El primero de ellos es que pueden generar la sensación de que las donaciones de particulares son tan importantes como el gasto público para poner en pie al país. Pareciera existir la sensación de que bastaría que los particulares, especialmente los empresarios, fueran lo suficientemente generosos para lograr superar esta tragedia. Pero eso no es cierto. Los fondos que se han reunido solo alcanzan para paliar las necesidades más apremiantes. El forado que dejó este terremoto en nuestra economía y en las posibilidades que tendrán varios miles de familias de salir adelante, no se resuelve con filantropía empresarial y buena voluntad de los donantes. Los costos de la reconstrucción serán altísimos y exigen decisiones de la autoridad respecto a cómo se financiarán.

El éxito de las colectas nacionales no debieran hacernos olvidar la verdadera tarea: las nuevas autoridades deben diseñar rápidamente un programa de reconstrucción nacional ambicioso, que debe incluir una forma eficiente y justa de distribuir los costos. Hasta ahora el futuro gobierno ha dicho que apostará a reasignar el gasto público (renunciar a la ejecución de algunos proyectos para financiar la reconstrucción), pero  eso, además de dejar sin fondos proyectos necesarios, puede ser insuficiente. Otros ya se han anticipado a sugerir el endeudamiento público, pero eso pone el mayor esfuerzo de la reconstrucción en los futuros gobiernos y en las futuras generaciones. La solidaridad no solo debe ser invocada para promover las colectas sino también para decidir cómo se financiará la costosa reconstrucción.

Otro riesgo de las colectas nacionales es cuán difícil resulta distinguir el alcance real de los aportes que se reúnen: ¿quién aporta qué? Es una pena que estas campañas no informen en un sitio web todos y cada uno de los montos de los aportes, quién los efectuó y si lo hizo en dinero o en especies. Los sucesivos anuncios de aportes corporativos que se han podido ver por la televisión y la prensa, muchas veces se confunden con el que efectúan los trabajadores de esas empresas, con el agravante de que muchas corporaciones pueden acogerse a la ley de donaciones y deducir de sus impuestos parte importante del aporte que efectúan. Eso no pueden hacerlo los trabajadores. Esta opacidad de las campañas no permite apreciar que muchas veces, los aportes empresariales que se reciben en realidad son financiados por el Fisco, a través de beneficios tributarios. En pro de la transparencia, es necesario que los organizadores de las colectas nacionales indiquen lo que cada empresa aportó y qué porcentaje de ese aporte puede deducirse de impuestos. Seamos sinceros: muchas veces la solidaridad es una excelente oportunidad para hacer negocios. Eso no es necesariamente malo: pero un mínimo de decencia exige que quienes lo hagan lo informen.

Y ya que estamos hablando de negocios, las colectas nacionales también pueden servir para fundir todos los aportes, homogeneizando la solidaridad hasta el punto de hacerla difusa y genérica. Así, se convierte en un atributo nacional en virtud del cual, por algunos meses, pareciera que el objetivo común de todos es cooperar de la mejor manera en la reconstrucción, postergando el beneficio propio y la propia expectativa de lucro. Pero eso no impide que las empresas procuren perder lo menos y ganar lo más; al fin y al cabo su giro no es la beneficencia sino la ganancia. Por eso las colectas son solo una parte del trabajo que ahora debemos hacer como país: los que más tienen adeudan más a la reconstrucción nacional y ese deber no se satisface con donaciones en dinero o en especies.

Convocar a la solidaridad solo para que las colectas sean exitosas es insuficiente. La verdadera solidaridad no es solamente caritativa; exige definir prioridades nacionales y una distribución justa de las cargas y costos de la reconstrucción. Ante la tragedia que ha devastado la vida de miles de familias, la solidaridad debe operar como un estándar público y debiera orientar las políticas de reconstrucción. Es una lástima que el Presidente electo haya decidió, justamente hora, postergar la venta de sus acciones de Lan, porque de hacerlo dejaría de ganar riqueza. Sus prioridades de ganancia parecen estar por sobre sus ganas de servir y ser solidario. Esa contundente señal sin duda será tomada al pie de la letra por las grandes empresas del país: al fin y al cabo una buena y oportuna donación, puede ser la forma más rentable de cooperar.

Por añadidura, necesidades tan apremiantes como el mejoramiento de la educación pública y el aumento de cobertura de la red de salud pública, deberán ser postergadas o al menos compartir recursos con las urgentes tareas de reconstrucción. Esto significa que el esfuerzo por moderar el gasto público que hemos hecho los últimos 20 años, bien puede ser devorado por el reciente terremoto.

Sin embargo, existen otras posibilidades que, bien utilizadas, pueden moderar sustantivamente el endeudamiento público los próximos años y a la vez inyectar los recursos necesarios para llevar a cabo una reconstrucción que no solo restablezca lo perdido por esta catástrofe sino también mejore sustantivamente nuestra infraestructura a nivel nacional. Si disponemos de recursos adicionales, la reconstrucción bien puede ser una oportunidad para mejorar el país.

Tragedias como la que acabamos de vivir -que echan por tierra gran parte de nuestros esfuerzos de alcanzar el desarrollo y reenvían a la pobreza a cientos de familias que habían logrado estos últimos años salir de ella- requieren mucho más que un esfuerzo solidario: es un deber patriótico acudir a todos los recursos de que disponemos para poner parte sustantiva de ellos al servicio del país. No basta apelar a la generosidad y a las colectas para la reconstrucción nacional. Chile tiene vastos recursos naturales de los cuales inversiones privadas sacan amplio provecho, restituyendo al país una porción muy pequeña de la ganancia que obtienen.

Es hora de exigir que la renta privada que se obtiene de esos recursos que son del país haga un aporte sustantivo a la tarea de reconstrucción nacional que enfrentamos.
Por otra parte, el terremoto dejó en evidencia, de la manera más cruel, que muchas de nuestras regiones tienen muy poca diversificación productiva –dependen casi exclusivamente de una o dos actividades económicas- que cuando son afectadas por acontecimientos como éstos hacen muy difícil la recuperación de la inversión y el empleo, mientras que en otras regiones que no sufrieron el sismo, la inversión y la actividad no han sufrido daño alguno.

Si no se hace algo al respecto, el terremoto puede ahondar las ya evidentes diferencias de desempeño económico entre distintas regiones del país, ampliando las brechas entre regiones ricas y pobres. Eso solo nos hará retroceder en la camino al desarrollo. Es necesario dirigir flujos de inversión hacia las regiones más dañadas, para desarrollar nuevas actividades que les den más sustentabilidad económica y para distribuir de mejor manera en el territorio nacional el esfuerzo de la reconstrucción.

Para cumplir estos objetivos puede aprobarse un impuesto extraordinario a las ganancias de las empresas de la gran minería del cobre, por un lapso no superior a tres años, que sea utilizable solo para paliar los costos de la reconstrucción vial, portuaria y hospitalaria, que haya resultado dañada por el terremoto. El cobre es el principal recurso económico del país y sacan provecho de él un grupo de empresas, la mayoría de propiedad extranjera, que los últimos veinte años han obtenido ingentes utilidades sin mayores cargas.

La reciente ley que fijó un nuevo impuesto para ellas (royalty minero) en realidad fue muy focalizada: los recursos que provienen de ese impuesto solo pueden utilizarse en las regiones en que se efectúa dicha actividad (ninguna de ellas dañada por el terremoto) y no en faenas de reconstrucción. Cuando se aprobó ese impuesto, se consideró que políticamente se había logrado un acuerdo tributario que daba estabilidad a la actividad minera. Pero el terremoto ha estremecido profundamente nuestra normalidad; también debe afectar la continuidad de ese acuerdo.

La idea que se propone es aprobar una reforma que instituya un impuesto transitorio por no más de tres años, aplicable a la gran minería del cobre, de un porcentaje entre 3% a un 5% de las utilidades consolidadas de cada año desde 2010, y por un plazo máximo de tres años.
Esta iniciativa permitiría contar con cuantiosos ingresos. Por ejemplo, el año 2009 Codelco, Escondida y Angloamerican, las empresas de cobre que más utilidades tuvieron el año pasado, registraron utilidades netas por 4.978 millones de dólares. Un impuesto transitorio como el que proponemos, podría recaudar una cantidad significativa para la reconstrucción nacional, que afectaría mínimamente la rentabilidad de estas empresas. Por añadidura, el precio del cobre ha remontado como consecuencia del terremoto.

La aprobación de una reforma como ésta requiere un alto quórum legislativo. Como implica una reforma constitucional, deben votarla favorablemente los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. El presidente electo Sebastián Piñera ha llamado a la unidad nacional para aportar todos juntos a la reconstrucción del país. Proponer una iniciativa como ésta sería una excelente oportunidad para aunar esfuerzos en una tarea patriótica y que el país obtenga lo que se merece en estas amargas horas.

Parecen creer que para ganar esta elección hay que seguir de frente, apretar los dientes, y dejar que el electorado se decante entre lo que ya se conoce del candidato gobiernista y del multimillonario. Pero eso está mostrando más porfía que entereza, más rigidez que valentía. Los primeros slogans de la nueva campaña de Frei precisamente se han concentrado en recalcar que Piñera es millonario y que no logra separar los negocios de la política.

Eso, por cierto, es muy criticable, pero en la Concertación también hay millonarios (y muchos) y hace 20 años que afamados políticos gobiernistas van de la política a los negocios sin asco alguno, varios ex ministros entre ellos, que ahora no vacilan en reprender a quienes osen no votar por Frei en enero.

Seamos sinceros: para los políticos profesionales de la Concertación parece más fácil negar los errores cometidos que reinventarse a marcha forzada para ganar la elección. Parece que su afamada pericia táctica al fin no era tal, y solo sirve para recetar más de lo mismo, insistiendo en que los que no votan por ellos serán los únicos responsables de que gobierne la derecha. ¿Pero cómo convencer a la mayoría de quienes no votaron por Frei  que hay que impedir que gobierne Piñera, si para ellos es tan difícil distinguir al candidato de derecha del de gobierno?

La posibilidad de diferenciarlos por su inclinación a mejorar o ignorar los derechos de los trabajadores fue tempranamente desactivada por el gobierno. La oportunidad de marcar claras diferencias apoyando una reforma que haga más justo nuestro sistema tributario, fue monopolizada por los otros candidatos y en ese tema no existen propuestas de Piñera ni de Frei. Ambos se declaran fieles continuadores de la política social de la Presidenta: se comprometen a seguir financiando programas de subsidios para las familias más necesitadas y punto. Eso da amplia tranquilidad al candidato de derecha: su desapego a mejorar la vida de los trabajadores y los consumidores como legislador, su aprovechamiento de cualquier ventaja contra sus competidores como inversionista, su millonaria prosperidad en un país con una de las tasas impositivas sobre la riqueza empresarial más bajas, pasan desapercibidas.

Sólo los que crean que Frei sí quiere gobernar de una forma diferente, pensando en los intereses de las mayorías y no en los de un exclusivo club de políticos profesionales y empresarios poderosos, se inclinarán por él. Esa convicción no nacerá de algo que el candidato, quienes lo han acompañado hasta ahora en su campaña o los nuevos rostros que acuden en su auxilio, reiteren o prometan, porque no es creíble para muchos de los que no votaron por él. Probablemente gran parte de ese electorado se resignará a votar para que Piñera no salga electo, pero no todos lo harán, y esa porción puede ir aumentando los próximos días.

Si los que se dedican tiempo completo a la política no dan su mejor esfuerzo para conservar el poder, se muestran timoratos y conservadores, vacilan a la hora de admitir errores y aplicar cambios reales y profundos que hagan verosímil la oferta que el nuevo gobierno será una versión renovada y corregida de los anteriores ¿qué les queda a los cientos de miles de insatisfechos electores que esperaban mucho más que un gesto de parte de quienes ya llevan 20 años gobernando? Probablemente de ellos dependerá el resultado de esta elección y hasta ahora Frei y quienes lo apoyan no han mostrado empatía ni comprensión por ese apetito de cambio que esta vez será decisivo.