MERCADOS
Foto: Sebastian Beltran/AgenciaUNO
Se trata de dos proyectos de ley: el “Sistema Inteligente de Permisos” y la “Evaluación Ambiental 2.0”. El Presidente Boric detalló que si se logran aprobar los tiempos totales de tramitación sectorial se debieran reducir en más de un tercio, especialmente para las empresas de menor tamaño.
Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric presentó dos iniciativas cruciales destinadas a transformar el panorama de inversión en Chile.
El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, también conocido como el “Sistema Inteligente de Permisos”, y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, denominada “Evaluación Ambiental 2.0”, buscan enfrentar de manera directa la complejidad de la “permisología”, un obstáculo principal para la inversión en el país.
Estas reformas, ampliamente anticipadas por el sector privado, tienen como objetivo primordial eliminar las barreras existentes en el sistema de permisos, un factor que —como ha acusado el empresariado— ha obstaculizado el desarrollo de proyectos en Chile y ha limitado el crecimiento económico nacional.
Entre las medidas, se encuentra la eliminación del comité de ministros. De esta forma, la decisión de aprobar o rechazar un proyecto, recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La actividad reciente del comité de ministros registra la aprobación de la mina de cobre Los Bronces y reiterados portazos al proyecto Dominga.
“Para que todos nos hagamos una idea, en promedio los tiempos totales de tramitación sectorial si logramos aprobar este ambicioso proyecto de ley (de permisos sectoriales) se debieran reducir en más de un tercio y especialmente para las empresas de menor tamaño que debieran reducir sus plazos para obtener los permisos a la mitad”, señaló el Presidente Boric.
El Mandatario agregó que para ello se incorporan medidas como plazos máximos, el uso del “silencio administrativo“, el exigir un examen de admisibilidad, simplificar el proceso para proyectos más pequeños de menor riesgo y la apertura de una “ventanilla única“.
“En un caso específico por ejemplo de un restaurante barrio, si todo esto logramos sacarlo adelante, el cálculo que hicimos con los equipos es que el tiempo de los permisos disminuiría un 60%“, detalló el Jefe de Estado, junto con un llamado al Congreso:
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “el objetivo es que las inversiones que se hagan sean consistentes con los estándares ambientales del país”.
Y añadió: “Estos dos proyectos son una parte muy importante de la agenda del Pacto por el Crecimiento, el Desarrollo Social y la Sostenibilidad Fiscal. Ambos son el corazón de uno de los cinco temas que componen el capítulo de pro crecimiento dentro de esa agenda, como los temas de agilización, permisos para inversiones, estímulos a la inversión privada y productividad, desarrollo de infraestructura, la formalización de la economía; todos englobados dentro del capítulo de Estímulo al Crecimiento, uno de los seis ejes del Pacto Fiscal”.
El Gobierno detalló que el Sistema Inteligente de Permisos incluye una serie de medidas para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos, como criterios de proporcionalidad, plazos máximos y la creación de un órgano público para hacer cumplir las normas de tramitación. Así, los tiempos totales de tramitación de los proyectos se reducirían en un 24%.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, afirmó que “lo que hace es crear un sistema, generar las condiciones para que, manteniendo la buena calidad regulatoria, podamos reducir de forma muy sostenida los tiempos”.
Además, Grau detalló que “actualiza 37 leyes de forma muy diversa. Estas 37 leyes están relacionadas al rol de 38 servicios que dependen indirectamente o directamente de 16 ministerios, lo que da cuenta del esfuerzo político y de coordinación al interior del Estado que estamos realizando para empujar esta iniciativa”.
El proyecto Evaluación Ambiental 2.0 contempla la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros, estableciendo una sola vía de impugnación o creando un proceso voluntario de participación temprana.
También busca fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establece que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estará legitimado para presentar una acción legal frente al daño ambiental.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, puntualizó que el objetivo del proyecto es “fortalecer la evaluación ambiental, hacerla más eficiente entregando más certezas a las comunidades y a los inversionistas”.
“Este es un proyecto equilibrado que sin lugar a dudas potenciará la inversión en nuestro país, manteniendo firmemente los estándares ambientales”, añadió.
