Las situaciones en las que se enmarcan son distintas, pero sus desempeños no lo son tanto. España se enfrenta a una crisis económica que pone su Estado de bienestar en riesgo de retroceso letal, producto de los draconianos ajustes del PP. Por su lado, Chile experimenta un crecimiento económico que no solamente no está resolviendo sus dilemas pendientes de productividad, sino que, por sí solo, no responde las preguntas levantadas por las movilizaciones sociales. Estas han remitido a la crisis de representatividad de un sistema político colocado usualmente como ejemplo de gobernabilidad, así como a un extendido repudio ciudadano frente al abuso del poder económico.

Chile se encuentra entre los veinte países más desiguales del planeta. Mientras fueron Gobierno, estando el socialismo chileno en coalición con la Democracia Cristiana por veinte años —lo que explica, en parte, su retraso en asuntos de libertades individuales—, se incurrió en cierta complacencia con el empresariado y no se fue diligente en la promoción de las inversiones necesarias para diversificar sus economías y poner a tono su mano de obra.

Su ejercicio en la oposición es una mezcla de reactividad con negación. Por los motivos que sean, no se han generado espacios para debatir las causas de sus respectivas derrotas. Confían en un pronto regreso al poder, ya sea por haberle puesto un dique al PP en las recientes elecciones andaluzas, o bien por su aferramiento a liderazgos con supuestas capacidades taumatúrgicas, como sería en Chile el de la expresidenta Bachelet. Aunque el relevo generacional no es en absoluto la panacea, supone una asignatura pendiente para el progresismo chileno. Enfrascados en discusiones sobre cupos electorales y política de alianzas, apuestan a un retorno más asentado en los posibles errores del adversario que en la reelaboración de un proyecto histórico que conecte sus principios con las transformaciones en curso.

El triunfo de Francois Hollande, en Francia, podría tener un efecto ambiguo. Si bien permitirá el repunte de una izquierda hambrienta por mejorar su autoestima, podría acentuar el escamoteo de temas sustantivos como, por ejemplo, los dilemas del crecimiento y la distribución.

Frente a la tentación a tomar atajos, destaca el esfuerzo por encarar los dilemas de la socialdemocracia realizado por Carlos Ominami, exministro, exsenador y otrora jefe de campaña del expresidente chileno Ricardo Lagos. En su libro recién publicado que lleva por título Secretos de la Concertación. Recuerdos para el futuro, desarrolla una reflexión política e intelectual que interroga tanto al pacto de la transición de fines de los 80, como a lo que vino después, en un ejercicio de introspección política. Confrontando en primera persona los miedos de toda una generación que vivió el golpe de Estado de 1973, aspira a contribuir al necesario enjuiciamiento crítico de una coalición de centroizquierda que, si bien contribuyó a reducir la pobreza y abrió Chile al mundo, no se aplicó de la misma manera en el combate de la desigualdad y la concentración económica. Tampoco removió la Constitución heredada del régimen militar que, aunque reformada, conserva su esencia neoliberal. Aboga por la necesidad de recuperar para la política progresista el sentido estratégico perdido, proponiendo alineamientos que respondan a los dilemas de seguridad, igualdad y cohesión. Dedica especial atención a la renovación del socialismo chileno que califica como frustrado ya que, a pesar de haber revalorizado la democracia, falló en dos elementos fundamentales, que hacen que catalogue la historia política del Chile reciente como de renuncia: la falta de contrapesos al mercado y la inexistencia de una fuerza política cohesionada.

Y aunque no menciona la influencia española, no deja de resultar una ironía el hecho de que el socialismo chileno, influenciado por un PSOE que cumplió un rol en su proceso de renovación, llamando a la moderación, haya devenido en una fuerza con talante conservador.

La confesión de Ominami, actor privilegiado de la transición chilena, sugiere, al menos, dos cosas. La primera, que la recomposición del socialismo, para ser efectiva, debe superar los estrechos contornos locales. Si hay esperanza para la socialdemocracia, pudiera encontrarse en una América Latina que atraviesa su mejor hora. La segunda, que es necesario hacer gestos de arrepentimiento, algo aparentemente alejado de los entresijos de la política pero que, ya vemos, hasta los monarcas reconocen su importancia.

*Publicado en el diario El País

Mientras tanto, el desacople entre la política institucional y la política de la calle, expresado en la crisis de representación, no cede. La revuelta de Aysén, que se suma a la de Magallanes hace un año y a la potencial de Calama, vienen a recordarle al gobierno la necesidad de tomar en serio la descentralización justo cuando, hace pocos meses, desmanteló la política de “clusters”. A ello, se suma la reforma al sistema binominal, instalada por obra del movimiento estudiantil, aunque las encuestas ya anticipaban una necesidad eludida persistentemente por la clase política. A pesar de la negativa de la UDI, último bastión de resistencia, existe conciencia de que algo hay que hacer en materia de reformas políticas orientadas a una mayor democratización de la política. Mientras tanto, los estudiantes transmitieron otra idea que bien pudiera estar alojada en la parte más abisal del imaginario político ciudadano para re emerger, si se genera la estructura de oportunidades políticas apropiada: la necesidad de una nueva Constitución.

Pero existe otra dimensión de la política, no asible por las encuestas, que el gobierno de Sebastián Piñera no ha contribuido precisamente a fortalecer. Se esconde tras la crispación inter e intracoalicional, las pretendidas cazas de brujas y las recriminaciones mutuas. Nos referimos a instituciones y dispositivos que contribuyen a la exigencia que se le hace a la política de lidiar con la complejidad y contingencia que caracteriza a nuestras sociedades. Con ello, no aludimos solamente al regateo y la negociación coyuntural que acompaña los ciclos electorales sino a la gestión adecuada de riesgos, con posibles efectos sistémicos. El filósofo español Daniel Innerarity ha reflexionado particularmente sobre estos aspectos, afirmando que se trata, no solamente de tramitar las diferencias, sino de enfrentar una incertidumbre, intensificada por la incapacidad de las élites económicas del modelo imperante para garantizar una mínima estabilidad. Es cierto que el ingreso al gabinete de figuras de tonelaje político contribuyó a neutralizar la ilusión de que los asuntos públicos se enfrentan a punta de pergaminos.

Sin embargo, a la vista está, el resultado es ambiguo. Junto con el aumento de los candidatos presidenciales, no se percibe una mejoría de la gestión gubernamental como conjunto. Una de las respuestas se encuentra en que los incorporados adhieren a una visión tradicional que se ha visto superada por los dilemas que hoy asaltan a la política. A ello, se suman otras características de la actual administración como el afán de control, bien ejemplificado por Genaro Arriagada cuando aludió al “micromanagement” presidencial; la obsesión por la domesticación social, expresada en la rapidez al recurso policial ante cualquier conflicto y la pretensión homogeneizadora con la que se han venido abordando los llamados “asuntos valóricos”.

Hoy día, en Chile, la política no solamente no representa sino que está más vaciada que en el pasado reciente de dosis adecuadas de institucionalidad y sustentabilidad. Estos elementos, combinados, permitirían enfrentar mejor la incertidumbre en alza porque entregan fortaleza, sensación de trascendencia y visión de largo plazo. En dos años de gobierno, es posible rastrear algunas señales preocupantes.

Chile enfrenta hoy menos espesor institucional porque, al personalismo presidencial, hay que sumarle el nepotismo. De ello, los medios generalmente no hablan, no sabemos si por costumbre, por captura o porque el tema es subsumido por el fenómeno de los “conflictos de interés”. A ello, súmese la mezcla de irrelevancia que caracteriza a una instancia asesora presidencial  que, como el Segundo Piso, llegó a tener reconocido tonelaje político en la era Lagos, junto con la existencia de un llamado Tercer Piso, compuesto por los amigos empresarios del Presidente. Quienes ocupan la presidencia han tenido siempre amigos que fungen como consejeros, pero nunca dicha instancia había sido reconocida con tal nivel de influencia, al menos, por la prensa. Esta situación no sería tan notoria si fuera posible identificar algún atisbo de conducción política orgánico-formal eficiente.

Otro hito lo constituyen los ataques propinados al Poder Judicial desde el Ministerio del Interior. No hay que olvidar, además, los problemas que rodearon la nominación de dos consejeros del Consejo de Transparencia al punto que Moisés Sánchez, de ProAcceso, criticó la participación irresponsable en el proceso, tanto del ejecutivo como del Senado. Por último, y no menor, es un cierto desvarío que los expertos reconocen en el tratamiento dado a la Alta Dirección Pública. El proyecto de reforma que el ejecutivo enviara al Congreso fue rechazado por ser considerado, en palabras del diputado Lorenzini, un “parche”. En ausencia de un proyecto de modernización del Estado de mayor calado, no deja de resultar preocupante.

Por otro lado, se ha ido adelgazando la importancia de promover políticas sustentables en el tiempo. Distintas voces denuncian las iniciativas del gobierno que incluyen compromiso de gasto, pero que no se acompañan con fuentes de financiamiento. La discusión del incremento de gastos en educación, en pleno conflicto estudiantil, fue una muestra de ello. Se llegó a decir que se financiaría con una reforma tributaria que, al final, no prosperó. Ello contrasta, por ejemplo, con lo que fue una de las reformas más emblemáticas del último tiempo. Nos referimos a la previsional, cuya puesta en marcha descansa en la Ley de Responsabilidad Fiscal y en un Fondo de Reserva de Pensiones.

Lo concreto es que, en la mitad del mandato del primer gobierno de derecha en más de cincuenta años, se aprecia un socavamiento de la actividad política, no solamente como producto de la crisis de representación y por la forma en que el primer mandatario ha venido ejerciendo su investidura, sino porque nuestro país parece moverse más en la órbita de las políticas de gobierno a la vez que se aleja de la aspiración a impulsar políticas de Estado.

De ello, es más factible que se percaten aquellas que comienzan a experimentar el vértigo de las encuestas. Por el tenor de sus últimas declaraciones, es lo que le estaría ocurriendo a la Ministra Schmidt. Ella suele repetir que los liderazgos femeninos son cada vez más reconocidos, hasta que se topó que eso no ocurría con el suyo propio.

Un diario de la plaza habló de su traspié a raíz de un llamado de atención presidencial por su reacción tuitera de molestia frente a la asimilación entre políticos y mujeres que hiciera el primer mandatario en un foro internacional. Sin embargo, no es descabellado inferir que el traspié es más incluyente puesto que coincide con su manifestación de legítimo derecho a ser incluida en el canon de los presidenciables de su sector.

¿Por qué no podría si arroja, en la reciente encuesta Adimark, 79% de popularidad, superando al mismísimo Golborne? Ostentan antecedentes similares, lo que incluye falta de experiencia política previa y la carencia de domicilio partidario, devenida hoy en un plus. Es más, la actual Ministra del Sernam supera al 72% de conocimiento que tenía Bachelet en la encuesta CEP de julio de 2002,  posterior a su irrupción arriba de un Mowag.

Schmidt verbalizó la injusticia, trasluciendo de inmediato todo el peso del llamado “doble vínculo”. Así llaman los psicólogos a las formas particulares de relación en que, hagas lo que hagas, siempre pierdes. Terminas encontrándote en una situación sin salida, que se deriva de los significados asignados a ciertos comportamientos. No advirtió que persiste la idea aquella de que, si un hombre es ambicioso, es un buen partido, pero si una mujer posee ambición, es una trepadora. Bachelet, militante desde la adolescencia y con mucha más calle, lo entendió bien. Siempre expresó que su candidatura no había sido algo premeditado sino impuesta por los ciudadanos. Si bien, como dijera  el analista Ascanio Cavallo, resulta difícil creer que se llega a la primera magistratura sin tener un ápice de ambición,  supo racionalizar su situación y pretensiones elaborándolas al amparo de lo que Beauvoir llamaba la “modestia razonable”: una forma de disimular el talento femenino en el trato “interpares” que, al menos hasta que salió de la presidencia con cerca de 80% de adhesión, nunca parecía ser totalmente entre iguales.

Para tratar de entender los motivos por los que la prensa no ha venido colocando a Schmidt en la línea de ministros presidenciables, con excepción de La Segunda del viernes 16 de diciembre, muy plausiblemente como reacción a su reclamo, hay que observar otros elementos.

Proviene de un servicio que, por mucho rango de ministerio que tenga, tiene un rol más bien discreto dentro del aparato del Estado aunque el  Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), con su estímulo a la transversalidad de género, lo ha dotado de un protagonismo que tuvo su hora de gloria en la administración Bachelet.

Es por eso que se interpreta su popularidad como producto de la aprobación del postnatal de seis meses. La idea resulta coherente, más allá de sus atributos personales. A pesar de que 47% de mujeres en edad fértil y pudiendo ser madres dicen que no quieren tener hijos, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la maternidad ocupa todavía en Chile un lugar importante en la construcción de la identidad femenina, extrapolando de ella comportamientos hacia otros ámbitos.

Con una Ministra que parece tener por delante, sorpresivamente, un futuro político auspicioso, la Segpres recién descubre el potencial electoral de los temas que administra su cartera. Aunque algunos insistan en asignarle a las demandas por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres un rango menor, ya la campaña presidencial de 2005 dejó al descubierto lo miope de esta mirada. Recordemos que Bachelet concitó la llamada “solidaridad de género” en las mujeres, rompiendo la tendencia electoral previa de apoyo a la derecha. Claro que era una candidata inusual por cuanto podía mostrar, en su historia de vida, ejemplos concretos de las inequidades de género que denunciaba.

Según se desprende de la prensa, surge ahora un frenesí especial por inyectarle energía a una agenda que parece haber quedado exhausta, luego de la aprobación del postnatal. Veríamos, en el próximo tiempo, el impulso de algún tipo de incentivos para incrementar el número de mujeres candidatas a cargos de elección popular. Ello le brindará a Schmidt la exposición que necesita, particularmente en ciertos sectores del universo femenino, politizando una gestión más centrada en las necesidades prácticas de las mujeres que en sus intereses estratégicos,  y enfrentándola  a los ideólogos de la meritocracia. Y es que ya lo dijo Touraine: los debates y conflictos en torno a la situación y los derechos de la mujer son los más importantes de nuestro tiempo.

Lástima que, por los chistes sexistas del propio Presidente, parece ser el único que no se da por enterado.

Con su partida, el género dejó de ser tema de conversación pública, aunque hay señales que lo anunciaban. En mis conversaciones con el encargado de opinión de un importante medio, éste me señalaba en 2007 que el género había dejado de estar de “moda”.

El que no sea motivo de debate no es porque los dilemas que encierra la igualdad entre hombres y mujeres estén resueltos. Se mantienen como asignaturas pendientes el acceso al poder económico y político, la autonomía del cuerpo y el cierre de importantes brechas. Son otras las razones. Por un lado, el Ejecutivo ha dejado de cumplir el rol gravitante que, desde 1990 a la fecha, venía ejerciendo en la aprobación de proyectos en materia de género. Según Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, la administración Bachelet aprobó dieciséis frente a los magros dos de la actual administración (femicidio y postnatal). Ello se acompaña, como afirma Pamela Díaz-Romero en el más reciente informe del Barómetro de Política y Equidad, de “la desinstalación de la agenda de género, tanto discursivamente como a nivel de diseño e implementación de políticas públicas”.

Lo concreto es que las mujeres han asistido pacientemente a hechos tales como la desconsideración a la hora de los nombramientos, con tan solo 18% de ministras, o su no integración en la comisión de expertos en educación. De sus doce miembros, que alguien asimiló jocosamente a los apóstoles, ninguna mujer integra una discusión que, independiente de sus resultados, es la más importante del país en décadas. Resulta curioso por tratarse de un área feminizada y donde hay expertas muy destacadas. La justificación oficial ha sido que las contactadas tenían problemas de agenda. Es tan poco creíble que dan ganas de decir “a otro perro con ese hueso”.

Anteriormente, el llamado “Mapa del Poder en Chile” realizado por La Segunda, mostraba un panorama preocupante: 11% de mujeres poderosas, habiendo sido solamente 12% mujeres las personas consultadas. Adicionalmente, se deja de lado la pregunta por el poder social. En ese ámbito, no hubieran podido desconocer el rol de Camila Vallejo.

Por ello, el que un grupo de mujeres se haya organizado, aprovechando las ventajas de las redes sociales y  de comunidades como El Quinto Poder, para reclamar por la ausencia femenina en el listado de 20 expositores en la próxima versión de Enade que, además, paradójicamente, se titula ¿Vox populi, vox dei?, no debiera sorprender. Si por algo se ha caracterizado este gobierno, a pesar de su adelgazada agenda de género, es por priorizar la empleabilidad y emprendimiento femeninos, con énfasis en los segmentos más pobres de la población.

Estamos hablando del Encuentro Anual de Empresarios, organizado por ICARE (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas). A ella, concurren los más influyentes empresarios y dirigentes gremiales, así como expertos, autoridades políticas y “líderes de opinión”. Usualmente, exponen su mirada sobre la problemática que cruza al país en el momento de su realización. Dicha instancia, recordemos, surge en pleno régimen militar, específicamente en el año 1974 en que se realiza su primer encuentro. En ese momento, el tema que preocupaba a los empresarios era lograr introducir en Chile el libre mercado y promover la mirada financiera en la economía acorde a sus intereses. Tras un receso a fines de los setenta, se retoma después de la crisis de los ochenta, momento desde el cual se realiza ininterrumpidamente.

Por lo tanto, se trata de un encuentro donde lo que se “busca” es comprender qué es lo que está sucediendo en Chile, no sólo en materia económica, sino que de percepciones, miradas y planteamientos de diferentes grupos, con el fin de incorporarlos en la mirada empresarial. Es decir, algo que de alguna forma permita a los empresarios formarse un horizonte un poco más amplio sobre lo que pasa en el país y buscar acuerdos que los beneficien como grupo. A fines de los ochenta, se preguntaban hacia dónde iba Chile. Luego vinieron la transición y la crisis asiática, entre otros tópicos.

Resulta comprensible que, en 2010, se abordara el Bicentenario y los desafíos que enfrentaba el país luego del terremoto (el lema de ese año fue “Viva Chile, mierda”).
La presencia femenina ha brillado por su ausencia y las alguna vez invitadas caben en los dedos de una mano. Michelle Bachelet ha repetido el plato varias veces, primero como candidata y luego como Presidenta. Posteriormente, mujeres como la Ministra Schmidt, la empresaria Verónica Edwards y la historiadora Sol Serrano han sido de las pocas en ser consideradas por tan atávico grupo.

Resulta interesante recoger las reacciones registradas en las redes sociales a propósito de la denuncia frente a esta ausencia. Son reveladoras del clima cultural  y de las representaciones de género vigentes. De su lectura, es posible desprender una línea continua con dos extremos: uno, donde se ubican el saludo a la bandera o “téngase presente”, reflejado en la exclamación de “impresentable” en tweet de la Ministra Schmidt y los que naturalizan la ausencia, por la vía de la resignación, señalando que “no es posible esperar otra cosa de la Enade”. Ambos planteamientos no contribuyen a modificar el estado de cosas existente. En el otro, voces que señalan que las mujeres debieran realizar una Enade “paralela”, que fue formulado por la suscrita. Entre medio, hay variantes. Algunos señalan que tan importante instancia que congrega a lo más conspicuo del empresariado nacional no solamente excluye a las mujeres sino también “a los movimientos sociales”. Hay que tener paciencia y respirar profundo frente a estas reacciones que tienden a empatar a las mujeres como colectivo con cualquier otro grupo, desconociendo que el sexo es la división estructural más importante y presente en todas las sociedades.

Otros, aducen que es mejor que las mujeres no se desvivan por estar en un espacio donde cuenta el “tanto tienes, tanto vales”. Este tweet me recordó las expresiones de un ex Ministro del gobierno de Ricardo Lagos, cuyo nombre mantendré en el anonimato, que denunció la “masculinocracia” que enfrentaba la Presidenta Bachelet. Tan aparentemente evolucionada autoridad fue invitada a un foro con mujeres de la izquierda democrática de diversos países de la región, organizado con motivo del aniversario de los cuarenta años de presencia de la Fundación Ebert en Chile. Allí, señaló que no terminaba de comprender el afán de las mujeres por el poder y sobre, todo, por el poder estatal, cuando las decisiones verdaderamente importantes no pasaban por ese lado. Solamente cuando los hombres no se desvivan por adquirir ese tipo de poder, sus palabras resultarán convincentes.

La Segunda ha calificado al grupo de mujeres que ha puesto el grito en el cielo como “indignadas”. Tratemos de creer que se trata de un intento de asimilación a la corriente de malestar que recorre el mundo, y en las que las mujeres acumulan suficientes motivos para no estar ausentes, que un comportamiento manipulativo para intentar confundir a sus lectores. Por otro lado, asistimos a una novedad: la mayor visibilidad bajo este gobierno de mujeres contagiadas por lo que Amelia Valcárcel denominaba “Síndrome de Victoria Kent”, por la situación que se produjo en el debate del voto en las Constituyentes de la Segunda República española con sólo dos mujeres en la cámara. Allí, Kent se oponía a los derechos políticos (más bien al sufragio universal) que defendía Clara Campoamor. En la versión actual, denuncian sentirse menoscabadas frente a la exigencia de participación y de presencia que las “indignadas” han promovido, pero lo cierto es que confunden demanda de inclusión con cuoteo. En estas mujeres, la defensa a ultranza del mérito tiende a confundirse con la ideología de las mujeres satisfechas.

¿Debiéramos extrañarnos? La propia Camila, entre realismo y resignación, comprende que el machismo nos sigue acompañando, aunque hayamos tenido una Presidenta. Tanto Bachelet como ella son, por ahora, historias más parecidas a un desliz que la norma. Los temas de género concitaron el interés de los medios durante la primera mitad del gobierno de Bachelet, más por novedad que por convicción. Tampoco suponen una prioridad para este gobierno, que ha decidido impulsar medidas específicas como el incremento de la fuerza laboral femenina y el postnatal, en lógica más de satisfacción de necesidades prácticas que pensando en los objetivos estratégicos de las mujeres. Vallejo sigue una senda similar a la de Bachelet, expuesta como ella a la hipervisibilidad, ese fenómeno que experimentan las minorías con relación a la mayoría a la que pertenecen. Resulta inevitable no recordar a la argentina Maitena cuando dice “no todas las mujeres somos iguales, pero sí es cierto que a todas nos pasan las mismas cosas”.

Vallejo, como Bachelet, es consciente y verbaliza las dificultades que experimentan las mujeres. En su discurso de asunción a la presidencia de la FECH, no solamente declara su condición de mujer sino que promete que buscará, desde ese rol, contribuir a transformar las condiciones de vida de las chilenas. Como a ella, se intenta hurtarle sus propios méritos por obra de algún hombre que la habría catapultado. El Sarmiento de Vallejo vendría a ser como el Escalona de Bachelet. Como ella, ha recibido el epíteto de endemoniada por parte de un alcalde. Ahora, Labbé, antes fue Garrido, autoridades con improntas inquisidoras.

Sin embargo, ambos liderazgos son muy distintos, y no solamente por la diferencia generacional, lo que viene a corroborar lo que los escasos estudios sobre el género y el liderazgo han arrojado: que no existe un estilo  de liderazgo único y distinguible por el hecho de ser mujer. Bachelet, reivindicando uno de tipo femenino, cercano, preñado de contención, amable y cooperativo. Vallejo, más próxima al estereotipo masculino de corte racional, energía combativa, autocontrol y no emocional. Difieren, también, en la forma en que se relacionan con los partidos. La primera,  tomando una distancia que, si bien partió como una consideración de estrategia electoral, no corrigió mayormente durante su mandato. La segunda, por su lado, reivindica la militancia sin complejos y como parte constitutiva de su identidad.

Dado que los estudiantes han logrado colocar persuasivamente, a través del rechazo al lucro en la educación, el debate acerca del tipo de sociedad en la que queremos vivir, recordemos que la igualdad no se juega solamente en el terreno material o distributivo. En este ámbito, la igualdad de género, entendida como la situación en que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la vida, de acuerdo a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social, permanece en Chile como una asignatura pendiente en múltiples planos.

Por lo pronto, vale la pena resaltar el político. Hay muy pocas mujeres en lugares donde se toman las decisiones políticas relevantes. Las cifras son elocuentes: en el gabinete, la presencia femenina es 18%. En el Senado, 13,1%. En la Cámara de Diputados, 14,2%. En el ámbito municipal, 12,46% en alcaldesas y 22,97% en candidatas. Las directivas de los partidos que han aprobado cuotas internas, como PPD, PS y la DC, no logran mostrar más de una o dos mujeres, en colectivos que promedian los nueve integrantes.

Ahora que, por obra de la movilización estudiantil, se sacan del cajón de los asuntos pendientes las reformas políticas, se abre una oportunidad para que Chile se ponga a tono con los tiempos y se contemple la demanda de inclusividad política femenina. Aunque se suele asociar automáticamente con cuotas de género, el asunto es más complejo. Cualquier iniciativa debiera prever impactos y consecuencias diferenciadas por sexo. Un claro ejemplo son las primarias. La evidencia demuestra que las mujeres se ven más perjudicadas por cuanto no disponen de suficientes recursos financieros para competir. Por ahora, se advierten signos inquietantes.   Analistas de la plaza, incluso los vinculados a la coalición de la ex Presidenta Bachelet, no  acostumbran a mencionar el tema. Por otra parte, la prensa informa de reuniones que el gobierno ha sostenido con expertos de la Concertación o bien de comidas realizadas entre ministros y personeros DC. Sin Oráculo de Delfos de por medio, es fácil prever que la exclusión de mujeres en estas conversaciones aleja la probabilidad de que se considere lo que la política pierde cuando las mujeres no son incorporadas. Lo concreto es que estamos asistiendo a una reedición de la lógica de los acuerdos que, ya al inicio de la transición, postergó importantes demandas femeninas. En el altar de los consensos, y así lo han señalado diversas investigaciones, se han sacrificado demandas importantes como las relativas a los derechos sexuales y reproductivos así como la participación política femenina.

Estamos ad portas de experimentar una nueva postergación. En su reciente discurso en el almuerzo anual de Comunidad Mujer, Esperanza Cueto resume bien las reformas políticas que debieran acometerse para enfrentar la demanda femenina por una ciudadanía compartida.

Menos apocalípticos, algunos confían en que el gobierno se recuperará, a pesar de la escasa reserva de influencia que le otorga al Presidente Piñera el 60% de rechazo que concita. Sin reparar en los déficits de coordinación y de visión estratégica que el gobierno acarrea, junto con un cierto analfabetismo de las claves simbólicas de la política, plantean que existe todavía un margen, pudiendo llegar a ser recordado como el gobierno de las pequeñas cosas. Con ello, se piensa en medidas como la llamada Agenda “Impulso Competitivo”, al cambio de fecha de las elecciones presidenciales o el seguimiento a la labor de los funcionarios públicos a través de un plan piloto instalado en el Ministerio de Hacienda.

Lo cierto es que se ha instalado una sensación de extravío, que contiene ingredientes de crisis de legitimidad política, expresada en una insatisfacción con el mundo político, en general. Pareciera que el gobierno va dejando aparcado su exitismo inicial para transmitir su mensaje, aunque en tono de enfermedad: estaríamos atravesando la llamada “crisis de los países de ingresos medios”. Seguramente, ello conlleva la aceptación de que las protestas han llegado para quedarse y que, si bien se expresarán en forma espasmódica, no serán por ello menos impactantes.

Mientras incurre en la tentación populista mediante la inyección de recursos para aplacar el conflicto estudiantil, el Presidente Piñera ha instruido al senador Longueira para la búsqueda de acuerdos clave en áreas de gestión del gobierno. La pregunta que surge es cómo y en qué áreas. Parece estarse instalando un cierto consenso, aunque todavía fuera del gobierno, acerca de que no resulta posible intentar avances en problemáticas sectoriales haciendo abstracción del estado en que se encuentra la política. Hasta ahora, el Presidente ha incluido las reformas políticas como una más de las dimensiones de la agenda, aunque más por rutina que por convicción. No hay que olvidar que pertenece a un sector con anteojeras frente a la importancia de la política. Varios de sus exponentes no han trepidado en desarrollar un discurso claramente antipolítico, que se desprende de una comprensión de la vida política como un símil de la actividad económica, reducida a una cuestión de iniciativa individual y de libertad, entendida ésta como igualdad ante la ley. Su expresión más afinada fue el cosismo-lavinista, marcado por el marketing y por las respuestas desechables y que sucumbe por estos días frente a la determinación estudiantil.

La actual situación, de no mediar un factor externo como el que le dio a Bachelet la posibilidad de remontar, puede enfrentarse pero no necesariamente fortaleciendo el Sernac o creando instituciones parecidas. No está de más, frente a la difundida sensación de abuso, defender los intereses de los consumidores pero ello no reemplaza la urgencia por promover mayor participación y competencia política. La situación actual, entre otras cosas, da cuenta del agotamiento del sesgo privatista que, en Chile, se le ha asignado a la ciudadanía.

Lo que se esperaría del Presidente es un cambio mental a fin de entender que la política no es una actividad más sino que, como diría Freund, cumple un rol tutelar con relación al resto de las actividades humanas. Sin un upgrade de la política, el vuelo que podrá tener un hipotético acuerdo por la educación será rasante, por no decir que poco o nada lucirán el  postnatal, la eliminación del  7% o el ingreso ético familiar. Es a ella, a la política, a la que le corresponde crear las condiciones para que el resto de las actividades se desarrollen de forma razonable y sin conflictos.

Convertirse a esta idea supone, no solamente hacer de tripas, corazón sino que atreverse a enfrentar un nuevo motivo de insurgencia entre sus propias huestes, que lo acusan de no promover la identidad de la derecha. Lo trágico de este asunto es que inhibirse de hacer algo al respecto contribuye a alejar aún más las posibilidades del desarrollo.

Piñera enfrenta la disyuntiva que ya señalara Churchill: “En los momentos de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, un poco menos bueno sería hacer lo equivocado, pero lo peor es no hacer nada”.

Desde la derrota, se ha venido moviendo en torno a dinámicas que no posibilitan, precisamente, el acercamiento de los ciudadanos con la política. Junto con la insistencia en la defensa del legado del primer momento, sus afanes han estado centrados en la promoción de los liderazgos de recambios, en clave personalista; la elaboración de protocolos disciplinarios para generar un cierto orden interno en su desempeño parlamentario y la discusión de una política de alianzas centrada en la conformación de listas electorales, en lógica de repartos. Frente a un gobierno que carece de un relato que invite a soñar como país, la Concertación no logra dar respuesta al desafío de construir un relato alternativo que recoja, no solamente la difundida sensación de desamparo ciudadano, sino también las demandas por transformación. Frente a su déficit de credibilidad política, se ha movido entre posturas defensivas y el recurso providencial,  personificado en la ex Presidenta Bachelet. Las advertencias que emiten expertos vinculados a su fundación, en orden a señalar que la existencia de dos listas para enfrentar las próximas elecciones municipales “atentarían contra las opciones presidenciales”, poco la ayuda. De ellas se infiere que no está tan alejada del cálculo que rodea a la política electoral, algo frente a lo cual siempre se mostró distante y que, seguramente, forma parte de las razones que explican su incombustible popularidad.

En este marco, la carta enviada por Carolina Tohá a Osvaldo Andrade, su homónimo PS, resulta particularmente lúcida por cuanto reconoce la necesidad de reaccionar a preguntas que solamente puede dar una izquierda fortalecida en su propia identidad, tanto ideológica como orgánica. Es por ello que lo invita a iniciar una nueva etapa de relación entre el PPD y el PS que permita acometer este desafío histórico. Más allá de la interpretación que dicha carta merece para entender las dinámicas al interior del conglomerado, la misiva le permite a Tohá dos cosas. Primero, realizar un punto de inflexión en su desempeño como una dirigente partidaria que despertó muchas expectativas y, segundo, mostrar una faceta distinta, eclipsada en buena parte por las dinámicas de la relación con sus socios de pacto. Su carta refleja un liderazgo joven que pone por delante los desafíos en materia de igualdad que el país enfrenta y la invitación a hacerlo, no a través de la clausura como lo es, de alguna forma, la ley antidíscolos que ella también apoyó, sino de la apertura y creación de nuevos espacios.

A pesar de la confianza de la ex mandataria en que cualquiera que la sucediera no reduciría la presencia femenina, Piñera sí lo hizo. De esta forma, dejó entrever su nula sensibilidad a la relación positiva que se establece entre la presencia de mujeres en cargos políticos y el sentimiento de inclusión femenina. De paso, se confirma que el manejo de los simbolismos no es el fuerte del actual mandatario.

Durante el primer año del gobierno se observa que buena parte de lo que se declara como igualdad de género son una sumatoria de carencias, eliminaciones, desprolijidades  así como la administración de postas dejadas por el gobierno precedente como son la ley de femicidio, ya aprobada, y el régimen de sociedad conyugal.

A diferencia de las anteriores administraciones, no existe una hoja de ruta en la línea del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, se intentó eliminar el PMG de género mientras se sentaban las bases del futuro Ministerio de Desarrollo Social, se despidió a parte sustantiva del personal calificado del Sernam y se emitieron minutas, de las que luego se reniega, sobre el comportamiento sexual adolescente y la apariencia personal.

Se ha modificado la nomenclatura de los programas del Sernam para incorporar otros que, por un lado, responden a lógicas asistencialistas y, por otro, tendrían más lógica en otras reparticiones como educación o salud. La llamada transversalidad de género aplicada a las políticas públicas, plenamente instalada en los gobiernos de América Latina, parece ser algo esotérico para las nuevas autoridades. Por otra parte, en la página web del organismo es posible encontrar un espacio con reminiscencias publicitarias, que no se condice con la necesaria solemnidad que merece una repartición pública. Por lo demás, es amnésica. De un plumazo, se evaporó toda la historia institucional. En cuanto a contenidos, todo conduce monolíticamente a que las mujeres de Chile sean trabajadoras y madres. No hay espacio para las variaciones. Con ello, no solamente se busca su ingreso al mercado de trabajo sino que no descuiden su función reproductora.

Cabe preguntarse, además, qué le ofrece un gobierno unidireccional en materia de género al 47% de chilenas sin hijos que no tiene considerado ser madres, tendencia que ha ido en aumento en los últimos ocho años, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

¿Quiere ello decir que, porque los temas relativos a la igualdad de género no se nombran con la asiduidad y la intensidad del pasado reciente o porque no forman parte de las llamadas “siete reformas estructurales”, no existen? No nos engañemos. Bajo la apariencia de un asunto de segundo orden, se teje la trama que acompaña una voluntad refundacional que, para ser eficaz, no requiere aspavientos. Sin embargo, los medios anticipan que, como parte de los anuncios del 21 de mayo, se encontraría la creación de un Ministerio de la Mujer y de la Familia.

Esta idea contradice la orientación internacional en materia de mecanismos nacionales de igualdad. Cuando la mayoría de los países de la región se esfuerzan por fortalecer instituciones en el ámbito nacional que orienten las políticas de igualdad y promuevan la transversalización del enfoque de género en políticas, planes y programas estatales, Chile boga contra la corriente. De prosperar la iniciativa, a las dificultades ya existentes de limitaciones presupuestarias, se suma una concepción del papel de las mujeres en la sociedad que nos retrotrae a etapas previas a la conquista del derecho a voto.

Es cierto que al gobierno se le facilitan un tanto las cosas por cuando la misma Ley 19.023 que crea el Sernam establece, en algunos de sus acápites, vínculos directos entre las mujeres y su grupo familiar asignándosele, incluso, dentro de sus funciones, el fomento de medidas tendientes a “fortalecer la familia”. Es probable que ello se explique por las condiciones de su creación y las limitaciones que le fueron impuestas como producto del conservadurismo cultural que caracteriza a amplios sectores de la clase política.

La ley vigente entrega la excusa para un upgrade institucional de acuerdo a los propósitos del gobierno. El tenor del apasionado debate sobre el postnatal ha venido a recordar el rol ambiguo que, en Chile, se nos asigna a las mujeres como madres. Por otro lado, en medio de la maraña de términos economicistas tales como topes y coberturas, no solamente se ha develado la desigualdad laboral que viven las chilenas sino que poco se hace, de manera efectiva, para enfrentar las causas de la división sexual del trabajo y que hombres y mujeres compartan las tareas asociadas al cuidado y la crianza.

El año 2010 podrá ser recordado, no solamente por el megasismo, por la llegada de la derecha al poder luego de cincuenta años o por el rescate exitoso de los mineros sino también porque, silenciosa pero persistentemente, se fueron desmontando los entramados institucionales que permitieron los avances en materia de igualdad de género en los últimos veinte años.

Para la historia queda saber en que momento el debate se transformó en encerrona, vinculando de manera indisoluble la inscripción automática y voto voluntario y excluyendo, de paso, otras combinaciones posibles. Lo cierto es que se eludió el fondo del asunto: la reforma del sistema binominal. Sin afán de ser deterministas, mientras persista dicha fórmula, escaso o nulo sentido tiene para la mayoría de las personas el acto de votar.

No deja de resultar un contrasentido que la mayoría de los cientistas políticos y constitucionalistas de renombre de la plaza, cual predicadores, hayan alertado acerca de la regresión histórica que supone el voto voluntario que, si bien se entiende como una fórmula posible para enfrentar  la apatía política, es casi seguro que sumará, a la desigualdad económica, la desigualdad política. Es como si Tony Judt pensara en Chile mientras escribía Algo va mal, su libro póstumo, al afirmar que “los pobres votan en mucha menor proporción que los demás sectores sociales, así que penalizarlos entraña pocos riesgos políticos”. Cabe preguntarse si no estaremos remando contra la corriente porque, a la ceguera frente a la evidencia empírica exhibida para demostrar el sesgo socioeconómico del sufragio, se suma el desconocimiento de que instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha definido su marco estratégico en la línea de relacionar la pobreza  y los derechos humanos. De esta forma, señala que “la situación de pobreza va más allá de la privación material en términos de un concepto apropiado de ingreso o consumo, comprendiendo también bajos logros en educación y salud así como su vulnerabilidad, exposición al riesgo, falta de equidad, de capacidad para expresar sus necesidades y carencia de poder para influenciar las decisiones que afectan su bienestar”.

A pesar de la fatalidad que rodea la anterior reforma, es de elogiar que la oposición en el Congreso haya plantado cara a la idea introducir requisitos para que los chilenos que viven en el exterior puedan ejercer su derecho a voto, consagrado constitucionalmente. Ni alguien llegado de Marte entendería la propuesta de vínculo que promueve el gobierno, máxime en un país que se ufana de la cantidad de acuerdos comerciales que ha firmado, promoviendo la liberación arancelaria y la política de cielos abiertos.  Ya solamente faltaría que una idea tan peregrina se extendiera a los compatriotas que viven en el exterior y que se ven impactados por catástrofes, como es el caso de Japón, ocurrido recientemente. ¿Es que también se les exigirá algún tipo de “vínculo” para prestarles auxilio en una situación extrema?

Mientras tanto, se siguen acumulando otro tipo de reformas, algunas de las cuales no se aparecen ni por asomo en la  próxima agenda del gobierno. Sin embargo, la oposición debiera impulsarlas.   Las primarias, destacadas como una forma de abrir los partidos y reconectarse con la ciudadanía, han comenzado a ser relativizadas por dirigentes de ambos sectores políticos. Por otro lado, algún freno debería ponérsele al transfuguismo. Desde 2006 a la fecha, 5 senadores y 14 diputados han emigrado, en su mayoría, a otras toldas políticas.  El caso Van Rysselbergue supuso una oportunidad perdida para esgrimir la necesidad de que más autoridades dependan del voto popular. La limitación a los mandatos parece ser un anhelo ciudadano por lo que se desprende de la reciente encuesta Ipsos, en la que un 59,4% de los encuestados señalan que los legisladores debieran desempeñarse como máximo dos periodos Y es que la eternización en los cargos contradice la realidad que vive el chileno de a pie, que suele permanecer un promedio de cinco años en su trabajo. El sistema de reemplazos existente, tanto para parlamentarios como alcaldes, debe revisarse con urgencia. Nuestro sistema no tolera otro numerito como el que estamos viendo en La Florida. Por otra parte, no se entienden las razones para la existencia, al día de hoy, de una ley que limita el derecho de los dirigentes sociales y sindicales a postular al Parlamento mientras se admite la duplicación cuando se es presidente de partido.

Para guinda de la torta, ha desaparecido del debate el bajo porcentaje de mujeres en cargos de representación política. Al día de hoy asistimos a 14,1% de diputadas; 10,81% de senadoras, 12,46% de alcaldesas y 22,97 % de concejalas. Si bien los que nos gobiernan parecen resistir la idea de cuotas, tampoco se entusiasman con ofrecer alternativas para enfrentar este déficit democrático. El liderazgo conceptual  que Chile logró proyectar en la región gracias a la paridad ministerial del periodo Bachelet está hoy debilitado. En otros países de la región como Costa Rica y Nicaragua se han impulsado instancias llamadas unidades técnicas de igualdad y equidad de género. Su creación obedece a la necesidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en las decisiones internas  y proyectos de ley que se aprueben en su Congreso, así como en su propio quehacer interno. La igualdad entre hombres y mujeres es un ámbito con el que la Concertación debe ajustar cuentas, no solamente porque no apoyó la promesa de ley de cuotas de la ex Presidenta Bachelet sino por un asunto normativo, si que es mantiene su adhesión a la igualdad social.

Parece evidente que si hay un campo donde la pereza y un cierto nihilismo han triunfado, es en el de las reformas políticas. Por ahora, se ha impuesto la idea de la importancia de la libertad del voto, entendido como derecho. Sin embargo, es una libertad engañosa. Lo cierto es que, cuando dejamos de votar, otros terminan tomando las decisiones por nosotros.

Por el tinte del debate público, engañosamente asexuado, alguien venido de otra galaxia podría pensar que, en Chile, el género dejó de ser tema o que los estereotipos han sido derribados. Lo cierto es que la administración Piñera tiene menos mujeres que su predecesora en el ejecutivo: 28% de ministras y las subsecretarias han bajado, de 34% en 2010 a 28%, en 2011. Pero, para ser justos, algunas detentan cargos que, en ningún caso, pueden considerarse anodinos. Nos referimos a la jefatura del segundo piso de La Moneda y la Dirección de Presupuestos. Sergio Melnick y Jaime Hales, dos conocidos futurólogos, anticiparon para 2011 que “el poder femenino entraría en un declive” y que “se iniciaba el año de la fuerza masculina”. Les faltó afinar la puntería porque lo que se observa es más bien la preponderancia del modelo masculino.

La ratificación de Jacqueline Van Rysselbergue en su cargo, luego de reconocer que había “inventado una historia” para favorecer a un cierto número de pobladores con servicios públicos a los que no habrían tenido derecho, más allá de si es un caso legal o político, es moral y, también, paradojal en el caso de un gobierno que, según le hemos escuchado al Ministro Larroulet, pretende impulsar una “sociedad de valores”. En este empeño, la balanza parece inclinarse hacia familia, la patria, la autoridad y el esfuerzo personal, pero no hay espacio para la honestidad. Además se reflota, aunque indirectamente, el debate sobre los estilos, aunque nadie lo ha asociado con el género.

La razón es obvia: su forma de hacer las cosas es la que siempre se ha utilizado en el terreno político, asociada al liderazgo masculino. La Intendenta es un buen ejemplo de lo que la filósofa española Victoria Camps identifica como una de las contradicciones de la emancipación femenina: la adopción del modelo masculino de trabajo y dominación. Y esto no se disimula, al parecer, ni con una tonelada de collares o pulseras.

La misma autora, en El siglo de las mujeres, señala que la opacidad ha llegado a ser un procedimiento habitual en política añadiendo, quizás exageradamente: “No digo que las mujeres no sean tan proclives a la mentira y al engaño como los hombres. Pero es igualmente cierto que la mujer ha sido siempre la principal engañada en su relación con el hombre. Sea como sea, el poderoso tiene más facilidades para engañar que el subordinado o dominado. Por lo menos, al acceder al poder sería bueno pedirle a la mujer que no haga suyos los vicios que ese poder siempre ha tenido”.

El caso Van Rysselbergue permite evocar algunos de los argumentos que se utilizan para incrementar la presencia de mujeres en cargos políticos. Efectivamente, existe la expectativa, no siempre corroborada por los hechos, de que más mujeres en lugares de toma de decisiones gravitantes tendrán un impacto diferencial, contribuyendo a una mayor preocupación por las demandas femeninas y que, además, desarrollarán un estilo político distinto, más abierto, dialogante y participativo.

Dado que Chile no es Noruega y bien sabemos que no están difundidos en la sociedad los valores igualitarios que posibilitarían que las mujeres pudiesen ejercer de manera fluida y natural su derecho a ser electas, es que se ha señalado que el ascenso de Michelle Bachelet a la presidencia fue producto del fenómeno de “feminización” de la política. Con ello se alude a que los chilenos habrían visto en ella un conjunto de atributos y cualidades que permitirían contrarrestar los vicios que a la actividad se le adjudican. Es probable que ello esté a la base de la orientación electoral a favor de las mujeres como también que, como consecuencia del mandato de Bachelet, se haya reforzado. Si es así, flaco favor nos hace la Intendenta de la UDI.

Por ello, y en un contexto cultural cambiante y sin cuotas de género obligatorias, cabe preguntarse ¿podría afectar este caso la idea que los electores se hacen de la política conducida por mujeres? Aunque la piedra de tope parece estar más en los partidos que no colocan más mujeres en las listas, y no en los votantes, la inquietud es legítima si tenemos en cuenta que Chile ostenta un porcentaje vergonzoso de presencia parlamentaria femenina: 10,5% senadoras y 14,2% diputadas. Por otro lado, quienes defendemos las políticas de acción afirmativa, quizás debamos revisar los argumentos asentados en supuestos atributos de la femineidad. ¿Por qué debiera colocarse sobre los hombros femeninos la responsabilidad por la redención de la política? La respuesta no es sencilla habida cuenta de que, en parte, eso le permitió a Bachelet salir airosa frente a los contratiempos, neutralizar los obstáculos y evitar la asimilación masculina.