Investigación
Rebaja de condenas: el estrecho vínculo de Kast con hijo de exagente de la CNI
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Rodrigo Orellana es un estrecho colaborador del Mandatario y hoy es asesor del ministro Poduje. Su padre, Juan Carlos Orellana, ya fallecido, fue condenado por el secuestro en 1987 de 5 frentistas, mismo caso en el cual uno de sus “colegas” fue beneficiado con rebaja de condena.
Poco después de las elecciones de 2017, José Antonio Kast fue invitado a una misa de celebración de Navidad en Punta Peuco. Había obtenido recién el cuarto lugar de las votaciones con un expectante 8% y fue recibido en el recinto por un grupo de presos condenados por crímenes de lesa humanidad. Dicen que fue ovacionado de pie y que agradeció los votos de sus familiares en la primera vuelta presidencial.
Los aplausos, al parecer, eran sinceros. Kast había prometido durante su campaña promulgar una ley para conmutar las penas de cárcel por arresto domiciliario a los presos con enfermedades terminales, incluidos violadores de derechos humanos, y hasta reconoció públicamente que no se “imaginaba todas las cosas” que dicen de Miguel Krassnoff, hoy condenado a más de mil años de presidio en diversas causas.
Los gestos se repitieron ese mismo día, el 22 de diciembre de 2017, cuando Kast visitó a otro grupo de exuniformados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, condenados por el mismo tipo de crímenes, a quienes había prometido trasladar a Punta Peuco si es que salía elegido. Entre los presos había un viejo conocido, Juan Carlos Orellana Morales, un exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y padre de uno de los colaboradores más estrechos de Kast.
Orellana Morales llevaba poco tiempo en prisión, pues estuvo prófugo de la justicia, tras ser condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, siendo detenido el 23 de junio de ese mismo año y puesto a disposición del ministro Mario Carroza. Su hijo, Rodrigo Orellana Flores, trabajó codo a codo con José Antonio Kast en diversas campañas políticas, incluida esa del año 2017.
Cartel que denunciaba como prófugo de la Justicia a Orellana Morales.
Hoy, con el nuevo Mandatario a la cabeza del Gobierno, Rodrigo Orellana acaba de ser contratado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como asesor del ministro Iván Poduje, invocando el artículo 13 del decreto ley Nº 1608, un antiguo resquicio legal del año 1976 que permite contratar a personas sin credenciales académicas o títulos profesionales en altos cargos de la administración pública, generalmente destinados a operadores políticos.
El “sopa de letras”
Un poco más de tres meses alcanzó a estar prófugo Juan Carlos Orellana Morales, exsargento del Ejército que se mantuvo en la clandestinidad junto a Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manque, luego de ser condenados por el secuestro, desaparición y tortura de los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura en septiembre de 1987, un acto realizado en venganza por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Tras ser detenidos en distintos lugares de Santiago, los frentistas fueron trasladados al cuartel Borgoño de la CNI y luego transportados –aparentemente sin vida o drogados– en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, desde el Fuerte Peldehue hasta la costa de Quintay, donde sus cuerpos fueron arrojados al mar amarrados en durmientes de tren. Uno de los crímenes más atroces cometidos durante la última fase de la dictadura militar.
Orellana Morales –conocido como “El sopa de letras” o el “Sándwich”– trabajó para la DINA y luego para la CNI, pasando por la Brigada Ongolmo, la Agrupación Plomo, la Brigada Azul, la Agrupación Verde y el Cuartel Borgoño. Tras la investigación judicial conocida como “el caso de los 5 del 87”, fue sentenciado a 10 años y un día como autor del secuestro calificado de Julián Peña Maltés.
Si bien Orellana Morales falleció en 2022, sin lograr obtener los beneficios que prometió Kast en 2017 cuando lo visitó en la cárcel, hoy tres de sus excamaradas condenados en el mismo caso judicial trataron de obtener rebajas de condena establecidas por la cartera que dirige el ministro Fernando Rabat.
Se trata de los exagentes de la CNI César Luis Acuña Luengo, Heraldo Velozo Gallegos y Patricio González Cortez. Estos tres casos han generado controversia debido a que, como informó El Mostrador en el caso de este último, el ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, interpretó en el decreto que los condenados cumplían las condiciones establecidas en la Ley 19.856 y que no existían causales para negarles la rebaja de condena. Sin embargo, tanto en el caso de Veloso como en el de Acuña los tribunales se negaron a acceder a sus pretensiones.
Respecto de González Cortez, Silva incluso insistió dos veces ante la Corte Suprema, luego que esta rechazara otorgarle los beneficios al exagente de la CNI, tras la presentación de un recurso de amparo a favor del condenado. Un ajuste de criterio que, según dijo el ahora exsubsecretario, habría sido resuelto por Rabat, contradiciendo la tesis previa planteada por el propio ministro, quien aseguró que se estaba procediendo conforme a los criterios de la Corte Suprema.
Los familiares de cuatro de los cinco detenidos desaparecidos que fueron secuestrados y asesinados –entre otros– por Orellana, Acuña, González y Velozo, interpusieron un recurso de amparo, solicitando que se revirtiera la libertad de Acuña, pero dicha acción judicial fue declarada inadmisible por la Sala tramitada de la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo cual sus abogados recurrieron a la Corte Suprema.
El “negro” Orellana
Rodrigo Orellana Flores acaba de aparecer en la página de transparencia activa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contratado con grado 5, como asesor del gabinete del ministro de la cartera, Iván Poduje, con un sueldo de $3.434.918, más una bonificación de incentivos de $600 mil pesos. O sea, recibe una remuneración de poco más de 4 millones mensuales.
La cifra se justificaría, según el artículo 13 del Decreto Ley Nº1.608 de 1976, como una medida excepcional a las reglas de tope de renta en la administración pública, bajo el criterio de que el funcionario sea un experto “altamente calificado” y que cuente con la “exclusiva confianza del Presidente de la República”.
En el ítem sobre calificación profesional, Orellana Flores aparece sin un título que avale el cargo, pero con “experiencia en labores de asesoría”.
Información sobre contratación de Rodrigo Orellana Flores
La exclusiva confianza atribuida al Presidente en la adjudicación del cargo va más allá de la simple aplicación de un decreto. Según varias fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de El Mostrador, Orellana Flores ha sido efectivamente un estrecho colaborador de José Antonio Kast durante toda su carrera política, desde los inicios de este como concejal en Paine, pasando como diputado, hasta su aventura política presidencial.
El “negro” Orellana, como lo conocen sus cercanos, estuvo en el inicio del actual Gobierno apoyando a Pía Adriasola en su proceso de instalación, registro que aparece en sus redes sociales, y que demuestra algo que también han confirmado algunas fuentes: no solo es cercano al Presidente Kast, sino también a su familia.
“A nosotros Kast nos cuestionaba hasta las pololas, pero al ‘negro’ nada, le tenía mucha confianza, como si fuera alguien muy familiar, como una especie de hijo adoptivo. Además, él trabajaba directamente con Kast, sin intermediación política. Eso para todos era muy raro. Quizá buscaba no exponerlo, por eso tampoco nunca fue candidato a nada”, recuerda un excolaborador de campañas electorales.
Foto de una reunión de camaradería en Temuco. Orellana es el hombre de suéter negro.
El vínculo de Orellana con Kast es conocido por el círculo político que rodea al Mandatario, no así la relación con el exagente de la CNI que se había mantenido hasta ahora en estricta reserva. Sobre el periodo fugitivo del padre de Orellana, también existen dudas –dada la cercanía entre ambos– acerca de si Kast estuvo realmente al tanto o no de su paradero mientras se encontraba prófugo.
Orellana Flores se especializó en trabajo en terreno, abriendo las puertas de poblaciones y campamentos. Además de su cercanía con Kast, colaboró muy estrechamente con Felipe Cubillos en Desafío Levantemos Chile, organización que buscó canalizar la ayuda directa a los damnificados del terremoto del 27 de febrero de 2010.
La experiencia de campo era su fuerte, asumiendo también como uno de los principales líderes del Movimiento Calcuta en San Bernardo, un proyecto de voluntariado católico y acción social, que creció mucho en la comuna mientras José Antonio Kast se desempeñaba como diputado por el mismo distrito.
De esa experiencia, el Partido Republicano reclutó a varios miembros, como Fernando Peña, actual director de la Junaeb, y los diputados Leandro Kunstmann, Luis Sánchez y Juan Irarrázaval. A este último, Orellana lo asesoró en su última campaña parlamentaria.
La actual pareja de Orellana, Macarena García-Huidobro, trabaja como subdirectora de la División de Organizaciones Sociales en el actual Gobierno, percibiendo un sueldo bruto de $4.993.234 en septiembre y $6.763.361 en agosto.
La Unidad de investigación de El Mostrador se comunicó con el Minvu con el objeto de entender los alcances técnicos de la contratación del funcionario recién incorporado, pero nos remitieron a solicitar los antecedentes vía Transparencia. Rodrigo Orellana Flores y la Presidencia de la República no respondieron a los requerimientos de este medio de comunicación.
