Últimamente, hemos sido testigos, entre otras cosas, de la propuesta de una semaforización (señalar  vía colores de semáforo a los apoderados y padres, cuales establecimientos educacionales andan bien y cuales no, con el objeto de que puedan –de nuevo la ideología metiendo su cola-  elegir, y elegir bien).  Después,  nos enteramos de la idea de hacer un aporte público  sin distinciones entre Ues públicas y privadas, con el consiguiente perjuicio de algunas de aquellas, en particular, la U. de Chile. Al mismo tiempo, se ha hablado de promover  colegios y/o liceos de excelencia que destacan por sobre el resto. A ello hay que agregarle el aumento en horas para lenguaje y matemática en perjuicio de la historia. Y, para no ser menos, aparece ahora la “revolución” educacional: evaluacionismo, productivismo y estímulo remuneracional para impulsar las pedagogías y la labor docente.  Al estilo de una gestión empresarial: sin consulta ni deliberación con los principales afectados.

En fin,  bien  a fondo ha calado el utilitarismo meritocrático por estos lados.  Pero, en ninguna de ellas se escucha la  necesidad de revalorizar el concepto de educación pública. Tampoco  resuena en ellas el desafío urgente y necesario de la justicia educativa.  Lo público es mirado con recelo y desconfianza ideologizada.  Al mismo tiempo, no es difícil darse cuenta de la admiración que produce en sectores de la elite,  la experiencia finlandesa en educación. Como se sabe, la educación finlandesa está muy bien considerada  a nivel internacional. Cuando usted revisa algunos ingredientes de esa educación se percata  de su fuerte carácter público, tanto en financiamiento como en orientaciones curriculares, al mismo tiempo,  incorpora el respeto de las especificidades  según educandos y lugares geográficos.

Es decir, fuerte gratuidad, exigencias de calidad universalizables,  reconocimiento societal del valor de la tarea pedagógica,  apoyo en recursos. Como se ve aquí ha primado claramente una orientación público-estatal y societal de la educación (bien común), sobrepasando el fundamentalismo neoliberal que aun domina entre nosotros, para el cual lo importante es que cada quien decida –como en un supermercado- qué educación está dispuesto a pagar y donde. La educación, vista como un negocio y como un producto de mercado.

El supuesto dilema de lo  privado y/o público no es el tema.  Una buena educación y a nivel nacional – es decir, para todos-, no resulta producto de la evolución del orden espontáneo de las reglas de mercado, como reza el dogma  liberal por estos lados.   Eso lo supo ver a tiempo Finlandia. La tarea educativa es una tarea político-nacional, más aún en tiempos globalizadores. Una en la cual tienen que decidir los propios  ciudadanos y sus mediaciones representativas – el Estado en primer lugar-, su dirección y el apoyo en recursos para ella. Sin embargo podemos constatar que aquí el fundamentalismo de nuestras elites sigue anclado a prejuicios de clase. O, dicho de otra manera, nuestras elites de algún modo quieren mantener las barreras de clase existentes, y para ello, el control de la educación es un aspecto  muy importante.

Fíjese que ya el mismísimo J.Rawls, y hace muchos años, se percataba de esto  cuando afirmaba que “las probabilidades de adquirir los conocimientos y técnicas culturales no deberían depender de la posición de clase; asimismo el sistema escolar sea público o privado, debería ser diseñado para destruir las barreras de clase”. ¿Habrá sido ese el objetivo de la contrarrevolución autoritaria cívico-militar de mediados de los setenta, también en educación? ¿Será ese,  a su vez,  el espíritu que guió el consenso desde arriba para la Ley General de Educación o esta nueva “revolución” educativa? Juzgue usted mismo.

Obviamente, ninguna directiva o gestión humana es perfecta, pero los déficit que se le atribuyeron no tienen nada que ver ni con mal uso de recursos, con su desvío inadecuado u otras martingalas de ese tipo como lo ha sido en otras oportunidades.  ¿No será que desde distintos sectores, gobiernistas y extra gobiernistas, no gusta para nada la autonomía de juicio  y funcionamiento en el manejo  del fútbol –y su relación con los medios o las autoridades- que ha mostrado la dupla Bielsa Mayne-Nichols?   ¿Por  qué la ANFP tiene que privilegiar necesariamente a los tres clubes llamados “grandes” de nuestro fútbol, en las decisiones y en los réditos financieros?

No podemos pasar por alto el impacto que  la conversión de los clubes en sociedades anónimas tiene para el deporte: se termina perdiendo su finalidad deportiva, y pasa a convertirse en una mera cuestión de mercado. Mercado de jugadores (se compran y venden, como la fruta o verdura que usted adquiere en ferias o supermercados), mercado de inversiones en marcas, camisetas, publicidad,  etc.  Esto ha convertido al fútbol en otro apetitoso bocado para el gran capital.  ¿Y quiénes pueden hacer grandes negocios en Chile? ¿Quiénes tienen esa capacidad  entre nosotros? Por favor, ¿no serán los mismos que ya poseen suficiente poder económico-financiero? ¿Y acaso aquellos  que –muchas veces se declaran “apolíticos”-, se revelan –apenas es necesario- como proclives a posiciones de derecha y/o neoliberales? Ahí tiene usted el caso del ex presidente de Colo Colo pues. No es buena señal de una buena salud democrática este eventual maridaje entre política y fútbol-espectáculo. Desnaturaliza la función de lo público,  y  puede desatar  tendencias populistas y nacionalistas mediante las cuales adormecer y/o distraer el fortalecimiento de la participación y el control democrático de la gestión del poder. Una última cosa. Mire que coincidencia: se da todo esto en medio de la reposición de la discusión sobre inscripción  obligatoria y voto voluntario.

Sería bueno preguntarnos ¿a quiénes  puede servir e interesar que usted acceda o abandone su condición de ciudadano soberano según  gustos,  modas, las ganas,  la buena o mala “onda”, buenas o malas ofertas políticas?  Sería bueno   debatir sobre  a quién le conviene que la política se vuelva panem et circem.

Por una parte, una motivación basada en la conquista de territorios, usurpación de riquezas (oro y plata), uso de los nativos como mano de obra barata a expoliar y exportar. Por la otra, la llegada del cristianismo, bajo diversas expresiones y facetas. Esa situación generó a poco andar algunas discusiones importantes, entre las cuales destacó aquella que se preguntaba  por el  estatuto humano de los indios, “bárbaros” distintos de aquellos de Grecia, China o el mundo musulmán.  El dominio sobre nativos y  la usurpación de sus riquezas naturales, fue justificado –en el debate de Valladolid (1550)- porque según Ginés de Sepúlveda (m.1573) “será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes (bárbaras) se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que por sus virtudes y la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana  (…)”. Pero no solo eso. Estaba también presente –como hoy-,   la “falacia desarrollista”. Según Ginés,  las instituciones aztecas o incas tienen  un modo institucional de república  “pero nadie posee cosa alguna como propia, ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento a sus herederos (…) todo esto (…) es señal ciertísima del ánimo de siervos y sumisos de estos bárbaros”.

Rasgos entonces de la primera colonización sufrida por el continente: el interés por el oro y la plata; por la fuerza de trabajo de los nativos; por la conversión espiritual y expansión del cristianismo –impuesta si era necesario-,  como justificación de esa “conquista”.  En el Bicentenario da la impresión que tendremos que “celebrar” la consagración de una segunda colonización: aquella acometida por las fuerzas del mercado, el capital desregulado y global, por un Estado achicado y debilitado, por unos medios de comunicación  manejados por muy pocas manos que –curiosamente- son las mismas que acumulan enorme poder económico o financiero dentro y fuera de Chile.

Nuestra realidad semeja la de un  país, una sociedad, unos ciudadanos profundamente  privatizados. Como sabemos, su punto de partida fue también algo impuesto a la sociedad chilena mediante una férrea  dictadura cívico-militar.  Las consecuencias están a la vista: el país se ha convertido en un gran mercado; un gran bazar; uno en el cual todo puede ser motivo de subasta, venta y compra, oferta y demanda en busca de rentabilidad: aire limpio; educación; protección social; ideales políticos; conciencia moral;  calles y autorrutas; el trabajo; el mar; el cuerpo; los bosques; la felicidad o la salud mental, todo puede ser objeto de negocio, de un interesante emprendimiento.  Un país en el cual la bandera misma sobre algunos territorios no significa mucho frente al poder de unas suculentas  inversiones extranjeras.

En la primera colonización, el mensaje del auténtico cristianismo – el de la solidaridad y fraternidad igualitarias-, pudo hacer  –mediante algunas voces (B. de Las Casas)-  de rasero crítico de la violencia ejercida o del desmesurado interés material y de acumulación.  Pero, ¿y en esta  segunda colonización? Da la impresión que las  almas han sido colonizadas por el interés mercantil; por la lógica del cálculo costo-beneficio corto placista; que muchos viven con  la ilusión de que hacerse ricos es lo único que de veras importa, por el camino largo o el corto. Nuestra  conciencia moral  ha sido pre-convencionalizada,  orientando su acción  en  función “del palo o la zanahoria”.

En la orfandad de ciudadanía tenemos ahora “recursos” humanos y “recursos” naturales. Estupendo negocio, por cierto, para las elites más poderosas: no tenemos un pueblo-ciudadano que moleste o exija sus derechos;  nos va quedando poca naturaleza.   33 mineros prisioneros de una mina la cual sus “emprendedores” dueños la hacían trabajar en  condiciones deficientes;  por otro lado, 32 mapuche en ya larga e incomunicada huelga de hambre, negados por un prensa que posa de apolítica e independiente. Qué curioso, ¿no le resuena   similar a las palabras de Ginés de Sepúlveda citadas más arriba? Dos siglos después, aún la elite de poder no les reconoce su cosmovisión y forma de trato con la tierra; les aplica y reprime en nombre de la propiedad privada y la ley antiterrorista. Parece poco creíble, ¿no le parece? Eso les pasa por ser mapuche y vivir en Chile. Si fueran cubanos  en huelga de hambre –aunque fuera uno solo- ,  ocuparían las primeras planas de los principales diarios, tendrían transmisiones especiales de los  noticiarios, y de seguro más de algún  rutilante parlamentario les ofrecería asilo y trabajo acá,  “la” tierra de  oportunidades para todos en igualdad de condiciones.

En este último tiempo, los derechos humanos vuelven a reaparecer en el escenario público –constatando, dicho sea de paso, la imposibilidad de cerrar la discusión o su importancia por decreto-,  de la mano de tres situaciones: la primera, los dichos del embajador Otero  quien considera que los efectos de la persecución, tortura, relegación o exilio, sólo afectaron a unos pocos chilenos en el pasado.  Como si la negación de los derechos cívico-políticos y sociales al conjunto de los chilenos,  no dejase consecuencias en el tejido social de un país que estaba habituado a expresarse y organizarse. Por lo que, aunque uno no hubiese sido detenido, exiliado o relegado, la  atmósfera generalizada de vigilancia y represión   dejó  su marca en todos aquellos que nos tocó vivir en aquellos grises años.

Un segundo hecho es la sentencia del Juez Solís, respecto a los responsables de la muerte del matrimonio Prats en Buenos Aires.  ¿Por qué – se ha preguntado, estimado lector-, hemos debido esperar mas de 30 años para tener la certeza jurídica  de quiénes fueron sus ultimadores?  Digamos, ¿dónde estaba la Justicia que fue incapaz de aclarar el caso antes?  Cuál ha sido al respecto el aporte  a su esclarecimiento y la posterior  reacción  de la  elite económica, política o militar? ¿O usted aun le da crédito a los cuentos que señalan el conflicto interno como causante de esas muertes (así como la del ex canciller Orlando Letelier –en pleno Washington-; o el atentado al matrimonio Leigthon en Roma?  Una tercera situación, se relaciona con el mentado indulto bicentenario. En particular, si deben considerarse en él  a responsables de graves violaciones a derechos humanos. Lamentablemente esta es una medida en que se mezclan las buenas intenciones, con algunas promesas de campaña política presidencial, que desnaturalizan su  horizonte humanista. Un indulto unilateral y sin fundamentos que incorpore  a violadores a derechos humanos, no contribuirá  a una auténtica reconciliación.  Para que ella se diera, primero los victimarios tienen que reconocer sus faltas y pedir perdón, al menos por el daño irreparable que han causado a compatriotas suyos.  Al mismo tiempo, está la vía jurídica que resulta muy importante. No puede el país permitirse no hacer verdad y justicia, también en el aspecto jurídico-legal. Sin embargo, la justicia legal no es suficiente.

También necesitaríamos el ejercicio de lo que se da en llamar justicia restauradora, esto es, una justicia que asuma el dolor  y restaure ante el país, el honor y la dignidad de los que fueron detenidos, torturados, exiliados o desaparecidos. Cuando se habla de gestos “humanitarios” o de bondad, de cara al Bicentenario –y que considere a los violadores de los derechos humanos-, vienen a la memoria y duelen  las fotos de Marta Ugarte, profesora, que apareció un día cualquiera  –como por milagro-,  flotando a orillas de una playa nortina, amarrada a unos pedazos de rieles oxidados, confirmando una sospecha terrible respecto a detenidos lanzados al mar.  Vienen a la memoria las imágenes de los restos esparcidos aquí y allá del ex general Prats y su esposa, en una  calle oscurecida de Buenos Aires.

Están en la memoria las imágenes de tantos torturados una vez que –de manera afortunada, entre otras cosas, gracias al accionar valiente y señero del Cardenal Silva Henríquez y la Vicaría de la Solidaridad-,  pudieron recuperar su libertad y salir vivos  de una experiencia tan humillante y dolorosa.  Una sociedad que quiere vivir en la decencia, no puede permitirse pretender borrar el pasado doloroso; tampoco banalizarlo,  excusarlo por el contexto, o jugar al supuesto empate moral.  Los escaparates llenos de mercancías, las tarjetas de créditos, la impunidad  programada, apuntalan la reproducción social de indiferencia moral,  terreno siempre fértil para la eventual repetición de aquellos terribles  sucesos. ¿Cómo entonces tenemos que educar y auto-educarnos en cuanto sociedad después de Isla Dawson, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, Londres 38 y otras expresiones similares? ¿Servirá a ese urgente objetivo para renovar nuestra cultura política pública, un indulto particular o general a violadores de los derechos humanos?   Por todo aquello no puede pasarse por alto la necesidad de un  permanente y plural cultivo del  derecho a la memoria. Hacerlo, sería ofender nuevamente la conciencia y el dolor de cientos de  compatriotas que, desde distintas  visiones de mundo, perdieron sus vidas, o quedaron con sus vidas dañadas para siempre, en aras de recuperar para todos el ejercicio de  libertades y  derechos confiscados. Aun, siguiendo a  W. Benjamín, estamos en deuda con esas generaciones.  No podemos olvidar las sentidas palabras del poeta: “fueron arrojados/llueven/ asombrosas cosechas de hombres  caen para alimentos de los peces en el mar/Viviana oye llover tierras santas/ oye a su hijo caer como una nube sobre la cruz despejada del pacífico”.

No pues, como se le ocurre. Sólo había que reeditar al parecer el gastado discurso neoliberalista con sus típicos fantasmas: del déficit, de la inflación, del excesivo gasto social, o del gran poder de los trabajadores.  ¿Para qué?. Pues para hacer recaer sobre el pueblo llano los costos de las malas decisiones o  de los riesgos mal entendidos que han tomado otros, en la cúspide del poder financiero.  Dicho de otra manera: nuevamente,  en plena democracia liberal, los ciudadanos  quedan a la deriva,  a merced de la economía. Es decir, huérfanos de comunidad política y de un ejercicio cabal de su soberanía. Son eventualmente desechables. Y no se diga que hay que resguardar el sistema  de todas formas porque ha sido muy exitoso.

Sólo algunas perlas, estimado lector: tenemos hoy unos 1.020 millones  de desnutridos crónicos en el planeta (FAO, 2009); unos 2000 mil millones no tienen acceso a medicamentos (www.fic.nih.gov); 18 millones de muertes al año debido a la pobreza, de los cuales, la mayoría niños menores de 5 años (OMS), entre otras perlas de la actualidad.  Fíjese que el 6,4% de aumento en la riqueza de los más ricos del planeta entre los años 1988 y 2002  sería suficiente para duplicar los ingresos del 70% de la población mundial, salvar cientos de  vidas,  y reducir  el sufrimiento y limitaciones de los más pobres. Obviamente, como usted puede imaginarse, eso es demasiado pedir para las actuales elites del neoliberalismo mundial; las que sí –por supuesto-    están muy consternadas por las consecuencias que para  millonarios y grandes empresas trae esta crisis. .  Pero, ¿y cómo andamos por acá, aparente Isla de la Fantasía ? Nuestro diario existir camina como sobre un desfiladero, equilibrándose para no caer en algunos de los abismos que nos amenazan: cesantía, mala salud, deudas impagas, inseguridad, stress,  depresión,  temor. ¿Cómo trata el Estado a sus miembros? Es cosa de dar un vistazo a lo que sucede con la salud pública; la educación pública (o lo que queda de ella), el ordenamiento urbano, o el mismo Transantiago: afrontamos la quinta alza consecutiva. Pero, ¿por qué debemos pagar los usuarios las deficiencias en el manejo privado-público del sistema?  A su vez, cómo nos tratan las grandes empresas y bancos privados?

¿Acaso muchas aseguradoras e inmobiliarias  no intentan mirar hacia el lado para dilatar o esquivar su responsabilidad en ayudar a paliar las consecuencias del terremoto de febrero pasado? ¿Qué  sucede en   el mundo de las Isapres y sus exigencias poco éticas? Y sin embargo, es algo sabido que, al mismo tiempo,  un reducido sector de la población concentra un enorme y desigual poder económico-financiero  y por tanto, acumula  a su favor una real libertad para tomar decisiones o influenciar  las acciones de los otros poderes.  Conforman una minoría privilegiada (ya la Casen del  2006 consignaba que menos del 20%  de la población recibe –o se apropia-, de  mas del 50% del PIB; mientras que el 20% más pobre, accede al 4,1% ).

A  los ciudadanos de a pié, como  usted o yo,  con o sin trabajo (temporal o estable),  los que dependemos de otros para vivir, a todos nosotros, el modelo económico actual y su pálida réplica “democrática”, nos notifica nuestra orfandad  política y social. Y, por ende,  nuestra impotencia cívica.  No tenemos quien nos represente; no hay quien sea “la voz de los sin voz”, como se decía antes.  Nadie se hace responsable por el dolor o el sufrimiento social que se genera. Todo lo cual ha precarizado  fuertemente nuestra existencia cotidiana. Los poderes existentes no garantizan nuestros derechos humanos; menos la seguridad colectiva. La enorme privatización  de lo público-común (salud, educación, pensiones; medios de comunicación,  el agua, la energía, y un largo etc) nos ha traído, en realidad, una libertad ficticia. Ficticia, porque se revela incapaz de articularse con cuotas crecientes de igualdad y fraternidad en la sociedad. ¿Y unas libertades que no pueden ser ni igualitarias ni solidarias,  qué son a final de cuentas?  Todo lo cual  lleva a decir a algunos que ya no vivimos en la sociedad civil, sino en un nuevo estado de naturaleza,  la sociedad civil  incivil. Quizá para darle una vuelta,  sí,  más allá del aturdimiento mediático  interesado, sea por el mundial  o por el último reality.

Fíjese que la educación dicha pública representa aproximadamente el 90 % del universo de alumnos del país, y la privado-particular, el resto.  Sin embargo, pocos se cuestionan estos números; tanto los del Simce, como este último.  Para algunos, el asunto tiene que ver con la herencia genética y la buena o mala, poca o mucha leche ingerida en la primera infancia.  Que novedoso pues. El factor alimentario juega un rol importante. Somos seres naturales vivientes y los desarrollos ontogenéticos requieren de soportes nutricionales adecuados. ¡Que duda cabe¡ Pero, ¿qué tipo de vivientes naturales somos los humanos?

¿Bastaría con mejorar y/o generalizar el medio litro de leche por ejemplo para garantizar mejores resultados en esta u otra prueba de habilidades?  Es decir, ¿será la mera biología y la mejor leche  lo que pondrá fin  a las escandalosas desigualdades que atraviesan nuestra sociedad en distintos ámbitos, incluyendo la educación? Sabemos, sin embargo, que la cuestión de las desigualdades y la igualdad es algo construido; no está en la naturaleza  de las cosas. Por ello la educación, como lo dijo alguien, es la expresión de la anti-fatalidad. Sirve para romper con la fatalidad del destino social, económico o cultural, que le espera a alguien  por el  hecho de ser  indigente, pobre, ignorante, discapacitado, de color o miembro de alguna etnia minoritaria.

Por eso, puede decirse que la educación forma parte de los bienes sociales fundamentales para la continuidad de cualquier sociedad.   La justicia en educación no puede tratarse primariamente según cánones economicistas  o del management y la ideología gestionaria.  Lo que pueda ser justo en la asignación/distribución de un bien social como la educación, dependerá del significado social que le atribuyamos.

Pero, ¿cuál es actualmente ese significado y valoración social compartido? ¿No será que uno de nuestros principales problemas es que no sabemos para qué estamos educando? ¿No será que creen saberlo y nos lo imponen una elite  casualmente bien articulada con determinados intereses económicos y políticos?  ¿Acaso no  fueron algunos  de estos puntos los detonantes de la famosa  “revolución pinguina”? ¿Y qué sucedió después? Otra nueva ley en la que no se dirimen –en honor al pragmatismo y los aparentes consensos-,  varias de estas cuestiones. ¿La sociedad en ello? Pues, marginada  o ausente.

¿Acaso sabemos qué tipo de ciudadano/ciudadana, qué tipo de persona está produciendo  el actual sistema educativo?  Y sin embargo, cada cierto tiempo nos enteramos de episodios de violencia entre escolares, o contra los profesores, o del así llamado bulling,  lo cual nos habla que no puede aislarse así como así al sistema educativo de la sociedad en que se encuentra.  Resulta útil reflexionar sobre la  dirección  que puede y/o debe tener un sistema educativo si, al mismo tiempo, no hay proyecto de sociedad que lo oriente.  Entonces, ¿en función de qué se está educando?  ¿De los resultados,  del éxito individual,  del ser competitivo  y rico el día de mañana?

En función del reinado omnímodo de la “cuantofrenia” y el buen desempeño en los mercados ¿No cree usted lector que –al igual que para la  política-, estamos necesitando una refundación en el sistema educativo; una que parta por debatir y deliberar ampliamente sobre su eventual sentido y significado colectivo-público  en un primer y fundamental lugar?

Por cierto, siempre hay excepciones.  Esta situación  de seguro no solo tiene que ver con preferencias subjetivas  manifestadas,  sino  también con el magma, hábitos  o ethos societal que secreta  una modernización capitalista y con orientación neo-liberal, desde arriba, como la que hemos experimentado hace ya muchos años. Se ha dicho  otras veces, las modernizaciones no tienen porque tener una sola dirección y un solo punto de apoyo ideológico. Generar condiciones para ser modernos, para arribar a una modernidad crítica, no lo puede hacer o lograr cualquiera. Supone algún  interés emancipatorio funcionando al menos de manera contrafáctica,  mediante el cual libertad, igualdad y fraternidad van encontrando su propio sitio bajo el sol y en la vida de cada cual.  En el  país, con la impronta  de  los Chicago Boys –recuerde, mediados de los setenta, más o menos-,  tanto la igualdad como la fraternidad fueron expresamente dejadas de lado; preteridas o directamente subordinadas. No que no existieran o fuesen inútiles. Al contrario, vemos estos días su importancia. Pero para ellos, entre 1848 y 1948 el mundo occidental había caminado demasiado deprisa en  busca de mayores cuotas de  igualdad y mayor fraternidad; tan rápido, que  se pasaba a llevar la libertad, en primer lugar, la económica: de emprender, de comprar y vender cualquier cosa.  Es decir, ese neo-liberalismo se rebeló contra los limites a la mercantilización (y las ganancias, hay que decirlo),  que  distintas fuerzas ideológicas y religiosas habían encabezado bajo diversas modalidades e intensidades desde mediados del siglo XIX. De lo que  se trataba ahora según ellos  – privatización  del Estado y de sus rasgos de bienestarismo mediante-, era de recuperar la libertad económica, supuestamente ahogada por la libertad política mal utilizada y el exceso de democracia.

Tanto la política, como la democracia, y para que decir la igualdad y la fraternidad, fueron expulsadas del reino de las metas a ser posibles de conseguir mediante la autodirección de la sociedad.  No pues. Primero es la  libertad del mercado y del capital –de dentro y fuera-; de los  inversionistas,  y luego vienen las otras. A ellos hay que cuidarlos de manera especial. Un ejemplo muy actual de aquello: uno se pregunta, por qué no financiar parte de las consecuencias del terremoto con impuestos especiales –pero no para la mayoría que vive de un salario fijo-, sino obtenido de las grandes empresas, mineras, bancarias , del retail.

La mejor expresión de ese ideario fue  la Constitución del 80. Pensada  entre cuatro paredes,  y, como se sabe, aprobada de manera espuria. ¿Para qué?  Bueno pues, para derogar el espíritu de la Constitución del 25;  para ir hacia una democracia “protegida”, y claro consagrar el debilitamiento  del rol del Estado en la sociedad.  Además de intentar poner a las  FF.AA.   como garantes de la doctrina económica y política dominante y su concepción del orden.  Pero no solo eso. Las modernizaciones introducidas a la fuerza post 75 en el país,  se orientaban también  al diseño de otras relaciones sociales; de otra repartición del poder y de los  espacios entre lo público y lo privado; de otra idea de lo que era y podía ser cada quien.

Indirectamente lo que hizo fue remodelar el orden social, especialmente en el campo de sus derechos, prácticas y creencias publicas. Remodelarlo para que quedara o fuese visto como el resultado de  un  orden “natural”, por tanto, inmodificable y no criticable (es decir, una especie de nuevo dogma).  Cuestión no menor estimado lector.  En este proceso se intentaba obtener  un nuevo sentido común de la acción y decisión.  Uno en el cual cada uno fuera teniendo claro que -en adelante- , solo contaba consigo mismo para progresar  y salvarse.  Nada de protección colectiva o derechos sociales.  Virtudes y valores  como la reciprocidad, la solidaridad, el altruismo  o la justicia, quedan para su opcionalidad  desde cada individuo: debían ser también privatizados, cuando no, instrumentalizados.  Las acciones y sus consecuencias quedan sometidas a un nuevo  criterio de  validación omnipresente: su eficacia y su eficiencia (claro, nadie nos explica eficiencia o eficacia para quiénes ni en qué sentido), su utilidad.  Querer ser rico o no, tener poder o éxito, buenas o malas pensiones,  participar o no, es asunto de preferencias individuales. La responsabilidad por el destino de cada cual, comienza y termina en el propio individuo. ¿Para qué todo ello? Pues supuestamente para liberar al individuo chileno sometido a las restricciones,  impedimentos y ahogo público-estatales. Para que emerga ahora como  es por naturaleza, homo economicus: calculador; autointeresado; egoísta, presumido, inmerso en la lucha de todos contra todos por el logro de su interés de sobrevivencia y progreso material.  Preso de su insociable sociabilidad.   En ese cuadro general  de modificación de los hábitos sociales pueden extrañar una serie de conductas que se han venido replicando hace ya varios años, rotuladas como nueva delincuencia; expresiones de violencia juvenil  inauditas; narcotráfico; inseguridad;  generalizados problemas de salud mental. ¿Pueden extrañarnos los saqueos y conductas posterremoto? ¿Tendrían, todas ellas, que ser adscritas de manera preferente a nuestros instintos naturales por ejemplo?

Ese  nuevo sentido común   -implementado de hecho-,   ¿acaso no termina  queriendo entronizar un nuevo liberalismo del miedo como articulador de las relaciones sociales, modificando con ello, de paso, la  experiencia del otro?  Quiénes son los otros para este liberalismo? El otro pasará a ser experimentado muchas veces como una permanente y eventual amenaza para mí. Por supuesto, terremoto y tsunami mediante, se abre una posibilidad de modificación en esa forma de ver a los demás.  Con todo, ¿acaso el excesivo mercadismo  imperante  no termina –como algunos gustan decir- por minar  su propia “geografía moral”, al ponerle precio  a las normas? Si, como afirma F.Ovejero, “se puede comprar o vender todo (las leyes,  los políticos, la solidaridad, el amor, la imagen), si todo es mercado, desaparece el mercado, que necesita que ciertas cosas estén fuera del juego mercantil”.  Hay bienes, nos dice, como la amistad, la confianza  o la generosidad, que desaparecen cuando se les pone precio. ¿No tendrá también –estimado lector-  algo que ver con todo esto el nuevo ethos recreado en Chile acorde a la lógica de las nuevas modernizaciones (también globalizadas) ,  desde  mediados de los setenta en adelante ?

Así es pues, el tejido o lazo social ha sido fragmentado, segmentado, dispersado en su ethos republicanista pre-73. Es lo que hoy queda al desnudo con esta tragedia que nos enluta: ¿Dónde está el asociativismo civil repartido a lo largo y ancho del país? ¿Donde están las organizaciones sociales de base, las oengés, los comandos de trabajadores,  campesinos o jóvenes autoorganizados por ejemplo? El malestar con las modernizaciones tiene –entre otras cosas- que ver con eso: un desajuste enorme entre la subjetividad de la sociedad y el impacto de los procesos  de racionalización gestionaria en diversas esferas, los que muchas veces   operan como piloto automático desde la imposición economicista (concesiones; permisos inmobiliarios; permisos medioambientales; educación mercantilizada, etc).

¿Acaso las modernizaciones nos han hecho, como colectivo digo, más libres, iguales y fraternos?   Algunas consecuencias: despolitización; nueva marginalidad; narcotráfico; endeudamiento opresivo, idiotismo político. No solo eso. Lo hemos visto ahora: maldad; resentimiento, envidia social. Por varias horas hemos vuelto al estado de naturaleza hobbesiano, donde el hombre es un lobo para el hombre. Como los contratos benefician a algunos y a otros no, quedan desahuciados. Así es pues. El orden social chileno no viene asegurado desde abajo,  sino al revés: por eso necesita de la amenaza de la fuerza para su sustentabilidad. Hasta el día de hoy.  La desigualdad persistente y el efecto estanterías repletas de artefactos, genera envidias; anima resentimientos y arribismos. Sí, esto viene de lejos. Lamentablemente el período de transición a la democracia –desde el 90 en adelante-, no ha aportado otra visión y otra práctica al respecto.  Después del domingo 17 de enero se ha  levantado la bruma que impidió a buena parte de los ciudadanos percatarse a tiempo que, en verdad, la elite concertacionista no deseaba transformar el país, el modelo económico heredado de Pinochet o modificar más radicalmente la herencia de una democracia protegida  que también nos legó el viejo general autócrata. La última guinda de esta torta  es la pretensión de considerarse país desarrollado, sólo porque una organización economicista –como la OECD-, estaría dispuesta a recibirnos, una vez que –claro está-  hayamos cumplido todas sus  exigencias (entre las cuales, la flexibilidad laboral, pero no los salarios, por supuesto). Por cierto, sin ninguna ingerencia posible de nosotros, los ciudadanos de a pié; de nosotros, el pueblo.    Hace ya tiempo aquellos que fueron motejados de autoflagelantes advertían  de las consecuencias no deseables que dejaba en la vida social  y en la conducta de las personas,  ese proceso modernizador conducido por el mercado (que pasa por “libre”), y el capital (que, como se sabe, no tiene patria, sino intereses);  sin adecuadas cortapisas y regulaciones desde el campo de una política democrática  sostenida en algún  ideario sustantivo de  justicia social, derechos y bien común. Nuestra política y sociedad padecen de un doble mal, o para decirlo de manera más suave: está enferma de su economía y de su cultura. De un mercantilismo extendido y concentrado que se orienta por el rédito, la ganancia, la rentabilidad, en todo, incluida su ética. En cuanto a la cultura, es cosa de haber visto lo que sucedía y/o sucede en muchos lugares del país estos días para darse cuenta de su situación  generalizada: no hay  vínculo societal, porque no hay sentido de pertenencia compartido, republicanamente hablando. Ha sido demolido por un extendido individualismo posesivo y agresivo, donde la fama, la  maximización,  las cosas, el éxito-poder,  la imagen,  lo son todo.

Otra herencia del ethos pinochetista: cada uno tiene que “rascarse” con sus propias uñas. No hay Estado; no hay sociedad.  El primero fue vilipendiado, privatizado, disminuido; la segunda, disuelta.  Cuando uno se percata de los sucesos en varias ciudades del país, surge otra  interrogante: ¿Y dónde ha estado la educación en todo este tiempo? ¿A quiénes ha llegado? ¿Para formar en qué virtudes y valores? Se echa de menos la presencia de una mirada político-normativa capaz  de orientar las prácticas y recomponer  -de abajo hacia arriba-, el ethos ciudadano, afectado por décadas de autoritarismo, uniformismo e incapacidad de abordar los conflictos de manera participada y deliberativa. Lamentablemente,  la llegada al poder de los adalides del mercadismo y el gerentismo –muchos de los cuales partidarios  del régimen  cívico-militar-, no augura nada bueno para estas inquietudes  e interrogantes cruciales. Con todo, estimado lector, siempre nos queda la esperanza contra toda esperanza, como reza el refrán latino.

Y esto,  en gran medida, debido no sólo a la falta de conciencia o de organización de esclavos, marginados, excluidos o bien pensantes, sino porque las riendas de los poderosos de siempre no lo han querido ni permitido, con las consecuencias previsibles.

Claro, esas situaciones han durado  hasta que la ambición y la violencia rompen  el saco y la rebeldía se organiza. Entonces tuvimos  la revolución americana (1776),  antes la inglesa (1688), y la más señera de todas, la francesa (1789). En esta última  se puso en lo más alto  de la consideración político-jurídica, la tríada, liberté, égalité,  fraternité. Y poco después, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por ejemplo, de las primeras en la historia de la humanidad occidental, al menos.

La conquista de esos artículos en nuestro país, no ha sido menos difícil, dura, azarosa. Es cosa de dar un vistazo a nuestra propia historia. ¿Cuando gobernaban liberales y conservadores, quienes tenían derecho a voto?  ¿Cuándo pudieron votar las mujeres, cuyo voto ha resultado decisivo en las elecciones a partir de allí?  ¿Lo recuerda? Por si no lo recuerda, le digo, a fines de los cuarenta, recién entonces. Y en todos esos casos de ampliación de la ciudadanía no solo formal, sino real, hubo que dar luchas; se pagó muchas veces con la vida de  inocentes.

¿Se ha preguntado por qué?   Porque para la derecha chilena el “orden natural” de las cosas es que manden ellos, los que más poder, apellidos y  dinero tienen, y los demás, obedezcan y agradezcan. Lo no natural, es que el pueblo quiera gobernarse a sí mismo; es que obreros y campesinos, mujeres y estudiantes,  profesionales, indígenas, pobres y marginados, pretendan poner su mano en la rueda de la historia.

Sólo  después de la  Segunda Guerra Mundial y el Holocausto  se pudo consagrar la validez de la Declaración Universal de Derechos humanos (48),  por ejemplo. A partir de allí, la famosa tríada francesa mencionada se encarnaba en el ideario de derechos humanos y éste, en uno de justicia social.

En particular, a través del Pacto Internacional sobre Derechos económicos, sociales y culturales  de 1966,  y que fue firmado también por el Estado chileno (aunque la Constitución Política “parchada” que nos rige, no lo consigne).  Y usted dirá,  muy bien, ¿y cómo fue con el tercer artículo,  la libertad de expresión?  Una importante conquista de la sociedad civil, para tener derecho a distintas formas de expresión y puntos de vista  sobre la sociedad; para informar y permitir opiniones diversas, para hacer comunicación crítica.

El domingo 17 puede decirse, con el triunfo de la derecha (que no quiere ser de derecha, he ahí su propia contradicción vital),   que todo ha vuelto a su “orden natural” en el país: por fin podemos ver de nuevo en los medios (aunque se veían  bastante  de todas maneras), a la gente de bien, a la gente exitosa; de buenos apellidos, belleza  y pasar económico.

Por fin, aquellos que saben de qué va la cosa y cómo debe gobernarse la “chusma” vuelven al poder político (porque el económico y el mediático lo han tenido hace ya muchos años).   Se vuelven a poner las cosas en su lugar: ahí los pobres y el pueblo, allá los “indiecitos”; lejos los izquierdosos o demasiado liberales, y arriba Dios claro, el pináculo de la pirámide social como debe ser.   ¿Dónde quedaran entonces los derechos humanos, la justicia social o la libertad de expresión? Claro nos referimos no solamente a esos derechos llamados cívico-políticos,  relacionados  a las condiciones de existencia y ciudadanía de todos y en igualdad de condiciones.

Algo que es sabido no existe hasta hoy en el país.   Sino también a los llamados derechos  económicos, sociales y culturales que ya habían sido desconsiderados  durante el régimen cívico-militar de 17 años ¿Se eclipsará  también el ideario de una sociedad justa socialmente hablando? (no estamos hablando de precios justos ni de individuos  “justos” meramente); es decir, de una en la cual  las desigualdades sólo estarán justificadas si ellas favorecen a los menos favorecidos y promueven una justa igualdad de oportunidades.  Una en la cual el valor más alto para medir el crecimiento, la productividad, la numerología de los economistas,  o el trato dado al medio ambiente, no sea  la eficiencia, la eficacia o  la rentabilidad,  sino su justicia.

¿Usted cree que a la derecha económico-política  del país le importará  disminuir las desigualdades existentes o recuperar la riqueza básica del cobre para todos los chilenos?  Pero no solo esos artículos pueden tener problemas. Sufrirá también de manera particular, la libertad de expresión.

¿Puede hablarse de ella cuando los medios de  comunicación están concentrados en dos manos familiares? Dos grupos (Mercurio y Copesa), de los cuales ya conocemos  su inclinación ideológica y encomiable imparcialidad  a favor de los derechos humanos durante los 17 años de gobierno cívico-militar.   No solo poseen  cadenas de diarios; también manejan los canales de televisión y buena parte de las radios. El círculo completo en muy pocas manos; de una sola tendencia y con claros intereses económicos.

Por cierto, no se nos escapa algo fundamental: las elites de los gobiernos  concertacionistas siguieron  una política derechista en esto como en otros ámbitos de la vida social,  bajo el leitmotiv: que el sacrosanto mercado sea quien diga la  última palabra.  Y claro, con los medios se pueden hacer muchas cosas lector. Entre otras, trastocar las realidades del día a día; no informar de determinadas cosas o sucesos; esconder otros puntos de vista.

Es muy fácil por ejemplo, derrotar la delincuencia con este control mediático: bastaría que esos medios se pusieran implícitamente de acuerdo para no informar más sobre hechos delincuenciales  (como lo han hecho hasta el hartazgo todos estos años),   durante meses, y  de repente, claro, no habrá  mas delincuencia para la gente. Nada ha salido en la TV.  Entonces, eureka, ha sido derrotada.  Con sus contradicciones y ambigüedades, errores y demarcaciones, históricamente han sido en Chile las fuerzas de izquierda y del centro progresista las que han promovido –con sus inconsecuencias incluidas-,  esos artículos tan fundamentales para una convivencia que pueda llamarse digna, cívica, a la altura del ser humano.

Eso indica y muestra  -más allá de ideologizaciones inconducentes-,  nuestra propia historia.  ¿Habría que aprender de ella alguna vez,  no le parece estimado lector?

Desde ese punto de vista, podríamos en general ser más austeros en consumo, gasto y otras cosas; ser más igualitarios en la distribución y repartición de los bienes, y quizá seríamos entonces menos intolerantes, tendríamos menos diferencias abismales, menos odios sordos. En cambio, cuando hay desigualdades tan marcadas como en nuestra sociedad; cuando está tan concentrado el poder económico, financiero, de medios de comunicación, de acceso y calidad educacional y de imagen, esas desigualdades injustificables sí pueden generar resentimiento en amplios sectores de ciudadanos. Y sin embargo, la desigualdad es un tema tabú en las elites de poder actuales; en los medios, en la misma base social.

Más tabú que los asuntos relativos a divorcio o la sexualidad. Por ahora al parecer no lo vemos. Más bien lo que hay es lo que algunos llaman aspiracionalismo, endeudamiento en todos aquellos que quieren acceder a bienes (no siempre fundamentales) ofertados por una propaganda inmisericorde y machacona (que nos ofrece, por ejemplo, una marca de automóvil como medio de acceso a chicas bellas que de otra manera no serian abordables).

Un reflejo de esto es por ejemplo la votación de alguien como el candidato presidencial de la derecha. Un hombre de los negocios; un hombre privado. Alguien que como ya tiene una cuenta suficientemente grande a su haber que lo respalda, entonces, quiere dedicarse a otra cosa, es decir, jugar a ser presidente de un país. ¿Con cual oferta? La derecha confunde el tema de la desigualdad con el de la pobreza; cree resolverlo con educación y más trabajo. Pero no solo eso. Fabrica y eleva a prestigio social la imagen de los que son ya ricos, y con ello les señala el camino a seguir a los ciudadanos (los ricos –recordemos-, habían sido tema central para Pinochet: había que cuidarlos y mimarlos).

De algún modo promete que bajo su égida podremos acceder a comprarnos un pedazo de Chiloé u otra provincia, líneas aéreas, u otras cosas. Porque por ahí va la oferta que ha tenido la derecha: como norte existencial, el enriquecimiento; la búsqueda constante para maximizar (posesiones o imagen); privatizar la vida social, los bienes comunes.

Más allá, en su trasfondo, la oferta antropo-valórica – el modelo valórico- del capitalismo mercantil que nos rige es uno que termina naturalizando la persecución unilateral del propio interés y la maximización de la ganancia como leitmotiv del existir personal: pero no todos somos iguales en relación a ganancias o frente a la competencia. Hay entonces asimetrías e injusticias.

Todavía hay más de 30 mil niños que nacen en nuestra América y viven en contextos tales que no tendrán posibilidades de un buen desarrollo personal por ejemplo. Por supuesto, también ofrece ocuparse de los pobres. Para que pasen a otra categoría. Se ve difícil cómo el promedio de 250 mil pesos que gana la mayoría de los chilenos pueda pasar, en cuatro u ocho años, a algo así como mil millones de dólares en la cuenta personal de cada uno de nosotros. ¿Cuántos chilenos han accedido a la fortuna que tiene el candidato de la derecha? ¿Dos, tres, cuatro? Es hermosa la libertad que nos ofrece la propiedad y el mercado desregulado: con astucia y empeños varios, un puñado podrá ser inmensamente rico.

¿Los demás? Vivir endeudados de todo, en salud, educación, vivienda; con prenda en bancos, aseguradoras, retails varios. Por tanto, no siendo dueños de sí mismos; no pudiendo ser libres, viviendo de lo prestado, de la caridad o la dádiva de los más poderosos. Y todo ello para inmolarnos en la oferta repetida de que el crecimiento económico como panacea mágica nos sacará del pantano, nos hará a todos ricos, e incluso repartirá muy bien los bienes fundamentales (el agua entre otros). ¡Que ceguera estimado lector!

La búsqueda de la opulencia y el privatismo no ha resuelto ni de lejos el problema de las desigualdades y la miseria, ni aquí, ni a nivel mundial. Usted lo sabe, tampoco resuelve los desequilibrios que genera el modelo de crecimiento infinito en la naturaleza. Por ello M. Walzer, filósofo americano, comentaba a propósito de la actual crisis en USA, que la “arrogancia de la elite económica, que tiene la convicción de ser libre de hacer todo lo que le venga en gana, es sideral”. Aquella de los de acá, no debe andar tan lejos. Imagíneselos además en la presidencia. Lo complicado es lo corruptor de este poder.

Según Walzer, porque “gana progresivamente la esfera pública, donde la influencia del dinero ganado sin restricciones en un mercado no regulado, amenaza la moral política misma”. Por eso quizá de lo que se trata no es tanto de luchar contra la pobreza, cuanto de redistribuir la riqueza generada de acuerdo a criterios de justicia social, de solidaridad, de una vida decente para todos. Pero esto parece demasiado para la media actual de la cultura política nacional. Más bien lo que parece reclamarse –como ya alguien lo vio bien-, es que al menos si los pobres y endeudados no pueden consumir riquezas, bueno, puedan al menos consumir la vida de los ricos y los riesgos que toman, por ejemplo, intentando alcanzar una primera magistratura.

La desigualdad -se preguntaba Santiago Alba-, ¿acaso no es un derecho de los pobres? ¿No deberíamos, acaso, defender con armas en mano, nuestro derecho a que otros sean ricos? ¿No deberíamos agradecer sus desmesuras o despilfarros? ¿No debemos al menos votar por ellos? Sin embargo, no podemos soslayar lo que ya advirtiera M. Bunge: las desigualdades provocan enfermedades: envidia, rabia, impotencia. Aumenta el stress, disminuyen las defensas, nos hace menos inmunes. En una palabra, resentimiento. Con todo, siempre estamos a tiempo.