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Gobierno defiende a Rabat ante acusación constitucional: Alvarado apuesta a votos del oficialismo PAÍS Agencia Uno
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Gobierno defiende a Rabat ante acusación constitucional: Alvarado apuesta a votos del oficialismo

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La Cámara conocerá este lunes el libelo contra el ministro de Justicia, mientras el Ejecutivo descarta infracciones constitucionales. “La acusación constitucional no es un instrumento para revertir una decisión política del Presidente de la República”, advirtió el vicepresidente Claudio Alvarado.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El vicepresidente Claudio Alvarado cuestionó los fundamentos de la acusación constitucional contra Fernando Rabat, que será conocida este lunes por la Cámara. Aseguró que no existen infracciones constitucionales y acusó a la oposición de intentar revertir la decisión de Kast de mantener al ministro. Aunque reconoció que no puede garantizar los votos oficialistas, sostuvo que la cohesión del sector ha aumentado y que las cifras favorecen al Gobierno.
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El Gobierno defendió la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, frente a la acusación constitucional presentada por la oposición, que este lunes será conocida formalmente por la Cámara de Diputadas y Diputados. El vicepresidente Claudio Alvarado cuestionó los fundamentos de la iniciativa y aseguró que el Ejecutivo confía en que el oficialismo mantendrá la cohesión necesaria para enfrentar la votación.

La ofensiva opositora, ingresada el jueves pasado, constituye la primera acusación constitucional contra un ministro de la administración del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con radio Infinita, Alvarado reconoció que la presentación de este tipo de acciones corresponde a una atribución fiscalizadora de la Cámara, pero sostuvo que su procedencia exige acreditar una infracción constitucional.

“Primero, reconocer que la acusación es una facultad de fiscalización propia de la Cámara de Diputados. Ahora, lo que hay que tener claro es que tiene que existir claramente una infracción constitucional, y eso es lo que no se ha visibilizado todavía”, afirmó.

El vicepresidente cuestionó especialmente la forma en que la oposición anunció y preparó la presentación del libelo, acusando que sus impulsores comunicaron la decisión antes de contar con los argumentos jurídicos.

“Aquí se dio un absurdo. Recuerdo textualmente que en el Congreso señalaron: ‘Vamos a presentar una acusación constitucional y de inmediato ahora vamos a construir los argumentos’. O sea, eso es el mundo al revés”, sostuvo.

Alvarado agregó que, pese al tiempo transcurrido desde el anuncio de la iniciativa, los parlamentarios opositores no habrían dado a conocer públicamente sus fundamentos al momento de ingresarla.

“Y pasaron casi 20 días y aún no construyeron el argumento, la ingresan y, lo que no ha sucedido nunca, no presentan el documento públicamente”, cuestionó.

El representante del Ejecutivo insistió en que el Gobierno tiene la convicción de que Rabat no ha cometido una infracción constitucional y planteó que la acusación no puede utilizarse para modificar una decisión que corresponde al Presidente de la República.

En particular, apuntó a la determinación de Kast de mantener al titular de Justicia en el gabinete, pese a los cuestionamientos que enfrenta.

Según Alvarado, la acusación constitucional “no es un instrumento para revertir una decisión política del Presidente de la República, que es mantener al ministro Rabat”.

“Si se confunden esos dos planos, yo creo que hay una inconsecuencia, hay una dificultad y hay un problema. Por lo tanto, debe ser analizada en su mérito y no por querer cambiar una decisión que a la oposición no le gusta”, añadió.

Las declaraciones se producen en medio de las gestiones del Ejecutivo para mantener el respaldo de los parlamentarios oficialistas ante una eventual votación del libelo.

Consultado sobre si el Gobierno tiene certeza de que ningún legislador de su sector apoyará la acusación o se abstendrá, Alvarado reconoció que no es posible garantizar anticipadamente el comportamiento de cada parlamentario.

“Eso uno no lo puede saber hasta el día en que se marca cada uno de los votos, pero en lo personal yo tengo la sensación de que con el paso de los días la cohesión ha ido aumentando respecto a este tema”, señaló.

El vicepresidente explicó que durante los primeros días existieron distintas posiciones dentro del oficialismo respecto de la conveniencia de mantener a Rabat en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, aseguró que las manifestaciones públicas de desacuerdo han disminuido conforme ha avanzado la discusión. “Este tipo de opiniones de parlamentarios del oficialismo ha ido disminuyendo”, sostuvo.

Alvarado atribuyó ese cambio a una mayor comprensión de los requisitos que, a juicio del Ejecutivo, deben cumplirse para que proceda la destitución de un ministro mediante una acusación constitucional.

“También siento que se ha entendido que para remover a un ministro tiene que haber una infracción a las normas constitucionales flagrantes que pueden ser demostrables y este al parecer no es el caso”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que se utilicen los mecanismos constitucionales para resolver discrepancias entre el Gobierno y la oposición.

“Cuando se utilizan los instrumentos jurídicos constitucionales como rehén de las diferencias entre el gobierno y la oposición, yo veo muy difícil que el oficialismo pueda apoyar una condición de esas características”, agregó.

Respecto de las posibilidades de éxito de la acusación en la Cámara, Alvarado sostuvo que la distribución de fuerzas parlamentarias favorece al Ejecutivo.

“Las matemáticas son simples. Se necesitan 78 votos, el oficialismo tiene 75 y la oposición tiene 65. La probabilidad de conseguir tres votos respecto a conseguir 13 es mucho mayor”, planteó.

Con ese cálculo, el vicepresidente argumentó que la oposición enfrenta mayores dificultades para reunir los apoyos necesarios, mientras que el Gobierno tendría mejores posibilidades de mantener alineados a sus parlamentarios.

De todas formas, reiteró que el resultado dependerá de los votos que efectivamente se emitan cuando la acusación sea sometida a decisión de la Cámara.

Finalmente, Alvarado volvió a cuestionar la solidez jurídica del libelo y sostuvo que la demora de la oposición en presentarlo respondería a dudas sobre sus fundamentos.

“Eso también es un elemento por el que la oposición se ha demorado en presentar la acusación, porque tienen dudas de ellos mismos del contenido jurídico. Ellos son abogados, no hay que disfrazar las cosas”, afirmó.

“Las decisiones políticas las toma el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, y la Constitución no es una herramienta para cambiar una decisión política del Presidente de la República”, concluyó.

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