Un pastor de iglesia, un conserje de edificio, un mecánico de camiones mineros, otro de aviones privados, una nana, un chofer de taxi, un ingeniero, dos agentes de viajes, cuatro choferes de Uber, cuatro deliveries, y una importante cantidad de guardias de seguridad y jefes de logística son algunas de las ocupaciones de los más de 30 exmilitares que se encuentran en Chile tras huir del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La lista incluye de cabos a generales.
Sindicada por un expolicía como responsable del secuestro en Chile del teniente Ronald Ojeda y su subdirector es el general Carlos Carvallo, quien estudió en la Anepe y en la Academia Superior de Carabineros, entre 2007 y 2008. La DGCIM es un organismo de contrainteligencia; es decir, su función es investigar las actividades de infiltración dentro de las Fuerzas Armadas, equivalente en dicho sentido a lo que es (en Chile) la contrainteligencia de la misma PDI o las unidades de asuntos internos en las instituciones castrenses. Sin embargo, posee características muy especiales.
El secuestro del teniente venezolano en retiro Ronald Ojeda Moreno, ha sido calificado por muchos personeros (incluyendo a la ministra del Interior) como una operación inédita en Chile y ha significado, además, que en distintos medios de prensa se utilice el término “extracción”, que es el eufemismo que utilizan las agencias de inteligencia para referirse a secuestros o rescates de personas burlando pasos fronterizos. Si se llegara a confirmar la tesis, no sería la primera vez en la historia del país que sucede algo semejante.
El Gobierno transita por una semana clave por distintos motivos: el secuestro de Ronald Ojeda, el comienzo del diálogo para la reforma tributaria, la reconstrucción de la Región de Valparaíso y el gabinete de seguridad del jueves. Fuera de todo ello, hay un punto que debe atender con urgencia: el paro anunciado por la Confederación Nacional del Transporte Mayor y Menor (Confenared) para el “súper lunes” del 4 de marzo. Nadie con un mínimo de conocimiento de los riesgos que implica gobernar desconoce que iniciar el año laboral y escolar con un paro en el transporte no es partir con el pie izquierdo, sino partir sin pies.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén rechazó este jueves una solicitud de espacios costeros de dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en el marco de la Ley Lafkenche. Todos los representantes del Gobierno en la comisión votaron en contra de la creación de dos zonas de protección marítima (ECMPO), de modo que fueron rechazados. Gremios salmonicultores hicieron fuerte campaña ante el peligro de perder 300 concesiones acuícolas.
