No es la criminalidad, sino el miedo a ser una víctima más, lo que parece ser el principal combustible de la crisis generalizada de seguridad que vive el país. Ya pasó el momento de la prevención: es el de la represión y control y, con las herramientas que ya tenemos, alcanza. El Gobierno tiene la obligación de ejecutar programas tendientes a restaurar la autoridad policial en las calles e impedir que la criminalidad transforme al país en una ciudad pánico.
La política chilena se “securitizó” en las últimas semanas, como consecuencia de una serie de hechos criminales muy violentos, incluyendo varios secuestros en distintas partes del país, homicidios, el ataque con granada a una carabinera y el hallazgo de restos humanos en una playa de la Región de Coquimbo, entre otros hechos, todo lo cual llevó a la oposición a iniciar una embestida frontal en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Pero ¿qué dicen las cifras? Aquí te contamos.
El proyecto constitucional innova al incorporar un capítulo especial de Seguridad Pública, la expulsión “en el menor tiempo posible” de los extranjeros que ingresan de forma irregular, la Defensoría de las Víctimas y la creación de una Fiscalía Supraterritorial, entre otras. Los abogados Víctor Beltrán y Sebastián Salazar analizaron las propuestas en la materia que ofrece el texto que vamos a plebiscitar el 17 de diciembre, en un nuevo capítulo de La Semana Política con Fran Castillo.
En paralelo a la agenda de seguridad, el denominado Caso Hermosilla sigue remeciendo la contingencia. Y una suerte de libreta negra donde se llevaba una contabilidad informal de los dineros que ingresaban y egresaban del factoring Factop, propiedad de los hermanos Sauer, a la que tuvo acceso El Mostrador, evidencia una enorme cantidad de movimientos de dinero no solo de parte de los inversionistas del investigado y sancionado factoring, sino también por parte de dos de los actores principales del escándalo: los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Las operaciones suman casi $13 mil millones.
El Caso Convenios también sigue sumando antecedentes. El contralor Jorge Bermúdez presentó observaciones realizadas a 15 seremis de Vivienda y Urbanismo en distintas regiones. Actualmente todas están siendo investigadas, pero no son los únicos organismos públicos que se encuentran bajo el ojo contralor. El caso de Democracia Viva también arrojo luz sobre irregularidades en los traspasos de recursos por parte de Gobiernos Regionales (Gores) a fundaciones. Entre ellas, una de las más llamativas es la del Gobierno Regional del Maule, que lidera la democratacristiana Cristina Bravo. La investigación está en curso.
“No estamos preparados para lo que se viene”. Lo dice Maurizio Pancorvo, fundador de BackSpace y parte de la instancia de trabajo del Senado que está legislando sobre el tema. Pancorvo es considerado una de las personas que más sabe de Inteligencia Artificial (IA) en Chile y, pese a la advertencia, asegura que no hay que tener miedo: “Es una herramienta que nos va a mejorar la vida”. Revive un nuevo capítulo de La Mesa con Iván Weissman.
En cuatro oportunidades, el ex secretario general de la OEA y senador socialista, José Miguel Insulza, se reunió con el fallecido exasesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon y exsecretario de Estado de Estados Unidos. Ha leído todos sus libros y en cuatro oportunidades. Su visión de él es crítica: “Los Nobel de la Paz no se han caracterizado porque quienes lo reciben, lo merezcan“.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que busca fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad ambiental del país. Los cambios incluidos buscan mejorar la participación ciudadana, fortalecer los instrumentos de gestión ambiental y resolver incertidumbres para comunidades e inversionistas en la tramitación de proyectos. Maisa Rojas conversó con El Mostrador acerca del proyecto de ley.
