El organismo fiscalizador además descubrió que con fondos fiscales del mismo,  entre los años 2009 y 2010, el EMC “ha financiado estudios y carreras profesionales a personal contratado a honorarios de las fuerzas armadas, resultando esos pagos improcedentes”.

La entidad revisora determinó iniciar un juicio de cuentas sobre estos dineros lo que implicará que las personas que recibió este beneficio deberán devolverlos a las arcas fiscales. La suma se estima varios millones de pesos.

Hay que recordar que las denuncias que derivan en estos sumarios fueron presentadas por el renunciado titular de la cartera DC Jaime Ravinet. Este último, dejó su cargo e enero pasado tras la polémica de la compra mecano.

Si bien es cierto que el periodo investigado de la contraloría va desde 2007 y 2008, en el caso de los pasajes, también apunta a la renovación de los contratos que se hizo con la empresa Travel Segurity.

Según la Contraloría, el EMC contravino la Ley de Compras y no se utilizaron “motivos fundados parta la le elección de la empresa mencionada, estableciéndose “una cláusula de renovación de hasta por tres periodos iguales y sucesivos. Este hecho, según revela el documento, vulnera “el principio de igualdad de los oferentes”.

El organismo fiscalizador comprobó que entre los Años 2008 y 2009 la empresa Travel Segurity cobró “por cargos netos de agencia….valores superiores a los convenios marco, lo que confirma que la institución no revisó las tarifas ofrecidas”. Por esta razón, señala el informe, no se utilizaron con eficiencias los recursos del Estado.

En su oportunidad, la indagatoria apuntó al período del general Cristián Le Dantec, quien renunció en enero pasado, pero del informe se colige que no tendría responsabilidad en los hechos, ya que habría heredado los contratos.

Lo anterior quedó establecido en los dos últimos informes emitidos por la Contraloría. El primero de ellos en la deuda con laboratorios para los programas gubernamentales “Mujer”, “Salud Mental”, “Parkinson” y otro referido a las empresas Andrómaco y Silesia por remedios contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Los ejemplos que se evidencian en el documento emitido por el organismo fiscalizador  son elocuentes (ver anexos).

Triterapia atrasada

Para los remedios retrovirales que combaten el SIDA, hay irregularidades de todo tipo. A mayo de 2010 se les debían a los proveedores $ 6.636 millones. La deuda más antigua corresponde a noviembre de 2009. Y la plata por cobrar a los servicios de Salud -los principales clientes del Cenabast- es nada menos que $ 5.399 millones.

Y la Contraloría, en un cálculo preliminar que sincera la situación financiera, asegura que si el Cenabast cobrara lo anterior y cancelara a los laboratorios, aún así quedaría con un déficit de $ 1.237 millones. En su respuesta el Cenabast indicó que la deuda real asciende a 8.500 millones. Al respecto, la semana pasada la Asociación de Laboratorios fijó la deuda en más de $ 12 mil millones.

No es lo único. El servicio tiene problemas de coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (Conasida) para distribuir y pagar, toda vez que a las empresas no se le aplican las sanciones por los atrasos en la entrega de los medicamentos; también se cancelaron dineros antes que las resoluciones fueran tramitadas (toma de razón) por la Contraloría. Al respecto, le entidad revisora ordenó un sumario administrativo.

Suma y sigue. Recalcine presentó una boleta de garantía con un monto inferior al exigido. Hubo entregas fuera de plazo y tampoco se cobraron las multas, por lo que se ordenó otra investigación interna.

Consultado el Cenabast sobre el particular, envió una declaración pública, admitiendo la veracidad de la información revelada por la Contraloría (ver documento anexo).

“La Institución asume la veracidad de la información entregada en dichos documentos e informa a la opinión pública que tratándose del seguimiento a procesos que corresponden al año 2009 y principios del 2010, a la fecha Cenabast ya ha implementado las acciones, mejoras en sus procesos y sumarios administrativos que corrigen las observaciones hechas por la Contraloría”, señala uno de los párrafos.

Al renglón seguido recordó que la institución ordenó “una auditoría externa encargada a Price Waterhouse Coopers, que arrojó sus resultados la primera semana de enero pasado. El principal resultado de esta auditoría, determinó la existencia de alrededor de 20 mil facturas por cobrar a nuestros clientes, sin conciliar, lo que demanda hasta hoy un gran esfuerzo de Cenabast para aclarar responsablemente los montos involucrados en estas facturas”.

El “error” y el “sobreprecio”

Otro hecho grave lo constituye la situación que afectó al Laboratorio Biosano que no contaba con la autorización para importar Abacavir, otro retroviral contra el SIDA y de todas formas participó en el concurso para vender, el que había sido aprobado. La empresa dijo que hubo un “error” y hasta agosto de 2010 no se había hecho efectiva la boleta de garantía, que fue entregada fuera del plazo legal. Por ello se ordenó otro sumario.

Debido a que Biosano no pudo vender el remedio, Cenabast compró a GlaxoSmithkliner por 304 millones  un fármaco similar. Por ello canceló $ 304 millones, lo que implicó un sobre precio de $ 93 millones.

Gripe

Para la Pandemia de gripe H1N1 se compraron al laboratorio Andrómaco 220 mil unidades del remedio “Oseltamivir”, en tres oportunidades distintas durante 2009 y por un total de $2.764 millones. Cenabast demoró seis meses en que la resolución fuera tramitada por Contraloría y tres meses más en pagar, pese a que lo recursos existían en el presupuesto.

Nuevamente hubo demora en la entrega y se ingresaron menos productos, como sucedió con el laboratorio Silesia y la compra de anticonceptivos. Tampoco se cobraron las multas.

En el programa de Salud mental, en tanto, Cenabast adeuda a los laboratorios $ 468 millones. Los servicios de salud deben $ 366 millones. La Contraloría hace nuevamente el cálculo, y asegura que si hace efectivo el cobro a estos últimos y paga a las empresas, aún así quedarían pendientes $ 102 millones.

Por el programa Parkinson, continúa el documento, Cenabast debe entre mayo de 2009 y el mismo mes de 2010 $ 1.168 millones, divididos en 12 laboratorios. Un 64% corresponde solamente a Andrómaco.

Y en el programa Mujer, las cosas tampoco mejoran. Dineros adeudados a proveedores, $ 3.155 millones -el 51% a Silesia- y los servicios de salud deben $ 1.862 millones. Por este ítem la Contraloría ordenó otro sumario.

El prontuario

Los problemas en el Cenabast se arrastran desde las administraciones de la Concertación. En marzo de 2009 se advirtieron problemas con la calidad de los alimentos, diferencias de stock entre lo que salía y lo que había en bodega. En esa oportunidad la Contraloría ordenó dos sumarios.

En el mismo mes, otro informe del organismo detectó el pago de sobreprecios de productos que no fueron entregados en el marco de la compra de 27 ambulancias. Hubo más sumarios y se inició un juicio de cuentas.

Al mes siguiente, también se descubrió un sobrepago de IVA y pérdida de dinero en las notas de crédito.

En agosto de 2009, en tanto  la misma Contraloría reveló que en las bodegas había fecas de ratón, jeringas con hongos en insectos en los remedios. Por esta situación, debió renunciar el entonces director, Mario Jerez.

Por último en junio del año pasado, la entidad revisora descubrió que incluso hasta los muertos recibían oxígeno, detectándose el triple pago a distintas empresas.

Al respecto, en enero de 2011, el Ministerio de Salud propuso modernizar el Cenabast. La idea generó variadas críticas, debido a que los remedios podrían subir más de un 30%.

La determinación del juzgado se basó en que luego de decretado el embargo de bienes y especies, la empresa cambió de domicilio -fijándolo en la radio Nuevo Mundo- donde sólo fueron hallados un par de computadores viejos.

La información fue confirmada a El Mostrador por el abogado Jorge Blas Morales, quien defiende al periodista Cristián Pavez y a la empleada de suscripciones, Eliana Morales a quienes no sólo se le adeudan las indemnizaciones por años trabajados sin contrato, sino también las cotizaciones.

De esta manera, Morales intenta obtener el dinero que les corresponde a sus patrocinados y que la firma, defendida por el abogado y ex miembro de la Comisión Política del PC, Pedro Aravena, cumpla con la ley. Hay que recordar que este último fue recientemente reemplazado por el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez.

El fallo que está ejecutoriado y con “cúmplase” a favor de ambos trabajadores no es el único. Existe otro del Sexto Juzgado Laboral que también resolvió en primera instancia que Julio Oliva  y sus colegas Raúl Blanchet y Jorge Zúñiga, debían ser reincorporados con contrato de trabajo o bien indemnizados. Esta última resolución, en todo caso fue recurrida a la Corte de Apelaciones de Santiago por El Siglo, con el fin de revocarla e impedir así el pago.

Aporía laboral y política

La historia del conflicto laboral entre los periodistas y El Siglo, comenzó en 2006 y se ha prolongado hasta ahora, con huelga de por medio e incluso el intento de desconocer el sindicato formado por los profesionales y dirigido por Oliva.

Hay que recordar que este no es el primer conflicto laboral que enfrenta el PC en una de sus empresas. Uno de ellos lo afectó cuando el premio nacional de historia, Gabriel Salazar, ganó una demanda laboral consiguiendo que se le cancelaran más de $ 30 millones y las cotizaciones por su despido de la Universidad Arcis.

La historia comenzó en septiembre de 2006, cuando asumió la dirección el periodista Francisco Herreros, quien no milita en el PC. El profesional, en marzo de 2007 inició – apoyado por el abogado Pedro Aravena, entonces miembro de la Comisión Política de la tienda- los despidos para conformar un equipo nuevo, en el marco del acercamiento de la colectividad a la Concertación.

Pese a que los empleados del diario llevaban varios años laborando, sólo se les quiso pagar el último mes, ya que emitían boletas de honorarios. De indemnización ni hablar. Para muestra un botón: uno de los exonerados sin el pago legal fue Jorge Texier, antiguo militante, quien trabajó en Radio Moscú. Texier incluso fue miembro de la dirección clandestina de la colectividad que sobrevivió a la eliminación de la DINA en 1976, en un episodio conocido como el caso Conferencia.

Los empleados de El Siglo resolvieron ese mismo marzo recurrir a la Inspección del Trabajo y conformaron un sindicato, al cual Aravena se opuso por considerarlo ilegal. Pero no lo logró.

Lo que sí consiguió fue que la Corte Suprema le anulará todas las multas que le había cursado la Inspección del Trabajo por no tener contratos laborales, entre otras anomalías. Sin embargo, el fallo abrió un flanco: un tribunal laboral debía determinar si los trabajadores del sindicato habían mantenido relación laboral con la empresa.

El fraude procesal

Uno de los periodistas que no aceptó las condiciones de la empresa fue Cristián Pavez, quien recurrió a la justicia junto a la encargada de suscripciones, Eliana Gómez. Y ganó. El 16 de junio de 2009 el Quinto Juzgado Laboral acogió su demanda y El Siglo fue declarado en rebeldía por el tribunal.

En el cuerpo de la resolución puede leerse que efectivamente no sólo se le adeudan la indemnización legal, sino al menos tres años de imposiciones para la jubilación (ver fallo anexo).

El 16 de agosto de 2010 se dictó el “cúmplase” de la sentencia. Ahí comenzaron los problemas.

El abogado patrocinante de Pavez, Jorge Blas Morales, afirmó a este medio que la empresa del PC cometió un “fraude procesal”. Justifica sus dichos porque una vez trabado el embargo a El Siglo, se escondieron los bienes y se vació la cuenta corriente con el fin de evitar la acción de la justicia laboral. De hecho, cuando llegaron a las dependencias de Radio Nuevo Mundo, ubicada en Estados Unidos 246 -donde se fijó el domicilio-, sólo había dos computadores viejos.

“Aquí se han vulnerado los derechos humanos de dos trabajadores de El Siglo”, se apresura a decir.

Blas Morales es un reconocido abogado laboralista. Conoce al dedillo los vericuetos y malas prácticas que usan las empresas para evitar los pagos.

“Por ejemplo, con las Pymes ocurre lo mismo que en este caso. Los demandados se escapan, transfieren o esconden los bienes. ¡Son los peores deudores de los trabajadores! Por eso, aquí pasó algo que no me esperaba. Creí que estábamos actuando de buena fe. Además hablamos de poca plata, son poco más de $ 5 millones que con la dieta de uno de los parlamentarios se podría solucionar”, asegura el profesional.

Desde que se produjeron los despidos, nunca ha habido acercamientos para solucionar el tema, asegura el profesional. “Sin embargo, una vez, una persona que ya no recuerdo su nombre me llamó por teléfono y me indicó que querían negociar por una cifra muy menor a la exigida por mis representados y que renunciáramos al pago de las cotizaciones, cuestión a la que por cierto me negué. Vamos a llegar al final. Porque si esto fuera una Pyme sería muy difícil, pero aquí estamos hablando de otro tipo de cosas”.

Pero el caso de Pavez y Gómez no es el único. También está el de Julio Oliva, presidente del sindicato de El Siglo, y sus colegas Raúl Blanchet y Jorge Zúñiga. Estos últimos ganaron en el Sexto Tribunal Laboral, en diciembre pasado, obteniendo un fallo similar que estableció que siempre existió relación laboral con la empresa y que deberían ser reintegrados o bien pagarles la indemnización. El dictamen también fue recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Este diario contactó al diputado PC Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. El profesional si bien explicó que no tenía todos los antecedentes para opinar del tema, afirmó que en las instancias de la colectividad que correspondan se va a “investigar qué ha sucedido”.

También se intentó obtener unan versión del presidente de la tienda Guillermo Teillier, pero este no contestó su teléfono.

Pasajes desconocidos

En entrevista con El Mostrador, Oliva recordó además algunos pasajes de este ya largo conflicto laboral.

Cuando se iniciaron los despidos y se conformó el sindicato en marzo de 2007, comenzó el acoso laboral y sindical. “Nos daban trabajo, pero no nos publicaban las cosas, nos desarmaban los puestos donde laborábamos entre otras cosas”, recuerda Oliva.

Y otro punto: cuando los trabajadores iniciaron la huelga en octubre de 2007 la empresa tenía su domicilio en la calle Diagonal Paraguay. Pero el diario se estaba diagramando en la sede del Comité Central del Partido, ubicada en Vicuña Mackenna. Cuando la fiscalizadora llegó al lugar no le permitieron el ingreso, argumentando que era una práctica similar a las realizadas por los servicios represivos de la dictadura.

“Hubo también intentos de acercamiento con la dirección del PC. De hecho, el abogado Eduardo Contreras (aparece como socio de Siglo XXI), uno de los querellantes contra Pinochet, intentó mediar con el presidente Guillermo Teillier. No sabemos lo que le dijo Teillier, pero lo tramitó. Mi impresión era que no quiso involucrarse en el tema porque Lautaro Carmona, el secretario general, era el responsable y que debía ser este último el que arreglara el problema”.

Hay que recordar que este no es el primer conflicto laboral que enfrenta el PC a través de sus empresas. Uno de ellos lo afectó cuando el premio nacional de historia, Gabriel Salazar, ganó una demanda laboral consiguiendo que se le cancelaran más de $ 30 millones y las cotizaciones por su despido de la Universidad Arcis.

El organismo fiscalizador estimó que a través de una investigación interna se debe determinar quién o quiénes fueron los responsables de autorizar dicha práctica.

Una vez que se finalice esta indagatoria es altamente probable que la Contraloría ordene a los beneficiarios de estos dineros devolverlos a las arcas del Estado. Estos últimos alcanzan a más de 119 millones y apuntan respecto a 6 cursos de magíster y 7 postítulos.

La SBIF en su oficio de respuesta argumentó que la legislación que opera para todos los organismos del Estado no le era aplicablable, toda vez que la autorización provino del Ministerio de Hacienda.

La entidad revisora, sin embargo, estimó que la interpretación no era válidad y mantuvo la observación a la institución dirigida actualmente por Carlos Budnevich.

En la misma línea, se iniciará otro sumario, esta vez debido a que la SBIF entregaba a sus funcionarios cheque restorán de la empresa Sodexho para colaciones, algo que también está prohibido por ley según la Contraloría.

La respuesta de la SBIF fue similar al caso de los estudios de postítulo y el monto cuestionado asciende a $ 272 millones.

Hay que recordar que la SBIF estuvo recientemente en el ojo de la noticia, por el cambio de criterio con las “ventas atadas” de los bancos asociadas al contrato de créditos. En una primera instancia la entidad indicó que el objetivo era proteger a los consumidores. El diputado Fuhad Chaín, dijo que el superintendente Carlos Budnevich, sostuvo reuniones e intercambio de opiniones con la Asociación de Bancos lo que determinó la modificación del criterio.

Hay que recordar que lo anterior se produjo en 2010, luego que el Ministerio de Defensa, baśandose en la Ley del Cobre favoreció a la empresa estadounidense Acrow que ofrecía el puente por 16 millones sin instalación, por sobre la británica Mabey Bridge (MB), que con igual fórmula cobraba US$ 14 millones.

Sin embargo, la instalación se hizo con cargo al MOP que debió desembolsar US$ 5 millones, en circunstancias que MB dejaba el puente operativo por sólo US$ 17 millones. A raíz de estas anomalías el entonces titular de Defensa, Jaime Ravinet, renunció al cargo en enero pasado, luego de varias salidas de libreto.

El organismo fiscalizador, de acuerdo al documento al que accedió El Mostrador, establece que la investigación interna es insuficiente para tratar de esclarecer los hechos. Al respecto, se señala que se omitieron diligencias para determinar responsabilidades administrativas “y hechos que no han sido adecuadamente ponderados” (ver anexo).

Uno de ellos es que en el expediente no se recibió la declaración de un actor clave en el proceso de compra como fue el seremi (S) de la Octava Región, Carlos Sanhueza Sánchez. Este último, el 20 de mayo de 2010, “estimó necesaria y suficiente, para restablecer la conectividad en la zona afectada, la instalación de un puente Acrow TSR3, sin que conste tampoco en el proceso el fundamento o análisis técnico que se tuvo presente, al efectuar dicha recomendación”.

La entidad revisora cuestionó también uno de los argumentos entregados por la autoridad, quien intentó desmentir que la empresa Mabey hubiera ofrecido la instalación de la estructura en un período de seis meses. Según la Contraloría el único antecedente para acreditar el punto en el proceso administrativo fue la declaración de Juan Pablo Hernández Petersen, “afirmación que no se condice con el tenor de los antecedentes, toda vez que el deponente reconoce que su análisis tan sólo habría empezado a gestarse a partir del 31 de agosto de 2010, esto es, con posterioridad a la adquisición del citado puente”.

Otro de los puntos complejos del dictamen apunta a que no se establecieron responsabilidades administrativas en contra del titular de la seremía penquista Carlos Guzmán. Según la entidad, este último recomendó favorablemente al Ejército la adquisición del puente Acrow, “pero sin estar consciente del valor que aquello tendría para la decisión de compra”.

Por ello, señala el documento, “es necesario determinar la eventual responsabilidad que podría recaer a este respecto, por haberse obrado en aquel sentido, recomendando la adquisición de un bien, sin conocer los alcances de tal determinación, y más aún, careciendo de un efectivo y completo análisis técnico, que sirviere de fundamento cierto a la resolución”.

Puente de menos durabilidad

A mayor abundamiento, el organismo fiscalizador le ordenó de oficio al MOP realizar una serie de diligencias. Una de ellas es “profundizar” por qué no se realizaron debidamente los análisis técnicos sobre la estructura y su valor “y de factibilidad de instalación del puente mecano que sería adquirido, los que deberían haber sido efectuados por el Ministerio, por cuanto dicho servicio actuaba, en los hechos, como intermediario con las empresas oferentes”. Este último punto, en enero pasado, fue descartado por el propio De Solminihac, responsabilizando al renunciado ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Como se ve, la Contraloría estima lo contrario.

Otra pesquisa administrativa que deberá llevar adelante el MOP es determinar por qué se recomendó la compra de la estructura, “que en consideración a los costos totales, era notoriamente más onerosa que la otra alternativa existente, y que además, técnicamente, de acuerdo a las ofertas tenidas a la vista, ofrecía una durabilidad garantizada inferior, en a lo menos, un 50% a la oferta de la empresa Mabey”.

A renglón seguido, la Contraloría también ordena ampliar el radio de acción del sumario que había sido sobreseído por la autoridad. En esa línea el MOP deberá investigar los antecedentes para determinar por qué para fundamentar la compra a la empresa Acrow se usó la variable “plazo para la puesta en servicio”.

En ese sentido, se lee en el dictamen, se apeló al “costo social involucrado por la falta de conectividad en la VIII Región, en circunstancias que dicho plazo no debía ser considerado de forma aislada, por cuanto dependía completamente de factores externos, y necesariamente anteriores, tales como el estudio de suelo, el diseño de pilotes, la licitación para la construcción de la infraestructura, la entrega del terreno, los que en definitiva importaron exceder los tiempos primitivamente estimados, y que resultaron tan relevantes para la aludida recomendación”.

Lo penal

Actualmente, el fiscal Centro Norte, José Manuel Ramírez, investiga el posible fraude al fisco en la compra del puente, luego que los diputados DC Gabriel Ascencio, Gabriel Silber y Ricardo Rincón presentaran una querella en este sentido. La acción legal fue ingresada por los parlamentarios, luego que este medio publicara íntegramente el informe “secreto” sobre la adquisición del viaducto.

El perseguidor ya decretó una diligencia a la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec) para establecer las circunstancias primarias de la compra.

Hay que recordar que recientemente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) designó al abogado Marcelo Oyarcabal con miras a hacerse parte del caso si los antecedentes lo ameritan.

Por último, la Contraloría debiera enviar un dictamen similar el Ejército para que reabra la indagatoria que se ordenó por la compra del puente.

La mujer, cuya firma aparece en la autorización para pagar más de 17 mil millones a la constructora Kodama, detalló la estructura de funcionamiento de la secretaría de Estado y principalmente cómo se originó la transacción con la empresa.

Dentro de los puntos que reveló está lo que calificó como el pleno y total conocimiento que la ministra Magdalena Matte tuvo de los detalles y criterios usados para cancelar la millonaria suma y de cómo esta se haría a través del tribunal civil para acelerar el pago que Kodama venía reclamando desde 2010, tal como da cuenta un correo electrónico enviado por Patricia Sepúlveda, esta última, una abogada del gabinete ministerial.

Sepúlveda escribió al jefe del Serviu, Antonio Llompart, que “por especial encargo de Álvaro Baeza (asesor jurídico de Matte) le comento que recibimos reclamo por correo electrónico de los abogados de la constructora Kodama, por el estancamiento del tema. A fin de poder dar respuesta al mismo, le ruego informarnos en qué estado se encuentra este caso”.

Arrau aseveró que toda la operación para decretar la transacción estuvo a cargo de Baeza, quien renunció la semana pasada. Para todos los efectos, declaró, Baeza funcionaba “como el ministro y el subsecretario”, refiriéndose al nivel de poder e influencia que tenía dentro de la cartera.

La mujer también le explicó al fiscal Morales que su firma aparece en la autorización, porque la persona que debía hacerlo ese día no se hallaba en el ministerio, apuntando que se trató sólo de una casualidad y que no le competía responsabilidad alguna en los hechos, ya que se desempeñaba como asesora legislativa. Hay que recordar que la profesional trabajaba anteriormente en la Cámara Chilena de la Construcción.

Confirmaciones

En tanto, ayer Matte prestó declaración ante los fiscalizadores de la Contraloría que investigan si la autorización para pagarle a Kodama se apegó a la legalidad.

Según averiguó este diario, la secretaria de Estado apuntó a la responsabilidad de Baeza y a la del director del Serviu, Antonio Llompart, de proponer y ejecutar la transacción. De esta manera, Matte confirmó lo ya dicho en varias entrevistas, entre ellas, la que otorgó la semana pasada a este diario. En la oportunidad, apuntó que rubricó el decreto exento el 25 de enero pasado (ver documento adjunto) porque venía con cuatro firmas: a saber la propia de Arrau, la de Llompart, del subsecretario (s) Guillermo Rolando y la de la jefa de la división jurídica, Mirna Jugovic.

Según publicó el diario La Tercera en los próximos días el organismo fiscalizador debiera entregar el primer informe, donde se cuestionaría el pago, y que de existir anomalías podrían ser destituida toda la cúpula del Serviu.

Este medio intentó ayer obtener una versión de parte de la cartera, pero no hubo respuesta del Departamento de Comunicaciones.

La determinación del organismo fiscalizador se halla en un dictamen publicado recientemente y ya notificado al secretario regional ministerial de la cartera de Transportes al que tuvo acceso El Mostrador (ver documento adjunto).

De acuerdo al documento, hubo anomalías en la entrega de la concesión a tres empresas del rubro, a saber Denham y Compañía Limitada, Revisiones Técnicas Valle del Maipo y Control Spa, en detrimento de otra más pequeña, Servicios Técnicos Motrices.

La entidad revisora estimó que el criterio usado por la autoridad, al elegir a las tres opciones más caras, provoca un “perjuicio a los usuarios que deberán concurrir las aludidas plantas”.

La sospecha de los fiscalizadores es que las firmas mencionadas pudieron haber actuado como un “cartel” y haberse coludido para ganar la licitación, hecho sobre el cual deberá pronunciarse la FNE si es que encuentra mérito.

Lo anterior, de acuerdo al dictamen se produciría porque las concesiones favorecidas tenían un índice tarifario más alto, desconociendo “el objetivo central de la licitación, consistente en obtener el mejor servicio al menor precio posible”.

Las plantas de revisión técnica aprobadas por la autoridad, operan sobre un universo de 11 buses tanto de transporte público e interurbano.

Consultado Stephan sobre la determinación de la Contraloría, explicó que su cartera sólo se ciñó a las bases, por lo que en los próximos días ingresarán una reconsideración al organismo fiscalizador. Lo anterior, con el fin de que la entidad revise su criterio.

Según Stephan, la empresa reclamante no cumplió con las bases de licitación, por lo que fue descalificada.

“La Contraloría hace una apreciación en su dictamen sobre las bases de licitación, las que fueron completamente aprobadas en su oportunidad. Por cierto no compartimos el criterio, por lo que presentaremos una reconsideración para revertir la decisión. De hecho este sistema de adjudicación es el mismo que se aplicó en las bases del resto del país”, indicó.

Stephan explicó que la firma afectada recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago por la misma situación y el tribunal de alzada capitalino le dio la razón a Transportes, estimando que se habían cumplido los trámites.

“El resto de las empresas también están informadas de la decisión de Contraloría, así que junto a nuestra reconsideración, es posible que también recurran a los tribunales, pero eso no es una materia que nos corresponda comentar”, apuntó Stephan.

La decisión de la instancia la adoptó el pleno del organismo, luego que el comité penal analizara los antecedentes contenidos hasta ahora en el proceso, que apuntarían a un posible homicidio del ex secretario de Estado, cuando estuvo internado en el Hospital Militar, luego de permanecer detenido en el campo de concetración de Isla Dawson tras el Golpe de 1973.

Cabe recordar que Tohá –quien se hallaba gravemente enfermo- apareció colgado en una habitación del centro asistencial, el 15 de marzo de 1974.

La indagatoria en manos de Zepeda es una de las cuerdas separadas del llamado caso por torturas de la Academia de Guerra Aérea (AGA).

Apoyo penal

La entrada del CDE se suma al querellante particular de la familia Tohá, Nelson Caucoto, como también a la acción legal que el año pasado presentó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI). Esta última, luego que el doctor Alfonso Chelén revisara la autopsia que en 1974 se le hizo al cadaver de Tohá y concluyera que no se trató de un suicidio, sino que se produjo por la acción de terceros. La conclusión fue: “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida”

Debido a este análisis del doctor Chelén, la Corte de Apelaciones le ordenó a Zepeda que decretara la exhumación del cuerpo desde el Cementerio General, junto a otras 24 diligencias, entre ellas la reconstitución de escena que se realizó en noviembre de 2010.

Relaciones oscuras

Hasta ahora en el caso AGA están procesados los ex coroneles de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres y Sergio Contreras.

En sus tetimonios ante el magistradoCáceres ha sostenido que la FACh nada tuvo que ver en la muerte del ex ministro y responsabilizó a dos ex agentes de la DINA de ejecutarlo. Se trata de Marcelo Moren Brito y Eduardo Iturriaga Neumann,  quienes ocuparon importantes puestos en el servicio represivo. Ambos están condenados en varias causas por violaciones de derechos humanos. Interrogados estos dos últimos, negaron cualquier relación con el hecho.

El caso Tohá tiene una relación con el que sustancia el ministro Alejandro Madrid, por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei. Esta se produce porque el entonces subdirector del Hospital Militar era el doctor Patricio Silva Garín. Este último está procesado en el caso Frei, ya que operó al ex Mandatario que falleció en 1982 en la clínica Santa María.

En la misma línea también existen espacios oscuros en la muerte de Tohá. Por ejemplo, el médico firmante de su autopsia fue Alfonso Vargas entonces director del Servicio Médico Legal (SML).

De acuerdo al sitio Ciper Chile Vargas también visó otras necropsias falsas. Por ejemplo, la del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton. Respecto de este último, casi treinta años más tarde, se comprobó que fue asesinado por gas Sarín, al igual que el diplomático español Carmel Soria, donde Vargas hizo lo mismo.

Una copia de ambas causas fue entregada a El Mostrador por uno de los denunciantes contra Karadima para que la opinión pública conozca todos y cada uno de los antecedentes que obran en la justicia contra el “guía espiritual” de la iglesia El Bosque.

En él se hallan las declaraciones de quienes imputaron los abusos sexuales al párroco, entre ellos James Hamilton, quien sorprendió con sus declaraciones en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, donde contó en detalle lo que tocó vivir. También hay testimonios de quienes defienden a brazo partido a Karadima.

Del mismo modo testifican sacerdotes y profesionales que fueron objeto de tocaciones, besos y masturbación de parte del cura recientemente condenado por el Vaticano.

Se encuentra además un documento “confidencial” donde se revela la comunicación vía mail entre Óscar Osbén -quien trabajó en la parroquia-  y Juan Pablo Bulnes -el abogado patrocinante de Karadima-, donde se habla de los $ 13 millones de pesos que habría recibido el primero para evitar que declarara. Sin embargo, junto a lo anterior, también aparece el testimonio de Osbén –quien se arrepintió de recibir el dinero y prefirió hablar- ante Armendáriz donde finalmente confesó todos los detalles sobre el comportamiento sexualizado de Karadima y cómo abusó de él. Osben declaró ante la magistrada este lunes, confirmando cómo Karadima lo masturbaba.

Asimismo consta el careo entre Andrés Schöting y Fernando Batlle, el único abusado cuando era menor de edad, tal como lo publicó ayer este diario.

El expediente eclesiástico

Una de las últimas diligencias decretadas por la magistrada fue pedir una copia al Arzobispado de la investigación eclesiástica que se encuentra en el Vaticano, solicitud que no ha sido respondida.

La importancia de este tema radica en cómo se comportará la Iglesia con la magistratura. En distintas declaraciones personeros de la curia chilena han sostenido que es un documento independiente, fuera el ámbito de los tribunales chilenos, a diferencia de lo que sostuvo hace unas semanas el presidente de la Suprema, Milton Juica, quien argumentó que los sacerdotes son ciudadanos chilenos que deben concurrir y obedecer las órdenes judiciales.

Se trata del mismo argumento que sostuvo la semana pasada el abogado querellante en el caso Karadima, Juan Pablo Hermosilla en una entrevista otorgada a El Mostrador TV.

N. de la R.: El Mostrador volvió a publicar el expediente completo del caso Karadima luego de tarjar antecedentes personales, como fonos, e-mails y direcciones de declarantes y testigos que aparecen en los documentos. Este medio considera de máximo interés público la divulgación completa de dicho material, sin omisiones ni interpretaciones parciales de una o varias de sus partes.