Detienen al fiscal general de Bolivia tras acusación de EE.UU. por vínculos con el narco

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, pocos días después de que Estados Unidos los incluyera entre una serie de funcionarios sancionados en medio de acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico. Hasta ahora, las autoridades bolivianas no han informado oficialmente los motivos de las aprehensiones ni la orden bajo la cual fueron ejecutadas.

“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, señaló escuetamente una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano a la agencia AFP. Zeballos, también sancionado por Washington, fue arrestado junto a él.

Ambos fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Posteriormente fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, donde durante la mañana de este jueves prestaban declaración.

Las detenciones se producen después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos adoptara medidas contra funcionarios y particulares latinoamericanos a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o acciones contra gobiernos democráticamente elegidos.

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En el caso de Mariaca, las acusaciones estadounidenses son especialmente graves. Washington sostiene que el fiscal general abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

La medida estadounidense estableció además que Mariaca y los miembros de su familia inmediata quedaran, en términos generales, impedidos de ingresar a Estados Unidos.

El fiscal general rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que la decisión estadounidense constituía un acto de “injerencia” y “presión política” relacionado con investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público boliviano.

Su abogado, Romel Ipamo, señaló después de la detención que la defensa colaborará con las diligencias. “Se va a colaborar con todo”, afirmó, agregando que “lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”.

La detención provocó además un cambio inmediato en la conducción del Ministerio Público. La Fiscalía General informó que, ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumirá interinamente Luis Montaño Morales, identificado como el fiscal superior con mayor antigüedad de la institución.

Mariaca había sido elegido por el Congreso boliviano en octubre de 2024 para ejercer como fiscal general durante seis años, por lo que corresponderá al Legislativo definir posteriormente a una nueva autoridad.

La situación de Mariaca ya había sido abordada por El Mostrador tras conocerse las sanciones de Washington. El Departamento de Estado lo incluyó entre los funcionarios bolivianos afectados y afirmó que sus acciones ponen en riesgo los esfuerzos estadounidenses contra el denominado “narcoterrorismo”.

Uno de los antecedentes que rodean al fiscal general es su actuación respecto de más de mil toneladas de madera provenientes de la región boliviana de Pando e incautadas en Arica, Iquique y Valparaíso. Mariaca había respaldado la tesis de empresarios bolivianos que cuestionan la existencia de cocaína en esos cargamentos.

“No podemos destruir con ciertos indicios todo aquello que los empresarios construyeron y que le ponen el hombro al país”, sostuvo anteriormente Mariaca.

La posición contrasta con los antecedentes del Instituto de Salud Pública chileno citados por El Mostrador, según los cuales más de 300 muestras de madera presentaron cocaína, ketamina y otras drogas.

Otro antecedente que adquirió relevancia después de las acusaciones estadounidenses es la relación atribuida a Mariaca con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo y posteriormente expulsado con apoyo de la DEA hacia Estados Unidos.

Medios locales difundieron un video en el cual Marset supuestamente afirma durante su arresto que “Mariaca es mi amigo”. La autenticidad de esas imágenes no había podido ser verificada de manera independiente por AFP.

La oficina encabezada por Mariaca también mantiene investigaciones contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz. Entre los delitos investigados se encuentran una presunta tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El propio Mariaca vinculó las medidas estadounidenses con las repercusiones que habrían tenido dentro y fuera de Bolivia algunas de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público, incluyendo el caso de Cerimedo.

En paralelo a las detenciones, efectivos policiales ingresaron a la sede central de la Fiscalía en Sucre. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron públicamente que el procedimiento se estaba realizando de manera ilegal.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, afirmó Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras funcionarios se encontraban rodeados por policías encapuchados.

Pardo aseguró posteriormente a AFP que también había sido arrestada. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (…), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, sostuvo.

También se registró una intervención policial en dependencias de la Fiscalía de Santa Cruz.

El episodio ocurre mientras el gobierno de Rodrigo Paz busca estrechar las relaciones con Estados Unidos. En marzo de 2026, Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Por ahora, sin embargo, no existe información oficial que establezca que las acusaciones formuladas por Estados Unidos sean jurídicamente la causa de las detenciones de Mariaca y Zeballos. El Gobierno y las autoridades policiales bolivianas no habían detallado públicamente los cargos ni los fundamentos legales de las aprehensiones.