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A seis meses del destape de las polémicas transferencias entre el Estado y fundaciones, el Ministerio Público optó por separar las investigaciones y especificar las infracciones que se están persiguiendo. Uno de los focos son las omisiones en las que podrían haber incurrido funcionarios del Minvu.
En una sorpresiva determinación, la Fiscalía de Antofagasta optó por desglosar la investigación del caso Convenios, incluyendo aquellas ramificaciones que se entrelazan con el denominado caso Democracia Viva. Esta nueva estrategia contempla un enfoque específico en la omisión de denuncia por parte de funcionarios públicos que, a pesar de tener conocimiento de los hechos, no informaron a las autoridades pertinentes.
El fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, informó al Juzgado de Garantía de la ciudad sobre la división de esta pesquisa en ocho causas independientes. Una de estas indagatorias se centrará en la omisión de denuncia con respecto a los convenios celebrados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Este delito podría haber sido cometido por cualquier funcionario público con conocimiento de los hechos, quien no haya comunicado esta situación a las autoridades competentes.
El caso Democracia Viva, que involucra al exseremi Carlos Contreras y al director de la fundación Daniel Andrade, ambos expulsados del partido Revolución Democrática (RD) y con vínculos cercanos a la diputada Catalina Pérez, será objeto de una investigación detallada. Este giro en la investigación también ha llevado a la Fiscalía a levantar la declaración de secreto que hasta ahora pesaba sobre el caso.
Se anunció que el Ministerio Público abordará de manera independiente los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos relacionados con los convenios suscritos en el marco del caso Democracia Viva.
Además, se han delineado nuevas líneas de investigación que abarcan los convenios entre el Ministerio de Vivienda de Antofagasta y la Fundación ProCultura, así como otras asociaciones con diferentes fundaciones. Por ejemplo, los contratos suscritos entre ProCultura y el Gobierno Regional de Antofagasta serán objeto de análisis en una causa independiente. Y, de manera análoga, se investigarán los convenios de la Fundación Urbanismo Social con el Ministerio de Vivienda en Talca y el Gobierno Regional del Maule en casos aparte.
Esta decisión marca un hito en la investigación, revelando una multiplicidad de aristas y un enfoque exhaustivo por parte de la Fiscalía de Antofagasta en la búsqueda de la verdad y la posible responsabilidad en estos casos que han captado la atención pública.
Cabe mencionar que el Gobierno ha valorado el funcionamiento de las instituciones como Fiscalía y Contraloría en la investigación de los cuestionados convenios, y ha blindado al ministro Carlos Montes (PS) ante los cuestionamientos de la oposición. Ayer, la ministra Camila Vallejo reiteró que no hay fundamentos para una acusación constitucional contra el jefe del Minvu, enfatizando la falta de apoyo transversal en la propia oposición para presentar el libelo.
