Ministro del Interior apostó tempranamente por sacarlo de La Moneda
En Palacio advierten que Burgos se había jugado mucho con sus declaraciones contra Riquelme y que su opción era que cayera sí o sí. De hecho, dicen que la salida de Riquelme es “100% operación de Burgos”, incluso, sin descartar que él mismo haya impulsado a Bermúdez a iniciar la investigación sumaria. Burgos hizo saber por todos lados que “era necesario sacarlo”.
Hoy fue el día. Tras la fuerte presión pública y la aparición de nuevos antecedentes, como los millonarios contratos con el Estado de empresas asociadas a su persona durante 2015, el administrador del Palacio de Gobierno “presentó su renuncia al cargo”, según informó el ministro del Interior, Jorge Burgos.
La prensa acreditada de La Moneda se enteró de que Burgos regresaba a Santiago luego de que corresponsales –que estaban reporteando su visita a la Región de Los Ríos– alertaran que los asesores de Interior informaron que este había suspendido las actividades de Conaf por el Día del Brigadista, que se llevarían a cabo en la comuna de La Unión.
Desde Interior se informaba que Burgos regresaba por una “reunión urgente” que tenía en Palacio, sin dar mayores antecedentes ni aclarar si se daría a conocer la renuncia de Cristián Riquelme.
Finalmente, el titular de Interior arribó puntual a las 17 horas a Palacio, entrando por la puerta de Morandé 80, mientras frente a la puerta ubicada entre el patio de Los Cañones y de Los Canelos, el equipo de sonido tenía todo preparado desde hacía un buen rato, con micrófono y pedestal incluido, para iniciar su conferencia.
El Contralor de la República, Jorge Bermúdez, habría conversado un poco antes del mediodía con el ministro informándole la decisión de iniciar una investigación sumaria por las contrataciones a dedo que hizo Riquelme como administrador y otros asuntos relacionados que involucrarían a tres empresas vinculadas a él.
En Palacio advierten que Burgos se había jugado mucho con sus declaraciones contra Riquelme y que su opción era que cayera sí o sí. De hecho, dicen que la salida de Riquelme es “100% operación de Burgos”, incluso, sin descartar que él mismo haya impulsado a Bermúdez a iniciar la investigación sumaria. Burgos hizo saber por todos lados que “era necesario sacarlo”.
El ex director de la Secom, Carlos Correa, señala que “la lección positiva de esto es que el ministro del Interior ejerce su autoridad y es lo que debiera ser la regla: que maneje él las crisis complejas y no el segundo piso”.
Cabe recalcar que la decisión siempre estuvo en manos de la Presidenta Bachelet, pues Riquelme tenía una función que dependía de su exclusiva confianza. Por algo desempeñó el mismo cargo en el primer Gobierno de la Mandataria y luego figuró como el administrador de Somae, la empresa por donde pasaron todas las platas de la segunda campaña de Bachelet. Y aunque había llegado al círculo de confianza de la Presidenta de la mano de Rodrigo Peñailillo, tras su caída Riquelme mantuvo el trato directo y personal con Bachelet, escapándose de la razia que afectó a toda la G-90.
Por eso la tónica de su defensa desde la vocería oficial de Palacio se mantuvo firme hasta principios de febrero: un “no” constante como respuesta era lo que encontró la prensa cada vez que el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, fue consultado por una posible salida de Riquelme. Pero Burgos se encargó de marcar diferencias con el bacheletismo desde el minuto uno y en al menos en dos ocasiones el ministro del Interior dejó en evidencia la distancia que mantenía con la versión oficial de La Moneda al respecto.
[cita tipo= «destaque»]Bachelet estuvo muy activa. Llamó en más de una oportunidad a las mismas oficinas de Interior y logró comunicarse con Burgos en Valdivia, donde sellaron la fórmula, entre ellas, que se informara públicamente de la dimisión de Riquelme, quien recién el lunes va a presentar oficialmente su renuncia, mismo día en que regresa Bachelet de sus vacaciones. Asimismo, se tomó la decisión de que el diseño de su salida, en esta oportunidad, no fuera a través del clásico comunicado de prensa.[/cita]
La primera fue luego de que se conociera que el Administrador de Palacio había omitido información relativa a su patrimonio personal, el que asciende a 564 millones de pesos, amparándose en la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada. Con “absoluta honestidad”, señaló Burgos, “creo que es mejor que los funcionarios públicos hagan sus declaraciones de patrimonios, de intereses con apertura total y ojalá no invocando una ley que existe”. Esto a pesar de que el vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, había intentado bajarle el perfil a la situación, señalando que las reglas estaban “debidamente cumplidas, así está acreditado en Contraloría y en la Secretaría General de la Presidencia. Cada individuo es libre respecto de ejercer aquellas potestades que le entrega la Ley”.
La siguiente ocasión en que quedó en evidencia su línea fue luego de que Ciper revelara que empresas ligadas a Riquelme mantenían negocios con el Estado y habían facturado cerca de $417 millones en un margen de tres años. “Yo tengo una opinión sobre eso, la opinión yo se la voy a dar a su Excelencia la Presidenta de la República”, declaró a los medios. Además remarcó que la salida del Administrador de Palacio «no es una cuestión que me corresponda a mí, depende de otra orgánica y si se mantiene es porque se considera que hace bien su función”.
Durante esta mañana Burgos mantuvo discreción sobre el tema, junto a la vocera (s) habían sostenido que “no había novedades sobre el tema”. Desde La Moneda aseguran que Claudia Pascual solo cumplió con ceñirse a la línea que le había señalado el propio jefe de gabinete y se vio visiblemente nerviosa ante el tema.
Sin embargo, en Palacio también hay quienes apuntan a un rol del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS). ¿La justificación? El daño que se le estaba infligiendo a la Presidenta y su disputa permanente con los G-90.
Las alertas entre quienes apuntaban a la salida de Riquelme se activaron aún más luego de que en algunos medios de comunicación el círculo de Riquelme hiciera trascender que este no pensaba renunciar y que incluso estaba preparando documentación para su defensa. De hecho, la respuesta de Burgos sobre que “hay partos naturales y partos inducidos”, viene cuando se le presiona a responder sobre si Riquelme fue obligado a renunciar o no.
Lo cierto es que luego que la Presidenta Bachelet tomará la decisión, tras los antecedentes otorgados por Interior, ella habría conversado con el propio Riquelme para que le entregara su posición.
Bachelet estuvo muy activa. Llamó en más de una oportunidad a las mismas oficinas de Interior y logró comunicarse con Burgos en Valdivia, donde sellaron la fórmula, entre ellas, que se informara públicamente de la dimisión de Riquelme, quien recién el lunes va a presentar oficialmente su renuncia, mismo día en que regresa Bachelet de sus vacaciones. Asimismo, se tomó la decisión de que el diseño de su salida, en esta oportunidad, no fuera a través del clásico comunicado de prensa.
Y aunque desde Presidencia aseguraban que no habían sido notificados de la información de las licitaciones a dedo, insistieron en que este tipo de contrataciones disminuyó en los últimos años.
En todo caso, la renuncia de Riquelme no lo desliga de responsabilidades, pues los funcionarios públicos pueden ser indagados hasta seis meses después de su salida del aparato estatal.
Ahora la disputa estará en quién reemplazará a Riquelme y varios podrían entrar en la brega, entre ellos algunos cuadros de la Nueva Izquierda del PS, de Aleuy y Ana Lya Uriarte.
Una pregunta constante en los pasillos de La Moneda y al interior del mundo político era por qué Riquelme se mantenía en su puesto.
Su nombre apareció en el radar luego de que se destapara el caso Caval. Su reunión privada –posterior al estallido del referido caso– con el operador de la UDI, Juan Díaz, levantó las alarmas. El gremialista Patricio Cordero declaró ante Fiscalía que Díaz llegó hasta la oficina de Riquelme en La Moneda para solicitarle que intercediera ante Natalia Compagnon, a fin de que ella pagara una deuda proveniente de un trabajo que hizo para Caval por encargo de CCU.
El encuentro fue reconocido por Riquelme en el proceso que llevó adelante la comisión investigadora del caso Caval, de la Cámara de Diputados, donde tildó el encuentro como «una imprudencia» y aseguró que no tenía conocimiento del involucramiento de Díaz con el caso Caval.
Seguido a esto se reveló su participación en el formateo del computador de Sebastián Dávalos cuando este renunció a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, hecho por el cual también debió declarar ante la comisión investigadora.
Pero no solo en el caso Caval se vio involucrado el ex Administrador de La Moneda. En su declaración del 13 de noviembre de 2015 ante la Fiscalía, el operador político Giorgio Martelli reconoció un préstamo de $32 millones a Cristián Riquelme para el entonces Comando Presidencial.
Tema aparte fue la autorización “a dedo” del pago de $40 millones para la realización de un documental dirigido a resaltar la gestión de Michelle Bachelet.
Un hecho que realmente complicó la posición del ex jefe administrativo de La Moneda se desató luego de que se conociera la omisión de parte de su patrimonio personal en su declaración de intereses. Posteriormente Riquelme se vio obligado a declarar los datos que faltaban en su declaración, de esta manera en el sitio de la Segpres apareció un patrimonio total de $569 millones correspondientes a propiedades.
Finalmente la gota que rebalsó el vaso fueron los más de $417 millones de pesos que obtuvieron dos empresas ligadas a Riquelme: Socoar y Greentec, las que durante tres años concretaron negocios con el Estado para vender insumos médicos.
Esta serie de hechos, sumados a la presión política, terminaron por dar el tiro de gracia al ingeniero que llevaba las cuentas de platas más íntimas del bacheletismo.
