Las palabras de Nicolás Maquiavelo en el capítulo XVIII, “De qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas”, de su obra El Príncipe, son un fiel reflejo de la práctica política de prometer y no cumplir. Una situación que resurge con fuerza en el actual debate por las actuaciones del actual gobierno, cuyos últimos problemas encuentran sus raíces en esta costumbre secular.

Lo cierto es que los últimos conflictos que se han dado entre el Estado y la ciudadanía giran en torno a los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera durante la campaña electoral, los cualrs no se han materializado del modo en que fueron planteados en su momento o han sido distorsionadas en su forma y fondo.

Casos como el proyecto termoeléctrico en Barracones fueron enfrentados improvisadamente frente a la presión de la sociedad civil, al igual que el aumento en el precio del gas para en Magallanes, o el proyecto de Ley que flexibiliza el post natal de las mujeres. Hasta el momento, la tónica ha sido la improvisación para salir de estas crisis. La pregunta es si el gobierno podrá continuar con esta estrategia cada vez que se produzca una disonancia entre lo prometido en campaña y lo que se hace en la realidad.

De todos modos, podemos apreciar un tema de fondo en el arte político de las promesas a la población y su cumplimiento o no. Maquiavelo, en este sentido, trata de mostrar el esencialismo del actuar en política: Los grandes objetivos del gobernar son más eficientes si se conducen a través del engaño. “Un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer”.

El binomio entre intereses y promesas es un punto clave para entender esta dinámica que no solamente afecta al actual gobierno, pues también se verificó en los veinte años concertacionistas. Especialmente si se compara la plataforma programática levantada para superar la gestión pinochetista, a la cual se ha llamado “el programa abandonado”.

Y es que la famosa “letra chica” debe entenderse como un juicio de hecho transversal al actuar político, es el ADN de su sentido común. Sin embargo, en estos tiempos, resulta inaceptable para la contraparte civil. Por tal motivo, no es de extrañar la falta sistémica de credibilidad con la cual se identifica al modelo de gobernabilidad universal de esta época. El clima cultural de este período, el “zeitgeist hegeliano”, no acepta a ojos cerrados la premisa maquiavélica; ahora el incumplimiento de los príncipes se traduce en pérdida de credibilidad, demostrando lo que Jurgen Habermas denomina como uno de los “problemas de legitimidad en el capitalismo tardío” (1986).

En esta obra el pensador alemán intenta explicar la crisis de la racionalidad política actual a partir de la dualidad que existe entre la política económica y social del Estado con los efectos que presentan estas medidas para los intereses universales o particulares. Así, en los últimos años, podemos observar cómo la mayoría de las promesas hechas en campañas electorales se basan en la pretensión de las élites políticas de desarrollar acciones sustentadas en el interés general de la sociedad o el bien común. Por ejemplo, impedir la instalación de centrales en reservas naturales, mantener precios bajos al consumo residencial en zonas extremas o establecer un post natal adecuado para las mujeres.

En esta fase la racionalidad política es aceptada por una parte considerable de las poblaciones, pero el ejercicio se revierte a la hora de gobernar: Gran parte de los conflictos se produce por la transformación de los anuncios de interés general a iniciativas que benefician a determinados intereses particulares, con lo cual la manifiesta racionalidad es cuestionada, perdiendo su legitimidad en la sociedad. Bajo este punto de vista, el principio de las promesas electorales no es más que una forma de legitimación falsa, aparente, en el contexto de los problemas de racionalidad que se configuran en el complejo capitalismo de organización que observa Habermas, a partir de las concepciones weberianas.

La complejización en las estructuras y funciones capitalistas, según Habermas, encuentra múltiples exigencias de legitimación, que se responden mediante una “ética comunicativa”, un discurso de formación de las voluntades hecho a partir de compromisos (promesas) que –posteriormente- tienen la posibilidad de convertirse en normas formales de acción (realidad) válidas, siempre y cuando haya acuerdo entre todos los interesados por los efectos normativos. Si esto no se produce, estamos en presencia de una crisis de legitimidad y de motivación para quienes no fueron incluidos en la toma de decisiones inherente a los compromisos anunciados.

La lógica del Estado está sujeta a esta problemática, la cual afecta también al mercado, especialmente en su dualidad discurso-realidad, a la hora de pregonar un modelo de libre competencia que, en la práctica, es subyugado por los intereses corporativos. En consecuencia, la problemática de los incumplimientos de nuestros gobernantes no debería ser tomada como un lapsus temporal, sino que debe ser analizada desde una perspectiva más estructural, de carácter transversal que tiene pretensiones universalizantes en el modo en que se ejerce el poder organizado.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

El anarcoliberalismo es uno de los basamentos doctrinarios del actual gobierno para avanzar hacia la “sociedad del emprendimiento”, a costa de la visión del Estado de bienestar que el Instituto Libertad y Desarrollo se encargó de denigrar en los últimos 20 años.

Trabajando desde su propuesta investigativa acerca de la genealogía del poder, Foucault desmenuza la historia de las ideas político-económicas que dan vida al paradigma de la economía política de Adam Smith que se valió del liberalismo para desarrollarse. En este proceso, se identifica al famoso Friedrich Von Hayek como un intermediario en la transición del ordoliberalismo al neoliberalismo estadounidense que dio vida al anarcoliberalismo de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, de la cual han surgido toda la camada de discípulos chilenos que ya se encuentran en la cuarta generación, donde muchas posturas acerca de la sociedad son aún más anarcoliberales que la de los mismos norteamericanos.

Para comprender a cabalidad los elementos del anarcoliberalismo, debemos detenernos en el concepto de ordoliberalismo, surgido a mediados del siglo XX. Foucault lo identifica como la imbricación de “una política de sociedad y un intervencionismo social a la vez activo, múltiple, vigilante y omnipresente”. En otras palabras, el ordoliberalismo no sería más que la llamada economía social de mercado pro reguladora, cuyo objetivo no es compensar o anular los efectos negativos de la “libertad económica” en la sociedad, sino que apunta a un hecho más profundo: anular los impactos anticompetitivos que surjan en la sociedad producto del capitalismo salvaje.

No está pensado para contrarrestar la economía de mercado, sino para impedir o mitigar los efectos sociales negativos generados por la falta de competencia. Esta última realidad la podemos apreciar cotidianamente en nuestro país, donde el mercado ha sido capturado por grandes conglomerados corporativos que tienden a disminuir la integración y participación de pequeñas empresas, tal como se aprecia en los sectores de retail, supermercados, farmacias, Isapres, AFPs y bancos, entre otras áreas clave de la vida económica.

Durante los gobiernos de la Concertación se pudo apreciar un tímido intento de avanzar en los grados de ordoliberalismo mediante la regulación de estos sectores, pero su resultado fue difuso o mínimo. No se intervino en el problema de fondo: producir mayores grados de apertura en el estrecho mercado que tenemos a partir de una radicalización (de acuerdo a Foucault el origen de la idea del radicalismo es volver a las raíces) en el contenido de las normas regulatorias de la economía, tal como lo hacen en Estados Unidos cuando es necesario. Al contrario, se implementó una política de contención que todavía no puede anular los mecanismos distorsionadores de la competencia de todos los actores, lo que se traduce –junto a otros factores- en la alta tasa de informalidad dentro de nuestra economía.

La creación del Tribunal de la Libre Competencia ha logrado dar ciertos pasos adelante, con algunos fallos puntuales que han puesto el cerrojo a una mayor concentración de mercados en diferentes sectores, pero no se observa el desarrollo paralelo de una política destinada a integrar a los actores más pequeños y rezagados en los encadenamientos productivos y comerciales establecidos.

Al ser un hijo rebelde del ordoliberalismo, el anarcoliberalismo instaurado por von Hayek y Friedman parte del supuesto que las leyes del Estado no deben desbordar los márgenes de la formalidad jurídica; el poder público debe ser ciego y solamente debe considerar a la economía como un juego en que, según Foucault “las reglas no son decisiones que alguien toma por los demás”.

Así, se comprende el mecánico discurso del empresariado respecto “al cambio en las reglas del juego” cada vez que se veía una reforma en el horizonte. El ejercicio es el siguiente: Si un equipo grande destroza al otro en el campo del juego económico, el equipo más débil debe aceptar esta realidad, al momento de haber querido ser parte del juego mismo. Este es el raciocinio clave que nos abre el análisis de Foucault para entender la mentalidad del anarcoliberalismo, cuyo discurso del cambio a las reglas del juego no significa más que hacer un llamado a continuar jugando en un orden legal que no cambie, teóricamente, en contra de la empresa (especialmente para las de mayor tamaño, en la práctica).

Este es uno de los núcleos de la llamada sociedad del emprendimiento: reforzar el rol subsidiador del Estado hacia el sector privado, tal como se verá el próximo año en la inyección de recursos públicos para las empresas, cuando se afiance el proceso de reconstrucción inmobiliaria en el sur; o como se advierte de las propuestas de reforma a la salud, con la creación de las Entidades de Seguridad Social en Salud, en que el Estado podría financiar una eventual liberación de los usuarios de los grupos A de Fonasa, según la propuesta del comité de expertos del sector.

La idea central es siempre reducir al arbitraje el rol del Estado, a través del Poder Judicial, cuando surjan litigios entre empresas, mientras éste también les pavimenta sus negocios con los dineros que ponen todos los ciudadanos, mediante impuestos. El resultado final de este juego debe partir del presupuesto de ser desconocido para todos los actores que deciden entrar en él. Algo bastante utópico, por no decir, descarado, considerando la influencia de los principales grupos económicos en el pequeño mercado que tenemos.

Pero la pregunta que realmente la sociedad debe hacerse a sí misma y a los poderes del mercado es: ¿Se desea vivir en un modelo de continuos juegos, donde la principal regla del orden legal debe ser estática? ¿Por qué el empresariado tipo CPC pide jugar con reglas estáticas, en circunstancias de que otras esferas de actividades en la sociedad no lo hacen así?

El problema del anarcoliberalismo es que nació cojo y sin ojos. Lo más cómico es que, desde esta perspectiva de mundo, se exige que el Estado deba ser ciego y opere solamente desde una formalidad jurídica estática hacia el mercado, cuando las demás instituciones de la sociedad (formales e informales) continúan su desarrollo cada vez de modo más dinámico. Si los apologistas del anarcoliberalismo pregonan la autoregulación, cada vez que salen a flote los abusos y distorsiones que se generan por las reglas del juego, entonces debemos suponer que el gran cuello de botella para avanzar hacia una competencia económica más democrática y perfectible es el mismo mercado y no el Estado. Quizás es hora de que el padre ordoliberalista despierte de su siesta para que vea el desorden que ha dejado su hijo rebelde en la casa.

(*) Artículo aparecido en El Quinto Poder.cl

Podríamos utilizar también la definición de corrupción, entendida como perversión moral, en el sentido que nuestros honorables califican de bueno algo que es indudablemente malo para el rol fiscalizador de la ciudadanía.

El blindaje auto otorgado en el Congreso marca un pésimo precedente para el desarrollo de la cultura de la transparencia, asegurando la caída del país en el ranking internacional de Transparencia y de lucha contra la corrupción. El retroceso de esta medida, que obtuvo un apoyo transversal por parte de los congresistas, sospechosamente aumenta las posibilidades de hermetizar el lobby privado que ya se ha institucionalizado en los pasillos y comisiones de la rama legislativa, ante lo cual no queda mucho que esperar por parte de las organizaciones civiles, siempre atentas al flujo informativo que sale de las discusiones legislativas. Lo mismo corre para la Opinión Pública en general.

La medida, al mismo tiempo, constituye un gran aliciente para un mayor desarrollo de las prácticas del llamado capitalismo crony, entre amigotes, dadas las indesmentibles relaciones entre algunos legisladores con importantes empresarios privados. El problema es que ahora no se podrá conocer el contenido de las conversaciones de forma pública, quedando restringido este derecho a la información, en manos de los asesores comunicacionales de los congresistas, quienes manejarán como quieran lo que se debe decir o no.

Tal parece que cada senador y diputado llegan al Congreso con un bombín de oxígeno bajo el brazo para seguir inflando esta burbuja en que se está convirtiendo el Poder Legislativo en el país; cada vez más autoreferente, más corporativista y más aislado de las necesidades concretas de la población. A este joyita que se ha implementado, se debe agregar la moción hecha por algunos legisladores, para aprobar un proyecto de Ley destinado a sancionar a las personas que insulten a los “honorables” en foros de Internet. O sea, el blindaje primero se cubre desde dentro para posteriormente intervenir en otros espacios de ciudadanía.

Un segmento de la ciudadanía ya conoce los efectos que tiene la decisión de nuestros legisladores tal como se aprecia en las columnas de opinión y en las cartas enviadas a la dirección de los medios escritos, pero se  tiende a desconocer los antecedentes que impulsan a este tipo de medidas.

¿Dónde reconocer el origen de este fenómeno que ensancha la brecha entre la sociedad política y la sociedad civil? A nuestro juicio se encuentra en el llamado “Corporativismo” presente en las sociedades post industriales de corte liberal, el cual también se ha incrustado en el Poder Legislativo como una práctica ideologizada a priori en los sistemas que presentan altos niveles de desigualdad, en su sentido amplio.

En los tiempos actuales, este fenómeno es definido por los politólogos como un instrumento en la tecnificación de la política, en la cual se dan espacios de participación jurídico-política a los grupos del trabajo organizado como gremios y sindicatos, especialmente a los primeros.

Si bien en su vertiente política el corporativismo se consideraba como el enemigo acérrimo del neoliberalismo, lo cierto es que con el tiempo ambas concepciones tienden a converger a partir de la vertiente económica, dando como resultado el rol de subsidiaridad del Estado: los recursos públicos se deben usar para ayudar a los sectores productivos privados en vez de dirigirse a los grupos sociales.

Ello explica en parte la tendencia a diluir las formas de pluralismo por parte de la concepción corporativista mediante acciones como el fortalecimiento de la competencia y concentración económica, además de la racionalización de los procesos estatales en la toma de decisiones. A ello debemos agregar la tendencia a establecer cercos comunicacionales desde los centros de poder del Estado hacia la sociedad civil.

El desarrollo desregulado de la esfera económica que impulsó la síntesis entre el modelo anarcoliberalista y el corporativista generó como una nueva concepción acerca de la acción política en Chile, las cuales influyeron notablemente en la labor legislativa en los últimos veinte años. Muchos congresistas pensaron que la cultura legislativa sería la misma de los años previos al golpe militar de 1973, pues cayeron en la hiperbólica sensación del retorno democrático sin considerar el movimiento subterráneo que se generaba en las dinámicas del sector privado, mucho más sofisticado respecto a los tiempos del Estado burocrático desarrollista de los años sesenta.

Así, los pasillos de la sede legislativa fueron testigos de la cada vez mayor presencia de representantes de grupos de interés con un considerable poder institucionalizado, que comienza a tomar más visibilidad a partir a fines de 1999. Incluso, un atisbo de este fenómeno era constantemente señalado por el presidente del empresariado de aquél entonces, Juan Claro, quien advertía del riesgo de caer en el corporativismo si es que se insistía en regular a diversos sectores específicos del sector privado. Aunque el recordatorio es ambiguo y hasta hipócrita, debido a que las organizaciones gremiales empresariales son las que lideran el ranking de lobbistas en el Congreso, la verdad es que la previsión de los grupos empresariales era acertada.

Lo que no era tan acertado es que este proceso de institucionalizar las prácticas de conflicto de intereses, ahora quiera dar un paso adelante en su desarrollo, prohibiendo la información pública de cada una de las comisiones legislativas, además de proponer proyectos de Ley destinados a censurar las actividades civiles de Internet, específicamente aquellas que se dan en los espacios de las redes sociales 2.0.

Otra medida que apunta a la profundización de este fenómeno es la resistencia de los congresistas a divulgar los argumentos que les exige la Ley por haber contratado famiuliares, escudándose en el artículo 11 del Código de conductas parlamentarias, otro mecanismo legal que les permite evadir el control público.

El corporativismo a la chilena es distinto al generado en las economías avanzadas, pues nuestra limitada estructura social sólo incluye a los grandes grupos de interés a la mesa de negociaciones, por lo que las demás organizaciones del mundo civil deben doblegar sus esfuerzos para ser incluidas en las audiencias públicas de las comisiones, las cuales no podrán ser conocidas ahora por los demás ciudadanos comunes y corrientes.

Por ello el problema es más grave lo que que parece a simple vista, puesto que este pseudocorporativismo por parte del Congreso está produciendo un desequilibrio, una contradicción en la clásica tripartición del Estado. Hace poco el Poder Ejecutivo dio un paso adelante con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual la ciudadanía puede exigir las informaciones emitidas por los organismo del sector público.

Pero lo escrito con la mano del Ejecutivo, lo está borrrando el codo legislativo. La contracción no puede ser mayor, puesto que el mismo día en el cual comenzaba a regir esta medida en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados asistía a un seminaRio de Transparencia, donde anunciaba la creación de una comisión tripartita con el Ejecutivo y la entidad Chile Transparente para ver en qué proyectos temáticos se pueden avanzar.

El Congreso no cumple con su intencionalidad discursiva de contribuir al cambio cultural que supone la Ley de Transparencia. Es de esperar que alguien presente un recurso al Tribunal Constitucional para revertir la medida y, a partir de ello, iniciar una presión externa al Poder Legislativo para revertir la cultura de hermetismo que les ha posibilitado el desarrollo del corporativismo a la chilena dentro de los poderes públicos.

Pero la decisión del Ejecutivo ha abierto otro debate que, de no solucionarse con la debida prontitud, podría tener un escabroso final, considerando las frágiles condiciones de salud de los comuneros después de más de dos meses sin ingerir alimentos ni agua.

¿Cómo podemos entender este último capítulo de la traumática relación entre el pueblo mapuche y el Estado? Un enfoque que nos permitiría reconocer los elementos en juego nos lo puede otorgar el concepto de Biopolítica propuesto en los años 70’ por el filósofo francés Michel Foucault.

De acuerdo a Foucault, el modelo biopolítico supone una constante preocupación del Estado moderno por la mantención de la vida en la población, mediante la intervención de una serie de tecnologías, saberes y poderes destinados a operar dentro de la sociedad con la finalidad de producir el control social. Dentro de este cuadro emerge el llamado “biopoder”.

Bajo esta óptica es comprensible la decisión del gobierno de escuchar la presión ciudadana para que se ocupara del drama de los 34 comuneros, a partir del cual ha surgido la idea de cambiar la Ley Antiterrorista. Que el Estado tome las riendas para  tratar de evitar la muerte de los huelguistas constituye otro de los ejes de la Biopolítica: la soberanía.  A partir de ella, el poder se caracteriza por el derecho de hacer morir y/o dejar vivir a las personas, con lo cual se transforma en un “biopoder”.

Lo importante es que el Estado debe partir del principio de neutralidad en lo que se refiere a la protección de la vida humana, por lo que, de no haber escuchado las demandas de la sociedad civil, el gobierno se habría quedado entrampado en la otra cara de la biopolítica: la tanatopolítica, donde el mismo Estado también puede ser el responsable de la muerte indirecta de las personas, si es que no toma decisiones para zanjar un problema tan delicado como éste.

La intervención del biopoder por parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, a la vista de Foucault, históricamente se ha conformado sobre la base de una “genealogía del racismo”. Esta la podemos situar desde la pacificación de la Araucanía entre 1880 y 1884, donde el poder estatal intervino directamente con una política de exterminio sobre los cuerpos de los mapuche y de su sistema de saberes (cultura). A partir de este hecho se entiende mejor el elemento disciplinador de la biopolítica del Estado hacia los mapuche: se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”. La disciplina estatal, sumada a este conjunto de saberes negativos en torno al pueblo mapuche, es lo que ha coadyuvado al actual tipo de situaciones, de la cual somos testigos.

Lamentablemente, el enfoque biopolítico realizado desde el poder del Estado se ha administrado de modo equivocado para enfrentar la mayor autonomía administrativa y cultural que exigen las comunidades. Estamos en presencia de lo que Foucault llama “las discontinuidades o rupturas” que se generan en toda sociedad, donde a menudo coexisten -y llegan a chocar- estrategias de control social y, por ende, estrategias de resistencia, como las que están realizando en estos momentos los 34 mapuches en prisión.

Otros exponentes de la filosofía política que sigue la obra foucaultiana, es el italiano Giorgio Agamben, quien enriquece el enfoque biopolítico a partir de la histórica división que advierte entre la vida privada de las personas y la exclusión de ésta por parte del espacio público-político. La historia nacional nos habla de la discriminación y marginalización del pueblo mapuche en la sociedad nacional; el mapuche no vive dentro de la comunidad nacional, sólo se le considera cuando viola lo establecido por la ley.

Detrás de esta lógica de exclusión, Agamben observa otro problema, que siempre ha estado presente en nuestro histórico conflicto con los pueblos originarios: la defensa de una forma de vida. Si algunas comunidades sostienen la lucha contra el Estado, las autoridades no deberían concentrarse en ver amenazada la soberanía de las leyes, sino que deben apuntar hacia la demanda más profunda que realizan los afectados: mantener una forma y un estilo de vida que es relativamente reconocido por el Estado. “Una vida que no puede separarse de su forma es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir”, afirma Agamben. El juego de palabras más que confundirnos, debería hacernos llegar a otro nivel de reflexión acerca del llamado conflicto mapuche, el cual es más un conflicto que proviene de las entrañas del Estado mismo y su antiguo enfoque biopolítico.

Precisamente, la biopolítica se caracteriza por su dinamismo, es un constante campo de relaciones de poder cotidianas, de estrategias y choque en el sentido amplio de la palabra, que no incluyen los clásicos ideologismos del siglo XX para estudiar un problema social.

De manera astuta, el gobierno de derecha no desea quemarse las manos con la gran cantidad de ofertas anunciadas en estos primeros cinco meses de administración. Piñera tampoco desea que este anuncio sea la posibilidad de pisarse la cola en un tema tan delicado para la derecha misma, donde se oponen a cualquier modificación tendiente a mejorar la situación de los trabajadores en términos de aumento salarial, negociación colectiva y mayores medidas de protección social.

Si el primer mandatario anuncia, con bombos y platillos, la necesidad de “hacer una completa revisión de las condiciones en que trabajan los chilenos”, no se requiere ser un pitoniso para conocer el paupérrimo diagnóstico en esta materia, ya sea a nivel general como a nivel de seguridad.

Si hablamos de seguridad laboral, debemos reconocer dos dimensiones. Una es la integridad física de los trabajadores frente a determinadas faenas y su relación con los grados de accidentabilidad, por lo que es necesario concentrarse en las actuales políticas de prevención en los lugares de trabajo, no sólo a nivel de eventuales accidentes, sino también en salud. Este último aspecto es de esperar que sea considerado por el gobierno a la hora de redactar el informe que pidió Piñera.

La segunda dimensión es la seguridad social, entendida como un sistema de protección destinado a proteger a los habitantes de un país de aquellas contingencias como las enfermedades, accidentes –laborales o no-, desempleo, maternidad, incapacidades temporales o permanentes, invalidez, sobrevivencia y vejez, entre otros riesgos.

Como se aprecia, cuando hablamos de seguridad en las condiciones laborales debemos conectar estas dos dimensiones, sin desechar una de la otra puesto que están imbricadas en la realidad cotidiana de los trabajadores. Este debería constituir la plataforma del gobierno si tanto habla de implementar un reporte “profundo” del panorama laboral en materia de seguridad.

El plazo de noventa días para terminar este trabajo es demasiado largo, considerando la prolífica cantidad de investigaciones, estudios y diagnósticos realizados por el mismo Estado, organismos de la sociedad civil, universidades, ONGs y algunas entidades empresariales como la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). No es mucho lo que se puede esperar de los anuncios que el Presidente anunció con la trompeta mediática, así que le facilitaremos el trabajo, a partir de los estudios disponibles sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores chilenos.

La tasa de accidentabilidad en Chile es del 6,5% al año pasado, lo que significa que alrededor de medio millón de trabajadores continúan sufriendo accidentes en sus puestos laborales. El único pero es que estas cifras no consideran a los trabajadores accidentados que no tienen contrato y que, por lo tanto, no son registrados por las asociaciones y mutuales de seguridad.

Claro, bajo la óptica de las estadísticas es poco, pero hablamos de medio millón de personas, con el consiguiente drama biográfico para los afectados y sus familias. El hecho de que la cifra de accidentes se mantenga en un dígito no significa un alivio cualitativo para los trabajadores que se desempeñan en sectores de mayor riesgo, como la minería y la industria, específicamente.

En los últimos años, la Dirección del Trabajo advertía la falta de calidad y de oportunidad de las notificaciones de accidentes por parte de las empresas. Las Pymes, por su parte, tienen un deficiente acceso a la asistencia técnica en materia de prevención. Esperamos que el famoso reporte considere la realidad de que apenas el 5% de las empresas cuentan con planes de prevención y rehabilitación para el consumo de alcohol y drogas entre los trabajadores.

El problema es que, si examinamos la perspectiva de estudio que realiza el establishment de economistas monetarios sustentados por la derecha, la accidentabilidad es mirada bajo la lupa de los costos que significa para el empleador y no apunta al drama que implican lo accidentes para los trabajadores y sus entornos familiares. En este sentido, no es de extrañar si el informe -que saldría a finales de noviembre- ponga el acento en los cerca de 3 millones de días perdidos por accidentes o enfermedades laborales.

Otra situación lamentable es que el 27% de los trabajadores accidentados no cuentan con un contrato, de acuerdo a los datos de la Dirección del Trabajo. Es significativa esta laguna, si tomamos en cuenta que los accidentes ocurridos a los trabajadores que están protegidos ascendieron a 233.848 casos durante el año pasado, según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

El hecho de que casi un tercio de los trabajadores sufra accidentes nos habla del alto grado de informalidad existente en el mercado del trabajo y de la fuerza laboral. Eso nos lleva a la otra dimensión de seguridad laboral en el país y que debe ser incluida en este eventual informe. La informalidad implica otro vacío en el sistema de seguridad social, especialmente aquella denominada como “seguridad de realización” que consiste en activar diferentes mecanismos destinados al aprovechamiento de nuevas oportunidades sociales.

Este no es el único factor negativo que caracteriza a las condiciones laborales en nuestro país. Además se encuentra el bajo nivel de salarios existentes, por mucho que los economistas y las autoridades del gobierno traten de sepultar el tema debajo de la alfombra. Comencemos con las remuneraciones, un aspecto fundamental para la seguridad vital de las personas. El nivel promedio de ingresos en la economía criolla es de aproximadamente US$ 600, siendo uno de los más altos de Latinoamérica, pero sólo es un promedio que alcanza esta cifra, debido a la presión al alza que ejercen los sueldos superiores a US$ 1.000. Si aterrizamos este registro al plano cualitativo veremos que empeoran las cosas, si consideramos que más del 50% de las fuerza de trabajo recibe un promedio de $ 250 mil. Si se observan los ingresos provenientes del salario mínimo, cerca de 900 mil trabajadores reciben esta cifra, lo que debería constituir una preocupación no menor para las autoridades.

El bajo nivel de los salarios para un tercio de la fuerza laboral es uno de los factores claves que contribuyen al mantenimiento de la ancha brecha del ingreso existente. Y no es un problema eminentemente técnico-económico, pues las notables diferencias de remuneraciones responden más que nada al panorama socio-antropológico de la estructura social chilena, la cual sigue estática en términos cualitativos. Este debería ser otro punto importante a incluir en el reporte que pidió el jefe de Estado.

El bajo ingreso de los trabajadores lo demuestra la propia OCDE, al señalar que los ingresos del chileno representan el 30% de aquellos que se reciben en los países más desarrollados. “Los empleos que se crean en Chile son a menudo caracterizados por su baja productividad, baja remuneración y malas condiciones de trabajo”, afirmaba el organismo en su informe del 2009.

La baja productividad se explica por el déficit de desarrollo del capital humano, debido a las limitaciones estructurales de un modelo económico enfocado al comercio exterior a través de la venta de commodities y de productos de poco contenido tecnológico. Las bajas remuneraciones son una consecuencia de esta primera variable, sumada al carácter segmentado de las relaciones sociales, cuyo resultado son las malas condiciones laborales.

Además de la alta informalidad que afecta a un quinto de los trabajadores empleados (20% de la fuerza de trabajo), se encuentra la alta flexibilidad, reflejada en la rotación laboral que afecta a la calidad del trabajo en Chile. Los estudios de la Dirección del Trabajo muestran la tendencia a la baja de los contratos indefinidos a favor de los contratos por servicios transitorios. La principal consecuencia de esta rotación se grafica en el hecho de que 640 mil trabajadores tratan activamente de cambiar de ocupación con el objetivo de conseguir una mejoría en sus ingresos, según lo muestra una de las últimas encuestas del INE fabricada con los estándares de calidad exigidos por la OCDE.

Todo esto redunda en las recomendaciones de la OCDE y de la OIT en cuanto a la necesidad de que el mercado laboral chileno avance hacia mayores cuotas de formalidad y de protección social, además de aumentar la capacidad de negociación de los sindicatos, no solamente en los salarios, sino que en otras aristas de las condiciones laborales. Eso hasta el momento avanza tímidamente.

La última encuesta CEP reveló que una de las principales preocupaciones de los chilenos son los bajos sueldos y no la falta de flexibilidad laboral que sostiene la derecha. Esperamos que el informe sobre el panorama laboral no privilegie la típica conclusión mecanicista de aumentar el empleo sobre la base de eliminar las barreras al mercado laboral, las cuales son identificadas con los amortizadores sociales como las indemnizaciones por años de servicios y otros beneficios legales a los trabajadores, que son bien pocos.

Para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales es necesario un cambio discursivo puesto que la derecha todavía se concentra en el aspecto cuantitativo, confundiendo a la opinión pública con la idea de que el aumento en el número de ocupaciones soluciona la preocupación de los chilenos en este tema. Otras deben ser las metas en la política laboral del Estado, no centrarse exclusivamente en la creación de 200 mil empleos en un año, sino en revertir todos los datos que hemos mencionado para generar cambios estructurales. Veremos si el informe pedido por Piñera incluye estos puntos pues, de lo contrario, nuevamente seremos testigos de anuncios mediáticos que no atacan las raíces estructurales de los problemas y déficits del país.