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Nueva presidenta del TC descarta rol político del tribunal y reivindica carácter jurídico
Con el Presidente José Antonio Kast entre los asistentes, María Pía Silva asumió la presidencia del Tribunal Constitucional y defendió que el organismo ejerce un control estrictamente jurídico, en respuesta a críticas que en distintos momentos han cuestionado el alcance de sus atribuciones.
El Tribunal Constitucional (TC) inició este lunes una nueva etapa con la llegada de la ministra María Pía Silva a su presidencia, una transición que estuvo marcada por un gesto político poco habitual: la presencia del Presidente José Antonio Kast en la ceremonia de cambio de mando, convirtiéndose, según destacó la propia magistrada, en el primer jefe de Estado en asistir a una actividad de este tipo.
Silva reemplazó a Daniela Marzi, quien encabezó el organismo durante los últimos dos años, y permanecerá en la presidencia hasta que concluya su período como ministra del TC en 2027. Posteriormente, la conducción del tribunal recaerá en la ministra Catalina Lagos hasta julio de 2028.
Más allá del simbolismo de la ceremonia, el relevo adquiere especial importancia por una atribución que puede resultar decisiva en causas de alto impacto político: la presidencia del Tribunal Constitucional ejerce voto dirimente cuando las deliberaciones terminan empatadas, una facultad que podría inclinar futuras controversias de interés para el Ejecutivo.
Abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho Constitucional, discípula del jurista Alejandro Silva Bascuñán y vinculada históricamente al mundo de la Democracia Cristiana, María Pía Silva integra el TC desde 2018, tras ser nombrada por la Corte Suprema.
“El control que aquí se ejerce no es político”
En su primer discurso como presidenta, la magistrada buscó despejar una de las críticas recurrentes que enfrenta el organismo. “El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas”, afirmó, insistiendo en que el Tribunal actúa como garante del Estado de Derecho y de la supremacía constitucional, no como un actor del debate político.
Silva sostuvo además que el control de constitucionalidad “no se opone al principio democrático, sino que lo complementa y garantiza”, reivindicando el rol del TC como intérprete de la Carta Fundamental.
La defensa del tribunal fue reforzada por el Gobierno apenas terminó la ceremonia. Consultado por las críticas que describen al TC como una “tercera Cámara”, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó abrir ese debate y aseguró que el Ejecutivo confía en que cada institución actuará dentro de las competencias que le asignan la Constitución y la ley.
En la misma línea, el biministro Claudio Alvarado sostuvo que las resoluciones del Tribunal deben fundarse en criterios jurídicos y no políticos, remarcando la importancia de resguardar la institucionalidad y la constitucionalidad de las normas.
Así, mientras el Gobierno cerró filas en torno al rol del TC, la nueva presidenta asumió una conducción que no solo cambia el nombre en la testera del tribunal: también concentra una facultad capaz de definir empates en procesos que podrían resultar determinantes para la agenda legislativa y las controversias constitucionales de la administración Kast.
