Alguien podrá decir que este cambio conceptual es nimio y que no afecta en nada a lo que “realmente ocurrió” en Chile durante 17 años. Que la mayoría de los chilenos sabe que en Chile gobernaron autoritariamente los militares, que se instalaron después de un golpe de Estado dado a un gobierno democráticamente elegido, que violaron sistemáticamente los derechos humanos y que transformaron radicalmente los cimientos materiales y subjetivos de nuestra nación. Algunos también podrán decir que un concepto no importa si ya somos capaces de discutir estos temas de historia reciente en público o si en la televisión se abordan  abiertamente las violaciones a los derechos humanos con series como “Los archivos del Cardenal” o la última temporada de “los 80”. Como historiadora discrepo absolutamente de estas afirmaciones, porque la disputa por la nominación del pasado siempre está abierta y los cambios conceptuales no son inocentes ni ingenuos.

Detrás de ello hay una intencionalidad política e ideológica evidente y por tanto, es importante visibilizarla, más aún cuando afecta a lo que los niños de este país estudiarán como “nuestro pasado”.

El pasado no está cerrado, afirmaba hace muchos años atrás un viejo filósofo alemán más conocido por su seudónimo de Walter Benjamin. Con ello abría una invitación no sólo a repensar la historia como “devenir”, sino que también la historia como “escritura” o trabajo con el pasado. Deriva de aquello que la disputa nominativa sobre lo que ocurrió, o sobre lo que pudo ocurrir en un pasado cercano o lejano, está abierta a la discusión y al debate colectivo.

En enero de 1999, un grupo de historiadores liderados por Gabriel Salazar, Julio Pinto, Mario Garcés, Sergio Grez y María Angélica Illanes, arremetieron la ardua labor de disputar abiertamente la nominación y la representación del pasado reciente, en una conflictiva correspondencia con el historiador de derecha, Gonzalo Vial y su intención de “narrar” una historia del “régimen militar” vaciada de las atrocidades cometidas durante esos 17 años y bajo una perspectiva de que dicho golpe de Estado se entendía como la salvación a una institucionalidad político democrática en crisis terminal. De esa labor surgió el famoso “Manifiesto de Historiadores” firmados por miles de historiadores chilenos y extranjeros.

Quienes nos dedicamos a esta disciplina sabemos que los conceptos son artefactos clave en la constitución de la realidad social, que su contenido tanto como campo de experiencia así como en la definición de sus horizontes de expectativas, está en la base de los procesos de producción de significados de esa realidad material a la que aspiran  referirse (nominalmente), pero también a transformar. De allí que el proceso de conceptualización sea un proceso eminentemente político y la disputa por cuál o qué concepto se use, clave para definir lo ocurrido y lo que vendrá.

Por esto, si cambiamos el concepto de dictadura por el de régimen militar, estamos cambiando el campo de experiencia nominal y por ende también los horizontes de expectativas de los actores sociales. La intencionalidad no puede ocultarse con las palabras del ministro Beyer, quien plantea que régimen/gobierno militar es un concepto más general que el de dictadura y que por ello se justifica su uso, aunque él afirme posteriormente que cree que fue “efectivamente dictatorial”. Esto no es un problema de generalidad u objetividad, porque la historia no es objetiva, sino que objeto de interpretación, abierta al debate y por ende, políticamente construida.

Cuando recién se recuperó la democracia en Chile, este debate también estuvo instalado en el plano educacional. Tomó varios años en que pudiera decirse públicamente que entre 1973 y 1990 en Chile existió una Dictadura Militar. Esta nominación fue objeto de duras discusiones y su incorporación en los programas de estudios y textos escolares, permanentemente objetada por la misma derecha que hoy gobierna el país. De allí, que las palabras del ministro no sólo no convenzan a los ciudadanos, sino que encubren lo que todo proceso de conceptualización implica: disputar políticamente una nueva visión del pasado, donde las atrocidades cometidas durante 17 años contra ciudadanos chilenos, queden invisibilizadas en un concepto como el de régimen/gobierno militar. La derecha que hoy gobierna quiere que así se interprete el pasado y si bien esto es lícito en una democracia y está vinculado a los procesos de constitución de las hegemonías, sería importante y éticamente deseable que así lo dijeran.

Esa construcción de narrativas, que antaño tendían a ser omniabarcantes en su dimensión social, hoy día tienden a ser más difusas, etéreas, casi inexistentes. Tal es la percepción del vaciamiento de las mismas, que muchos autores han hablado de la crisis de la política. Para uno de los sociólogos más importantes de nuestro país, Tomás Moulian, la política se ha vaciado de esa dimensión, transitando de una política letrada a una política analfabeta.

Ese analfabetismo también está asociado a la farandulización de la política. Cada día las acciones políticas se vacían de una narrativa que les de sentido, que las sitúe proyectivamente, que las dibuje en un mapa cognitivo, que nos ayude a construir nuestro horizonte de expectativas; pero por otro lado, se llenan de un presentismo inmediato, rodeado de imágenes rimbombantes, de medios de comunicación que transmiten la instantaneidad y que hacen suponer que la propia imagen hablará por si sola, sin la necesidad de la narración, mientras simultáneamente, las decisiones políticas comunicadas se hacen considerando el “people meter” de las encuestas y los políticos, necesitados de esos instrumentos, toman decisiones que miradas desde más lejos pueden resultar contradictorias y hasta divergentes.

El espectáculo mediático que banalizó la situación de precariedad laboral existente en Chile, que ha presentado como héroes patrios a 33 mineros que sufrieron un casi fatal accidente por falta de seguridad en sus faenas de trabajo, generó una gran conmoción ciudadana y una alta expectación medida en ránking de popularidad de los políticos y profesionales vinculados al rescate, que el equipo de gobierno espera se traduzca en indicadores de aprobación a la gestión política del gobierno de Piñera.

33 mineros que después de ser rescatados exitosamente tras una gestión profesional y técnica impecable, no desdibujan para nada las problemáticas laborales existentes en Chile y en el mundo, así como tampoco la relación del Estado con la regulación del mundo del trabajo y la capacidad de intervenir en la relación entre capital y trabajo. Sin embargo, una vez que se produjo el rescate, los propios funcionarios del gobierno se han encargado de socializar la idea de que al Estado sólo le competía su rescate, todo lo demás, deben solucionarlo los actores, porque es un conflicto entre privados. El discurso de que debe ser el mercado, que a través de  la libre interacción entre oferta y demanda genere los mecanismos para la reocupación de los mineros, demuestra el fuerte influjo neoliberal de quienes gobiernan y que no disimulan a la hora de las declaraciones públicas. Sin embargo, el neoliberalismo no ha logrado nunca construir una narrativa que no sea la de la naturalización del mundo social, la de la no política, la de la tecnificación.

Pero los famosos “33” convertidos en un producto de “exportación” no tradicional, transitan por el mundo transformados en souvenir que el Presidente regala en sus giras. El presidente ha querido construir una narrativa de unidad con este episodio, llegándose a insinuar que el rescate marca un basculamiento clave en la historia reciente. Que hay un Chile antes y después del rescate minero. Que hemos demostrado que hacemos las cosas bien. Que el rescate fue símbolo del desarrollo alcanzado como nación. Pero por otro lado, que esto sólo se hizo posible gracias a “la nueva forma de gobernar”.

Sin embargo, esa narrativa sigue siendo esquiva, sigue siendo poco integradora, poco cautivante. El episodio coyuntural no logra ser situado en una cadena mayor. Se agota en si mismo, trivializado, sobre explotado. La gesta no logra competir con otras narrativas históricas existentes, convocantes, más generales. ¿Por qué? Porque la política en manos de neoliberales “declarados” (y nos los encubiertos incómodamente que transitaban en la Concertación) han desnudado a la política de su posibilidad de disputar la construcción del orden deseado, le han negado a la utopía su capacidad de existencia, cosificando el presente y naturalizando el mundo social. Piñera, su gobierno y su coalición, están ideológicamente condenados a construir esas narrativas pequeñas que no logran poner en perspectiva ni los avances ni los fracasos, porque muchos de ellos no creen en la política como el gran instrumento constructivista en el que diseñamos y disputamos el horizonte de expectativas.

El acuerdo de Penco, consistente en construir formas de elección de líderes basada en la práctica de primarias amplias y convocantes, se ha transformado en un hito clave en la posibilidad de reconstrucción del conglomerado, aunque de ideas se ha hablado poco.

Para quienes hemos estudiado el proceso de institucionalización de liderazgos dentro de la izquierda concertacionista, este fenómeno aunado al proceso de renovación de los cuadros dirigenciales, debe verse como un problema a debatir y al que la historia podría aportar algo interesante.

Los partidos políticos que conforman la actual coalición de oposición, fueron duramente golpeados por la represión política durante la dictadura. La mayoría de sus líderes fueron o perseguidos, encarcelados, desaparecidos o exiliados. La experiencia dictatorial marcó a fuego a quienes habían constituido parte de los cuadros dirigenciales de la izquierda chilena. La clandestinidad y el exilio estructuraron el nuevo marco de experiencia, en el que se rearticularon las prácticas políticas para instituir los nuevos liderazgos políticos.

La democracia electoral tuvo que ser desechada, por lo menos hasta la mitad de los años 80. Realizar una elección interna era un suicidio al que ni los partidos ni los líderes querían someterse.

Las nuevas prácticas se basaron en la cooptación y la institución de líderes bajo la forma de la legitimación delegada por viejos líderes, poseedores de cierta validación previa al golpe de Estado y que traspasaban parte de la legitimidad a las nuevas camadas de líderes, elegidos minuciosamente para realizar labores políticas complejas y a veces, muy peligrosas. La elección de los nuevos líderes obedecía a varios criterios, que se fueron combinando de acuerdo a las distintas culturas partidarias, así como a las circunstancias contextuales.

Así disponer de capital social, redes, conexiones, experiencia militante tanto como elementos del carácter o personalidad del militante constituyeron las principales consideraciones al momento de elegir liderazgos. La democracia no estaba en el horizonte partidario, aún cuando si en el discurso político general dado el contexto dictatorial.

Por ello, es necesario poner históricamente el tema de las prácticas de una coalición que durante 17 años institucionalizó formas de constituir liderazgos, que no pudo ser borrada rápidamente de la experiencia de los actores.

La práctica de la cooptación se combinó, en la segunda mitad de los 80, a través de la incorporación de ciertos liderazgos sociales que habían surgido a la par de un contexto en el que había una mayor apertura política. Así líderes de movimientos sindicales y estudiantiles pasaron a ser considerados parte de los cuadros visibles de los partidos. Sin embargo, su incorporación a las elites partidarias fue desigual y en muchos casos, se ha hablado de la generación perdida.

Si a esto  le sumamos la institucionalización de liderazgos políticos basados también en la importancia que tuvieron ciertos personajes en la academia, produciendo saber social y político, pero desvinculados de las bases sociales que soportaban el constructo partidario, la democracia como práctica en la constitución de líderes estuvo bastante ausente del campo de experiencia de la izquierda.

Esa vieja práctica, que hoy día se crítica arduamente por los nuevos cuadros de líderes de la Concertación (aunque es discutible el concepto de nuevos), formó parte de la historia del conglomerado y de la experiencia de muchos de sus líderes, que en otros contextos quizás no hubiesen llegado a disponer del capital político que detentaron en la transición.

Desconocer esto es enfrascarse en una negación inoportuna que quiere deshacerse de una historia. El desafío de la Concertación y de los sectores progresistas de la misma, es preguntarse cómo con ese campo de experiencia se construye un nuevo horizonte de expectativa.

El debate en torno a las ideas programáticas quizás de algunas pistas y a la luz de ello, la crítica se vuelve menos ahistórica y habrá más política para el futuro de la coalición.  Es difícil cambiar una experiencia, el desafío es sacar las lecciones al respecto. La historia de la Concertación tiene ese sello, lo central es debatir sus prácticas en nuevos contextos.

En ese proceso de autocrítica fueron muy importantes los Centros Académicos Independientes (CAI), que a partir de mediados de la década del 70 comenzaron a recibir en sus dependencias a intelectuales, particularmente cientistas sociales y filósofos, que fueron exonerados de las universidades donde se desempeñaban. Muchos de ellos se formaron, precisamente, con el objetivo de aglutinar a una intelectualidad de izquierda, que vinculada a los partidos políticos, pudiera reflexionar sobre lo ocurrido, así como también, ampliar las discusiones hacia dónde ir. Por su parte, el centro político cristiano también estructuró sus centros académicos, al alero de la gestión de la Iglesia y de políticos que estaban dispuestos a financiar y colaborar con esta labor. Así se hicieron conocidos los CAI como Vector, Ilet, Flacso, Sur, Cieplan, CED,  por nombrar sólo a los más relevantes.

Desde estos centros académicos se pensó el sistema de partidos, las razones que estaban detrás del golpe de Estado, los cambios que se producían en la sociedad chilena, en sus formas de sociabilidad, en su estructura de clases, en las reorientaciones que tomaba la economía y los cambios culturales profundos que se esbozaban nítidamente al alero de un proyecto neoliberal. Cientos de artículos recorrían los espacios de oposición y muchas de estas reflexiones circularon masivamente al alero de revistas políticas que jugaron un rol clave en la disputa por la construcción de la realidad. Apsi, Análisis, Cauce, son los nombres de las revistas que posibilitaron la masificación de la reflexión de la oposición. En esas páginas confluyeron las ideas que viniendo del centro se encontraban con las provenientes de la izquierda renovada.

La dictadura toleró esta práctica, que teñida de la objetividad y neutralidad que entrega el saber científico moderno, podía circular con ciertas restricciones. Desde esos centros se organizaron seminarios, talleres de discusión, grupos de trabajo, donde fueron convergiendo los grandes líderes que después fundaron la Concertación. Esta práctica político-académica, posibilitó la confluencia en espacios de ideas y de personas. Aumentó la densidad de la confianza debilitada en el periodo previo al golpe. En la urgencia de una oposición con espacios cercenados, la intelectualidad política jugó un rol clave, repensando el pasado y posibilitando una reflexión de futuro. Nace la transitología como disciplina académica y las discusiones se tiñeron del tinte academicista, que los políticos más orgánicos transferían a los militantes y viceversa.

En el inicio de la transición a la democracia, esos centros que jugaron un rol tan importante fueron perdiendo el espacio ganado. Junto con ello, desaparecieron una a una las revistas que antes fueron de oposición. La urgencia de la administración debilitó la reflexión. En esos años no se hablaba todavía, siúticamente, de los think tank, ni de los tecnopols. Sin embargo, fue desapareciendo rápidamente esa conjunción fructífera entre intelectualidad y política.

Hoy día, desde la derecha, el propio H. Bayer escribía en El Mercurio sobre la distancia que existe entre esos dos mundos de la Concertación, acusando a la misma de la incapacidad de la coalición, ahora (o nuevamente) opositora de generar reflexiones como en los inicios de su vida política.

La Concertación carece hoy día de esa organicidad, capaz de hacer confluir pensamiento y práctica. La administración debilitó, comprensiblemente, esa práctica y con ello se pierde la batalla de la construcción de la realidad.

¿Se logrará rearticular nuevamente esa fecunda relación, que antaño un viejo político y filósofo denominó como intelectualidad orgánica? Para muchos este desafío pendiente es quizás uno de los puntos más relevantes para ser una oposición en serio.

La idea del cambio fue monopolizada por la derecha chilena ya en la elección del año 1999, cuando Joaquín Lavín introdujo fuertemente dicha idea, sin dotarla de mayor sentido. Nuevamente la derecha, ahora con Sebastián Piñera como líder, vuelve a instalar  la disyuntiva entre cambio y continuidad. Para el candidato derrotado en la primera vuelta, ME-O, la problemática también debía ser leída en esos mismos términos. A juicio del hijo del fundador del MIR, su candidatura también representaba el cambio.

Según la R.A.E cambio significa: “Dejar una cosa o situación para tomar otra”, así como también “convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria”, o bien “dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo valor o análogo”, tanto como “dicho de una persona: mudar o alterar su condición o apariencia física o moral”. Esas acepciones del concepto cambio, permiten extraer al menos tres consideraciones.

En primer lugar, cambio implica un proceso de transformación, no necesariamente profundo, aunque sí se espera, en una dirección distinta de la inicial. En segundo lugar, implica un trasvasije, un proceso de transacción donde se igualan los valores y lo que cambia es el bien que se intercambia. Por último y en tercer lugar, cambio también considera la idea de mutación, de transformación de la identidad de los sujetos.

¿Cuántas de estas acepciones están en el juego de la circulación discursiva durante esta campaña? Para algunos el cambio debe ser de “rostros” y lo que representan. De hecho para el ex candidato ME-O, la necesidad de cambio se expresa, entre otras cosas, en el cambio de los presidentes de los partidos como condición inicial para generar un diálogo que le permita al candidato de la Concertación aspirar a contar con su apoyo electoral para la segunda vuelta, decisivo para derrotar por quinta vez consecutiva a la derecha chilena. Detrás de ese requerimiento se quiere forzar a un “recambio” generacional y de las cúpulas dirigentes de los partidos que han conducido la transición a la democracia en Chile. Esa es la primera acepción del cambio.

En segundo lugar está la idea del cambio que enarbola el candidato de la derecha que se basa en la idea de “cambio de coalición gobernante”. Nuevamente la idea de la necesidad de cambiar los “rostros” de los conductores del poder ejecutivo. Sin embargo, lo que no dice Sebastian Piñera, es que los rostros de la derecha a la que él pertenece, tampoco han cambiado mucho desde el inicio de la transición. Los mismos rostros y los mismos apellidos, dan cuenta de un proceso de renovación también estancado en la derecha. Pero de eso nada se habla en esta elección.

La derecha habla de un cambio también en un segundo sentido. Cambiar los énfasis de un modelo socio económico, que no aspira a cambiar en el fondo. Cuestión que no podría hacer, por cuanto es parte de sus propias creencias ideológicas y su propia construcción durante la dictadura militar. Ese cambio de énfasis es “más crecimiento y más eficiencia”, quizás sacrificando la equidad, aunque el candidato ha prometido públicamente “mantener”, es decir, “continuar” los avances positivos en materia de protección social. En suma, un cambio poco profundo, que no sea simplemente el de las caras del poder ejecutivo.

La coalición gobernante, por su parte, se ha debido subir a regañadientes al discurso del cambio. Incómoda e insegura frente a dicho eslogan, también ha intentado enfatizar que Frei significa un cambio. Claro está, ya no se trata de rostros, que en estricto rigor deben seguir siendo los mismos, pero sí de énfasis en torno a la profundización de ciertas transformaciones inconclusas que la propia Concertación ha enarbolado como parte de sus propuestas gubernamentales. Se ha dicho: ahora sí más equidad, ahora sí más integración, ahora sí más preocupación por la clase media, ahora sí más crecimiento económico sostenido. En suma, algo que la Concertación le ha proporcionado al país durante 20 años de gobierno y que todos los candidatos han promocionado como la base de su propia propuesta. La Concertación ha pagado los costos de la administración de  un modelo económico y social heredado por la dictadura, que administrado eficientemente ha generado importantes transformaciones en el país, pero ha carecido de un discurso que le permita ver su obra como un proceso concluido, logrado y exitoso. No ha sido capaz de jugársela por cautivar a la ciudadanía con el discurso de lo bueno que podría ser la continuidad demostrada de quienes han administrado por más de 20 años el modelo. En suma, está presa del discurso del cambio.

Lo que sí ha cambiado en Chile, y profundamente, ha sido la sociedad. Como bien expresaba Carlos Peña en su columna de El Mercurio el domingo 20 de diciembre, las transformaciones culturales de esta sociedad de consumo, se han expresado en los resultados electorales también. Eso es lo que hay que leer como lección en lo recientemente ocurrido.

Más allá del cambio vacío que expresan todas las candidaturas, falta en este debate electoral un tema de fondo. Las propuestas, la eficiencia y los rostros no se ejecutan en un marco sin intereses, ni sin ideas fuerza detrás. El problema no son más o menos impuestos a la clase media, más o menos dinero para la educación. El problema de fondo es qué representan valóricamente las dos fuerzas que se opondrán nuevamente este enero próximo. Cuáles son las ideas de país que están detrás, cuáles las premisas valóricas, cuáles los fundamentos identitarios, cuáles los elementos que justifican tal o cuál medida, cuál la mirada del pasado con las que han construido su discurso histórico autoexplicativo. Eso es lo que debería debatirse, porque ese es el verdadero debate.

Sin embargo ese debate puede hacer aparecer fisuras internas dentro de la Concertación y, por otro lado, descubrir el velo de la derecha más reaccionaria. Por eso, es mejor seguir manteniendo el discurso del cambio por el cambio, como significante vacío,  que le ha sido tan eficiente a la derecha y tan destructor a la Concertación.

A veces uno quisiera poder visibilizar qué hay detrás de ese cambio que todos enarbolan como ideario. Así como en los años 60 todas las propuestas presidenciales se veían imbuidas por la idea de revolución, que también significa cambio, y el debate de fondo era hacia dónde dirigir esa revolución; hoy día el debate se centra en el cambio, sin debate de fondo, enmascarando lo valórico.

La política como construcción de los órdenes deseados, no sólo necesita de medidas, sean 20, 40 o 100. Necesita poner esas medidas en el marco de un proyecto, que las dote de sentido, que las signifique y les de direccionalidad. Esos proyectos o no existen o están escondidos, invisibilizados en la verborrea demagógica que a algunos les ha dado buenos dividendos políticos y que no permite transparentar los intereses que están detrás.

Cambio de rostros, cambio de énfasis, cambio en los cuadros dirigentes… ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se esconde en el eufemístico debate sobre el cambio y la continuidad?