Aquellos que algo saben de estas cosas expresan que el actual gobierno ya tomó la decisión de implantar políticas muy libérrimas en el uso de suelo y que, para ello, era necesario contar con el escudo de ese grupo de expertos en urbanismo. En todo caso, constatamos que de esos 29 integrantes hay 5 o 6 que sí tienen los atributos técnicos necesarios para asumir la tarea de examinar los elementos para que en Chile exista una planificación urbana de verdad, en donde el eje sea la sustentabilidad y por lo tanto el bien público.

Ahora bien, según Wikipedia el apellido Boza es originario de Portugal, pero donde este linaje adquirió importancia fue en las Islas Canarias, en las que se asentó en el siglo XVI, desde donde pasó al Nuevo Mundo, específicamente en el Perú. No sabemos desde cuando esta familia de alcurnia llegó a Chile, ni nos interesa conocer su ascendencia, pero lo que sí está claro es que este arquitecto tiene un comportamiento despreciativo de señor feudal.

Cristián Boza, en una entrevista, trató de faltos de cultura y sofisticación a sus alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, lo que fue publicado en la revista Vivienda y Decoración del diario El Mercurio.

Boza ejercía el cargo de decano en esa Escuela y como sus alumnos reclamaron porque, tratándolos con las siglas C2 y C3 utilizadas por los publicistas, se sintieron insultados por las palabrotas de mal gusto que les lanzó para justificar su incapacidad de docente. El quería tener en su aula a estudiantes sofisticados que vinieran de la cota 1.000, pero la realidad social de los alumnos en esa novísima universidad privada era otra. Lo despidieron por su falta de tino y por su comportamiento autorreferente.

En la entrevista también aseguró que son los arquitectos los que diseñan la ciudad, ante lo cual le decimos que está profundamente equivocado ya que, por lo menos en Chile, las ciudades obedecen únicamente a las decisiones de negocios de los inversionistas inmobiliarios y de las constructoras que tienen el poder suficiente para influir en las medidas que adopta cada cierto tiempo el ministerio de Vivienda y las propias municipalidades.

Los arquitectos, en general, son simples instrumentos de sus mandantes con las excepciones de aquellos profesionales dignos que no se dejan utilizar. En nuestro país tenemos unos cuantos de estos profesionales que se la juegan, incluso pasando malos ratos, para que nuestras ciudades sean democráticas, sin segregación y que se  desarrollen armónicamente. Conocemos la trayectoria de varios de estos arquitectos y en esta oportunidad nombraremos a Christian de Groote y a Mathias Klotz, ejemplos que muchos debieran imitar.

Aparte del ex abrupto cometido con sus estudiantes, en esa revista el atrevido Boza manifestó: “Me lo paso dando explicaciones y sospechando que hablan por hablar. Y aparecen unas organizaciones como Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad; hay una niña que publicó hace poco una crítica, la Pepa Errázuriz, ¿quién es la Pepa Errázuriz? Presidenta de Ciudad Viva. ¿Qué es Ciudad Viva, qué arquitectos tiene detrás?, si la ciudad la construyen los arquitectos”.

Periodista: Pero la viven los ciudadanos. Debe ser complicado ser arquitecto y someterse a las opiniones.

“Obviamente. Por eso cuando hacemos proyectos grandes, como Enea, en Pudahuel, usamos toda una metodología para consultarle a la comunidad. Ahora el input que ellos me dan lo proceso, si el arquitecto soy yo. Es como si fuera al médico y le dijera qué me tiene que recetar. Yo soy el experto. Tengo un postgrado en Edimburgo, he sido profesor de arquitectura y urbanismo por más de 30 años, probablemente soy la persona que más sabe de estos temas en Chile. Probablemente.

Mis discusiones no son a nivel de la Pepa Errázuriz, mis discusiones son con expertos como Marcial Echenique y se hacen en la Universidad o por el diario, con altura de miras. Pero no voy a estar contestando a esas personas que no entienden nada”.

También le decimos a Boza que si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil que han emergido en el último tiempo, la corrupción inmobiliaria que se ha estado conociendo sería más descomunal que la actual y como un botón de muestra le representamos las 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una que se están construyendo, sin una calificación ambiental, en el amplio terreno comprado por los dueños de la Universidad San Sebastián, en cuya casa central él enseñaba hasta la semana pasada.

La altura máxima de esas 3 torres debía ser la contemplada en el Plan Regulador de Recoleta para esa zona de densidad media, que es bastante más reducida, tal como lo ha dictaminado formalmente el propio Ministerio de Vivienda en su ORD. Nº 18 del 11 de enero de 2010, criterio legal convalidado por el Consejo de Defensa del Estado. Asimismo existe un informe en derecho, elaborado por un conocido Estudio Jurídico de la plaza, a solicitud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que plantea lo mismo.

Las dichosas torres se siguen edificando, con el aval del Director de Obras Municipales formalizado por el Ministerio Público, sin que las instituciones administrativas del Estado funcionen. El polémico arquitecto Boza ninguneó a Josefa Errázuriz porque tuvo el coraje de decir públicamente lo que estamos reseñando en los últimos párrafos. Recordemos que esta valerosa dirigente social se enfrentará al coronel Labbé en octubre próximo.

Tal como Boza se vio en la obligación de desdecirse de sus desfachatados dichos con sus ex alumnos, a través de esta columna interpelamos a ese locuaz  arquitecto que haga lo mismo con Josefa Errázuriz, futura alcaldesa de Providencia.

Como consecuencia del escándalo que se produjo por el excesivo volumen de la construcción de ese centro comercial, el alcalde Águila, hombre muy ocurrente, llamó a una consulta ciudadana para así  —sobre seguro— validar dicho ilegal proyecto. Sucedió lo que él, el Concejo Municipal y los promotores del negocio esperaban, ya que el 94% de los votantes apoyó el mall tal como está y con este resultado dicha autoridad local le tapó la boca a los santiaguinos que osaban criticarlo.

Pero para guardar las apariencias, no se ha informado que esos votantes representan sólo el 23% de los electores registrados en el Servicio Electoral de esa comuna, con lo cual se constata que la amplia mayoría de los ciudadanos de Castro, al no concurrir a las mesas de sufragio, no quiso confirmar la posición del alcalde y de los concejales impulsores del adefesio.

Recapitulando, dejamos en claro que hay 2 permisos truchos, el primero Nº 108 del 8 de abril de 2008 otorgado a Inversiones e Inmobiliaria Océano S.A. y el segundo Nº 309 del 6 de diciembre de 2011, otorgado a Pasmar S.A. ambas sociedades de un mismo propietario. Actualmente el paralizado mall enfrenta una angosta vía local, lo que es impropio por la carga de ocupación del edificio.

Ahora bien, tengo en mi poder un Contrato de Transacción del 20 de abril recién pasado, firmado por el alcalde de Castro y el abogado de las empresas que obtuvieron los 2 permisos de edificación objetados por la propia municipalidad. Hacemos notar que, sin que se obtuviera la mayoría absoluta en la votación del Concejo Municipal de Castro, por lo tanto, vulnerándose el artículo 86º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se firmó ese contratito que busca la impunidad.

Para dejar en el pasado la mala imagen corporativa que tiene la empresa Pasmar S.A. dueña del proyecto, ahora se llama Tenglo S.A. y como encontramos muy acomodaticias varias cláusulas de ese amigable convenio, a continuación las damos a conocer para que los lectores saquen sus propias conclusiones.

1) Con bastante detalle se individualizan en la cláusula primera del “Contrato” los distintos juicios radicados en el Juzgado de Policía Local y se deja en claro que el texto del contrato fue aprobado el día anterior (19/04/12) por el Concejo Municipal, mismo día en que las empresas otorgaron los poderes al abogado que las representó.

2) Con el objeto de poner término a esos litigios, haciéndose mutuas concesiones, transigen extrajudicialmente, desistimientos que deben ser aprobados por el juez.

3) Con lo anterior, la Dirección de Obras otorgará la modificación del permiso de edificación o un nuevo permiso.

4) Dentro de las 72 horas de la fecha de la supuesta aprobación del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), se autorizará la modificación del permiso o se cursará un nuevo permiso, según como se presenten los acontecimientos.

5) Se podrá aumentar en un 5% la superficie de los 24.137 m2 indicada en el permiso, contemplándose además una cantidad de 249 estacionamientos, vale decir, 100 más de los fijados en tal permiso.

6) Se tramitará un nuevo acto administrativo —EISTU— por 192 estacionamientos, el que deberá autorizar el Seremi de Transportes y para cumplir con los 249 espacios, de acuerdo a los m2 construidos, la Dirección de Obras eximirá a la empresa solicitante de la diferencia, si la calle en donde está el acceso definitivo tiene más de 100 años, lo que podría ocurrir.

7) También se dice, contradiciendo lo anterior, que el número de estacionamientos aumentará a casi los 290, producto de la superficie del proyecto y que 223 estarán situados adentro del centro comercial. La diferencia de estacionamientos se localizarán afuera de la construcción, enfatizándose que el EISTU corresponderá a 192 unidades y si éste no se aprueba la transacción quedará sin efecto, lo que es bastante obvio.

8) Para la obtención de un nuevo permiso las empresas dueñas del mall deberán comprar el terreno necesario para que esa edificación enfrente la vía colectora que el Plan Regulador establece y fusionarlo con los anteriores. Este tipo de calle permite el emplazamiento del mall que es un equipamiento mediano.

9) Las partes se otorgan el más amplio, completo e irrevocable finiquito en relación a los hechos y actuaciones pasadas, declarando que nada se adeudan la una a la otra, renunciando a todas las acciones administrativas, judiciales o de cualquier índole que puedan ejercer. Es decir, no hay nada pendiente (sic).

Por lo relatado, queda en evidencia que en Chile todo se arregla entre 4 paredes y que las malas prácticas en los negocios se olvidan rápido con el fin de salvaguardar la sólida unión pública-privada.

Por último y en razón a que esta municipalidad modificó su PRC el año 2008, fijando las condiciones necesarias para que este tipo de voluminosos proyectos se puedan realizar en la zona ZC1, sin restricciones de tipo de equipamiento, sin limitar las alturas máximas, sin precisar la materialidad de las fachadas, entre otros libertinajes, quisiéramos que la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público investiguen lo acontecido, tal como se lo pedimos, con el arquitecto Ramón Delpiano, el 6 de marzo de 2012. Ahora le estamos haciendo llegar el obsceno Contrato de Transacción para que se analicen sus complacientes cláusulas.

Con el fin de que estos tres órganos del Estado puedan disponer de la información completa del irregular desarrollo de los hechos, el Colegio de Arquitectos de Chile, orden profesional que sabe mucho sobre esta materia, deberá suministrarles la pesquisa que ha hecho para, llegando a la verdad en este deplorable episodio, se sancione ejemplarmente a los culpables directos e indirectos.

Los servicios de la Administración del Estado, para no incomodar a ese sociable actor del mercado, fueron muy flexibles con él y no le exigieron todo el papeleo que sí le piden a los medianos y pequeños empresarios. Por tal razón, el estudio de impacto vial que debería estar aprobado antes de la emisión del permiso de edificación, recién Cencosud lo obtuvo 3 años después que se iniciaran las obras.

El Seremi de Transportes, para hacerse el simpático y buena persona con el titular del proyecto, estableció que las mitigaciones viales, de cargo del rey del retail, tenían que estar terminadas según una cierta cronología asociada a las recepciones finales parciales de las distintas obras y como consecuencia de esta mala decisión aumentarán fuertemente los colapsos viales que ya se viven en esa zona comercial y de oficinas.

Por la altísima carga de ocupación del proyecto se le considera equipamiento mayor, según las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y por ello debía enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía porque la Avenida Andrés Bello, en ese tramo, tiene 36 metros entre líneas oficiales y por ello tiene categoría de vía troncal.

Ante esta circunstancia, el siempre complaciente Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) modificó dicha OGUC fijando que los equipamientos mayores, como Costanera Center, sí podían enfrentar vías troncales, además de las expresas y así, con la firma de un Decreto publicado rápidamente en el Diario Oficial, se solucionó el inconveniente.

Las normas de edificación aplicables para este proyecto están contenidas en un obsequioso Plan Seccional elaborado por el Minvu de la época aquella, por instrucciones del capitán general. Entre otras cosas, en ese instrumento normativo urbano se permite una altura libre de edificación, la cual en todo caso está limitada por el punto de encuentro de las rasantes, según el ordenamiento de la OGUC.

Como Paulmann quería tener la torre “más alta de Sudamérica” fue necesario que los funcionarios municipales procedieran muy creativamente para dar el sí a las aspiraciones del jefe fáctico y así fue como esa rasante de 70º no se levantó a nivel del suelo natural desde eje de la vía troncal Andrés Bello, como lo prescribe con mucha claridad el artículo 2.6.3. de la OGUC, sino que se calculó desde un punto más alejado de la ribera del río Mapocho.

Con esta novísima y habilidosa interpretación de las normas esa torre tendrá el récord de altura buscado con tanto ahínco por ese flamante empresario. Ahora bien, lo anterior lo expresé, en mi calidad de expositor, en un Foro público organizado en días recientes por la Universidad Adolfo Ibáñez titulado “Después de Costanera Center”, percibiendo que los asistentes se sentían incómodos al escuchar mis palabras, refrendadas en todo caso en un oficio firmado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, documento oficial que mostré reiteradamente al público.

A tal extremo llegó la desazón en el auditorio, que otro expositor tuvo que salir en defensa de las presuntas buenas prácticas del establishment, sosteniendo que tal informe, puesto a disposición de quienes lo quisieran conocer, no tenía el valor que yo le daba porque del mismo se apreciaban 2 opiniones contrapuestas: la del Director de Obras de Providencia y la del mencionado Seremi.

Lamentablemente para ese expositor, académico y lúcido especialista en transportes, tuve que aclararle a viva voz que no existía tal probable discrepancia de pareceres entre distintos funcionarios, porque la ley le otorga al Seremi de Vivienda y Urbanismo la atribución para interpretar el marco regulatorio y el Director de Obras debe acatar sus instrucciones.

En todo caso y dado que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la resolución de ese Seremi, con lo cual se reduciría la altura de la torre, porque en Chile es de mal gusto molestar a los grandes empresarios, vislumbramos que ella será finalmente la más alta de Sudamérica, aunque sea con trampas, salvo que en un súbito arranque de probidad el Minvu decida extemporáneamente hacer cumplir la ley.

Muchos dicen más vale tarde que nunca y veremos si el ministro Pérez Mackenna, sopesando los pro y los contra, imparte las instrucciones de rigor con lo cual esa elevada torre ya no sería la más alta de Sudamérica, pero sí, como contrapartida, podríamos afirmar que Chile se está encaminando a ser un país serio en donde, aunque sea a regañadientes, las instituciones funcionan.

Lo lógico es que esta consulta se hubiera hecho antes de otorgarse dicho permiso y antes también de la modificación del Plan Regulador Comunal para ese sector estratégico de la antigua ciudad, cambio que, por lo demás, fue un traje a la medida, según denuncia pública de la presidenta regional del Colegio de Arquitectos de Chiloé, para el autoritario inversionista extranjero que ya ha hecho de las suyas en otras ciudades de la región de Los Lagos.

Nos preguntamos cuales serán las preguntas de la extemporánea consulta, ya que la desobediente empresa Pasmar sigue construyendo, haciendo caso omiso de las paralizaciones de faenas dictadas por la autoridad competente. Por tal motivo, el caso está radicado en el Juzgado de Policía Local de Castro y el Alcalde Nelson Águila, en la práctica, se ha declarado incompetente para firmar el Decreto que posibilitaría la demolición de todas las superficies que violan el permiso, asunto incomprensible para aquellos que creen en las instituciones.

La gente de esa ciudad tiene legítimo derecho a disponer de un centro comercial y recreacional grande para adquirir ciertas mercancías, evitándose así los largos, caros  y tediosos viajes a Puerto Montt, como muchos lugareños lo han manifestado con fuerza en las redes sociales y en las ocasiones en que han sido entrevistados por la prensa. Lamentablemente las autoridades locales no tuvieron la visión necesaria para convencer al titular del proyecto que el lugar elegido por éste era muy inadecuado por los impactos viales, urbanísticos, ambientales y paisajísticos que produce.

Aunque el lector no lo crea, la impúdica empresa Pasmar para disponer rápidamente del acto administrativo que le permitía iniciar las obras señaló en la solicitud del permiso que su “amigable” proyecto tendría tan solo 149 estacionamientos, con lo cual se evitaba el molesto Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). El artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) dice que este tipo de proyectos comerciales que tengan 150 o más estacionamientos deben someterse al EISTU y sabemos que el requerimiento de estos aparcaderos para absorber la demanda prevista del invasivo mall exceden los mencionados.

El Colegio de Arquitectos de Chile, en conferencia de prensa del viernes 9 de marzo pasado, reclamó airadamente sobre este despropósito exhortando al ministro de Vivienda y Urbanismo, en orden a que es urgente el cambio normativo para que las ciudades se desarrollen civilizadamente respetándose sus valores patrimoniales y con efectiva participación ciudadana. Es más, también propuso, como era lógico, la demolición de las obras que no se encuadraban en el permiso.

El ministro Pérez Mackenna dice que la cuestión que nos preocupa tiene que ser resuelta por la municipalidad de Castro, olvidando que son sus representantes en las 15 regiones del país, llamados Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), los que deben exigir el cumplimiento del marco regulatorio, cuando las municipalidades no ejercen su roles. El Seremi de la región de Los Lagos, quien debió actuar oportunamente, aún no ha tomado iniciativa para que el díscolo privado se enriele, pero esperamos que lo haga a la brevedad.

Hoy en día y desde hace muchos años en nuestro querido país impera la ley de la selva en este ámbito. Los funcionarios del Estado permanentemente hacen la vista gorda ante este tipo de atentados porque, cuales obedientes mayordomos, amparan el despotismo de los poderosos y la prepotencia de aquellos que sólo persiguen el lucro llevado al extremo y en el mínimo de tiempo posible.

Hemos sabido que el miércoles 14 de marzo pasado hubo un comparendo en el Juzgado de Policía Local de Castro, entre la municipalidad y el infractor Pasmar, sin que las partes llegaran a acuerdo y el próximo viernes la jueza fallará respecto a las insignificantes multas cursadas por el alcalde Nelson Águila.

En nuestra opinión, será irrelevante la sentencia de ese juzgado, porque el asunto es bastante más delicado, ya que lo que corresponde es la demolición de toda construcción ejecutada al margen del permiso y en tal sentido quien deberá “mojarse el potito” es el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, jefe técnico directo de la Directora de Obras de Castro.

En resumen, el problema no es el desproporcionado mall, sino su incorrecta localización y por ello, independientemente del resultado de la futura consulta no vinculante, estimamos que la situación engorrosa que se vive allí no se resolverá con facilidad y por ello es indispensable que pronto, y aunque le duela a algunos, se honre el Estado de Derecho vigente. De esta manera, en el futuro, los actores del mercado no repetirán el mal comportamiento del empresario Mosa, dueño de Pasmar.

Ahora bien, en los últimos días la prensa ha estado dando mucha cobertura noticiosa a la futura inauguración del mall de Costanera Center, proyecto inmobiliario faraónico de Horst Paulmann. La puesta en marcha de este centro comercial está prevista para abril próximo y la torre más alta de 300 metros, conjuntamente con las otras edificaciones, se terminarán en unos cuantos meses más.

Las edificaciones se enmarcan en las libertinas disposiciones contenidas en el artículo 4.3.16, Zona Especial Ex CCU, del Plan Regulador de esa comuna, vigentes desde 1986 con la puesta en marcha de un Plan Seccional generado al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de aquella época. En los aspectos no reglamentados en el artículo mencionado se aplican las normas de mayor rango comprendidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Pues bien, conocedores del desarrollo de los hechos, después del comienzo de las faenas —marzo de 2006— de este megaproyecto inmobiliario de 700.000 m2, nos contactamos con el abogado Carlos Estévez (PS), seremi de Vivienda y Urbanismo, para representarle una serie de transgresiones legales cometidas por la Municipalidad de Providencia en el otorgamiento del permiso de edificación y la no exigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requeridos por ley antes que se iniciaran las obras y antes que se otorgara el permiso de edificación, respectivamente.

Estos dos permisos se obtuvieron extemporáneamente con el agravante de que la debilucha institucionalidad ambiental, para no disgustar al titular del proyecto, se conformó sólo con una “declaración” en lugar de haber exigido un “estudio” como estaba señalado en el artículo 11º de la ley respectiva.

A mitad de camino detectamos otras irregularidades, como por ejemplo que el cálculo de la rasante para determinar la altura máxima de la torre “más alta de Sudamérica” estaba erróneo, con lo cual, como un hecho consumado más, esa torre llegó a los 300 metros de altura y que considerábamos impropio que las autoridades centrales hubieran clausurado el helipuerto del ex Hospital Militar, hoy Hospital Metropolitano, localizado en la calle Holanda adyacente a las otras torres que enfrentan la calle Vitacura, para eliminar el cono de seguridad que perturbaría el negocio inmobiliario en comento.

Después de acuciosos análisis técnicos, dicho seremi convalidó nuestras denuncias, las que describió en ORD. Nº 1717 del 4 de mayo de 2009 enviado a Sergio Ventura, director de Obras de la Municipalidad de Providencia, manifestándole que, por mandato del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se veía en la obligación de enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras.

Por terceras personas supimos que el ente fiscalizador había sancionado a los 3 funcionarios municipales que habían intervenido en la tramitación de los permisos sólo porque no se habían fusionado oportunamente los distintos predios que originaron el terreno más grande resultante de 4 hectáreas.

Como no teníamos noticias acerca de las otras ilegalidades cometidas, el 24 de enero de 2012, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Marisol Rojas (DC), actual seremi de Vivienda y Urbanismo, que nos diera a conocer la respuesta formal de la Contraloría a su servicio público sobre este deplorable episodio.

Vía ORD. 563 del 13 de febrero de 2012, doña Marisol nos dice olímpicamente que su función pública no ha tenido respuesta desde el órgano contralor (sic), con lo cual, habida cuenta el prolongado tiempo transcurrido, se configura una situación en extremo inconcebible que merece ser tipificada como un nuevo récord Guiness para Chile. No quisiéramos pensar que la actual seremi desconozca el arduo trabajo de investigación y fiscalización de su antecesor y se conforme con decir que la Contraloría no contesta, ya que su obligación como funcionaria del Estado es exigir el cumplimiento de la ley.

El EISTU aprobado a fines del 2009 por el seremi de Transportes, entre otras cosas, contempla la ejecución de un túnel en el subsuelo de la Avenida Andrés Bello, inmediatamente enfrente del Costanera Center, obra de infraestructura que facilitará los accesos vehiculares al estacionamiento subterráneo de este mega comercio. Se contemplaron una serie de medidas de mitigación vial en ese EISTU pero, aparte de la excesiva extemporaneidad del acto administrativo, muchas de ellas se exigieron contra las distintas recepciones de obras parciales del megaproyecto.

En todo caso, nos ha llamado la atención que el gobierno todavía no llame a una licitación pública para entregar en concesión ese tramo del bien nacional de uso público de esa vía troncal. Suponemos que las autoridades no estén pensando en regalarle a Cencosud ese corto espacio público y que, por ello, no se anuncie la licitación.

Tan pronto se inaugure el mall y como el EISTU insensatamente postergó el túnel para la recepción final de todas las obras del complejo comercial, los que utilizan vehículos tendrán dificultades para circular y por ello, para evitarse los malos ratos y las demoras interminables en las calles, es recomendable alejarse de esa zona hasta que se normalice, si es que ello ocurre.

Diversos especialistas en urbanismo, construcción y transportes ya han entregado sus negativos diagnósticos sobre lo que vendrá en ese sector y por ello sólo nos queda decir que en esta megalópolis, si la institucionalidad quisiera ser responsable, es urgente la creación del superintendente metropolitano con amplias facultades legales para ordenar sustentablemente el desarrollo de la ciudad, lo que esta fundación está proponiendo desde hace muchos años.

En todo caso, estaremos atentos a la futura emisión del dictamen de la Contraloría General de la República, sobre las distintas ilegalidades informadas a él por el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo y por nosotros mismos, a sabiendas que ese documento oficial no producirá ningún efecto ya que este monumento al engreimiento privado ya está casi terminado. Cuando ello acontezca se podrán sacar diversas conclusiones que harán reflexionar a los que mandan políticamente en este país.

Estamos hablando de una iniciativa mercantil que significaría cambiar el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas a urbanas en 8 comunas de la región metropolitana de Santiago y para tal propósito se crean administrativamente  unas denominadas Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC), figura inexistente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Quienes apoyan esta política argumentan que ya no tenemos suelos para seguir construyendo, lo que ha sido desmentido con abundante acopio de cifras por el economista y académico Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, publicación periódica siempre consultada por todos aquellos que se desenvuelven en la actividad de la construcción.

A este especulativo negocio, ingeniado en el gobierno de Bachelet, se le asignó el nombre técnico de PRMS-100 y por razones obvias ha sido compartido por la administración de Piñera, siempre atenta a apoyar a los privados que compran barato buscando plusvalías patrimoniales a través de informaciones privilegiadas y de sus buenos contactos con aquellos que deciden dentro del poder ejecutivo. Recordemos que el Congreso Nacional está ausente en este asunto, a pesar de la importancia que debieran tener las políticas territoriales.

Ahora bien, la Contraloría rechazó este plan por innumerables razones de forma y fondo, con lo cual ha quedado una vez más en evidencia la falta de capacidad de aquellos servicios públicos que los aprueban sin conocer sus implicancias. El ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), su promotor, no lo sometió a un Estudio de Impacto Ambiental que considera la participación ciudadana, sino que se conformó con una breve e insulsa “declaración” que impide el ejercicio democrático que tienen los ciudadanos para formular críticas u objeciones, por las razones que sean, al proceso en evaluación.

Este proyecto en el 2010 ya había sido rechazado en el Consejo Regional (CORE), pero a instancias del ex intendente Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción, se votó nuevamente el 30 de marzo de 2011  con un resultado favorable debido a un cambio de posturas de cinco consejeros (tres PPD y dos DC) quienes cándidamente le dieron crédito a las seguridades planteadas por Echeverría, en orden a que ya se había firmado un Protocolo de Acuerdo con el Ministro de Hacienda para obtener 80 millones de dólares, que saldrían de la caja fiscal, para mantener las áreas verdes de los privados que se verían beneficiados con la expansión urbana.

La directiva nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, en dos ocasiones, se dirigió por escrito al intendente Echeverría proponiéndole que se postergara la votación por una serie de razones, pero el funcionario destinatario, aunque educadamente respondió, no los escuchó. En paralelo, cuarenta y cinco organizaciones de la sociedad civil se dirigieron también por escrito al presidente Piñera, haciéndole notar variadas irregularidades contenidas en la propuesta del Minvu. El primer mandatario, a diferencia de su representante en la región metropolitana, no respondió ni acusó recibo de la respetuosa presentación formulada.

Esta fundación, Ciper Chile y el diputado Enrique Accorsi, han solicitado conocer los nombres de las personas jurídicas y naturales que son propietarias de los  terrenos que modificarían sus usos de suelo, pero ello no ha sido posible porque el Minvu dice que la información la tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) y éste se declara incompetente para conocer los planos reguladores, aparte de otras explicaciones que justifican su desconocimiento de esos nombres.

Ante tal falta de respuesta por parte de la institucionalidad, el caso llegó al Consejo para la Transparencia, instancia que se esforzó para que salieran a la luz pública los nombres de los beneficiados, llegando a la banal conclusión de que la ciudadanía no se podrá informar porque el Minvu y el SII “utilizan escalas diferentes en su planos” (sic).  Para superar el impasse dicho Consejo, hace 8 meses atrás, recomendó a ambos servicios públicos que coordinaran sus sistemas de información geográfica para que así pudiera operar en plenitud la ley de acceso a la información.

Hemos sabido que el Minvu, siguiendo las directrices de sus socios fácticos en las sombras, insistirá en este proyecto en los términos concebidos y para no “molestar” a los integrantes del CORE con una nueva votación, intentará pedirle a la Contraloría que tome razón del nuevo texto, a pesar de que no ha sido sometido a la hoy vigente Evaluación Estratégica Ambiental.

Como nos extrañaba que el ministro de Hacienda hubiera firmado, con el ex intendente, el mentado Protocolo de Acuerdo antes aludido, por el traspaso de los 80 millones de dólares públicos a utilizarse en mantenciones de áreas verdes privadas, indagamos y la propia actual intendenta Cecilia Pérez nos confirmó que ese documento, aunque está redactado, no está registrado oficialmente por no existir las firmas de los anteriores.

Así se evidenció que el astuto Echeverría, con tal de que los consejeros regionales aprobaran la expansión urbana, llegó al extremo de proceder con mendacidades, sin que nadie a la fecha haya cuestionado su forma de actuar. El ex intendente, después de un efímero paso como titular del Ministerio de Energía, hoy en día se desenvuelve con singular éxito en sus actividades como socio principal de la constructora Echeverría Izquierdo.

Los grupos ciudadanos le enviaremos una nueva carta al presidente Piñera, la que recibirá tan pronto termine sus entretenidas vacaciones en Bahía Coique, explicándole por qué es necesario revisar a fondo dicho arbitrario PRMS-100.  Le recordaremos que el autoritarismo no tiene cabida en nuestro país, motivo por el cual, con urgencia se debe abrir a la discusión entre todos dicho proyecto.

Como el Minvu, aparte de no escuchar a la sociedad civil, tampoco escucha al Colegio de Arquitectos, orden profesional que debiera ejercer un rol determinante en esta materia, esperamos que en el transcurso de los próximos días se publicite una Declaración Oficial de esos profesionales para que así la opinión pública tenga un conocimiento acabado del tema que hemos abordado.

En muchas ocasiones estos sacrificados bomberos tienen que apagar incendios concientemente provocados por delincuentes para obtener el dinero de los seguros, para destruir inmuebles de conservación histórica o monumentos nacionales, con lo cual sus dueños venden los sitios libres para negocios inmobiliarios. Nos recordamos que años atrás se incendió la dirección de obras de la municipalidad de Pudahuel con el propósito de no dejar rastros de cierta documentación acusatoria de prácticas indebidas cometidas por funcionarios municipales.

Ahora bien, todos sabemos que por un antojo del ex presidente Ricardo Lagos y del ex ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), primero, y de Defensa, después, Jaime Ravinet, se clausuró el aeropuerto Los Cerrillos para dar paso a un polémico megaproyecto inmobiliario -Portal Bicentenario- en las 254 hectáreas que ocupaba esa base aérea.

Para tal propósito y dadas las características del terreno de esa infraestructura aeroportuaria era necesario que el titular de esta iniciativa, el Minvu, sometiera el cambio de uso de suelo a habitacional mixto a un acabado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con lo cual se modificaba el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

Pero ese ministerio, para que las cosas fueran más fáciles, indolentemente lo ingresó al Sistema como una simplista Declaración de Impacto Ambiental (DIA), trámite muy rápido pero que no sirve de nada. Los dóciles miembros de la Corema aprobaron esa DIA en forma expedita porque la orden que veía de arriba era procedan con urgencia porque el Palacio de La Moneda necesitaba contar con ese acto administrativo.

Debemos señalar que el artículo 8.4.1.3. del PRMS se refiere a los aeropuertos, aeródromos y radio ayudas, en donde se establecen los conos de protección que corresponden a las áreas colindantes de los anteriores las cuales, por razones más que obvias, tienen restringidas sus intensidades de ocupación de suelo.

Inmediatamente al sur del aeropuerto Los Cerrillos hay una extensa área llamada zona de aproximación que corresponde a sus cabezales que están identificados como áreas de mayor riesgo. Se dice en ese artículo que allí se permiten las instalaciones mínimas complementarias a las actividades al aire libre y que no impliquen permanencia prolongada de poblaciones y en una cierta área de máximo riesgo no se permiten las subdivisiones prediales ni edificaciones.

Volviendo a la decisión de la Corema, como la actuación del Minvu fue muy burda, los tribunales de justicia, en primera y segunda instancia, anularon esa DIA y el pomposo proyecto inmobiliario está paralizado desde hace un prolongado período de tiempo, ya que al no existir una calificación ambiental favorable enmarcada en la ley, no hay un cambio del uso de suelo para las aludidas 254 hectáreas, las que continúan siendo de infraestructura aeroportuaria en el PRMS.

El 6 de diciembre de 2011 se publicó en el diario La Tercera el reportaje “El nuevo barrio que se levanta al sur del Parque Cerrillos” en el cual se aseguraba que a partir del 11 de febrero de ese año se permitía la construcción de viviendas en las cercanías del ex aeropuerto y que uno de los terrenos más cotizados era un predio de 50 hectáreas catalogado en el PRMS como perímetro de seguridad.

El periodista que escribió la crónica, reproduciendo la opinión del asesor urbanista de la Municipalidad de Cerrillos, afirmó que allí se estaban otorgando permisos de edificación por la aplicación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). En ese diario se decía que ya se había concedido un permiso a la Inmobiliaria Aconcagua y que ya estaban registradas solicitudes por 17 proyectos. Recordemos que aquella inmobiliaria fue organizada por Piñera, asociado con el empresario Andrés Navarro y los hermanos Montero, uno de ellos ministro de Vivienda en el régimen militar de Pinochet.

En razón a que nos causó desconcierto esa información, porque el artículo 59º de la LGUC se refiere al vencimiento del plazo para renovar la vigencia de las declaratorias de utilidad pública, contenidas en los planes reguladores comunales, destinadas a ensanches o aperturas de calles, —lo cual no venía al caso para autorizar permisos, conforme a la Ley de Transparencia, el 13 de diciembre de 2011—, le solicitamos al director de obras de Cerrillos copia de los permisos cursados, ya que no podíamos entender cómo se habían aprobado.

La ley de acceso a la información pública dice que los funcionarios deben responder en el plazo de 20 días hábiles y como ello no se produjo, el 12 de enero de 2012 tuvimos que recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia a objeto de que este organismo obligara a esa municipalidad a ceñirse a dicha ley. Entendemos que dicho Consejo trasladó oportunamente los antecedentes al Alcalde de Cerrillos, para que éste, en su calidad de jefe máximo y representante legal de la municipalidad, forzara a su dependiente director de obras en orden a que nos entregara tales cuestionados permisos.

Ante nuestra incredulidad por lo que estaba aconteciendo en ese municipio, nos contactamos con el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile, orden gremial que, por razones obvias, conoce muy bien las normas aplicables en la especie, haciéndole notar el contenido del reportaje de La Tercera y la existencia de esos curiosos permisos. La directiva del Comité invitó a su sede al titular de la dirección de obras y al asesor urbanista de la municipalidad de Cerrillos con el propósito de intercambiar opiniones sobre el origen de tales permisos. Estos 2 funcionarios, sin mayores explicaciones, no aceptaron la invitación de sus colegas.

Pero en la madrugada del 26 de enero de 2012 súbitamente se incendió dicha dirección de obras, quemándose toda la documentación allí guardada, es decir, los permisos de edificación solicitados por nuestra fundación y reiterados por el Consejo para la Transparencia han desaparecido por la acción del fuego. Según la prensa, se baraja la hipótesis de que el incendio sería intencional y en tal sentido Bomberos, con sus peritajes oficiales, tendrá la última palabra.

No sabemos el camino que, en el corto plazo, tomará el Consejo para la Transparencia ante este impasse, pero lamentando la desgracia ocurrida, si hubiese sido espontánea o accidental, esperaríamos que las empresas constructoras que han obtenido permisos en ese cono de aproximación los pondrán a disposición de la dirección de obras para que ésta, sin mayor dilación,  cumpla con el mandato de la ley 20.285 que garantiza a la ciudadanía conocer los actos de la administración del Estado.

Si se llegara a proceder en consecuencia, examinaremos los papeles y se los enviaremos al Colegio de Arquitectos. Si hay mérito para objetarlos, le pediremos a la Contraloría General de la República que los invalide aplicando rigurosamente la ley 19.880 del procedimiento administrativo.

En todo caso sería sensato que el alcalde Almendares explique públicamente porqué esa vital información no se entregó cuando correspondía a quien la solicitaba.

La idea de esta profesional era que yo escribiera una columna en la prensa denunciando una mala práctica cometida por funcionarios del Estado que deseaban favorecer los intereses comerciales de las 2 empresas constructoras que tenían el dominio de esos terrenos. Entre otras cosas, me entregó copia del Decreto Supremo Nº 481 del 05/08/93 y copia del Decreto Supremo Nº 106 del 09/03/94, ambos del Ministerio de Educación.

Leí los documentos con atención y como encontré bastante impúdico lo que en ellos se decía, el 16 de febrero del 2005, publiqué en El Mostrador la columna “Devastación territorial y ambiental en la V Región”, la que no produjo ningún efecto a pesar de que era muy descriptiva de los hechos.

Dos días antes de la publicación de esa columna, el 14 de febrero de 2005, le solicitamos una entrevista al director del INP, actual IPS, para que nos explicara lo que había sucedido con las dunas, a la luz del gravamen que garantizaba la deuda de sus  propietarios con su servicio público.

La reunión no fue posible por razones de fácil entendimiento, pero Ernesto Evans, su director nacional, nos contestó por escrito el 7 de marzo de 2005, diciéndonos que el INP, continuador legal de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, “aún mantiene hipotecas sobre el predio mencionado, constituidas por la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (Reconsa S.A.) toda vez que las deudas y obligaciones por las cuales se establecieron dichos gravámenes se encuentran actualmente vigentes”.

Ahora bien, en razón a que en el último tiempo la prensa escrita, radial y de televisión ha estado comunicando, con diferentes énfasis, acerca de la reducción de la superficie de este Santuario de la Naturaleza, he considerado oportuno decir algunas cosas para que los lectores dispongan de mayores antecedentes sobre este conflicto de actualidad.

Vamos al grano:

1) El Decreto Supremo Nº 481 del 05/08/93 del Ministerio de Educación declaró como Santuario de la Naturaleza los sectores A1 y A2 del plano del Campo Dunar de la Punta de Concón, acorde a la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales. Firmaron dicho Decreto, Patricio Aylwin y Jorge Arrate, Presidente de la República y ministro del ramo, respectivamente.

2) El 14/10/93 la empresa constructora Reconsa S.A. a través de Juan Pablo Simian, se dirige al aludido ministro de Educación, indicándole que se había enterado de la tramitación de ese DS y que los terrenos de 50 hectáreas que se declararían Santuario de la Naturaleza se encontraban ubicados dentro del área urbana de Viña del Mar.

Demostrando un total desconocimiento de la legislación ad hoc, Simian le manifestó a Arrate que para seguir adelante con la declaratoria patrimonial se requería de una “modificación del plano regulador, alteración que no se ha hecho y que, en las actuales circunstancias, sería imposible realizar”. Terminó su agresiva nota con la siguiente expresión para el bronce: “Señor Ministro las razones anteriormente expuestas nos llevan a solicitarle la detención inmediata de este  procedimiento irregular…………..”.

3) El 18/10/93, el ministro de Educación le responde a Simian, representante de Reconsa, haciendo valer las prerrogativas del Consejo de Monumentos Nacionales, aclarándole que esta decisión está orientada a salvaguardar el patrimonio histórico y ambiental de nuestro país. También le dijo que perfectamente esa medida adoptada por el Estado podía ser objeto de los recursos judiciales que estimare el reclamante.

4) El mismo 18/10/93, Arrate le pide a Marta Cruz Coke, a la sazón Vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, entregándole copia de la carta de Simian y copia de su propia respuesta al mismo, que le envíe los antecedentes incluyendo las actas de las sesiones en donde se trató el asunto.

5)  Con fecha 13/12/93, Marcos Lima, director del Instituto de Normalización Provisional (INP) le envía ORD. Nº 709 a dicho ministro de Educación, aludiendo a una presentación del 14/10/93 de la sociedad Reconsa  S.A. en la cual impugna ese DS Nº 481. En este documento se dice que Reconsa es filial de la Empresa General de Construcciones S.A. (Egeco S.A.).

Lima le expresa a Arrate que estas 2 sociedades (Reconsa y Egeco) adquirieron de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, en aquella época INP, los derechos que dicha entidad tenía sobre las sociedades Empart Nº 5 y Nº 6 y Sociedad Constructora de Viviendas Económicas Montegrande Ltda. y que, para ello, se firmó una escritura de compraventa de fecha 24/09/79, sin indicar el nombre de la notaría. Le informa que tanto Egeco como Reconsa  le adeudan al INP una cantidad superior a las UF 940.000, sin considerar intereses y que ya habían existido 2 renegociaciones.

En garantía de esa obligación monetaria tales empresas constructoras habían constituido una hipoteca a favor del INP sobre el loteo Costa de Montemar y que en esta caución aparecen como fiadores los socios Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa Serrano, Ricardo Pulgar San Martín y Francisco Soza Cousiño. Lima le dice a Arrate que deje sin efecto el DS Nº 481 para evitar una lesión al INP pues se privaría a este organismo de recuperar el crédito si se limitan las operaciones inmobiliarias sobre esos “terrenos arenosos” (sic) de propiedad de los deudores.

6) Con fecha 26/01/94, Jorge Norambuena, director (s) del INP se dirige ahora a los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, repitiendo lo anterior y destacando que la deuda de Egeco y Reconsa, a esa fecha, era UF 725.000, sin considerar intereses. Insistía que la declaración de Santuario de la Naturaleza implicaría un grave e irreversible perjuicio para el INP y, por ende, directamente al interés fiscal.

7) Transcurrieron plácidamente las vacaciones de verano y todo estaba muy bien amarrado para que no se publicara en el Diario Oficial del DS de marras, pero ¡oh tremenda sorpresa! el 2 de marzo de 1994 se lleva a cabo una sesión en el Consejo de Monumentos Nacionales para tratar la materia y ahí expone el abogado Pedro Pierry, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces asesor jurídico de esta institución pública.

Fue demoledora su alocución, la que está publicada en diversos sitios electrónicos que se han preocupado del tema. Quedó en evidencia que un acomodaticio Decreto Supremo que redujo la superficie del Santuario de la Naturaleza fue objetado en la Contraloría General de la República por estimar aquella que requería de la aprobación previa del Consejo de Monumentos Nacionales.

En pocas palabras desmoronó el tinglado urdido por el INP respecto de las susodichas garantías hipotecarias, concluyendo que el Consejo de Monumentos Nacionales no podía prestar su conformidad a ningún acto de revocación de lo acordado anteriormente, es decir, se debía mantener el DS original que establecía el Santuario de la Naturaleza para los sectores A1 y A2 del plano del Campo Dunar de la Punta de Concón.

Pero milagrosamente y a pesar de los sólidos argumentos jurídicos esgrimidos por este letrado, el 9 de marzo de 1994, se firma un nuevo Decreto Supremo, ahora con el Nº 106, documento tramitado el 22 de abril de ese año en el Ministerio de Educación, el cual, para satisfacción plena de Egeco y Reconsa, fue publicado en los días siguientes  en el Diario Oficial de nuestra querida República.

Y así terminó uno de los episodios más vergonzosos que se conocen en el ámbito de las políticas públicas. Hemos llegado a la conclusión que Arrate fue sobrepasado por los  hechos y que el INP fue comparsa de esas 2 omnipotentes empresas constructoras.

Veremos ahora si el gobierno de Piñera se atreve a revertir la situación para honrar, aunque sea tardíamente, la razonada decisión tomada por los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales y así darle vida a ese vapuleado Decreto Supremo Nº 481 del 5 de agosto de 1993.

Según publicaciones de prensa, a fines de los años sesenta del siglo pasado, un grupo de pobladores le cedió a la principal universidad del país unos terrenos para que allí se instalara el liceo fiscal Internado Nacional Barros Arana, lo que no se concretó por diversos motivos.

Ahora los hijos de aquellos, que viven como allegados, piden recuperar los terrenos para resolver sus problemas habitacionales. Así las cosas, consideramos legítima la demanda de los pobladores porque sus ascendientes eran los dueños de las tierras y además, porque en Chile todas las familias deben tener sus casas por modestas que sean.

En días recientes esos allegados, apoyados por estudiantes y trabajadores de la Universidad de Chile, pretendieron tomarse dicho terreno lo que fue impedido por las fuerzas de seguridad de carabineros y como el problema hasta ahora se mantiene, hemos estimado necesario informar que, con la legislación actual, inteligentemente aplicada, se solucionará en breve plazo el conflicto de marras.

Ahora bien, debemos puntualizar que las normas de edificación de este terreno contenidas en el Plan Regulador Comunal fueron modificadas el año pasado.

En efecto, ese predio está localizado en una zona ZEE (Zona de Equipamiento Especial).

Los predios situados en esa zona deben tener al menos 1 hectárea de superficie y los usos de suelo sólo son equipamiento deportivo, educación, cultural y áreas verdes.

Las condiciones de edificación son 0,4 ocupación suelo; 2.0 coeficiente de contractibilidad y altura 9 metros o la existente con recepción final.

Es decir, hoy en día, no se permiten las construcciones de ningún tipo de viviendas.

Pero debemos recordar que en la parte sur de este terreno, en el mandato del alcalde Fernando Castillo Velasco, se construyó un conjunto de viviendas sociales llamados “torreones” y se mantuvieron conversaciones por un tiempo con los representantes de la Universidad de Chile para proseguir este programa.

Aparentemente el nuevo alcalde, Luis Montt, no continuó las tratativas con esa universidad estatal para solucionar el problema de los pobladores y por ello se ha llegado a este nivel de conflicto.

Sabemos que las políticas de vivienda en esa municipalidad las lleva una denominada Unidad de Vivienda, inserta en la Dirección de Desarrollo Social y no en la Dirección de Obras.

Afortunadamente existe el artículo 50º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dice: “En casos especiales de Proyectos de los Servicios Regionales o Metropolitano de Vivienda y Urbanización éstos podrán proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional, las modificaciones a los Planes Reguladores que estimen necesario. El Ministerio aprobará dichas modificaciones previo informe de la Municipalidad respectiva, la que deberá evacuarlo en el plazo de 30 días. Vencido este plazo, el Ministerio podrá resolver, aunque no se haya emitido dicho informe”.

Por lo anterior, queda en evidencia que el problema está solucionado en la medida de que las autoridades máximas del Serviu Metropolitano y del Minvu adopten la sana decisión de aplicar este artículo.

Si proceden en consecuencia ese terreno tendrá uso de suelo residencial, con la densidad habitacional necesaria para construir allí las viviendas sociales que demandan los pobladores.

En este escenario, el rector de la Universidad de Chile, estará en condiciones de venderle al Serviu Metropolitano el terreno de la discordia en el precio máximo considerado para estos fines específicos.

En tal sentido, apelamos al buen juicio de todos los involucrados para que adopten las medidas legales con las cuales dicha universidad recibirá el justo precio por su terreno y el Serviu Metropolitano, mediante licitación pública, asigne la construcción de las viviendas sociales que los allegados requieren para vivir con dignidad. Estamos seguros que el presidente Piñera apoyará esta justa proposición porque así se irá reduciendo paulatinamente la tensión social.

En efecto, esa autoridad municipal desea modificar el instrumento de planificación urbana en la comuna que dirige porque, según él, es necesario actualizar flexibilizando ciertas normas de edificación y vialidades para acomodar el ineludible crecimiento de la inversión inmobiliaria.

Para ello anunció tiempo atrás que se habían iniciado los estudios de rigor para tal propósito e ingresó en la institucionalidad respectiva una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que mediante una resolución ad hoc fue calificada favorablemente por la Corema.

Ante tal evidencia los vecinos se organizaron y bajo la conducción del aguerrido concejal Lautaro Guanca iniciaron la tarea de conseguir las firmas necesarias, ante notario público, para convocar a un plebiscito, en los términos fijados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Así serían los ciudadanos inscritos en los registros electorales de esa comuna los que decidieran algunas materias de importancia contenidas en el proyecto oficial.

Se juntaron las firmas requeridas y el 11 de agosto pasado los dirigentes, entregándole al alcalde los documentos de 5.447 personas residentes en Peñalolén, le solicitaron que sometiera a la voluntad del pueblo algunos cambios urbanísticos que se planteaban, ya que los otros no generaban controversia, con excepción de lo propuesto para la Comunidad Ecológica de Peñalolén.

Los vecinos querían que 3 materias fueran resueltas en votación:

1) La apertura de la Av. Las Perdices, entre las vías José Arrieta y Grecia, para conectar más adelante las comunas de Las Condes con La Florida.

2) La densificación (1.600 habitantes por hectárea) del borde oriente de la Av. Américo Vespucio, entre las vías José Arrieta y Departamental, eliminando vastas áreas verdes de esparcimiento comunitario.

3) La desafectación del 50% del Parque Arrieta, ex terreno de Miguel Nasur, conocido porque estuvo tomado durante un prolongado tiempo. Con este hipotético cambio de  uso de suelo se posibilitaría en este predio la construcción de viviendas sociales.

Ante este escenario y para truncar el deseo de los convocantes al plebiscito, el 1º de septiembre pasado, la mayoría del Concejo Municipal de Peñalolén, acordó convocar a otro plebiscito previsto para el domingo 11 de diciembre próximo, en el cual los ciudadanos que vayan a votar tendrán que aprobar o rechazar todos los cambios decididos por el municipio. Es decir, tendrán que optar cerradamente por el Si o el No.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado nula, por ser contraria a derecho, la DIA de este Plan Regulador y a sabiendas que ella era irregular, Orrego con sus boys prepararon una express Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) requerida para este tipo de casos a partir de la modificación (26/01/10) de la Ley Ambiental.

Como carece de sentido votar Si o No, lo razonable es desagregar los aspectos específicos que se someterán a votación, que son los 3 señalados anteriormente y se tenga en cuenta la demanda de la Comunidad Ecológica de Peñalolén que, ocupando 150 hectáreas en la zona alta de esa comuna, exige el cumplimiento del Protocolo de Acuerdo suscrito el 4 de marzo de 2004, por el ministro de Vivienda y alcalde de la época, con los representantes legales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Desarrolladores Inmobiliarios de Peñalolén, Coordinadora Peñalolén Oriente, Pobladores Campamento Peñalolén, Un Techo para Chile y la referida Comunidad Ecológica.

En ese documento público se fijó una densidad baja para este frágil territorio y lo mencionamos, por cuanto se desea violar ese Protocolo a través de densificar, permitiendo así la consecución de proyectos inmobiliarios ajenos al estilo sustentable allí existente e incorporar invasivos equipamientos comerciales en una franja de esa ciudadela precordillerana protegida.

No sabemos si Orrego, posible futuro alcalde de Santiago, insistirá en su especial plebiscito  previsto para el domingo 11 de diciembre o si este se realizará contemplando las 3 preguntas en comento, retirando de su proyecto las modificaciones urbanísticas que vulnerarían el formal Protocolo que hemos aludido, entre otros motivos, porque es indispensable que la palabra empeñada en el 2004 se respete.

Si el acto eleccionario se realiza en los términos decididos por Orrego, vale decir, Si o No a todo, los miles de pobladores liderados por el concejal Guanca, muchos otros vecinos y las innumerables familias que viven en la Comunidad Ecológica están llamando a votar No.

Pero en el Foro del Colegio de Arquitectos de Chile, hasta ayer lunes al mediodía, se había considerado la exposición única del alcalde Orrego, sin la necesaria contraparte contemplada  inicialmente, lo que generó un entretenido y masivo intercambio de correos electrónicos a la luz del veto a este columnista.

Gracias a una acuciosa investigación interna, el propio presidente de esa orden profesional aclaró recientemente y en forma muy transparente, que el mentado veto era consecuencia directa de una lamentable desinteligencia cometida por algunos de los organizadores del Foro, con lo cual el encuentro de hoy, que hace valer la participación ciudadana de verdad, se realizará con las debidas garantías para todos.

En síntesis, valoramos la iniciativa del directorio del Colegio de Arquitectos, cuerpo colegiado que oportunamente supo poner las cosas en su justo lugar. Ahora, en un sano ambiente de libertad de expresión, respetuosamente se confrontarán allí las dos posiciones y en tal sentido estamos ciertos que este evento enriquecerá el debate para que los ciudadanos de Peñalolén emitan sus sufragios con un mayor nivel de información, lo que siempre es deseable.