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Agencia Uno
Caso Pedófilos: revelan 22 rebajas de condena a agentes de la dictadura bajo Rabat y Larraín
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Una investigación identificó 19 rebajas de condena otorgadas durante la gestión de Hernán Larraín y otras tres bajo Fernando Rabat, sin sentencias judiciales que ordenaran concederlas. Los beneficios favorecieron a exagentes condenados por crímenes de la dictadura.
Una investigación de Reportea reveló que los ministerios de Justicia encabezados por Hernán Larraín, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y Fernando Rabat, bajo la administración de José Antonio Kast, concedieron un total de 22 rebajas de condena a responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sin que existieran sentencias judiciales que obligaran a otorgar esos beneficios.
El reportaje identificó al menos 19 decretos concedidos durante la gestión de Larraín y otros tres emitidos en mayo de 2026 bajo la administración de Rabat. Las decisiones permitieron reducir las penas de exuniformados condenados por delitos como secuestro calificado, torturas y desaparición forzada.
Los antecedentes aparecen en medio de la controversia que enfrenta el actual ministro de Justicia por las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por los beneficios concedidos a agentes de la dictadura, hechos que motivaron una acusación constitucional presentada por la oposición.
Según Reportea, entre 2020 y 2021 el Ministerio de Justicia dirigido por Larraín aprobó al menos 19 rebajas de condena sin que existiera una resolución judicial que obligara a concederlas.
Entre los beneficiados figuran cinco exfuncionarios de la Policía de Investigaciones condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés en 1987. Todos recibieron reducciones de sus penas entre el 19 y el 25 de noviembre de 2021.
También aparecen Moisés Retamal Bustos, exsubteniente del Ejército condenado por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, y Juan Abello Vildósola, exteniente de Carabineros condenado por la desaparición de un militante socialista en Penco.
La investigación señala que el gobierno de Piñera justificó estos beneficios argumentando que la legislación sobre rebajas de condenas no excluía expresamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
La cartera sostuvo, además, que la evaluación de los requisitos correspondía a las comisiones encargadas de revisar las solicitudes y que no era necesario incorporar los tratados internacionales, debido a que la ley nacional no los mencionaba expresamente.
Sin embargo, en 2021 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentó un recurso de protección contra Piñera y Larraín por seis de esos beneficios, cuestionando que se hubieran otorgado sin considerar los compromisos internacionales de Chile.
En abril de 2023, la Corte Suprema respaldó el argumento de que el Ejecutivo debía incorporar los requisitos del Estatuto de Roma al evaluar las solicitudes. No obstante, para entonces los beneficios ya habían sido concedidos.
El reportaje también señala que tres de los condenados que recuperaron su libertad mediante estas rebajas debieron regresar posteriormente a prisión, luego de recibir nuevas condenas por otros delitos cometidos durante la dictadura.
Se trata de Julio Cerda Carrasco, Moisés Retamal Bustos y Jorge Escobar Fuentes, quienes fueron condenados nuevamente por delitos que incluyen secuestros y homicidios.
Tras asumir el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia modificó el criterio y comenzó a rechazar las solicitudes de rebaja de condena presentadas por responsables de crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con el catastro de Reportea, entre 2022 y 2026 la Corte Suprema rechazó 20 solicitudes de este tipo y acogió cuatro, consolidando una posición mayoritaria favorable a considerar las exigencias del Estatuto de Roma.
Entre los requisitos considerados por el máximo tribunal se encuentran el arrepentimiento de los condenados y su colaboración efectiva con las investigaciones judiciales.
Ese criterio volvió a modificarse con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y el nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia.
Según la investigación, desde fines de abril de 2026 la cartera comenzó a presentar informes ante los tribunales que respaldaban las solicitudes de rebaja de condena de exagentes responsables de violaciones a los derechos humanos.
El 20 de mayo se firmó el primero de los tres decretos identificados por Reportea. El beneficiado fue César Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado a diez años y un día de prisión por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.
Acuña recibió una reducción de 19 meses de condena mediante un decreto firmado por Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos que ejercía como ministro subrogante.
Si bien la Corte de Apelaciones de Santiago había ordenado al Ministerio de Justicia resolver la solicitud pendiente, no existía una sentencia que obligara a conceder el beneficio.
Una semana después, el 27 de mayo, la cartera firmó otros dos decretos, esta vez suscritos directamente por Fernando Rabat.
El primero benefició a Miguel Arias Navarrete, exfuncionario de Carabineros condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez, un joven obrero de 18 años detenido ilegalmente y posteriormente ejecutado en octubre de 1973.
Rabat autorizó una reducción de nueve meses de condena, tras lo cual Arias abandonó el penal de Punta Peuco el 28 de mayo.
El segundo decreto favoreció a Manuel Cabezas Pérez, exsargento de la Fuerza Aérea condenado a seis años de prisión por torturas contra el estudiante Daniel Pavez y el obrero Patricio Rivera, cometidas entre septiembre y octubre de 1973.
En su caso, el Ministerio de Justicia concedió una rebaja de ocho meses, que permitió su salida de Punta Peuco al día siguiente de la firma del documento.
Estos tres decretos forman parte de los antecedentes considerados en la acusación constitucional presentada contra Rabat, que también cuestiona los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Otro capítulo del libelo acusa al ministro de entregar información incompleta al Congreso al defender las rebajas de condenas, por no exponer las sentencias de la Corte Suprema que contradecían el criterio adoptado por su cartera.
En una entrevista con T13 Radio, Rabat había defendido su actuación asegurando que las rebajas se concedieron conforme a la ley y que distintos gobiernos habían aplicado criterios similares.
Sin embargo, Reportea identificó que, aunque cuatro sentencias obligaron al gobierno de Boric a conceder beneficios, otras 11 respaldaron la decisión de rechazarlos.
La investigación también recoge las implicancias de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fines de 2024 en el caso Vega González y otros vs. Chile.
La abogada Karinna Fernández, quien representó a familiares de las víctimas ante el tribunal internacional, sostuvo que esa resolución establece exigencias que deberían ser consideradas al revisar las rebajas de condenas de responsables de crímenes de lesa humanidad.
“La Corte Interamericana declaró que las rebajas que vuelven irrisoria la condena actúan como factor de impunidad, y ha sostenido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede conducir a la impunidad”, afirmó a Reportea.
Como antecedente reciente, el reportaje menciona una resolución de la ministra Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la solicitud del exjefe de la DINA Raúl Iturriaga Neumann para cumplir sus condenas en su domicilio por razones de salud.
La magistrada consideró la ausencia de arrepentimiento y colaboración con las investigaciones, además de los compromisos internacionales asumidos por Chile.
Reportea advierte que no existe un registro público completo de las rebajas de condenas otorgadas a responsables de violaciones a los derechos humanos, debido a que algunas causas judiciales tienen carácter reservado y los beneficios concedidos directamente por el Ejecutivo no cuentan con un sistema de consulta pública.
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