos en diversos penales para requisar implementos no autorizados, entre ellos las cocinas de gas licuado, ha causado motines en Santiago, Quillota y Concepción, la represión a los mismos ha dejado centenas de internos y decenas de gendarmes heridos y lesionados, un porcentaje significativo de la población penal del país se ha declarado en huelga de hambre como protesta por sus condiciones infrahumanas reconocida por la Corte Suprema y por las autoridades de Gobierno.

Este horror carcelario es un hecho revelador de aquello que está en crisis no es el sistema penitenciario ni el sistema penal, lo que esta en crisis es la política criminal, la política para prevenir  no solamente disuadir- y  controlar el delito, el debate no es si más cárceles o más medidas alternativas al proceso penal o la privación de libertad. Si hay más cárceles la tentación siempre será tenerlas abarrotadas, si hay más medidas alternativas la tentación siempre será  tener mas personas institucionalizadas en el medio libre del sistema penal y penitenciario.

Mucho se habla de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, pero los privados de libertad no necesitan ser rehabilitados, ellos no han perdido ninguna de sus habilidades, lo que han perdido son sus derechos fundamentales.

Antes de delinquir habían perdido el derecho a acceder a los bienes básicos para la existencia humana plena, no sólo los bienes básicos.  Lo que necesitan tanto los delincuentes institucionalizados en el sistema penal, que son una minoría, como los que delinquen sin ser atrapados por tal sistema, que constituyen la mayoría de ellos, son oportunidades y alternativas viables y creíbles para emplear sus habilidades y recursos en satisfacer y gratificar sus necesidades y deseos, así como las de sus dependientes, sin tener que transgredir los derechos de los otros, lo cual es la materialidad de la conducta delictiva. La que tienen que ser rehabilitada es nuestra sociedad, en particular sus elites, sus gobernantes, sus legisladores y, sobre todo, sus expertos que ha sabiendas de que las cárceles nada resuelven insisten en el castigo como manera de cambiar la conducta de los otros, y forma última de controlar la pobreza.

Si cada preso cuesta entre 300 mil  a 500 mil pesos mensuales al Estado, por qué con esos recursos no se los provee de los medios, habilidades y recursos, para que puedan satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos y los de los suyos mediante la creación de oportunidades y alternativas de actividades lícitas. ¿Los que lucran con la construcción  y gestión de cárceles no podrían lucrar con la creación de esas oportunidades y alternativas? Esa sería una real rehabilitación de nuestra manera de prevenir y gestionar el asunto de la delincuencia.

La tipificación del acto terrorista tiene dos componentes: su propósito y finalidad, así como los medios empleados para alcanzarlos. El propósito del acto terrorista es causar miedo y zozobra entre la población con la finalidad de deslegitimar la autoridad del Estado –el fin político- cuya primera obligación es la protección de sus ciudadanos. El medio terrorista, que es el conjunto de instrumentos posibles, es la aplicación de la máxima capacidad destructiva en contra de población inerme, sean estos civiles, fuerzas regulares no combatientes, rendidas o desarmadas.

El derecho penal distingue claramente en los hechos delictivos entre los actos violentos contra las personas y los actos de fuerza en contra de las cosas, v.g. robo con fuerza en las cosas del robo con violencia en las personas. El propósito o no de atentar contra la vida, integridad y libertad de la persona, es el mejor criterio para distinguir la conducta terrorista de otras conductas delictivas con los mismos fines de deslegitimar el poder político, que al afectar solamente a las cosas las conocemos como los actos de sabotaje, los que tienen sus propios tipos penales y las sanciones correspondientes. Los comuneros mapuche radicalizados están utilizando el incendio intencional de predios y bosques, instalaciones rurales, medios de transporte, viviendas, etc. como su principal arma para deslegitimar la presencia del Estado y desincentivar la inversión y los negocios en los que consideran sus territorios ancestrales.

Ahora, los comuneros mapuche presos han agregado la huelga de hambre como instrumento de lucha para exigir que sus actos de sabotaje no sean considerados políticamente ni tipificados judicialmente como actos de terrorismo. Por lo tanto, si se quiere evitar la escalada del conflicto mapuche donde la amenaza de muerte por hambre como inmolación es el medio de negociación de una de las partes para acordar si el acto de  incendiar cosas, bienes públicos o privados, no de quemar personas, es un acto terrorista, aquello sólo se puede lograr si las partes en conflicto –el Estado y los comuneros mapuche- pactan un acuerdo político que defina que es y que no es terrorismo o como se deslinda el sabotaje del terrorismo, para que luego el Parlamento cree las normas que establezcan los tipos, maneras de procesarlo y las sanciones proporcionales al daño causado.

Si el propósito del sabotaje es deslegitimar al Gobierno y al Estado en tanto atenta contra la seguridad interior de este, tales actos deben ser juzgados y sancionados por el cuerpo legal previsto para esos casos: la ley de Seguridad Interior del Estado. El terrorismo como tipo penal debe utilizarse sólo en los casos donde exista el propósito expreso de emplear la máxima violencia en contra de población inerme. El asesinato político tampoco es de suyo un acto terrorista, pero no es tema de esta exposición.

Los comuneros mapuche presos en huelga de hambre no están solicitando la impunidad, el indulto o la amnistía para los delitos que cometieron, sino que el debido proceso y las sanciones proporcionales al daño causado. Hasta ahora los únicos muertos en el conflicto han sido dirigentes o activistas mapuche, ninguna de las víctimas de sus supuestos o probados actos de sabotaje han sido transgredidas en sus derechos a la vida, integridad o libertad.

Siempre es necesario reconocer que existe una fuerte correlación entre el empleo del terrorismo como forma de lucha y las graves situaciones de exclusión de derechos de quienes los ejercen para reclamar por aquellos que le han sido conculcados, como lo hace el Secretario General de las Naciones Unidas quien afirma:

“La exclusión o la discriminación por motivos de origen étnico o creencias religiosas y la incapacidad de muchos países de integrar a las minorías o a los inmigrantes producen resentimientos que pueden llevar al proselitismo terrorista, además de sentimientos de alienación y marginación y una mayor tendencia a socializar en grupos extremistas. Parece que esta situación es aplicable sobre todo a los jóvenes, especialmente a los inmigrantes de segunda generación en algunos países desarrollados, que se consideran forasteros sin igualdad de oportunidades. Exhorto a los países con sociedades multiculturales a que reflexionen sobre sus políticas de integración.”.

El ministro del Interior en entrevista con Radio ADN dijo que: “….no es bueno para el país que el Gobierno sea forzado a sentarse en una mesa de diálogo con personas que están en una huelga de hambre. Tenemos un país que tiene otras preocupaciones y otras complejidades, y si nosotros forzamos al Gobierno a sentarse a una mesa de diálogo con una huelga de hambre, la pregunta es si quienes instan a esa mesa de diálogo van a estar en la misma posición si es que otros grupos sociales, que también tienen demandas legítimas, insatisfechas, entran en una huelga de hambre”, incluyó allí a la grave situación de hacinamiento y deterioro de la vida y de los derechos humanos en las cárceles. Esta es la más radical evaluación de la situación nacional en la celebración de su bicentenario. Por eso, para reclamar por sus legítimos derechos los subcontratados de la gran minería del cobre han quemado buses, los estudiantes han causado vandalismo, los deudores habitacionales hacen espectaculares maromas en las alturas, etc.

Está claro que nuestras instituciones políticas no están resolviendo los problemas nacionales, y no vale ahora decir que los chilenos en general no se han querido hacer cargo de esos problemas –el mapuche, el de Rapa Nui, el de los subcontratados, el de la educación, etc.-, porque los chilenos han escogidos a las coaliciones políticas para que los resolvieran y no simplemente los desplazaran a las futuras administraciones. La resolución pactada entre las partes del conflicto mapuche puede llegar a ser un buen modelo de resolución de todos los conflictos pendientes a los cuales se ha referido el Ministro Hinzpeter.

]]> http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/09/22/la-definicion-de-terrorismo/feed/ 7 http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/09/19/indiferenciacion-ideologica-y-populismo-penal/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/09/19/indiferenciacion-ideologica-y-populismo-penal/#comments Sun, 19 Sep 2010 06:48:17 +0000 Ibán de Rementería http://www.elmostrador.cl/?p=113591 Las noticias de los últimos días han estado pauteadas por varios hechos complejos, tales como el caso del atrapamiento y hallazgo de los 33 los mineros de Atacama, la huelga de hambre de los comuneros mapuche presos en contra de la aplicación impropia de la legislación antiterrorista y de la justicia militar, la aprobación del impuesto específico a la minería, el aumento de la pobreza en Chile, el abrupto fin presidencial al proyecto termo eléctrico en Barrancones en la inmediaciones de la reserva natural de Punta Choros, y, claro está, la situación de seguridad ciudadana. El caso de los mineros, de los presos mapuche y Barrancones pone de manifiesto el carácter más aparente que real del sistema institucional de protección a las personas y de gestión de la naturaleza.

Por otra parte, si agrupamos como temas: el atrapamiento y hallazgo de los mineros de Atacama, lo que puso de presente la deplorable situación de seguridad laboral de los trabajadores chilenos; el reciente aumento de la pobreza en país rompiendo la tendencia histórica a su disminución en los últimos 20 años, lo que es una consecuencia de la pésima distribución del ingreso nacional debido a la débil capacidad negociadora de los trabajadores, lo mismo vale para la seguridad laboral, y; finalmente, los recientes éxitos en seguridad ciudadana del nuevo Gobierno, ya que en 3,7% han disminuidos las denuncias y 3,5% las detenciones durante el segundo trimestre de este año en relación al mismo del año pasado, aunque a decir verdad, los otros hechos hicieron pasa desapercibidos los éxitos contra el crimen. En todo caso los tres temas tienen en común dos circunstancias: a la pobreza como hecho nacional y; asimismo, que la interpretación de esos hechos y su tratamiento tienen a la indiferenciación ideológica entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo como pretensión de establecer un consenso nacional unívoco para resolverlos como políticas de Estado. Finalmente, en el conjunto de la pauta noticiosa la pobreza y la débil institucionalidad  aparecen como los grandes temas; la búsqueda de la igualdad consistente en la disminución de la pobreza y el desarrollo de las instituciones políticas deberían ser los grandes temas a evaluar en estos momentos del bicentenario

Dicho sea al pasar en cuanto a la seguridad ciudadana o pública, en el trimestre pasado 21.100 personas fueron detenidas por infracciones a ley de drogas, de ellas 14.100 por porte de pequeñas cantidades, por tenerlas consigo no por traficarlas, 20.417 por hurto y 4.292 por robo con fuerza que es el delito que más denuncias tiene, aquí hay un evidente mal uso de los recursos que merecería un mayor debate en el campo de la seguridad pública.

La indiferenciación ideológica es el principal argumento de la derecha para imponer sus criterios al conjunto de la sociedad, la desaparición de las características diferenciales de las ideas tiene por fundamento una supuesta ciencia superior, la economía, cuyo saber supera cualquier interés específico por mayoritario que sea, el cual si se reconoce como válido será calificado de populismo, se afirma que no son los intereses de la mayoría los que deben decidir sobre la economía nacional o los asuntos públicos en general sino que los argumentos de la razón, la ciencia y, sobre todo, los de sus expertos. La proliferación de la industria de la expertise o peritaje, de los centros de estudios y las universidades privadas, no son solamente un buen negocio en sí, además, son un eficaz y eficiente instrumento de control ideológico y político. La expresión política de esa hegemonía es la “política de Estado” como un nunca acordado consenso superior que supera las políticas de gobierno o de los partidos políticos.

Plan Chile Seguro

Donde más se utiliza el argumento de la política de estado unívoca y consensual es en el campo de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, se supone que todos los expertos cualquiera que sea su filiación o tendencia política están de acuerdo en una visión y una práctica específica para interpretar y resolver el problema de la seguridad, al decir del poeta en la lucha contra la delincuencia: “la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas”.

No obstante, en el campo de la teoría del derecho y de las ciencias sociales siempre ha habido una profunda diferenciación para comprender y tratar el asunto de la delincuencia, hay  profundas diferencias entre la teoría y la práctica en la concepciones del Estado y el derecho, hay  profundas diferencias entre la visión y la misión de las instituciones sociales en el campo de la criminología,  en el derecho hay escuelas que se mantienen en la concepción y actuación de la justicia retributiva cuya principal institución es el castigo, mientras se le oponen las escuelas de la justicia reparatoria cuya principal institución son las instancias de encuentro y conversación entre víctimas y victimarios para lograr la recuperación de la convivencia social, hay escuelas que se centran en controlar la peligrosidad del delincuente –el enemigo- y hay escuelas que se centran en ofrecer oportunidades y alternativas a quienes han cometido errores o han sido compelidos a transgredir los derechos de los otros.

Desde la escuela de Chicago en los años veinte del siglo pasado, pasando por la criminología crítica de los años setenta hasta la contemporánea escuela de la sociología reflexiva se ha venido desarrollando una consistente crítica científica y política a la interpretaciones y políticas criminales de tipo positivistas y estructuralistas que pretenden hegemonizar la academia y el Estado. Los hechos concretos de la actual situación de seguridad pública han sido escuetamente descritos por Loïc Wacquant, francés profesor en las Universidad de Berkeley, California, quien es el principal exponente en estos temas de la sociología reflexiva, ha dicho: “Descubrí que el sistema carcelario había crecido de manera considerable en Estados Unidos a partir de los disturbios de los años sesenta. En respuesta a esos disturbios se produjo un achicamiento del Estado benefactor y una expansión del estado carcelario”.

La actual publicitada preferencia por las víctimas es el invento demagógico del populismo penal del cual tanto abuza la “politicocracia nacional”, preferencia por las víctimas que sólo se expresa como voluntad de retaliación y castigo a quienes infringieron sus derechos, lo que en general conocemos como justicia retributiva. No obstante las víctimas cuando son consultadas por sus preferencias entre el castigo al victimario o ser reparadas moral y materialmente por ellos o por el Estado en su ausencia o por su incapacidad de hacerlo, aquellas prefieren ser reparadas. Para aquellos la reparación de la víctima sería preferible al castigo del victimario que solo genera presos, cárceles y aumento del gasto público. Los estados bien podrían reparar a las víctimas de los delitos comunes de igual manera como vienen haciéndose cargo de las deudas privadas del sistema financiero hasta llegar al borde de la quiebra pública. También los gastos punitivos en construcción de cárceles y mantenimiento de privados de libertad bien podrían ser empleados para la reparación vicaria de las víctimas.  Es desde estas tradiciones y posturas críticas que se realiza el siguiente análisis político de Plan Nacional de Seguridad Pública.

La imagen general que expresa y conduce el Plan de Seguridad Pública es el control de los jóvenes y las drogas. Los supuestos del Plan son la verificación empírica según la cual la mayor parte de los detenidos por supuestas infracciones a la ley penal son jóvenes y estaban bajo el efecto de las drogas, esas verificaciones son verdaderas pero ponerlas como fundamento del Plan es erróneo. Si bien es cierto que las estadísticas indican que la mayor parte de los detenidos por presumiblemente contravenir las normas penales son jóvenes; asimismo, también es cierto que un estudio señala que la mayor parte los detenidos en la Región Metropolitana estaba bajo el efecto de las drogas, pero aquello en ningún caso permite afirmar nada concluyente sobre todos los que  delinquen, ni sobre todos los que usan drogas, ni sobre el conjunto de los jóvenes. En primer lugar porque el universo de los detenidos no es en ningún caso el universo de quienes delinquen,  ni  aquellos son una muestra representativa de estos. En segundo lugar, los atributos del universo de los detenidos o de la muestra de los detenidos en la Región Metropolitana, tales como ser jóvenes o usar drogas, no permite inferir nada ni del conjunto de las personas que son jóvenes ni del conjunto de personas usan drogas. Por lo tanto, a partir del universo y la muestra de detenidos en referencia, cualquiera inferencia que se haga sobre el conjunto de quienes delinquen es absolutamente inválida. En los hechos en el año 2009 solamente el 43% de los hechos llevados a los tribunales tuvieron un imputado conocido y únicamente el 16% tuvieron una sanción condenatoria.

La efectiva sobre representación de los jóvenes en el universo de los detenidos en Chile y de quienes usan drogas entre la muestra  de los detenidos de la Región Metropolitana, sólo permite suponer que los jóvenes y quienes usan drogas son más vulnerables a  la persecución policial del sistema penal y nada más.

Un exhaustivo análisis del Plan Nacional de Seguridad Pública no es posible aquí, pero son de destacarse al menos cuatro puntos conflictivos en su interpretación y propuestas de intervención para mejorar la seguridad pública y ciudadana.

1. El diagnóstico del Plan sobre la seguridad ciudadana en el país tiene varios errores al afirmar que aumenta y es comparativamente mayor que en otros países, pero la delincuencia ha disminuido y la seguridad ciudadana es comparativamente una de las mejores del mundo. Tanto los índices de victimización de hogares de Paz Ciudadana y el INE entre 2004 y 2009 van consistentemente a la disminución, 7,4% y 12,3% respectivamente, pese a que las denuncias aumentaron en igual período en un 16,4%. Ahora si tomamos la victimización personal, según el INE entre 2003 y 2009 esta ha disminuido un 25%. Según Naciones Unidas – Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV, Universidad de Tilburg) – entre los países desarrollados el promedio de victimización personal es de 15,7% y en Chile de 11,5%, de 30 países estudiados solo España, Hungría, Japón y Portugal tienen una mejor situación de victimización que nuestro país.

2. En cuanto a la visión del asunto de la seguridad ciudadana el Plan descarta o minimiza la pobreza económica, la marginalidad social y la exclusión cultural, como causas generales de la delincuencia común, entendida aquella última como la imposibilidad para los sujetos de poder asumir los valores generales de la sociedad.   Además, el Plan prescinde de los conflicto intracomunitarios – etarios, de género, orígenes, etc.- como causas específicas de la violencia y las conductas delictivas de aquellas derivadas. Finalmente, el Plan se mantienen en la confusión entre prevención y disuasión del delito al afirmar que: “La prevención social, por otra parte, históricamente se ha confundido con políticas sociales generales y universales, y no se ha focalizado lo suficiente en población vulnerable a ingresar en sendas delictivas”. [p.17.]

El Plan se limita a atribuirle a un conjunto de riesgos subjetivos el origen de la delincuencia, tales como: consumo de alcohol y drogas, malas amistades, deserción escolar, violencia escolar, problemas de salud mental -falta de control de impulsos, “desregulación emocional severa”, bajo nivel de tolerancia a la frustración, etc.-, violencia intrafamiliar y abandono, hogar monoparental femenino, ocio juvenil, etc. El Plan define el asunto así: “El nivel de delincuencia que aqueja a un país no es fruto del azar, sino consecuencia de la interacción de un conjunto amplio y diverso de factores que promueven la comisión de delitos, y que tienen relación con la existencia de circunstancias que los facilitan, de una víctima potencial atractiva o vulnerable y de personas motivadas a cometer un ilícito”.[p.7.] El análisis positivista “ecosistémico” aquí propuesto es simple, hay una víctima atractiva, en circunstancias facilitadoras, donde operan delincuentes motivados.

3. Para prevenir y controlar la delincuencia el sujeto principal de intervención del Plan son los jóvenes y el sistema educativo es el campo central de acción. Los jóvenes aparecen como los principales actores de las conductas delictivas porque son los más pobres y carentes del conjunto social, están en proceso de experiencias formativas ante la vida y poseen pocas habilidades para evitar las intervenciones del sistema penal –policía, tribunales y cárceles-, pero sobre todo porque son los más vulnerables a esas intervenciones. Esto marca una profunda estigmatización de la sociedad contra los jóvenes y una respuesta efectiva y simbólica autodefensiva de ellos que va desde las tribus urbanas a las maras. Este es el problema central del conflicto urbano actual.

4. En breve, como ya se dijo, para esta concepción de la seguridad ciudadana los sujetos peligrosos son los jóvenes y la situación temible es el consumo de drogas.

Comentarios finales

En general el Plan está marcado por el “populismo penal” cuyos componentes principales son el discurso y acción espectacular de la mano dura,  así como de la responsabilización juvenil del delito, gracias a lo cual el primer resultado positivo para el Gobierno ha sido la reciente disminución del temor entre la población.

Afortunadamente el Plan  desecha la institucionalización los “colaboradores” de la justicia –“los sapos”-, en cambio, desafortunadamente también prescinde de la “justicia vecinal”, aplicación local de la justicia de proximidad plausible buena práctica en los países desarrollados para recuperar la confianza de las comunidades en la justicia,  propuestas ambas que publicitadamente fueron anunciados como parte de las políticas de control del delito al inicio del Gobierno actual.

Las medidas más importantes propuestas por el Gobierno para responder a ese desafío han sido: la propuesta de una defensoría de las víctimas, vieja iniciativa del senador  Espina, que tienen fuerte oposición de los expertos y magistrados; la replicación de los tribunales de drogas por todo el país; la propuesta de un sistema de justicia vecinal, vieja iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular cuando el ex senador y ex ministro Viera Gallo era Subsecretario de Justicia de ese Gobierno; así como el control electrónico mediante brazaletes para la algunos casos detención preventiva; un registro nacional público de sancionados por delitos de pedofília, y; claro está, aumentar el contingente policial en 10 mil carabineros.

En prevención y control de drogas la única medida conocida es la ampliación de la capacidad de atención a personas que tienen problemas con su consumo de 13 mil a 44 mil plazas, y claro está, de un fuerte discurso insistiendo en que se aplicará todo el rigor de la ley a los narcotraficantes.

El asunto de la seguridad ciudadana no es cualquier tema para la derecha chilena, de igual manera que la Concertación con la denuncia de las graves trasgresiones a los derecho humanos logró delimitar su diferencia con la dictadura militar y la derecha política que la apoyó y defendió –UDI y RN-, la Alianza con el tema de la seguridad ciudadana y las drogas ha logrado delimitar su diferencia con el proyecto político y social de la Concertación, como bien sabemos diferenciar los  proyectos económicos de ambos conglomerados es difícil.

Mientras los proyectos legislativos relativos a la seguridad ciudadana siguen su curso y se implementan los que sólo dependen de iniciativas administrativas, el Gobierno ha iniciado una ofensiva policial de alta estridencia mediática que en estos 100 días han ejecutado 1.230 redadas en “barrios críticos”, donde el más intervenido ha sido el famoso Barrio Bellavista de Santiago y la sugerente manzana 666 de Viña del Mar, los resultados ha sido 6.122 detenidos de los cuales 4.054, el 66,2%, lo fueron por infracciones a la ley de drogas y sólo 184, el 3%, por porte de armas.

Es al menos sorprendente que ante la sostenida y consistente disminución de la victimización, que es el mejor indicador de la situación de la delincuencia que afecta al país,  el jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaria del Interior, Jorge Nazer, diga que: “hasta ahora no existe un indicador exacto que nos pueda explicar cuál es la razón del descenso. Esto quiere decir que sabemos que hay un indicador bueno, pero no tenemos una herramienta que nos señale qué acción o política deberíamos focalizar para generalizar el resultado”.

En los seis años que van entre el 2003 y el 2009 la delincuencia que afecta a los hogares ha caído en casi un 22% y  la que perjudicó a las personas en más de un 25%, dado que durante todo ese tiempo esa disminución ha sido sostenida y consistente resulta sorprendente que ni las autoridades ni los expertos puedan dar una explicación sobre cuales fueron las acciones que han llevado a tan buenos resultados, que obviamente, por no sabidas no son un éxito y por lo mismo no replicables. La política, las estrategias y las acciones de prevención y control del delito aparecen entonces como los resultados de “dar palos de ciego” lo cual es, además de peligroso, inaceptable para una tan cacareada “política de Estado” contra la delincuencia – sin ideologías ni color político partidista-, siendo este un asunto público que está entre las primeras preocupaciones de la opinión pública, solo por debajo de la preocupación por la pobreza que es la primera.

La relación entre uso de drogas y conductas delictivas parte de la afirmación equívoca según la cual el 70% de quienes delinquen lo hacen bajo el efecto de las drogas o que el 70% de quienes usan drogas delinquen, poblaciones sobre las cuales no se ha hecho ningún estudio conocido, ya que el realizado por Paz Ciudadana sólo se refiere a los detenidos en flagrancia. Por la validación de ese equívoco, se ha aplicado experimentalmente la experiencia estadounidense de los tribunales de drogas y ahora se propone generalizarlo, esta práctica permite suspender el procedimiento penal, cuando se trata de un delito menor, si el hechor acepta someterse a un tratamiento de drogas. Esto de suyo es positivo pero en ningún caso disminuirá la delincuencia.

El principal objetivo de los tribunales de drogas es disminuir la reincidencia entre aquellos que han delinquido y hacen uso de esas sustancias. Según Paz Ciudadana, los resultados obtenidos por su aplicación en Chile, indican que el 24% de quienes egresaron de esos tribunales volvieron a cometer algún delito, no obstante los estudios sistemáticos sobre reincidencia  realizados por UNICRIM de la Gendarmería señalan que sólo el 8,3% de quienes cumplieron sus penas en el medio libre reincidieron, grupo comparable por tratarse de delitos menores. Por lo tanto esos resultados son de dudoso éxito.

En el asunto de las drogas según los estudios del CONACE el indicador más importante señala que 75% de quienes ha hecho uso de ellas abandonan su consumo, a diferencia de sólo el 13% alcohol y 45% en tabaco. Resulta curioso que no existan estudios sistemáticos de por qué la gente abandona el consumo de las drogas, ese es un saber de la mayor importancia ¿o es que no se quiere saber?

Triplicar la capacidad de atención a las personas con problemas de drogas no va aumentar la demanda por esos servicios si estos siguen condicionados a la abstinencia de su uso, de igual manera que lo prioritario ante quienes usan drogas y delinquen es ofrecerles oportunidades para que no tengan que delinquir y no obligarlos a la abstinencia, como lo ha mostrado la exitosa experiencia europea.

El señor ministro del Interior en entrevista publicada hace un tiempo en un periódico de provincia afirmaba que: “Hace 10 años Chile tenía 100 mil consumidores de droga; hoy existen cerca de 600 mil y solamente tenemos 12 mil cupos para rehabilitar personas”,  el Ministro afirma entonces que los consumidores de drogas se han multiplicado por seis en diez años, lo cual sería un hecho muy grave.  No obstante, según los Estudios Nacional de Drogas que se realizan el CONACE cada dos años desde 1994, cuyos datos sobre el consumo anual señalan que en el año 2000 unas 614.612 personas usaron marihuana, pasta o clorhidrato de cocaína – donde más del 72% de los consumos lo fueron de marihuana-, y que de ellas solo unas 174.658 eran dependendientes de aquellas sustancias, según  el último estudio del CONACE  en el año 2008 el número de personas que las consumió en el último año se elevó a 796.963– donde más del 76% de los consumos lo han sido de marihuana-  de las cuales 229.776 serían dependientes de aquellas, por lo tanto según las cifras oficiales el crecimiento de la población que hace consumos problemáticos de drogas sólo habría sido de un 29,7%  en ocho años, y esta población sólo sería el  2,6% de la población nacional entre 12 y 64 años. Creo que es de prudencia política que el señor Ministro revise las cifras  del  CONACE, que es una institución que depende de su Ministerio, antes de hacer declaraciones tan alarmantes.

Recientemente el Ministro del Interior  Rodrigo Hinzpeter se ha ido de “vitrineo” a Nueva York  en busca de los mejores métodos antidelincuencia, lo ha hecho acompañado por Jorge Nazer, jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaria del Interior, el mismo que dice no saber porque la delincuencia ha disminuido en un 25% en los últimos seis años. Aquí Chile el 11,6% de las personas ha sido víctima de algún delito, según la ONU entre los países desarrollados esta llega al 15,7%, por eso nuestra seguridad ciudadana es una de las mejores del mundo.  Antes de ir a vitrinear por otros países a conocer las buenas prácticas para prevenir y controlar la delincuencia sería bueno saber que fue lo que aquí se hizo bien para disminuir la delincuencia y como continuar haciéndolo. ¿O tampoco esto se quiere saber?

Finalmente, la interesante propuesta de justicia vecinal hecha por el Presidente de la República no ha merecido ningún cometario ni de los políticos ni de los expertos, tampoco se ha informado como se va implementar su aplicación en los barrios. Entretanto el senador Espina ha propuesto que las policías recuperen la iniciativa en la persecución del delito, que la reforma procesal penal ha dejado a los fiscales, lo que es una forma encubierta de reinstalar la detención por sospecha.

Veamos los resultados obtenidos por su aplicación en Chile, según un  informe de Paz Ciudadana recientemente hecho público, sólo el 24% de los 190 imputados egresados de ese programa ha sido formalizado por un nuevo delito entre el año 2004 y el presente, esto se muestra como un éxito ya que la tasa general de reincidencia del 47,3% establecida por la UNICRIM de la Gendarmería para los años 1990-1999 ha sido aceptada como referencia para plantear este problema de seguridad ciudadana.

No obstante los nuevos estudios sistemáticos sobre reincidencia  realizados por UNICRIM  señalan que solamente el 8.3% de quienes cumplieron sus penas en el medio libre reingresaron al sistema penal entre los años 2003 y 2007. La situación de reingreso de quienes cumplieron sanción en el medio libre es el grupo de referencia comparable, ya que solamente son sujetos del programa de los Tribunales de Tratamiento de Drogas aquellos imputados a quienes se les puede ofrecer la suspensión condicional del procedimiento con penas probables de hasta 3 años y ausencia de condenas previas, es decir sólo sancionables con condenas no privativas de libertad.

Por lo tanto, la reincidencia de los egresados de este programa antidrogas es el triple que aquella que ocurre entre quienes no lo han seguido, independientemente del hecho de usarlas o no, o del tipo de relación con esas sustancias. Entonces, el éxito del programa en referencia sería notablemente discutible.

El fracaso de estos programas de drogas para infractores de ley se debe a la condicionalidad de los mismos a la abstinencia, es por eso que los países de Unión Europea, Australia, Canadá y Nueva Zelanda han optado por programas de reducción de daño que ayudan a los usuarios a controlar sus consumos, reducir sus daños y eventualmente a hacer abandono de los mismos.

Los sujetos, colectivos e individuales de una comunidad, se arman para defenderse cuando la violencia de hecho se ha instalado allí, esta es la violencia privada. La aparición y proliferación de las armas, también el supuesto o creencia que tal hecho está aconteciendo, en los colegios, las casas, los negocios, los lugares de trabajo, los estadios, las calles, etc. indica que allí la violencia se ha instalado como modalidad preferencial para la resolución de conflictos. Más aún, indica que las modalidades participativas, tolerantes, solidarias y democráticas de resolución de conflictos han sido superadas, suspendidas o suprimidas, como en el caso de los golpes de Estado.

La propuesta parlamentaria de sancionar el matonismo (matonaje no es español) – bullying-, por el diputado Marcelo Diaz (PS), la consulta municipal de instalar detectores de metales en los establecimientos educativos “conflictivos”, por la alcaldesa Carolina Plaza de Huechuraba (UDI), así como la fuga y recaptura del niño delincuente señalado como “Cisarro” han puesto en la pauta informativa el tema de la violencia, en particular la violencia escolar y juvenil.

El matonismo y el uso de armas en los establecimientos educativos son manifestaciones de la violencia escolar, como expresión particularizada de la violencia juvenil. La penalización del matonismo y la instalación de detectores de metales en los colegios puede disuadir la violencia en aquellas instalaciones, pero no previenen las causas que provocan esas conductas indeseadas o inaceptables.

La mayor legitimidad del uso de la violencia depende del menor prestigio de las formas no violentas de resolución de conflictos:

- La aplicación de la violencia legal en los colegios y otros espacios juveniles –estadios, carretes, calles, etc.- puede disuadir al empleo de la violencia ilegal por los jóvenes para expresarse –violencia simbólica- o  validar sus derechos o imponer sus intereses –violencia de hecho-,  pero en ningún caso puede prevenir el uso de la violencia.

La capacidad disuasiva de la violencia legítima para disuadir o controlar el empleo de la violencia ilegítima depende tanto de la disposición de medios para ejercer aquella plenamente, como de la voluntad resuelta de usarla – “la mano dura”-.

- El uso de la violencia legítima, o la amenaza de su empleo, no previene la violencia ilegítima porque no resuelve las causas que la motivan, es decir, la incapacidad de resolver los conflictos mediante las negociaciones, los acuerdos y los pactos, sólo la instauración e institucionalización de esos procedimientos para resolver conflictos previenen el uso de la violencia para hacerlo.

La reducción de la violencia escolar al “bullying” es una forma ineficiente de escamotear el problema ya que pretende explicar el fenómeno colectivo de la violencia mediante la conducta inaceptable de un solo individuo, aparentemente su denominación en inglés pretende darle una mayor legitimidad “científica”.

En la institución educativa las violencias son múltiples, de los docentes en contra de los escolares,  lindando siempre entre los legítimo y lo ilegítimo; de los escolares contra los docentes, siempre ilegítima; de los escolares entre ellos, también ilegítima; de los tenedores y administradores, de los padres, etc.

Que la participación deliberativa, resolutiva y vinculante de los diversos sujetos que componen la institución educativa en los asuntos que le conciernen  tiene un rol determinante en cuanto al mayor o menor empleo de la violencia en la resolución de sus conflictos ha tenido su manifestación empírica en los siguientes hechos: según el Ministerio del Interior entre los años 2005 y 2007 la violencia escolar disminuyó en un 42%. El único evento masivo y puntual que afectó a la institución educativa en ese período fue la “marcha de los pingüinos”, que para ellos los estudiantes fue un hecho muy participativo, deliberativo y resolutivo. Eso sí, no tuvo un carácter vinculante ni para las autoridades educativas ni para el Parlamento.

La experiencia internacional nos enseña que los intentos de controlar las conductas juveniles inapropiadas, inaceptables o delictivas que hacen uso de la violencia mediante legítimas formas de violencia simbólica y medidas penales violentas conduce a una escalada que concluye en la “marización” – de maras no de María- de los jóvenes en situaciones de conflicto, como formas de organización y autodefensa frente a las agresiones simbólicas y de hecho de la sociedad mayor constituida por el Estado, los adultos, la familia, la prensa, las instituciones educativas, las policías, el sistema penal, el sistema penitenciario, etc.

La “marización” de los jóvenes en problemas –“en situación de riesgo”- es el costo previsible del mal manejo de este asunto mediante el uso de la violencia legítima.

La fuga del niño Cristóbal, alias “Cisarro”, de un centro de Sename y su recaptura, le permitió al doctor Rodrigo Paz, su ex médico tratante por un “síndrome de desregulación emocional severa”, solicitar la reapertura de la unidad de corta estadía psiquiátrica del Hospital Calvo Mackenna donde aquel estaba internado, de allí dopados por los efectos de la clozapina nadie se había fugado.

Psiquiatrizar los problemas de seguridad ciudadana es otra manera de escamotear este asunto público, lo cual no excluye que algunos de sus actores tengan problemas de salud mental y necesiten la atención pertinente.

Veamos entonces los hechos tecnológicos más importantes constatables a partir del terremoto y tsunami que afectó a la cuenca del Océano Indico el 26 de diciembre del 2004, que no es tan sólo el tsumani de mayor impacto del presente siglo, también del siglo XX por el número de víctimas fatales que causó:  250 mil muertos. En aquel evento los hechos  fueron los siguientes: i) El Sistema Internacional de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico, con sede en Hawai, comunicó 15 minutos después del terremoto en Indonesia a las autoridades de los estados ribereños del Indico de la posibilidad de un tsunami de grandes proporciones en sus costas, esa comunicación no fue una notificación oficial ya que esos estados no son miembros del sistema de aviso del Pacífico, en los hechos se les envió un fax un día domingo, entonces, las autoridades locales no tuvieron la posibilidad de transformar esa información en alerta a las autoridades locales y alarma a la población en riesgo, es claro que el Centro de Alerta del Pacífico debió comunicar esa información a las agencias internacionales de noticias y a los canales internacionales de televisión que tienen la capacidad de comunicar en directo los hecho. ii) Un niña inglesa llamada Tilly de vacaciones en la playa de Maicao en Tailandia al ver que el mar retrocedía le informó a su madre que en las clases de geografía en Londres le habían explicado que tal fenómeno era un predictor de tsunami, ella dio aviso al personal del hotel y este a la comunidad y todos se salvaron. En Veerapattinam, India, los pescadores avisaron por medio de un sistema de megáfonos la venida del tsunami y salvaron a sus siete mil habitantes. iii) Se constató que en las islas Nicobar y Andaman mientras menor era el grado de “civilización” de las comunidades locales mayor fue su capacidad de interpretar las señales de peligro en su entorno y ponerse a salvo, pese a confrontar las olas más altas de toda la cuenca del Indico. iv) Finalmente, no se han encontrado animales muertos en las zonas afectadas por el Tsunami.

Estas situaciones constatan dos hechos políticos de la mayor importancia, uno, que la globalización que es en primer lugar globalización de la información tiene un carácter notablemente limitado en términos de gestionar los riesgos globales y proteger a la población civil, así como, dos, que en términos de gestión del riesgo y protección civil la transculturación que padecen las poblaciones amenazadas por catástrofes naturales, por un lado les hace perder sus maneras de conocer las señales de su entorno, es decir su ciencia, entre otras las señales de peligro para prever y organizar sus protección, a la vez no les permite apropiarse plenamente de los instrumentos para el conocimiento del entorno y sus riesgos que hace posible nuestra ciencia.

No obstante lo anterior, la sensibilidad internacional sobre la protección civil ante los fenómenos naturales muestra todo su bajo perfil y poca capacidad de respuesta, tal vez anonadada por aquel desastre, cuando el 21 de enero del 2005 termina en Kobe (Japón) la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de Catástrofes, donde se reunieron los representantes de 150 estados, sin una declaración específica sobre sistemas de alarma internacional para prevenir sucesos como los del 26 de diciembre del 2004 en el Indico.

Por su parte, en marzo de 2005 un bufete de abogados interpuso una demanda en los Tribunales de Nueva York, del mayor interés por los diversos temas de gestión de riesgos que plantea, a nombre de 60 víctimas y familiares de nacionalidad alemana y austriaca muertos en el tsunami del Indico: en contra del Servicio Metereológico de los Estados Unidos, por no haber informado a los países afectados; contra la Cadena Hotelera Accord por construir un hotel en una falla sísmica, y; contra el Reino de Tailandia por no alertar a la población.

Una mayor reflexión sobre esta manera de gestionar la protección civil ante los tsunamis tiene como punto de partida que la tecnología con que contamos se diferencia de cualquiera otra anterior por reposar en la ciencia, en el uso de método científico para interpretar e intervenir el entorno natural y a la comunidad humana, sobre todo hemos desarrollado la capacidad de predecir los resultados de nuestras intervenciones. Sin embargo, en 1954 el filósofo alemán Martin Heidegger establecía que “el peligro” de la época actual era la reducción de la realidad, de la naturaleza misma, a un mero “fondo” al cual se puede recurrir de manera inconmensurable. En el año 1967 el historiador estadounidense Lynn White denunciaba como la causa de la agresión hacia el medio ambiente a la desacralización de la naturaleza que había causado el cristianismo, a la “desalteridad” de la sociedad hacia la naturaleza, a su desconocimiento de ésta como otro de igual valor a ella, lo cual era parte esencial de las culturas precristianas y lo es de las comunidades primitivas contemporáneas.

Ante aquellos hechos nosotros, entre tanto aquí en Chile, afirmamos que aquel desastre no podía suceder en nuestro país, los medios y la opinión centraron su preocupación en una joven chilena recientemente casada  y desaparecida en las playas de Tailandia en ese tsunami. Somos parte del Sistema de Alertas del Pacífico y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) es su eficiente corresponsal  que se encargará de dar aviso oportuno a las autoridades correspondientes y estas de alertar a la población en eventual riesgo.

No obstante, el 16 enero de 2005 la población de Concepción, Talcahuano, Penco, San Pedro de la Paz, Hualpen y Coronel entra en pánico, se provoca una gran estampida en sus calles, entre 12.000 a 15.000 personas huye a las partes altas. Se informó de un terremoto en la Micronesia de 6.6 grados Richter y los pescadores de San Pedro de la Paz informaron haber visto al mar recogerse más de lo normal. No hubo ni alerta ni alarma de tsunami por parte de las autoridades de emergencias, la autoridad marítima, Carabineros y bomberos trataron de persuadir a la población de que no había ninguna amenaza o peligro, pero la gente no confió en ellas. El resultado: dos mujeres muertas, muchos contusos y una gran interrogante sobre la confianza de la población en sus autoridades. En marzo de 2006 el fiscal de Talcahuano, Raúl Bustos, determinó que la falsa alarma de tsunami producida el 16 de enero se originó en los recintos navales de la Isla Quiriquina, donde se habría mal interpretado una información de alerta sobre un sismo 6.6 en escala de Richter registrado en la Isla de Yap, localizada entre Filipinas y Australia. Por lo que el fiscal se declaró incompetente para continuar la investigación, desconocemos los resultados de aquella investigación por la Justicia Militar.

El 17 de julio de 2006  en Indonesia un terremoto 7,7 grados Richter provoca un tsunami que afecta las costas de la isla de Java con 400 muertos, 200 desaparecidos y más de 700 heridos, el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a las autoridades, no obstante, el Ministro Indonesio de Ciencia y Tecnología si bien reconoció haber recibido la información afirmó: “Pero no lo dimos a conocer. Si el tsunami no hubiera ocurrido, ¿qué habría pasado?”.

Aquí y hora, con el terremoto del pasado 27 de febrero las certezas sobre nuestras habilidades sociales y competencias públicas para gestionar los riesgos ante los tsunamis para la protección civil han quedado gravemente cuestionados. No ha sido la carencia o deficiencia de la información pertinente para alertar sobre la eventualidad de un tsunami lo que ha quebrantado la protección civil, ha sido la inadecuada pericia en la gestión de la información disponible lo que no tan solo impidió la alerta sino que dio instrucciones erróneas. Bien sabemos que los hechos sísmicos no son predecibles pero si sus impactos, entre ellos precisamente el comportamiento de las masas de agua sometidos a su acción, es por eso que existen los sistemas de alerta de tsunamis como el del Pacífico.

Cierto es que el país ha desarrollado una tecnología de construcción con una notable capacidad de mitigar las consecuencias para la población de los sismos de magnitud superior 7.0 grados Richter, simplemente compárese la situación con Haití que ha padecido 230 mil muertos en un terremoto grado 7,2 Richter el pasado enero, aunque aquí hoy aún no sabemos si nuestros muertos fueron 800 o 300 personas. Nuestra falla se hace evidente tanto en la previsión como en la alarma y la evacuación de la población en situación de riesgo a los maremotos.

Los hechos del sábado 27 de febrero cronológicamente son los siguientes: un sismo 8.8 grados Richter se produce a las 3:45 , con epicentro en Cobquecura, a las 3:55 el SHOA le comunica vía radio a Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) la alerta de tsunami, a las 3:56  el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico le comunica al SHOA el riesgo eminente de tsunami, a las 4:07 el SHOA le reitera esa información vía fax a la ONEMI, a las 4:44 el Centro reporta la generación del tsunami, todo parece indicar, sobre esto no hay una información oficial, que el tsunami se produjo en tres olas con diversas variaciones locales a las 5:00, 5:30 y 6:05, a las 5:20 la Presidenta de la República es informada que no hay tsunami…… Hubo tiempo suficiente tanto para dar la alarma por la red de comuniciones de la ONEMI, como para que la Armada vía DIRECTEMAR lo hiciese a las capitanías de puerto, que son las autoridades en el borde costero, y estas diesen la alarma a la población en riesgo, como también para que ellas se pusiesen a buen recaudo entre 15 a 30 metros sobre el nivel del mar.

Tanto el tsunami del Indico en 2004 como este que ha padecido nuestra costa entre Llolleo y Lebu nos señalan que si bien se disponía de la información científica para predecir el hecho, de los medios técnicos para alertar a las autoridades competentes y dar la alarma a la poblaciones en riesgos, estas quedaron completamente desprotegidas tanto por el mal diseño de los procedimientos de alerta, alarma y evacuación, por la impericia de las autoridades competentes en ejecutarlos, la falta de preparación de las autoridades locales para tomar decisiones adecuadas y la falta de conocimiento de la población en general para autocuidarse – luego de un terremoto en el borde costero se posible la ocurrencia de un tsunami y hay que protegerse arriba de 15 o 30 metros sobre el nivel del mar. Además, hubo un situación agravante, que las autoridades hayan avisado por los medios de comunicación que no habría tsunami, lo cual confundió, llevó al retorno y la muerte a muchos de quienes habían buscado resguardo en las partes altas del borde costero afectado por el sismo.

Finalmente, en lo estructural la mayor situación de riesgo que hemos generado es que nos hemos instalado en los bordes costeros del país con la finalidad de disfrutar de la vista al mar, valorizar nuestra inversión en segunda vivienda y rentabilizar nuestras inversiones inmobiliarias, comerciales, turísticas, etc. Como instalados en esas quebradas que sólo tienen riadas cada siete  o 21 años, pero que cuando las tienen las tienen y se llevan todo. Es simple, si vivimos en la cornisa de la placa sudamericana en el borde de subducción de la placa de nazca, para nuestra protección civil debemos de vivir e invertir arriba de los 30 metros sobre el nivel del mar y no abajo. De la misma manera que sabemos que no podemos vivir ni invertir al interior de las quebradas cordilleranas debemos dar por sabido que no podemos ni vivir ni invertir en los bordes costeros.

El sismo no tan sólo mostró nuestras deficientes condiciones de protección civil ante los tsunamis, además puso en entredicho las de seguridad ciudadana  en  términos de orden público. En los terremotos de 1960, 1965, 1971 y 1985 los hechos de saqueo, pillaje o vandalismo carecieron de significación, eso si siempre estaba en la memoria colectiva los fusilamientos de saqueadores ordenados por el Almirante Gómez Carreño luego del terremoto de Valparaíso en 1906.

Es obvio que el punto de arranque de los saqueos fue la falta de bienes de primera necesidad ante el colapso de los supermercados, la no existencia de pequeños comercios minoristas locales, a causa de la competencia de los anteriores, la baja capacidad de ahorro de la población expresa el bajo nivel de abastecimiento cotidiano de los hogares populares, en fin, el temor al desabastecimiento y la incertidumbre ante el futuro inmediato, generó esa manera de resolver la escasez en el contexto nuestra pésima distribución del ingreso, por otra parte, más allá del supuesto temor a caer en el “estado famélico”, para los que no pueden comprar lavadora, ni neveras ni televisores de plasma, estos se convierten en bienes de primera necesidad “cuando están ahí”, pero que dignas matronas de clase media alta participasen de saqueos y pillajes, así como señores en poderosos vehículos van y 4 x 4, indican otra cosa, como lo afirma una automovilista al decir: “no es delito robar gasolina si las bombas no la venden”, si los padres pillaban con sus hijos delante de las cámaras de televisión y ante las mismas las señoras lloraban “estado famélico” a la 24 horas del sismo, está claro que esas conductas no tienen reprobación social para todos ellos. Esta carencia cultural grave no se resuelve con represión penal, “el peso de la ley”, por que el sistema penal, en tiempos normales, sólo puede sancionar a menos del 5% de los hechos delictivos denunciados. Necesitamos de una profunda recuperación cultural, la cultura no es solamente arte y ciencias, es sobre todo el conjunto normativo que rigen nuestras vidas, necesitamos recuperar  la conciencia y tener la certeza de que no transgredir los derechos de los otros es mejor para todos y cada uno de nosotros. Como dicen los italianos: “la seguridad es de todos o no será de nadie”.

Este remesón que nos ha dado la naturaleza tiene que ser suficiente para cambiar nuestro proyecto de sociedad, nuestra actitud con los otros que son el prójimo y nuestra conducta con ese otro que es la naturaleza. Mi recuerdo juvenil del terremoto de 1960 es de solidaridad militante día y noche acopiando, empacando y despachando ayuda “para el sur” como estudiantes secundarios, entre los compañeros de la jota (Juventudes Comunistas), Juventud Socialista, Juventud Radical y Juventud Democratacristiana –cuando estar en la política no era cosa fea para los jóvenes- , también de algunos jóvenes sin partidos, que en ningún caso eran los menos, los cual instaló entre nosotros que ese cataclismo y nuestra respuesta de solidaridad organizada iniciaba una nueva era para Chile, así fue y aquello fue destruido sangrientamente el 11 de septiembre de 1973.

No es solamente el país lo que debemos de reconstruir, lo urgente a reconstruir son tanto nuestro proyecto de nación como nuestra relación con la naturaleza de una manera distinta a aquella que nos ha conducido a esta catástrofe.  La pregunta final debe formulase así: ¿de quien es la responsabilidad de la gestión del riesgo para garantizar la protección civil de la población?  Mi respuesta es que sólo la sociedad civil organizada lo puede hacer, porque ella es el mayor recurso con que nuestra nación cuenta.

*Ibán de Rementería es miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia, y de la Red Chilena de Reducción del Daño.

Una dirección es mantenerse en la línea de la protección social mitigando la pobreza causada por la mala distribución del ingreso mediante el creciente gasto público social – Chile Solidario, Programa Puente y otros -, con un crecimiento económico mediocre y un desempleo significativo, política instaurada por la Concertación y exitosamente culminada por la Presidenta Bachelet.

La otra dirección es utilizar progresivamente el excedente como inversión privada para lograr un crecimiento económico significativo y disminuir el desempleo, a costas de una mayor precarización laboral y cada vez menor participación del trabajo en el ingreso nacional. Las propuestas centrales del nuevo gobierno son crecer al 6,0% anual, crear un millón de puestos de trabajo durante el cuatrienio y derrotar a la delincuencia. La prioridad económica otorgada a la promoción y desarrollo de las pymes indica claramente que el empleo precario y autoempleo son la solución propuesta.

Las características personales y colectivas del Gabinete designado por Piñeira indicarían una tendencia en la segunda dirección antes esbozada, lo cual requerirá de un respaldo político mayor al que tiene en la actualidad la Alianza y sus pocos aliados. El respaldo popular de la derecha no es mucho, en un país con un potencial electoral 11,8 millones de votantes Piñera sólo obtuvo 3,6 millones, 144.000 votos menos que Bachelet en 2006.

En el Parlamento la Alianza está en una minoría de dos votos en el Senado y con una mayoría de un voto en la Cámara de Diputados. Cualquier reforma económica y política importante requiere de la creación de una nueva mayoría parlamentaria. Por eso, el nuevo Gobierno clama por una política de los acuerdos y actúa cooptando para el Gabinete y el campo internacional a dos prominentes líderes de la Concertación como los son Jaime Ravinet y José Miguel Insulza, uno DC y el otro PS, así se da la imagen de buscar un “gobierno de unidad nacional”, los cuales sólo son convocados para afrontar grandes crisis.

No obstante, el ímpetu gerencial del Presidente electo no busca los acuerdos políticos sino que los fichajes personales emergentes. Tal procedimiento en el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales puede ser exitoso dada la “discolopatía” generalizada que viene padeciendo el conjunto de los partidos de la Concertación – caso Flores y Schaulson en el PPD, casos Zaldivar y otros en la DC, casos Navarro, Enriquez-Ominami y Arrate en el PS, bien podemos decir que el “desgranamiento del choclo” en la Concertación comenzó mucho antes de su derrota-, el camino de la “cohabitación” para lograr la gobernabilidad no será con cama grande sino que chiquita, pero con un par de votos más en la Cámara de Diputados y en el Senado se puede gobernar tranquilos.

Además, todos los asuntos públicos se volverán lo suficientemente complejos sino graves para que dejen de ser asuntos del Gobierno y pasen a ser asuntos de Estado, como la delincuencia, para lo cual se necesitan 10.000 carabineros más y “ponerle candado a la puerta giratoria”, así se impondrá una necesaria “gobernanza”.

El historial económico y político de la derecha como heredera de las oligarquías tradicionales desplazadas del poder por la propuesta mesocrática de Arturo Alessandri en 1925 no es muy bueno, desde ahí solo ha tenido el poder con Jorge Alessandri (1958-1964) y la dictadura de Pinochet (1973-1990). En el primer caso el Gabinete técnico encabezado por el triministro (Hacienda, Economía y Minería) Roberto Vergara, muy rememorado en estos días, fracasó estrepitosamente en su política de “liberalización económica” con la corrida del dólar en septiembre de 1962 que fue de un 50% de un día para el otro.

La dictadura de Pinochet sostuvo su política económica privatizadora y de apertura al mercado internacional, con costos sociales que elevaron el desempleo del 4,0% al 25%, la pobreza del 22% al 44% y la extrema pobreza del 9,0% al 18%, el control político se logró gracias a la desregulación de la violencia del Estado, cuyos efectos colaterales fueron los graves atentados contra los derechos humanos, no obstante el modelo económico fracasó estruendosamente en 1982 con la quiebra generalizada del sector financiero y que se expresó con una caída del PIB del 20% entre 1982-1983 –cosa que probablemente no le ha sucedido a ningún país desde que existen las estadísticas económicas-, el salvataje por el Estado del sector financiero costó la tercera parte del PIB.

Además, el contexto internacional en que se instalará la “nueva gerencia” de Chile, señala que la reciente crisis económica global sólo ha sido superada en su aspecto financiero, en estos días la confianza de los inversionistas está gravemente mermada en el sur de Europa, pero el hecho más indicativo en lo internacional es el desempleo que se mantiene un 20% mayor que antes de la crisis. Solo podemos confiar en la demanda por cobre de las locomotoras del mercado internacional que son China e India, pero ¿ellas en quien confían?

La fuerza de la sociedad civil organizada sobre todo de los sindicatos es crucial para negociar una aplicación del modelo gerencial al país que evite un “daño colateral” para la sociedad toda que sea mayor al beneficio económico que se apropiaran los mandantes del Gabinete técnico y “apolítico”, sobre todo para impedir una nueva desregulación de la violencia pública bajo pretexto de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. El conflicto mapuche, el conflicto con los trabajadores subcontratados, el conflicto con los estudiantes han sido toda una escuela de preparación para un “conflicto mayor”.

Otra gran incógnita es la capacidad real del aparato sindical para defender los derechos e intereses de los trabajadores y de la sociedad civil para defender y representar los suyos, sobre todo en los campos de la calidad de la educación, la salud y la previsión social -protección social. La Concertación no ha precisamente empoderado a las organizaciones sociales para representar y defender sus derechos e intereses, más bien ha desarrollado una práctica de cooptación y dependencia institucional y financiera de sus dirigentes que bien puede ser empleada por el nuevo gobierno.

El empodermiento de las organizaciones sociales sólo se ha limitado a capacitar a sus dirigentes pero no a darles competencias a las organizaciones para representar y defender a los suyos. La participación social es sólo informativa o consultiva pero en ningún caso deliberativa, resolutiva para los actores sociales y vinculante para las autoridades. Los dirigentes sociales así adiestrados –preformados- bien se pueden plantear que si Ravinet e Insulza se comportan como estadistas en pro de una política de acuerdos, por una política de Estado ¿por qué uno no? Los partidos políticos de la Concertación, también los de la Alianza según los acontecimientos recientes, no parecen estar capacitados para confrontar y negociar exitosamente con los equipos tecnocráticos del nuevo gobierno y del aparato público en general.

En el campo político el nombramiento en el gabinete ministerial de Joaquín Lavín para Educación, copropietario de la Universidad del Desarrollo e importante miembro del Opus Dei, la de Camila Merino en trabajo, cuya mayor experiencia es la gerencia laboral en el sector privado, y a María Ignacia Benítez en medio ambiente, conocida como asesora ambiental de empresas contaminantes, son un desafío muy fuerte -una provocación se dirá- a las organizaciones sociales que luchan por una educación pública universal y de calidad que le asegure a todos los jóvenes igualdad de oportunidades en la actual “sociedad del conocimiento”, por una regulación laboral que garantice una distribución más equitativa del ingreso y desarrolle un mercado interno real, así como por una protección efectiva y derecho de usufructuo social de los recursos naturales nacionales, incluida allí el agua.