PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Nuevo flanco para Grau: diputados liberales piden libertad de acción y complican conteo de votos
Los tres diputados liberales optaron por no fijar una postura común y solicitaron libertad de acción, un movimiento que reordena el escenario previo a la votación de la acusación constitucional y abre un nuevo flanco en el conteo de votos que sigue siendo estrecho en la oposición.
A menos de una semana de que la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el tablero político volvió a moverse en su contra. Esta vez, el golpe provino desde un sector que integra el bloque opositor al gobierno de José Antonio Kast: los tres diputados de la bancada liberal solicitaron libertad de acción para definir su voto, dejando en suspenso un respaldo que hasta hace pocos días se daba prácticamente por descontado.
La petición fue suscrita por Alejandro Bernales, Luis Malla y Sebastián Videla, quienes enviaron una carta a la directiva del Partido Liberal solicitando no sujetarse a una postura colectiva frente al libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
La misiva de los liberales fundamenta la solicitud en que “se trata una materia de la máxima relevancia institucional y política, cuyos antecedentes y méritos deben ser ponderados por cada parlamentario en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales conforme a su criterio y responsabilidad individual ante la ciudadanía”.
Diputados Sebastián Videla, Luis Malla y Alejandro Bernales /Archivo 2024/AgenciaUNO.
Aunque la solicitud tiene un carácter más político que jurídico —la Constitución garantiza que el voto en una acusación constitucional es personal e indelegable—, el gesto evidenció que la defensa de Grau enfrenta un escenario cada vez más complejo para reunir los apoyos necesarios.
El movimiento adquiere relevancia porque el oficialismo ya asumía que la votación en la Cámara sería el tramo más difícil del proceso. A la incertidumbre que persiste en el Partido de la Gente se suma ahora la indefinición liberal, mientras diputados como Pamela Jiles, Javier Olivares y Patricio Briones ya anunciaron que respaldarán la acusación. También siguen abiertos los votos de Felipe Camaño y René Alinco, este último después de retroceder respecto de un apoyo que inicialmente había comprometido.
La defensa busca frenar el libelo antes del fondo
En paralelo a la disputa por los votos, la estrategia jurídica de Grau entró en su fase decisiva.
El exministro presentó un escrito de 160 páginas en el que invocó la denominada cuestión previa, mecanismo con el que busca que la acusación sea rechazada antes de que se discuta su contenido. En el documento sostiene que el libelo intenta construir “un relato” de crisis fiscal sobre premisas que, a su juicio, no han sido acreditadas y que no logra demostrar una infracción constitucional atribuible personalmente al exsecretario de Estado.
Su abogado, Patricio Zapata, reforzó esa tesis ante la comisión revisora, argumentando que los acusadores no consiguen establecer el vínculo entre las proyecciones económicas cuestionadas y una eventual responsabilidad constitucional del exministro.
Marcel alerta por el precedente
La defensa recibió además un respaldo técnico y político del exministro de Hacienda Mario Marcel, quien compareció este miércoles ante la comisión revisora.
Marcel defendió que las proyecciones económicas responden a la información disponible al momento de elaborarse y rechazó que sus posteriores ajustes puedan transformarse, por sí solos, en causal de una acusación constitucional.
Pero fue más allá. Advirtió que, si el Congreso valida ese criterio, cualquier ministro de Hacienda quedará expuesto a ser acusado cada vez que una variable económica no evolucione como fue proyectada.
Según explicó, ello incentivaría a las futuras autoridades a entregar menos información y dificultaría atraer profesionales calificados al Ministerio de Hacienda. Incluso recordó que durante el período parlamentario posterior a la Guerra Civil de 1891, cuando los ministros duraban pocos meses en el cargo, Chile atravesó uno de los ciclos más complejos de su historia económica.
Cabe mencionar que, mientras algunos parlamentarios del oficialismo han abierto la puerta a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como respuesta al libelo contra Nicolás Grau, la idea no genera consenso. El propio Grau ha tomado distancia de esa estrategia y tampoco es respaldada por su equipo ni por el exministro Mario Marcel, quien advirtió que convertir las diferencias en proyecciones económicas en causal de acusación sentaría un precedente “extraordinariamente riesgoso”.
Según consigna La Tercera, las posturas también están divididas al interior del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD y la DC, donde varios dirigentes y parlamentarios sostienen que no existen fundamentos constitucionales suficientes y cuestionan el uso de este mecanismo como herramienta de confrontación política.
Comisión acelera el calendario
Mientras tanto, la comisión revisora debió modificar su cronograma luego de que 14 expertos invitados declinaran participar y solo siete confirmaran su asistencia.
La presidenta de la instancia, la diputada Marcela Hernando (PR), informó que la sesión prevista para este viernes fue suspendida y que el informe será votado el próximo lunes, para luego ser despachado a la Sala el martes.
Las numerosas inasistencias obligarán a los parlamentarios a basarse, en varios casos, en opiniones técnicas ya difundidas públicamente, un escenario que la propia Hernando lamentó por limitar el debate especializado.
Con la comisión entrando en su recta final, el foco se traslada ahora a la aritmética política. La defensa intenta derribar el libelo por falta de sustento jurídico, mientras los impulsores de la acusación siguen contando votos en una Cámara donde cada desmarque puede alterar el destino de Nicolás Grau. Más allá de su futuro político, la discusión ya abrió un debate de mayor alcance: si los errores en las proyecciones económicas pueden convertirse en un estándar para destituir a un ministro de Hacienda.
